INTRODUCCIÓN

La dinámica de las sociedades regionales se caracteriza por estar en permanente cambio y articuladas, sobre todo, a los nuevos contextos socio/políticos emergentes de los procesos históricos. En todo caso, esta adaptabilidad a los nuevos procesos no implica que algunas persistencias culturales hayan desaparecido; muy por el contrario, son parte constitutiva de las prácticas políticas que se acoplan a lo emergente de las condiciones sociales. En este sentido, el análisis político encuentra fértiles campos de conocimiento para comprender la complejidad del accionar político, ya que el mismo no solo se circunscribe al ámbito estrictamente de la coyuntura o ceñido a los contornos de lo institucional del sistema político. Hoy asistimos a un proceso en el cual las formaciones específicas del accionar político, más que nunca, tienen un determinado sentido político. En rigor, estas formaciones sociales emanadas de las complejidades, sobre todo, en el campo político, muchas veces, se las tiene que comprender en función de aquellos referentes culturales afincados en el pasado.

En este sentido, el pasado se constituye en un constructo social que permite tener una comprensión de la corta duración, pero condimentada por la larga duración ^{(Braudel, 1992)} que explica los procesos políticos actuales, y, sobre todo, el comportamiento político, ya que, muchas veces, es difícil comprender el asunto de la política solo desde los juegos políticos coyunturales; al mismo tiempo, también tiene su sentido, inclusive en los campos de representación de la cultura que vienen del pasado. Efectivamente, uno de los debates que actualmente es motivo de preocupación de las ciencias sociales está asociado a la cultura y a la política. Por estas consideraciones analíticas, se hace imperioso recurrir a aquellos factores culturales que hacen a las configuraciones identitarias vinculándolas a procesos, asociadas a una específica identidad al accionar político de los distintos actores. Bajo estas consideraciones, en lo que sigue, se estudiará en el presente ensayo a la configuración histórica de la política regional que se circunscribe temporalmente desde el periodo incaico hasta el siglo XX.

MIGRACIÓN Y PODER. ORÍGENES DEL TEJIDO SOCIO/POLÍTICO COCHABAMBINO

Desde una visión de larga duración, Cochabamba consideraba urgente ubicarse en un lugar estratégico a nivel nacional. Este rasgo tiene su antecedente remoto, inclusive desde los tiempos incaicos, ya que esta región fue “parte de un proyecto agrícola estatal de trascendencia quizás única en todo el Tawantinsuyu; una colonización masiva de los mitma (mitimaes) que se asentaron en el Valle Bajo para su propio sustento y para proveer sistemáticamente de maíz a los tambos estatales altiplánicos” ^{(Albó, 1987, p. 51)}. Posteriormente, esta condición agrícola se mantiene en la colonia por la necesidad de “que la minería se relacionara a la producción de las haciendas de Cochabamba” ^{(Larson, 2000, p. 84)}. Ahora bien, este rasgo agrícola fue decisivo, como veremos luego, para la constitución de la clase terrateniente como parte de la estructura del poder regional ^{(Gordillo, Rivera y Sulcata, 2007)}. De la misma manera, en el período postrevolución del 9 de abril de 1952, la conformación de los sindicatos agrarios en el valle cochabambino fue decisiva por su articulación al Estado.

Entonces, Cochabamba, no solo por su ubicación geográfica, sino, sobre todo, por su incidencia en el decurso de la historia colonial y luego republicana, cumplió un papel significativo en la definición de los principales cambios políticos. Este rasgo de la región cochabambina hace la necesidad de entender el comportamiento del cochabambino en el campo político desde una retrospectiva histórica; a partir de sus transformaciones socio/políticas, sufrió en el decurso del proceso histórico boliviano y, por lo tanto, resulta relevante estudiar la cultura política cochabambina, elemento decisivo para comprender su comportamiento político actual y su resonancia en las configuraciones de las correlaciones de fuerza. Para dar cuenta de la configuración histórica de la política en Cochabamba, se debe examinar en función de la delimitación de los actores involucrados en la trama del poder regional. Para este propósito, con fines estrictamente metodológicos, se la abordó en dos bloques genéricos: sectores elitistas y sectores indígenas/campesinos y/o populares de la región. A partir de esa tipología, se examinará el nudo de confluencia/articulación de los diferentes actores. Por lo tanto, en lo que sigue, se realizará una retrospectiva al tejido del poder en el ámbito regional.

Con relación a los sectores elitistas, es indudable que la génesis de su poder se remonta al periodo colonial en el cual las autoridades ibéricas repartieron tierras a los allegados al poder español, lo que se inició con el modelo del virrey Francisco de Toledo, quien dispuso cuatro reducciones, asignándoles enormes tierras mediante la propiedad colectiva a las comunidades indígenas. Pero, sobre todo, los colonizadores españoles obtuvieron enormes haciendas y medianas denominadas chacaras, bajo el régimen de títulos de propiedad individual ^{(Barnadas, 1974;Gordillo, 1988)}. Aunque, “antes de la conquista española del estado de los Incas, los distritos del valle de Cochabamba estaban escasamente colonizados” ^{(Jackson y Gordillo, 1993, p. 728)}.

Desde la presencia de los colonos españoles en el espacio cochabambino, las principales fuentes de los conflictos giraban en torno a la apropiación de los hacendados y chacareros de las tierras de los indios que, como era previsible, desataba la resistencia de ellos ^{(Gordillo y Garrido, 2005, p. 17)}. Obviamente, para esta nueva estructura agraria, se reemplazó el ordenamiento territorial incaico, ya que se diseñó un entramado judicial que sirvió para otorgar la ampliación de la propiedad de la tierra a favor de los hacendados. Por lo tanto,

Las haciendas fueron apareciendo al unísono con los ayuntamientos en la primera época colonial, creándose una relación de simbiosis, inter explotación y situaciones conflictivas. Los terratenientes españoles influyentes aprovecharon su poder y su prestigio en la región para usurpar las tierras de la comunidad y los derechos sobre explotación del agua, tomar dinero prestado sobre los fondos comunitarios, y emplear, con carácter estacional, mano de obra excedentaria procedente de los ayuntamientos. Sin embargo, la nobleza terrateniente sufrió pérdidas consiguientes a crisis ecológicas periódicas y a las condiciones cambiantes del mercado, por lo que la propiedad de la hacienda no podía considerarse como algo particularmente estable ^{(Jackson y Gordillo, 1993, p. 743)}.

Entonces, esa vocación agraria proveniente del periodo incaico, donde la fuerte presencia inca en los valles de Cochabamba creó un aparato de control eficiente sobre poblaciones multiétnicas ^{(Del Río, 2005;Wachtel, 1981)}, posteriormente, posibilitó a la clase terrateniente emergente articularse a las redes mercantiles en el Alto Perú, ya que en un inicio le permitió el control del mercado interno y, como efecto colateral, su vinculación a las estructuras administrativas de Charcas. Los encomenderos que deberían ser los “cuidadores de los indios”, luego se convirtieron en intermediarios entre los terratenientes y el poder colonial.

Muy pronto, el poder de estas familias de encomenderos se diluyó totalmente y otra clase de hacendados emergió al calor del auge de la minería potosina, que duró hasta mediados del siglo XVIII. Esta nueva clase terrateniente cochabambina afianzó su poder sobre la tierra y disputó la escasa fuerza de trabajo indígena a una clase minera afincada alrededor de Potosí, que fue favorecida por la mita toledana. Pero esta nueva clase de hacendados de origen español no poseía capitales de inversión importantes para poner en marcha la producción de los alimentos demandados en el mercado minero, por lo cual, en muchos casos, tuvo que recurrir a financiamientos que provenían de las cajas de las comunidades indígenas y de los fondos eclesiásticos ^{(Gordillo et al., 2007, pp. 5-6)}.

En todo caso,

…la hacienda era una constelación compleja de relaciones de poder y sojuzgamiento, que iba más allá de las relaciones sociales de producción y abarcaba un amplio espectro de la esfera de los comportamientos, los valores y los imaginarios que se imponía el hacendado sobre sus subordinados, convirtiéndose no sólo en el temido patrón, sino también en un ser omnímodo que se atribuía virtudes paternales con relación a sus semejantes inferiores, poco capacitados para adoptar iniciativas correctas en su vida cotidiana ^{(Solares, 2021, p. 94)}.

En el afán de reducir los costos de la producción hacendal, a partir del siglo XVIII, los terratenientes delinearon una estrategia para bajar la producción a sus límites máximos ^{(Larson, 2000)}. Así, por ejemplo, una de esas estrategias fue la chacha, que consistía en un transporte gratuito al mercado, que era una “forma de eliminar la renta diferencial de las haciendas más acercadas a las ferias” ^{(Sánchez, 2011, p. 59)}. Así, los terratenientes fueron perdiendo influencia en el proceso productivo y, de manera adyacente, fueron perdiendo incidencia política en la región, que posibilitó un tejido plebeyo popular que paulatinamente fue teniendo el control del mercado interno de la región.

Entonces, esta articulación con grupos de intermediarios conectados a la minería potosina y al poder de Charcas determinó formas de asociación:

…el poder político regional estaba en manos de familias de burócratas que se vinculaban matrimonialmente con familias de hacendados que se vinculaban matrimonialmente con familias de hacendados y comerciantes locales, los cuales, a su vez, tenían relaciones financieras (y de parentesco) con grupos familiares de curacas indígenas y con miembros de las órdenes religiosas masculinas y femeninas locales ^{(Gordillo et al., 2007, p. 7)}.

Ahora bien, esta estructura agraria colonial aparentemente otorgaba mucha influencia política a los sectores terratenientes; sin embargo, la complejidad del sistema productivo en la región logró minar mucho ese dominio terrateniente. Así, por ejemplo, “en el caso de haciendas medianas y fincas, resultantes de la mercantilización de la tierra hacendal y su consiguiente fragmentación, esta captación, se dirigía a la aparcería y el arriendo en favor de productores directos ^{(Paz, 1983, p. 56}, citado en ^{Solares, 2021, p. 93)}. Ahora bien, el surgimiento de un bloque intermediario en el proceso de producción y mercantilización articulado al mercado o, mejor dicho, al “mercado de indios” ^{(Solares, 2021)} vinculado a las chicherías y otros espacios sociales, como se explica más adelante, dio lugar a que se conformara una red de intermediación económica con un efecto político: el debilitamiento de los hacendados. Por lo tanto, esa estructura de poder “que se fue debilitando paulatinamente en los valles de Cochabamba a lo largo de muchas décadas, finalmente, se desmoronó en pocos meses, de tal manera que, en agosto de 1953, lo que se hizo en realidad” ^{(Solares, 2021, p. 95)}. Entonces, la Revolución Nacional del 9 de abril de 1952, y, específicamente la Reforma Agraria, que implicaba el fin del régimen de hacienda, en los hechos, significó una estocada final para la reestructuración del poder en Cochabamba, provocando, por lo tanto, un vacío político ^{(Gordillo et al., 2007;Solares, 2021)}.

Con relación a los sectores indígenas/campesinos y/o populares de la región, la denominación de “granero de Bolivia” está articulada a la vocación agrícola de Cochabamba. Esta particularidad generó sus propios efectos políticos en los ámbitos rurales cochabambinos, inclusive se propiciaron mutaciones para el devenir estatal boliviano. En el siglo XVIII, por la necesidad de esquivar el trabajo en las minas, la mitad de la población rural cochabambina se declaró mestiza, no solo en los centros urbanos, sino también en las áreas rurales e incluso en las reducciones indígenas. A raíz de este proceso socio/económico, ^{Brooke Larson (2000)} sugiere que este momento histórico fue la génesis de la conformación de la clase campesina cochabambina. En el siglo XVIII, a raíz de la aplicación de la Ley de Exvinculación de 1874, si bien la distribución de las parcelas no provocó mayor resistencia indígena en la región, “por el contrario, gran parte de las parcelas rematadas cayeron en manos de piqueros o pequeños propietarios campesinos” ^{(Gordillo y Garrido, 2005, p. 21)}; empero, fue un elemento clave para la formación de un campesinado con efecto en el campo político cochabambino. A este proceso, ^{R.H. Jackson (1994)} añade otra tesis distinta de la de ^{Larson (2000)}, señalando que, a fines del siglo XIX y no del XVIII, surgió la clase campesina en Cochabamba. Más allá de este debate en torno al origen del proceso de campesinización y sus implicancias para la economía campesina de la región, es importante dar cuenta de los procesos socio/culturales de este proceso y su determinación para la configuración de la identidad qochala.

Históricamente, Cochabamba fue un espacio multicultural que tiene su loung dure ^{(Braudel, 1992)} en el periodo incaico, por la presencia de los mitimaes enviados desde el Cusco por el Inca Tupac Yupanqui para la colonización de las tierras vallunas. Antes de la llegada de los mitimaes en Cochabamba, ya existían en esta región tres etnias: collas, chuyes y sipesipes. Esta política agraria buscaba el desplazamiento de alrededor de 14 mil colonizadores con el afán de ocupar este territorio para establecer lazos entre el Inca y los señoríos lacustres para controlar el espacio cochabambino ^{(Sánchez, 1992;Wachtel, 1981)}. Aquí se encuentra un dato clave histórico para correlacionar el factor migración con el poder en Cochabamba. Posteriormente, en el periodo colonial, la presencia de los yanaconas como sujetos inmersos en el proceso comercial fue importante para la configuración social regional como un elemento constitutivo para el proceso del mestizaje cochabambino en el decurso colonial. En rigor, “los yanaconas mercaderes, repartidos a sus amos en Potosí, trabajaban realizando el trajín de productos desde haciendas y pueblos aledaños y su comercialización en la villa. Se trataba de productos como coca, maíz y chuño. Este trajín enriqueció a muchos españoles en Potosí” ^{(Escobari, 2011, p. 32)}. Y en el caso específico cochabambino, “el yanaconaje en las haciendas latifundistas, la mita y la prestación de mano de obra durante el auge de la minería, durante la colonia y, finalmente, la presencia preponderantemente de una masa plebeya en el principal centro urbano que perduró hasta fines del siglo XIX” ^{(Mayorga, Andia, Zegada y Saravia, 1997, p. 136)}. Obviamente, este proceso de idas y venidas de los yanaconas en el contexto del esplendor de la minería potosina tejió la urdiembre sociológica: el mestizaje cochabambino. Según Sánchez Albornoz, “los nuevos movimientos migratorios internos reconfiguran la situación regional” (citado en ^{Gordillo y Garrido, 2005}, p. 25). La dinámica del yanaconaje en Cochabamba sirve para comprender la emergencia de un estamento social vinculado a los procesos productivos que posteriormente controlaron la economía regional. Este rasgo de intermediación económica de los yanaconas ha tenido la capacidad de competir con los terratenientes por el control del mercado interno en la región. Obviamente, la economía política enseña que el control de la economía tiene su correlato: el control político. Entonces, la alternativa que fue alterando el sistema hacendal fue la siguiente:

…el surgimiento de campesinos libres (piqueros) que encontraron en el sistema ferial la opción más eficaz para liberarse, por lo menos parcialmente, del poder de los patrones, quienes al despreciar este “mercado de indios”, renunciaban al control eficaz de los circuitos de comercialización de un importante volumen de productos ^{(Solares, 2021, p. 95)}.

Asimismo, el fenómeno de los arrendaderos permitió la conexión con el mercado y las ferias fueron determinantes para la configuración de un campesino parcelario, el piquero, que, despojado de esas vinculaciones contractuales con los hacendados, posibilitó la construcción de poderosos mercados campesinos, sobre todo, en el Valle Alto cochabambino ^{(Azogue et al., 1986, p. 14)}. O sea, “el proceso de fragmentación llegó a culminar ya en los siglos XIX y XX en crecientes atomizaciones de haciendas que quedaban reducidas a un conjunto de pequeñas parcelas individuales llamadas piquerías, en manos de los antiguos arrendatarios puguljaleros o de otros compradores” ^{(Albó, 1987, p. 48)}. Estas formas de prácticas mercantiles generaron redes de la cultura qochala, que posibilitaron, a través de los procesos de interacción social como consecuencia de los procesos de intercambio mercantiles, lealtades políticas, lo que configuró una “cultura popular qochala”, o sea, “como la cultura, el poder y la economía interactúan y se transforman continuamente a lo largo del tiempo” ^{(Larson 2000, p. 38)}. Entonces, esa “cultura adaptativa” del campesino qochala ^{(Albó, 1987)} fue fundamentalmente no solo para la configuración de un mestizaje popular, sino la articulación de un bloque abigarrado de comerciantes, artesanos, piqueros, forasteros¹, es decir, un bloque plebeyo, a partir de esa “variedad de grupos de género, étnicos y ocupacionales, cuyas formas de vida, lealtades e identidades tendían a minar dicotomías preconcebidas (rural/urbano, campesino/trabajador, indio/mestizo) en este contexto regional, y porque el término se refiere implícitamente a formas dominantes (y contendidas) de poder y significado” ^{(Larson, 2000, p. 40)}.

El proceso de “campesinización” en la región cochabambina tiene su antecedente en el periodo colonial, ya que allí se germinó una clase campesina por la vía del arrendamiento de tierras de hacienda, la venta de maíz y trigo y la producción artesanal del tocuyo y la chicha ^{(Rodríguez y Solares, 1990)}. Así, se tejió una urdiembre popular con una incidencia significativa para la economía regional. Otro momento decisivo para una “campesinización” temprana, a inicios del ciclo liberal con la Ley de Exvinculación de 1874, reconociendo la propiedad individual, produjo la proliferación de los minifundios en desmedro de los latifundios, lo que dio lugar a un proceso de campesinización acelerado en Cochabamba ^{(Tórrez, 2012)}. En el acceso a las tierras cultivables de parte de los pequeños parcelarios no solamente compitieron con los dueños de la tierra, sino que empezaron a trastocar los cimientos fundamentales de la hegemonía económica local ⁽Rodríguez, 1995²⁷⁾. Por su parte, “los cholos y los mestizos controlaban el transporte regional, migraban estacionalmente a las minas y a las salitreras del Pacífico en calidad de peones y transformaban los excedentes de maíz en chicha, accediendo paulatinamente a la propiedad parcelaria en los valles” ^{(Gordillo et al., 2007, p. 10)}. De allí que, en el auge de la minería de la plata, la estructura del poder económico regional sufre mutaciones significativas que obedecen, entre otras cosas, a la emergencia de grupos subalternos, muchos de ellos migrantes, forasteros, piqueros, a quienes se podría identificar como los antecedentes históricos del bloque campesino/popular en la región cochabambina.

Esta retrospectiva de la formación histórica de un bloque popular, basándose en la disputa por el control del mercado interno de la región y relegando parcialmente a los hacendados, tejió relaciones sociales que generaron fidelidades políticas muy importantes, por ejemplo, en su lucha con los sectores elitistas, ya que como dice ^{Brooke Larson (2000)}, una característica de esta clase campesina es la “‘adaptación en la resistencia’ sin rebelión y de largo plazo” (p. 73). Esta cuestión es relevante para conocer la importancia del bloque campesino/popular cochabambino como un referente histórico para comprender el tejido del poder de la región. Quizás aquí radica una de las razones explicativas de la configuración del poder cochabambino: por un lado, los sectores elitistas tenían un poder que se basaba, sobre todo, en un dominio de las tierras; pero, paulatinamente fue mermando significativamente, especialmente, después de la Ley de Exvinculación, a fines del siglo decimonónico, y, por otro lado, como efecto colateral de la “atomización de haciendas” ^{(Albó, 1987)}, posibilitó el surgimiento de un proceso de “campesinización” para la irrupción de un bloque campesino/popular articulado al control del mercado interno con un efecto adyacente en la cultura política de la región ^{(Larson, 2000)}. Así delineado el tejido del poder en Cochabamba, en lo que sigue, se examina las mutaciones o permanencias ocurridas en el campo político cochabambino desde el inicio de la reforma agraria en Bolivia, el 2 de agosto de 1953.

REFORMA AGRARIA Y SU EFECTO POLÍTICO EN LA REGIÓN

La estructura agraria latifundista en Bolivia se caracterizó por una asimetría en la distribución de la propiedad de la tierra, caracterizada por condiciones de trabajo serviles; además, con un poco de capacidad y productividad para la seguridad alimentaria del país, ponía en el ámbito regional el debate en torno a la imagen que se tenía de Cochabamba como el “granero de Bolivia”. Además, con respecto al control de las tierras, cerca del 4,5% de la población era propietaria del 70% de la tierra agrícola ^{(Klein, 1991(}. La Reforma Agraria fue promulgada el 2 de agosto de 1953, en Ucureña, enclavada en el Valle Alto cochabambino:

Los principales objetivos de la reforma agraria que fueron la abolición total de la servidumbre campesina, la eliminación de los latifundios y haciendas, la dotación de tierras a los campesinos que no la poseyeran y la devolución a las comunidades indígenas de las tierras que les fueron usurpadas, fueron cumplidos parcialmente. (…) La reforma agraria solo llegó al altiplano y a los valles ^{(Fernández, 2003, p. 56)}.

Este proceso de minifundio intenso generó evidentemente un debilitamiento de las grandes haciendas, sobre todo, en Cochabamba. Esta transformación estructural en el modelo agrario supuso, por ejemplo, que “(…) desde enero de 1954 hasta julio de 1955, cuando se dio el informe final sobre la distribución de tierras, se expropiaron 28 latifundios (25 en Cochabamba, 2 en Sucre y 1 en Potosí) y fueron beneficiadas alrededor de 560 familias mineras, con parcelas individuales entre 2 a 8 Has. de extensión” ^{(Gordillo, 2000, p. 78)}. Además, en “Cochabamba fueron expropiadas las mejores haciendas del Valle Bajo, muchas de ellas mecanizadas, y los mineros empezaron a arrendar sus parcelas a los campesinos obteniendo rentas del esfuerzo ajeno” ^{(Gordillo et al., 2007, p. 18)}. Este fraccionamiento de las grandes haciendas tuvo un efecto colateral: el debilitamiento del poder terrateniente en Cochabamba. Ahora bien, surgen dos lecturas: la primera, que el proceso de la Reforma Agraria solamente aceleró una pérdida de la influencia política en la región, ya que ese proceso ya venía de antes (idem) y la otra lectura fue el inicio del proceso de debilitamiento del poder regional de los latifundistas ^{(Solares, 2021, p. 95)}. Ambas lecturas, coinciden, sin embargo, en que el efecto concreto de la Reforma Agraria generó un vacío de poder en la región ^{(Gordillo et al., 2007;Solares, 2021)}. Aunque, algunos estudiosos mencionan que el proceso revolucionario fue el inicio del debilitamiento de la influencia política de los terratenientes en la región, para ^{Solares (2021)}, la reforma agraria fue la estocada final del derrumbamiento del poder hacendal en Cochabamba, ya que era un proceso gestado antes del proceso revolucionario iniciado con la asonada popular del 9 de abril de 1952. Entonces, esta merma de la influencia política de los hacendados estaba acompañada por una mentalidad gamonal² que se traducía, por ejemplo, en el imaginario social de los terratenientes que estaban temerosos, inclusive por su vida, debido a una dizque “invasión de los campesinos” con sed de venganza a sus haciendas ^{(Rodríguez y Solares, 1990)}. En todo caso, aquí radica un antecedente insoslayable para comprender el rebrote del racismo en el curso de los acontecimientos socio/políticos en la región, particularmente en la ciudad de Cochabamba en el siglo XXI.

No se debe olvidar que la Revolución Nacional de 1952 consolidó al campesinado como un sujeto social que decantó en uno de los principales movimientos agrarios no solamente en Bolivia, sino en América Latina. Este proceso de campesinización, resultado de la Reforma Agraria, como se dijo anteriormente, posibilitó el minifundio. De allí, surgieron los sindicatos agrarios, ya que, “a nivel de organización comunal la virtual liquidación del régimen de haciendas supuso, aquí [en Cochabamba] más que en otras partes, el replanteamiento de cómo debía ser dicha organización” ^{(Albó, 1987, p. 51)}. La impronta de sindicatos agrarios en el área rural cochabambina tiene un referente en los años cuarenta, cuando los sindicatos campesinos protagonizaron cruzadas movilizadoras en aras de la reforma agraria bajo el lema de “Tierra y libertad”; en el campo político cochabambino, ya había trifulcas con la Federación Rural de Cochabamba (FRC), que aglutinaba a los terratenientes. Conjuntamente, muchos de estos dos actores estratégicos (sindicatos y FRC) y la “generación del Chaco”, conformada por intelectuales venidos de las familias tradicionales, sensibilizados por la guerra del Chaco, se incorporaron a las estructuras partidarias emergentes de izquierda en busca de un trastocamiento del orden oligárquico ^{(Gordillo et al., 2007)}.

En todo caso, un aspecto que tiene una enorme trascendencia en el decurso de la política regional en Cochabamba está articulado a los procesos de constitución de los sindicatos campesinos y su relación con las estructuras partidarias o del propio Estado. Desde la conformación de los sindicatos en los valles cochabambinos en el despuntar de la Revolución Nacional (abril 1952-agosto 1953) hasta la constitución de los sindicatos cocaleros en el curso de la década de los años ochenta, el papel del sindicalismo campesino fue decisivo no solamente para el decurso de la política regional, sino para la propia política nacional.

El proceso de cooptación de parte del Estado del sindicalismo agrario cochabambino fue un factor decisivo, como se explica más adelante, para la consolidación del proceso revolucionario emergente del 9 de abril de 1952. Efectivamente, esta articulación de los sindicatos campesinos se constituyó para reforzar la “lealtad campesina”, que se reflejaba no solamente en la constitución de milicias a inicios del proceso revolucionario, sino, sobre todo, por su lealtad política, que se traducía, entre otras cosas, en el comportamiento electoral. Esta imbricación entre el Estado y los sindicatos agrarios cochabambinos supondría, a la vez, que los efectos perversos de este proceso también tuvieran consecuencias, como un efecto dominó, al interior de estos sindicatos. Al respecto, ^{Silvia Rivera (1993)} afirma:

en regiones, como Cochabamba, ofrecían las mejores condiciones para el despliegue de los efectos de la ciudadanía del proceso de sindicalización, su contenido democrático resultó restringido debido a la burda manipulación clientelar del aparato sindical, que contribuyó a convertirlo en montonera ‘de choque’, subordinada a las conflictivas facciones del partido-estado (p. 84).

En la misma dirección, ^{Gordillo et al. (2007)} señalan:

Una vez rotos los lazos de dependencia con los patrones las nuevas relaciones sociales se formaron con base en los vínculos con los dirigentes sindicales y los jueces agrarios, que intermediaron en las relaciones con los funcionarios gubernamentales. Bajo el sistema de la distribución de los cupos, la corrupción política se extendió a los canales sindicales con base a las prebendas y concesiones desde las cúpulas de dirigentes, que estaban en estrecho contacto con el MNR [Movimiento Nacionalista Revolucionario] como partido gobernante (p. 20).

Ahora bien, estos procesos de clientelismo que median entre el Estado y el sindicalismo agrario cochabambino producen tensiones internas inclusive desatando episodios dramáticos, como fue el caso de la denominada “ch’ampa guerra” en el Valle Alto, reflejada en diferentes enfrentamientos entre Cliza y Ucureña entre 1954 y 1964. De estos acontecimientos analizados por ^{Jorge Dandler (1984)}, se concluye que los mismos eran resultados de un proceso de disgregación política ocasionada por un exacerbado faccionalismo del liderazgo cochabambino a raíz de la “trama de intereses externos al campesinado, que a la larga aparecen como las fuerzas incontrolables que manipulan sus actos y que condicionan sus decisiones” ^{(Gordillo y Garrido, 2005, p. 23)}. Estas “guerras campesinas”, por lo tanto, expresaron la fragmentación al interior de los sindicatos agrarios a consecuencia de la manipulación y también de los intereses particulares de los propios dirigentes campesinos, que desembocó en un proceso de fraccionamiento al interior de los sindicatos agrarios cochabambinos.

Entonces, el papel de los movimientos agrarios después del 9 de abril de 1952 en la región local fue relevante. Una de sus acciones colectivas de los campesinos cochabambinos se tradujo en la presión ejercida para que el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) promulgue la Ley de Reforma Agraria. No obstante, el movimiento agrario cochabambino, paulatinamente se subordinó al Estado del 52. O sea,

…en bastantes casos sus acciones [de los movimientos agrarios] fueron mucho más lejos de lo que hubieran esperado sus aliados no-campesinos. En este sentido es válido que de no se hubiera llegado a la Reforma Agraria de 1953. Pero, en medio de todo eso el movilizado campesino cochabambino se acomodó y aceptó las premisas fundamentales del nuevo estado populista del MNR. Aunque fuera el infant terrible, dependía profundamente del MNR y se movía permanentemente dentro del juego de clientelismo (más que alianzas) con las diversas facciones del partido ^{(Albó, 1987, pp. 53-54)}.

En rigor, los movimientos agrarios, sin erigirse en actores con capacidad de reemplazar la influencia política de los hacendados, pero, con su rol legitimador del Estado del 52, provocaron que éstos -los movimientos agrarios- se convirtieran en aliados del gobierno autoritario de René Barrientos Ortuño, en lo que se conoce como el “Pacto Militar Campesino”. En todo caso, esta alianza en la consideración analítica de ^{Xavier Albó (1987)}, de “Barrientos y su Pacto Militar Campesino (firmado con dirigentes del Valle Alto unos meses antes de la caída del MNR) representaba por enésima vez una alternativa más del centenario esquema cochabambino de apostar a nuevas fórmulas traídas por los amigos de arriba” (p. 54). Efectivamente, esta subordinación, a la vez, condicionó la proyección de este movimiento agrario en el espectro político cochabambino. Esta mediación prebendal entre el Estado y el movimiento campesino alcanzó su límite con las matanzas a campesinos del Valle Alto en el curso del gobierno dictatorial de Hugo Banzer del año 1974. Entonces, la denominada “Masacre del Valle” significó la clausura de la imbricación política entre el Estado del 52 y el movimiento campesino cochabambino.

En este sentido, hay una relación indisoluble entre este proceso prematuro de articulación del campesino cochabambino a los mercados, asociada, a la vez, a los procesos de mestizaje, que da cuenta de un doble efecto político: la resistencia y la subordinación. Este desplazamiento en este péndulo es explicable, ya que el movimiento campesino, en un primer momento, fue un actor protagónico en pro de las luchas por la recuperación de las tierras y, sobre todo, para la implementación de la Reforma Agraria ^{(Rivera, 1993)}. Empero, posteriormente, a través del establecimiento y subordinación del sindicato agrario, operó como un sustento (o base) social del proceso postrevolucionario emergente de la Revolución Nacional de 1952, que devino en una subordinación. Su efecto perverso fue el denominado “Pacto Militar Campesino” a través de una lógica de “pacto de reciprocidad”, que encubrió la subordinación campesina al gobierno autoritario de René Barrientos ^{(Soto, 1995)}. De este trazado histórico del accionar del movimiento agrario cochabambino, se concluye que hubo vaivenes de los procesos de autonomía y de subordinación con relación al Estado que, a la vez, muestran, paradójicamente, su capacidad de adaptación a las condiciones que la coyuntura socio/política exigía. Esta peculiaridad hizo que la configuración del campesino cochabambino sea decisiva para comprender su cultura adaptativa, que se manifiesta en diferentes aristas, a través de su articulación temprana a los mercados o los procesos de mestizaje o de migración ^{(Larson, 2000)}. Y en el caso específico de la política, su enorme acomodo a los diferentes procesos políticos. En este contexto, se hace necesario comprender esta cultura política adaptativa con relación a los procesos de construcción de la identidad cochabambina, que es clave para comprender el tejido político de lo popular. En lo económico, la Reforma Agraria produjo una diversificación económica que impulsó “la terciarización de la economía departamental y estimular la emergencia de reino de intermediarios en que se convierten las antiguas ferias campesinas y la propia ciudad de Cochabamba” ^{(Solares, 2021, p. 362)}. Quizás, en este sector de intermediario popular, conformado, además, por “un conjunto de núcleos y poblaciones de los valles y otras regiones, donde los nuevos protagonistas excolonos, rescatistas, transportistas, piqueros, etc. pasaron a llenar el vacío dejado por el antiguo poder hacendal” (p. 106). Entonces, se trata de que la conformación de este tejido plebeyo político con incidencia, a la larga, sirvió para la comprensión de las correlaciones de fuerza en el campo político cochabambino, inclusive hasta fines del siglo XX e inicios del siglo XXI.

Desde la colonización masiva de los mitimaes en el período incaico, Cochabamba se constituyó en una región “multiétnica”, es decir, en un “espacio geográfico abierto, un punto de encuentro, cuya identidad consistía en su propia falta de identidad, y cuyo signo de éxito y progreso era la acomodación a lo nuevo que iba llegando, precisamente desde el Estado” ^{(Albó, 1987, p. 46)}. Es decir, hay un continuum en este rasgo de lo “acomodo” del cochabambino, que tiene aún su vigencia en los tiempos contemporáneos; particularmente en el ámbito político, se plasma en su “acomodo (o subordinación) al poder”. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta esta “flexibilidad”, o sea, esta “ausencia de identidad” ^{(Albó, 1987)}, que tiene un efecto, aunque suene paradójico, en la identidad cochabambina. Por lo tanto, esta cultura política es insoslayable para comprender el tejido de las correlaciones de fuerza en el campo político cochabambino. En función al horizonte analítico de las configuraciones políticas en los municipios rurales fue importante tomar en cuenta la cultura política del campesino qochala, rasgo socio/cultural decisivo para el comportamiento político de un actor estratégico post Reforma Agraria: el movimiento campesino en el valle cochabambino.

Por su parte, las élites cochabambinas articuladas al poder oligárquico estaban en un proceso de desconcierto y muchas de las familias tradicionales, a modo de conservar su capacidad de influencia política, optaron como estrategia por los matrimonios interétnicos, o sea, entre la elite oligárquica con aquellos migrantes europeos, judíos y árabes que, a mediados del siglo XX, arribaron a la ciudad de Cochabamba ^{(Gordillo et al., 2007}. Entonces, como afirman los autores, la actividad comercial se constituyó en un pivote para la economía regional por la actividad comercial desplegada por los inmigrantes extranjeros, particularmente en el casco viejo de la ciudad. Mientras tanto, en el espacio urbano, o sea, en la ciudad de Cochabamba, el proceso revolucionario generó su propia redefinición de los actores políticos, no solamente porque la clase terrateniente estaba en repliegue, sino por la emergencia de nuevos actores urbanos conformados por mineros, funcionarios públicos, militantes del MNR, que, en conjunto, constituirían la “emergente clase media” cochabambina que se insertó en el modelo regional de capitalismo atrasado ^{(Solares, 2021)}. Obviamente, esta estructura de poder urbano se perfiló como “un nuevo bloque de poder que sustituye al poder oligárquico [que] es compartido por diferentes facciones de las antiguas clases medias que dejan de ser tales en la medida en que acumulan riqueza y amplían el ejercicio de poder real” (p. 124). Entonces, estos “nuevos ricos” urbanos, a la larga, no fueron los verdaderos sustitutos de los hacendados con referencia a ocupar ese espacio de poder; empero, esta nueva “estratificación social no se mueve exclusivamente dentro de una lógica fríamente económica, aquí también están presentes factores culturales, para soldar y consolidar esta delicada armadura compuesta por una variedad de piezas no siempre congruentes” ^{(Solares, 2021)}.

Hasta aquí se examinó la configuración del poder regional, a partir de la promulgación de la Ley de Reforma Agraria y sus mutaciones en Cochabamba. En lo que sigue, se dará cuenta del tejido político en Cochabamba a fines del siglo XX.

REVOLUCIÓN DEL 52 Y SU DEVENIR PARA LA INFLUENCIA POLÍTICA DE LA OLIGARQUÍA LOCAL

La consolidación del Estado del 52 que, aparentemente, era uno de los desafíos centrales de los cochabambinos o, por lo menos, de los intelectuales nacionalistas, supuso para el caso local una pérdida de su interés por la región. Entonces, por esta vocación nacionalista de los cochabambinos ^{(Rodríguez, 2011)} generó un efecto adyacente en la región: la ausencia de un actor estratégico cochabambino con la capacidad de convocatoria social y para trazar un horizonte de proyecto regional alguno ^{(Gordillo et al., 2007;Rodríguez, 2011)}. Quizás aquí se explica que a lo largo de la segunda mitad del siglo XX en Cochabamba no hubo ningún actor que se erigiera en un referente regional. El “vacío de poder” legado por el repliegue de los terratenientes provocó que no hubiera ningún actor regional con la capacidad de colmar ese vacío político.

Si bien la región cochabambina se constituyó en el pivote para empuje del modelo nacionalista, paradójicamente, el “MNR ejecutó acciones transformadoras en el altiplano y en los llanos, pero no tuvo un proyecto para Cochabamba” ^{(Gordillo et al., 2007, p. 19)}. Obviamente, los sectores oligárquicos se replegaron y algunos inclusive lograron recuperar algo de sus privilegios, como se dijo anteriormente, por la vía de los matrimonios interétnicos, especialmente, entre las hijas/hijos de la oligarquía con los extranjeros venidos de Europa y otros lares, inclusive, los “hijos rebeldes de la oligarquía” que conformaron partidos de cuño izquierdista: el PIR [Partido de Izquierda Revolucionaria], el POR [Partido Obrero Revolucionario] o el PCB [Partido Comunista Boliviano] que en su momento alentó las medidas sociales del Estado del 52 fueron perdiendo protagonismo ^{(Gordillo et al., 2007, p. 19)}, ya que el MNR estaba ocupando hegemónicamente el campo político boliviano, porque, además, paulatinamente estos sectores políticos fue engrosando el aparato burocrático del Estado.

Según ^{Gustavo Rodríguez (2011)}, “con la revolución de 1952, el Comité Pro Cochabamba (CPC), refugio y propagandista de los sectores conservadores, perdió la escasa capacidad de influencia que tenía y al desaparecer quedó como anécdota” (p. 257). Queda claro que el proceso postrevolución del 9 de abril de 1952 fue un golpe duro para los sectores oligárquicos de la región que no se pudieron recuperar en el tiempo.

Además, esa modificación en la economía regional con el desplazamiento de los sectores oligárquicos/terratenientes no fue sustituida por una burguesía industrial ^{(Rodríguez, 2011)} conformando así un grupo rentista y parásito ^{Gordillo et al., 2007}. Frente a esta caracterización de ese momento político, se veía poco posible una disputa por el liderazgo regional, especialmente de los sectores oligárquicos. Posteriormente, en el ciclo autoritario que comenzó con la presidencia de René Barrientos Ortuño, el año 1964, y luego con la dictadura encabezada por Hugo Banzer Suárez, iniciada el 21 de agosto de 1971, estos sectores elitistas, conjuntamente con una clase media conservadora conformada post Revolución de 1952, alentaron entusiastamente a ese gobierno en su arremetida “contra el comunismo”.

A FINES DEL SIGLO XX: EL TEJIDO DEL PODER EN COCHABAMBA

Después de los procesos dictatoriales vividos en Bolivia, primero, con Hugo Banzer (1971-1978) y, luego, con Luis García Mesa (1980-1982), se vino la apertura democrática. Estos gobiernos de alguna manera representaban la crisis del Estado del 52 y, en consecuencia, también la impronta de aquellos actores emergidos en el proceso revolucionario del 9 de abril de 1952, particularmente en el movimiento campesino del valle cochabambino que, con la masacre de 1974, constituyó un momento de inflexión para desligarse de esa subordinación al Estado del 52.

En el inicio de la democracia en el campo político regional emergió la Junta de la Comunidad (Junco) nacida en plena dictadura, que se fusionó al Comité Pro Cochabamba (CPC). Posteriormente, en 1983, se creó el Comité Cívico de Cochabamba (CCC), que fue sustituyendo la pérdida de incidencia de actores de obreros y sectores medios. En ese contexto, el CCC, de actor territorial, de alguna manera ocupó un lugar principal de la escena política regional ^{(Padilla, et al., 1991)} Sin embargo, este actor cívico regional tampoco ha tenido la capacidad hegemónica de perfilarse como un actor estratégico en la región -como sucedió, por ejemplo, con su similar de Santa Cruz-; sus demandas oscilaban, fundamentalmente, entre la exigencia de obras y recursos que permitieran el desarrollo de la región o la explotación de los recursos hidrocarburíferos ^{(Tórrez, 1999)}. O sea, el CCC no fue ese actor con una mirada estratégica de convertirse en un timón decisivo para los propósitos regionales y, luego, en el curso de los acontecimientos de la Guerra del Agua fue un actor con una dosis de conservadurismo ^{(Rodríguez, 2011)}, que dio lugar a que, inclusive, sectores populares afiliados a esta institución cívica se retiren de la misma, desahuciándola de ese ingrediente de unificador que había adquirido en un determinado momento. Posteriormente, en el decurso de los años noventa, esta entidad cívica fue instrumentalizada no solamente para determinados sectores elitistas, sino también política y electoralmente, lo que se erigió en una variable explicativa para su desgaste paulatino como un actor de incidencia política en la región.

La falta de horizonte del CCC que se plasmó en su incapacidad de generar una propuesta regional fue una constante entre las dos últimas décadas del siglo XX. A fines de los años ochenta, la entidad cívica impulsó el proceso de descentralización administrativa “moderada”, a diferencia de la dirigencia cívica cruceña, que apostaba por una descentralización política y económica “radical” ^{(Tórrez, 1999)}. Así, por ejemplo,

En cuanto a la reforma estatal el CCC apuntaba a una descentralización administrativa, aviniéndose a enmarcarse en el marco de la CPE, lo que le diferencia de Santa Cruz o Tarija que exigía la elección directa de los Consejeros Departamentales e incluso del Prefecto. Cochabamba no realizó ningún paro o protesta a favor de la descentralización, prefiriendo vivir de pactos y acuerdos con el gobierno, con el cual se identifican varios integrantes de la institución” ^{(Rodríguez, 2011, p. 259)}.

Entonces, un rasgo que caracterizó a Cochabamba, a fines del siglo XX e inicios del siglo XXI, fue que la estructura política no presente mutaciones relevantes referidas al tejido del poder regional. Al respecto, el historiador ^{Gustavo Rodríguez (2011)} describe esta ausencia de protagonismo de los principales actores regionales:

La característica cochabambina (y su drama) -nuevamente a diferencia de Santa Cruz-, radica ya desde fines de la séptima década del siglo pasado en que ni unos ni otros; ni viejas élites, ni nuevos liderazgos lograron (re) construir el Departamento como una “comunidad imaginada” (Benedict Anderson). Cochabamba presentaba en los albores de este siglo un mosaico de múltiples y contradictorias identidades y sin hegemonía (en su doble sentido, a manera de Lenin y de Gramsci). Los pequeños grupos empresariales perdieron presencia en la estructura de poder regional, pero los sectores emergentes -sin otro horizonte de su interés corporativo-controlando espacios sindicales, políticos y económicos que cada vez se ensancharon. Pero no llegaron hasta el 2005 a constituir élites de poder, sino simples grupos de presión, al carecer de vocación para proyectarse hacia un horizonte histórico y de futuro (p. 260).

Quizás por estas características de la región cochabambina, donde sobresale la incapacidad de llenar ese vacío político dejado por los sectores terratenientes, se afirma que “Cochabamba es una sociedad en permanente conflicto de grupos de interés, sin identidad ni proyección histórica común y su devenir está siempre sujeto a una inestabilidad institucional, a las presiones de los movimientos sociales y políticos” ^{(Gordillo et al., 2007, p. 134)}.

A pesar de la inexistencia de actores protagónicos en la región, no obstante, aparecieron actores locales que, si bien carecían de una mirada estratégica para el devenir cochabambino, sin embargo, luego de varias décadas de inexistencia de actores con presión política, ocuparon espacios decisivos, a partir de lo cual se perfilaron como liderazgo personal y como colectivo: el manfredismo³ y el movimiento cocalero, que desde los años noventa fueron actores visibles que de alguna manera se posicionaron en el escenario político regional.

MANFREDISMO: REFERENTE POLÍTICO URBANO

La presencia de Manfred Reyes Villa, militar retirado, en la gestión del gobierno municipal de Cochabamba desde el año 1993 hasta el 2000, y, posteriormente como prefecto cochabambino, configuró una plataforma no solamente para su liderazgo personal, sino para la configuración de una corriente política a nivel local. Así apareció “Nueva Fuerza Republicana (NFR) [partido de Reyes Villa, que] surgió en 1997 como una opción a los partidos tradicionales a partir de la fama que adquirió Manfred Reyes Villa como alcalde de la ciudad de Cochabamba durante tres gestiones consecutivas” ^{(Mayorga, 2011, p. 68)}. En un momento de declive de las estructuras partidarias tradicionales a nivel local, apareció la figura de Reyes Villa. La gestión edilicia de Reyes Villa se basó fundamentalmente en una lógica instrumental que se erigió “en un sello distintivo de su gestión, posibilitando un desarrollo urbano en la ciudad” ^{(Tórrez, 2021)}.

Esta presencia de Reyes Villa en el campo político cochabambino posibilitó que su liderazgo a nivel regional y, particularmente en la ciudad de Cochabamba, alcance notoriedad, y lo que se reflejó, entre otras cosas, en las contundentes y sucesivas victorias electorales en el ámbito regional. Fue burgomaestre en cuatro ocasiones consecutivas entre los años 1993 y 2000. Posteriormente se postuló como candidato a la prefectura de Cochabamba, logrando una victoria electoral, el año 2005; pero su participación activa en el curso de los hechos luctuosos del 11 de enero del 2007, le cobró factura posteriormente, con un revocatorio de su mandato, mediante un referéndum. En todo caso, la presencia del manfredismo en el campo político regional fue tan predominante que se tradujo, por ejemplo, en votaciones importantes no solamente de Manfred Reyes Villa sino de sus allegados; es el caso de Gonzalo Terceros, en el municipio cochabambino.

Uno de los factores del éxito político de Reyes Villa radicó en su articulación con diferentes sectores sociales/urbanos: juntas de vecinos o los comerciantes, lo que le otorgaba un cariz articulador. Sin embargo, asumiendo su origen social y también partidario, Reyes Villa simbolizaba a un determinado sector de la élite cochabambina que veía en el liderazgo de éste a un referente inobjetable para la proyección de los estratos medios y altos en los espacios de poder a nivel local. A modo de ejemplo, con respecto a la cuestión ideológica de Reyes Villa con Acción Democrática Nacionalista (ADN), el estudio de ^{Mayorga et al. (1997)} da cuenta de lo siguiente: “En la medida que Manfred Reyes Villa mantuvo un perfil ideológico afín a ese partido, sustentado en el nacionalismo, la defensa del sistema democrático, el desarrollo basado en la libre iniciativa privada, y otros elementos discursivos que denotan una cierta continuidad, se trataría de un acuerdo coherente en términos ideológicos” (p. 221). Entonces, este perfil ideológico inocultable de Reyes Villa, además, fue un factor decisivo, ya que operó como un imán para establecer en una confrontación electoral la conformación de una especie de voto duro, asentado, sobre todo, en aquellos territorios o zonas de la ciudad de Cochabamba donde están asentadas las élites cochabambinas.

En suma, el manfredismo, con sus propios vaivenes políticos, se erigió como movimiento político relevante en el campo político local, ya que tuvo la capacidad de trascender la institucionalidad del municipio o de la prefectura, a través de una estrategia de cooptación de organizaciones territoriales como las juntas vecinales, sectores empresariales y también del propio Comité Cívico de Cochabamba. El manfredismo, por lo tanto, sin expandirse en el área rural, fue un referente a lo largo de los años noventa y los primeros años del siglo XXI en el ámbito urbano de Cochabamba, especialmente de los sectores elitistas cochabambinos.

SINDICATOS CAMPESINOS COCALEROS EN EL ESPECTRO POLÍTICO REGIONAL

Otro proceso importante para la historia de los actores sociales en Cochabamba, a fines de los años ochenta, es la constitución del movimiento cocalero en un contexto histórico signado por el proceso de relocalización minera a raíz de la denominada Nueva Política Económica en 1985. Los mineros, conjuntamente con los campesinos de las zonas andinas expulsados de sus territorios a raíz de la sequía y otros campesinos provenientes de los valles cochabambinos, emigraron a la región del Trópico cochabambino en un momento fundamental, por el auge de economía de la coca. Ellos configuraron una base social con una importancia socio/política para la democracia boliviana y también para la configuración de la política a nivel regional. Efectivamente, este proceso de emigración da como resultado sociológico la configuración de un “nuevo cochabambino” ^{(Tórrez, 2012)} que, a posteriori, se constituyó en una de las manifestaciones sociales más significativas de las últimas décadas, con una incidencia decisiva no solo en el espacio político regional, sino a nivel nacional.

La configuración de este nuevo sujeto social en la región cochabambina, particularmente en las zonas rurales, se da “tras varios años de organización, lucha y resistencia [con lo que] logra, posteriormente conformarse en base social principal de lo que ahora es uno de los partidos políticos de izquierda más importantes: el Movimiento Al Socialismo-Instrumento Político para la Soberanía de los Pueblos [MAS-IPSP]” ^{(Orozco, 2004, p. 17)}. El papel del movimiento cocalero para el afianzamiento y consolidación del MAS-IPSP en el espectro político boliviano fue tan significativo que se explica no solo por su discurso de interpelación, por ejemplo, al modelo neoliberal, sino por su capacidad de movilización, particularmente en aquellos momentos decisivos para el devenir estatal. En rigor, el protagonismo de los cocaleros en el desarrollo de la Guerra del Agua, a inicios del nuevo siglo en Cochabamba, fue determinante no solo para el decurso de la democracia boliviana; a nivel regional, marca una ruptura con aquel imaginario de la región que gira en torno a la pasividad del cochabambino ^{(Tórrez Rubín de Celis, Y., Tórrez Rubín de Celis, N., Álvarez Rojas y Quiñones Bustamante, 2003)}. En otras palabras, la acción del “nuevo cochabambino” no solo asentó en el Trópico, sino también en las zonas periurbanas de la ciudad de Cochabamba, que muestra claramente la emergencia de un nuevo sujeto colectivo en la región, con una gran capacidad de movilización socio/política no solamente en la Guerra del Agua (2000), sino en años posteriores, en el curso de los acontecimientos del 11 de enero del año 2007 en la ciudad de Cochabamba.

En todo caso, el MAS no solo articuló al movimiento a “las organizaciones de productores de hoja de coca [que] constituyen el sujeto social más importante de las dos últimas décadas en la región” ^{(Córdova, 2007, p. 39)}, sino que en determinados momentos también tiene su incidencia al interior de la Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba (FSUTCC), aunque esta influencia es relativa, por la heterogeneidad en la composición y los intereses disimiles de los actores al interior de esta organización matriz de los campesinos cochabambinos⁴. Sea como fuera, el movimiento campesino cocalero de alguna manera se erigió en una suerte de articulador del bloque nacional-popular en la región cochabambina.

Desde la Guerra del Agua, la Federación Departamental Cochabambina de Regantes (FEDECOR) se constituyó en un sujeto social con influencia en el campo político de la región, particularmente de aquellas localidades rurales cercanas a la ciudad de Cochabamba. Una de las características de esta organización es que se “constituyen en una élite en la economía campesina, ya que controlan el uso del agua y sus actividades productivas no dependen de las estaciones o los ciclos de lluvia” ^{(Córdova 2007, p. 40)}. La trascendencia de esta organización en el campo político cochabambino fue incuestionable; inclusive, con los comerciantes y los transportistas, son catalogados como las élites emergentes de la región ^{(Gordillo et al., 2007)}. Ahora bien, el protagonismo desplegado por esta organización en el ámbito rural cochabambino le permitió articularse orgánicamente al MAS⁵ y, a partir de allí desplegar sus estrategias políticas al interior de los gobiernos ediles en el Valle Bajo cochabambino.

Por estas consideraciones, el MAS-IPSP no se puede considerar como una estructura partidaria convencional, sino como una prolongación política de un movimiento social ^{(García Linera, 2010)}; es decir, propiamente es un movimiento político ^{(Komadina y Ceffroy, 2007;Zegada, Salinas y Torres, 2007)}. Este esbozo con relación a la estructuración del MAS y su articulación con las organizaciones campesinas cochabambinas adquirió preeminencia, ya que, a través de estas mediaciones, articuló diferentes factores de poder determinantes para las (re) configuraciones políticas en las provincias cochabambinas.

En suma, este esbozo del papel de los movimientos campesinos en el espectro político rural cochabambino tiene una larga duración, y la presencia del movimiento cocalero desde fines de la década de los ochenta explica los avatares de los procesos de relacionamiento de estos movimientos con las estructuras estatales y, en particular, con aquellos partidos hegemónicos en funciones de gobierno que se constituyen en elementos insoslayables para explicar los juegos de poder en el ámbito de la institucionalidad de la democracia local.