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Temas Sociales
versão impressa ISSN 0040-2915versão On-line ISSN 2413-5720
Temas Sociales no.37 La Paz nov. 2015
SOCIOLOGÍA POLÍTICA
La construcción de la legitimidad política en autoridades municipales e indígena originario campesinas
The setting-up of political legitimacy to municipal and rural native authorities
Héctor Luna Acevedo1
1 Sociólogo, Boliviano, Magíster en Estudios de la Cultura, Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, Diplomado en Educación Superior y Licenciado en Sociología por la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia. Actualmente trabaja como sociólogo en el Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, con sede en la ciudad de Sucre.
email: lunaayrampu@gmail.com
Resumen
La legitimidad política de autoridades de gobiernos municipales y de organizaciones indígena originaria campesinas en municipios de Curahuara de Carangas (Oruro) y Pucarani (La Paz) se fundamenta en las experiencias de liderazgo que comienzan desde sus organizaciones de base, como ser, ayllus, sindicatos agrarios, sub-centrales campesinas. En base a esta lógica organizativa asumen cargos de autoridad, primero en sus organizaciones de representación, segundo, en el gobierno municipal. Ambas instancias elaboran políticas públicas, proyectos que determinan el apoyo o rechazo de las comunidades campesinas y ayllus a la gestión estatal. Finalmente hay un ejercicio plural del poder, donde los liderazgos se caracterizan por una valoración de lo indígena originario campesino y los conocimientos técnico académico que requieren los municipios rurales.
Palabras claves: Legitimidad política, Autoridades indígenas, Campesinas, Municipio.
Abstract
The political legitimacy of authorities of municipal governments and rural native organizations inthe municipalities of Curahuarade Carangas (Oruro) and Pucarani (La Paz), is based on the experiences of leadship that begin from their base organizations, as they are, ayllus, agricultural unions, rural sub-centrals. In the basis of this organizative logic they assume authority positions, firstly in their own representative organizations, secondly, in municipal government. Both instances make public policies, projects that determinate the support or rejection of rural communities and ayllus to the state management. Finally, there is a plural practice of power, where leaderships are characterized by a appreciation of rural native and technical-academic knowledge to be required by rural municipalities.
Keywords: Political legitimacy, Rural native authorities, Municipality.
1. Introducción
Este ensayo pretende contribuir a la comprensión de los procesos políticos en dos municipios rurales y semiurbanos del occidente de Bolivia, donde se presentan organizaciones sindicales campesinas: sub-centrales, centrales campesinas; y organizaciones indígena originaria2: ayllus3 y markas, todos pertenecientes a la cultura aymara4. Muchas de las cuales, como organizaciones de representación de la sociedad civil campesina, asumen acciones políticas de apoyo a las medidas estatales que impulsa el gobierno central.
Sin embargo, al dirigirnos a un ámbito local se observan tensiones sociales y políticas que surgen desde la misma sociedad, que cuestionan el desempeño de las autoridades municipales y de las organizaciones indígena originaria campesinas.
2. Consideraciones históricas
Las investigaciones sobre la organización política andina toman como fuente empírica a la organización política y económica del incario, que se constituye en base a la reciprocidad en el trabajo y redistribución de la riqueza5 entre los miembros de un mismo espacio territorial (John Murra, 1975; Nathan Wachtel, 1980). En ese entendido la institucionalidad política en los andes se concibe, en algunos casos, como un modelo de organización política que se basa en relaciones igualitarias entre gobernantes y gobernados; en cambio, la organización política estatal se entiende como una estructura jerárquica creada por el Estado republicano, aunque esta lógica deviene desde el mismo periodo colonial.
Las organizaciones indígena originaria campesina de los municipios del área de estudio: Curahuara de Carangas y Pucarani, según los escasos estudios antropológicos, sociológicos e etnohistóricos, datan de un periodo anterior a la Colonia, cuando estos territorios conformaban los "señoríos" aymaras6
(J.E. Monast, 1972; Gilles Riviere, 1982; Ximena Medinaceli, 2010), culturas que ocupaban la parte altiplánica de Bolivia, Perú y hasta la costa del pacífico (Norte de Chile). Durante la colonia, tanto la población y el territorio fueron organizados en provincias pertenecientes al virreinato de Lima, lo cual institucionaliza una lógica de subordinación sobre las formas de organización política y económica de las culturas aymaras, que estuvieron sometidas a órdenes de las autoridades coloniales: corregidores, intendentes, encomenderos y párrocos, que desempeñaban sus cargos bajo el mandato del virrey. Este escenario histórico no cambia para las comunidades aymaras cuando se crea la república, ya que la relación con la estructura política estatal tiene continuidad en los parámetros de diferenciación social heredadas de la colonia, por ejemplo, el tributo indígena se reproduce durante la república para generar ingresos fiscales a favor del Estado (Ovando, 1984).
Es decir, durante gran parte del periodo republicano los cargos estatales estuvieron bajo el mando de criollos y mestizos. En cambio, los aymaras asumían cargos a nivel de su organización ancestral, el ayllu; además, muchas comunidades fueron sometidas por la hacienda que se instaura después de la ley de ex-vinculación de 1864. Esta configuración social cambia con la reforma agraria de 195 3, que influye en la transformación social y económica de la población rural del occidente de Bolivia7; por ejemplo, los expongos se organizan en sindicatos campesinos8.
En la actualidad, el escenario local expresa grados de combinación de legitimidad política y social en la estructura de cargos del municipio y en otros cargos estatales. Las personas que acceden a estos cargos son ex-autoridades de los sindicatos campesinos, de las organizaciones originarias y también quienes retornan de forma temporal del área urbana a las comunidades campesinas9. Esto, por una parte, significa la expansión de la democracia representativa hacía las formas de organización tradicional. Por otra, significa que las mismas comunidades implementan formas propias de elección de autoridades, que les permite empoderarse del manejo estatal, combinando ambas formas de elección en las políticas públicas que ejecutan los municipios del área de estudio. En cuanto a la población que conforman las comunidades, ayllus y sindicatos, ésta incursiona en actividades económicas, sociales, políticas y educativas que tienen vínculos con las áreas urbanas. Esto incide en la auto-percepción de las comunidades, pues conciben a sus autoridades del municipio y organizaciones sindicales-originarias como gestores y promotores del desarrollo integral del municipio, situación que genera tensiones de carácter político y social entre autoridades del municipio con los representantes de las organizaciones campesinas y originarias10.
La problematica expuesta es consecuencia de la modernización de los municipios rurales en Bolivia a través de la Ley 1551 de Participación Popular, donde el Estado transfiere competencias, responsabilidades y recursos a los gobiernos municipales bajo un enfoque de edesarrollo. Estas medidas permitieron la participación de organizaciones campesinas e indígenas en la planificación de los proyectos de desarrollo en sus respectivos municipios, que son fiscalizados por los comités de vigilancia con el propósito de transparentar la gestión pública frente a la sociedad civil, situación que se produce a través de las organizaciones representativas.
Las investigaciones relacionadas con la legitimidad política de autoridades de gobiernos municipales e indígena originario campesinos analizan el fenómeno desde diferentes enfoques y contextos. Muchos autores analizan e interpretan de manera crítica los cambios políticos y sociales que se presentan en la relación entre el Estado y las organizaciones campesinas e indígenas pertenecientes a municipios rurales. Este escenario social y político en la actualidad es encarado desde dos perspectivas. Por un lado, la lectura modernizante valora la participación de las autoridades indígena originaria campesina en la construcción de políticas públicas que ejecutan los municipios (José Blanes, 2000; Ana María Lema, 2000; Rolando Sánchez, 2007; Denis Avilés, 2010). Por otro lado, esta misma situación ocasiona en las organizaciones tradicionales una serie de conflictos y tensiones por los recursos que asigna el Estado a los proyectos de desarrollo, yaque las mismas comunidades campesinas acceden a los recursos públicos presentando proyectos productivos, educativos, etc. Para ello, el mismo estado crea mecanismos de participación de las comunidades campesinas en la elaboración del Plan Operativo Anual (POA) y del Plan de Desarrollo Municipal (PDM), siendo instancias donde se objetivan actividades y proyectos de desarrollo11. En tal sentido, la visión modernizante de los municipios valora las políticas neo-liberales implementadas en los municipios rurales.
En una investigación sobre las comunidades de la provincia Aroma (Departamento La Paz), Rolando Sánchez, 1994 señala que las autoridades tradicionales o indígenas asumen responsabilidad sólo a nivel de la organización aymara: ayllu y marka, lo que significa que las tareas realizadas por dichas autoridades se reducen a atender conflictos de tierra y familiares. En algunos municipios existen sindicatos campesinos creados por el Estado, que en su momento tenían la finalidad de controlar políticamente a las comunidades campesinas, y ahora estas autoridades asumen dicha responsabilidad pero su mando se basa en una legitimidad tradicional. Por otro lado, el estudio se refiere a autoridades administrativas, corregidor, alcalde, que poseerían conocimientos técnicos y por esto son ellos quienes se encargan de gestionar ante el Estado políticas de desarrollo, mientras que el poder de las autoridades aymaras se reduce a nivel de la organización tradicional del ayllu y la marka
... la función de las autoridades originarias se basa en la costumbre y tradición, de similar forma su gestión se halla legitimado por los valores sociopolíticos basados en tradiciones y costumbres. Es decir, la potestad de estas autoridades se fundamenta en las creencias y valores sociales compartidos por los miembros de la comunidad (Sánchez, 1994: 63).
Es notable cómo aún en periodos previos a la implementación de las reformas que cambia el poder local no se podía entender que una autoridad indígena pueda asumir responsabilidades en el poder estatal.
José Blanes (2000), en un estudio acerca de las autoridades aymaras de los municipios de Viacha, Pucarani y Achacachi (Bolivia), señala que estas autoridades son actores centrales de políticas de gestión local, donde las comunidades luchan por acceder a recursos públicos mediante proyectos de desarrollo económico, infraestructura y salud. Esboza la canalización de demandas hacia las comunidades indígenas, lo cual, se expresa en conflictos entre la autoridad estatal con la autoridad indígena por la ejecución de la infraestructura pública y describe la presión que ejercen los ayllus para que las autoridades del municipio atiendan las demandas. Al respecto señala, "ahora el liderazgo no sólo que se legitima en el municipio y con respecto a las funciones establecidas por él, sino que tiende a valorarse por su valor político, a multiplicarse, además, las opciones que tiene el dirigente de ascender más allá de su comunidad, en la que tiene un camino estrecho y de plazos limitados, la política le ofrece un valor sagrado al liderazgo social" (Ídem .: 111). Según Blanes, las probabilidades de conflicto son mayores en gobiernos locales por la cercanía de la autoridad con la sociedad civil, a diferencia de la relación del gobierno central con la sociedad civil, donde la relación es formal.
En esa misma dirección, el trabajo de Ana María Lema (2000), en un estudio sobre la Participación Popular en los municipios de Urubichá, Gutiérrez y Villa Montes (departamentos de Santa Cruz y Tarija), menciona que esta política estatal ha contribuido a la institucionalidad de los gobiernos locales. Al respecto señala que "... los aspectos positivos de la aplicación de la Ley de Participación Popular pueden resumirse (...) Los indígenas han accedido al poder local al ocupar concejalías e incluso alcaldías en los municipios de estudio... La Ley de Participación Popular ha permitido la incorporación al ordenamiento territorial administrativo de unidades cuyas jurisdicciones tienen sentido para los indígenas..." (Ídem.: 257). Lema muestra la importancia de la ley de Participación Popular, a través de la cual el Estado intenta acercarse más a la sociedad, y a partir de ello las organizaciones indígenas estarían en mejores condiciones de fijar sus objetivos de desarrollo.
Por otra parte, los estudios desde un enfoque indigenista cuestionan la forma en que el Estado se entromete en las organizaciones originarias y campesinas del área rural. Según estas investigaciones, las medidas neoliberales del Estado fragmentaron la naturaleza de la organización tradicional, provocando tensiones entre grupos y familias de una misma organización campesina. En otros términos, interpreta el fenómeno como una estrategia de imposición del Estado a través de los programas de desarrollo sobre las organizaciones políticas andinas, lo que habría subsumido las luchas indígenas de emancipación (Rivera, 2006; Ticona, 2003; Fernández, 2000; Quisbert, 2006; Chuquimia, 2010, Murillo, Montellano y Bautista, 2014). La orientación de las medidas neo-liberales habrían tenido una lógica racional del ejercicio del poder, donde el Estado, en lo político -desde el enfoque multiculturalista-, reconoce las formas de organización tradicional, aunque paradójicamente habría fortalecido la legitimidad del estado neoliberal en su faceta de descentralización del poder.
Desde las ciencias sociales se hicieron varios estudios acerca de las autoridades de organizaciones tradicionales, como el ayllu y la marka; así como de los sindicatos campesinos, consecuencia de la reforma agraria de 1953. En ese sentido, mencionamos el estudio de Roger Raznake sobre los ayllus Yuras (organizaciones quechuas del departamento de Potosí), donde los kuraqkunas son autoridades del ayllu. En esta investigación se describen algunas contradicciones: por un lado, los cargos se asumen por rotación, por otro lado, los cargos pueden ser impuestas por el Kuraca, como autoridad máxima, a falta de personas que estén dispuestos servir a la comunidad. "Todos los cargos son rotativos, aunque, como veremos el periodo de servicio varía (...) Existe pues, una regla explícita que los kuraqkuna deberían ser casados y, de hecho, la gran mayoría lo son. Sin embargo, no es imposible que un soltero ocupe una de los tres cargos de servicio" (Raznake, 1989: 67). Existe una permeación de la autoridad estatal en los ayllus, pues se menciona que el kuraca debe nombrar al alcalde, pero en cuanto a la legitimidad, ésta se basa en una legitimidad comunal (eligen sus autoridades bajo el sistema de rotación), aunque excepcionalmente se aceptan otras formas de elección. Rasnake se centra en comprender la forma cómo las organizaciones tradicionales (ayllus, markas) funcionan y cómo eligen/nombran a sus autoridades, y no analiza la relación de la organización tradicional con otros agentes externos.
Otra investigación es la de Esteban Ticona (2003), quien analiza el liderazgo de las autoridades de los ayllus en comunidades aymaras del departamento de La Paz. Según Ticona, la autoridad aymara (hilacata, tamani, mallku) se legitima en base al sistema de rotación de cargos, que representa el thaki, camino, por el cual recorre todo comunario (personas adultas) si tiene intenciones de ocupar cargos de responsabilidad en el ayllu. Al respecto dice que "Thakhi o Thakhicha (...) significa camino yes también la metáfora utilizada para referirse a un proceso de crecimiento de responsabilidades comunales en el que se combina el crecimiento y prestigio de cada familia en el ayllu" (Ticona, 2003: 128). Esta definición acerca de la autoridad aymara enfatiza la experiencia política demostrada como una condición para ser nombrado y/o elegido como autoridad en los ayllus, markas y hasta en cargos del municipio.
Por su parte, Máximo Quisbert (2006) -a propósito de los ayllus del departamento de La Paz- analiza la participación de jóvenes en cargos de responsabilidad comunal, que significa un proceso de aprendizaje desde los cargos menores. Al respecto dice que "los jóvenes que viven en la comunidad tienen la posibilidad de ejercer los cargos comunales mediante un sistema de rotación y de ir ocupando cargos cada vez de mayor responsabilidad" (Quisbert, 2006: 34). Es importante mencionar que en algunas comunidades no existen diferencias en cuanto alas formas de nombramiento u elección de autoridades del ayllu o del sindicato campesino.
En esta misma dirección el trabajo del sociólogo Marcelo Fernández (2000) acerca de la justicia indígena en los ayllus de Sica Sica, Yaku y Laime Paraka estudia la combinación del ejercicio de autoridad desde la lógica comunal [ayllu] y la lógica del sindicato. Al respecto, señala que "según los parámetros del thakhi sindical, nominalmente la persona debe estar casada, haber empezado ejerciendo funciones de alcalde de campo y haber cumplido la pasantía de prestes o jisk'a fiestas. Asimismo, en este thakhi si tienen cabida jóvenes que se destacan entre el resto, pero para su nombramiento no pasan por la legitimación ritual" (Fernández: 85). En todo caso, el ejercicio de autoridad en estas comunidades se sostiene en base a valores, símbolos de poder, que utilizan los hilaqatas, jilankus como autoridad del ayllu y de la misma manera en los sindicatos campesinos, agrarios del lugar. Por tanto, la autoridad indígena no sólo utiliza los símbolos a nivel del ayllu, sino también, dentro la lógica de liderazgo sindical.
En relación a los municipios del área de estudio: Curahuara de Carangas (Oruro), Pucarani (La Paz), la implementación, ejecución y fiscalización a proyectos de desarrollo local crea conflictos entre ayllus, sindicatos campesinos y el gobierno municipal; lo que se expresa en una crisis política y social que cuestiona la legitimidad de las propias autoridades del municipio. Si bien antes las comunidades campesinas indígenas no eran tomadas en cuenta en las decisiones de las políticas públicas por parte del estado, al menos mantenían sus formas de organización tradicional. En el contexto actual esta realidad cambia, primero con las reformas estructurales, segundo con la influencia del mismo Estado Plurinacional a través de los proyectos de desarrollo que se ejecutan en los mencionados municipios, donde se amplía la participación política, la distribución de recursos públicos y la dotación de proyectos de desarrollo, los que determinan un apoyo incondicional de las comunidades campesinas al gobierno municipal, aunque al mismo tiempo, genera conflictos de intereses por los proyectos de desarrollo.
En el plano teórico, la dominación racional, según Weber, se asienta en el reconocimiento de normas estatuidas. En ese sentido, el ejercicio del poder de una autoridad se somete a las normas para que su mandato sea legítimo (Weber, 1998). Sin embargo, esta apreciación teórica se expresa en tipos de organización política de una sociedad compleja, donde la relación del Estado con la sociedad civil está mediada por un sistema de normas, por lo que la relación es formal y no es fáctica. En cambio, cuando nos proponemos estudiar escenarios sociopolíticos locales en territorio y población, las autoridades conviven por su proximidad con la misma sociedad civil, que sucesivamente "fiscaliza" la gestión pública de sus autoridades. En este sentido, tanto la organización política tradicional andina y los municipios podrían considerarse como organizaciones sociopolíticas que constituyen un poder local. Cabe mencionar que la organización política/tradicional de los andes es un objeto de estudio para la antropología y la etnohistoria, que definen a su autoridades como aquellos mandos que se legitiman en base a la experiencia acumulada de cargos y transitan desde un cargo de menor jerarquía hacia cargos de mayor jerarquía, es decir, la legitimidad política de las autoridades en la organización andina se constituye en base a una relación transparente entre el cuerpo de autoridades con la sociedad civil. Sin embargo, si comparamos con la realidad sociopolítica local, esto se expresa más bien en una combinación de tipos de legitimidad que es producto de una permeación social y política del Estado12. En relación a las autoridades del poder estatal su legitimidad se asienta en la elección, según parámetros de la democracia representativa.
Este panorama local nos abre varias conjeturas sobre aspectos sociales que influyen en la gestión pública. Para ello partimos del concepto capital social de Pierre Bourdieu, entendida como red de relaciones sociales que posee una autoridad y cómo esta red de contactos sociales permiten acceder a ciertos beneficios de carácter político, social y económico (Bourdieu: 1998). El concepto de capital social como herramienta teórica nos permite comprender la situación de los habitantes/comunarios que pertenecen a los ayllus y a los sindicatos campesinos, que construyen un sistema de relaciones sociales opuesto a formas de convivencia ancestral. En ese sentido, los principios y valores comunales pasan a un plano simbólico, mientras que en la práctica las comunidades prefieren una gestión estatal orientada al desarrollo y a un manejo racional de los recursos públicos. En ese sentido, los mecanismos de participación social se vuelve imprescindibles, ya que permiten la participación democrática de las comunidades en la ejecución de proyectos, que articula además la relación "poder local - ayllus - sindicatos campesinos".
En ese sentido, interesa exponer los mecanismos exógenos que fundamentan un nuevo tipo legitimidad social y política de las autoridades de los gobiernos municipales y de organizaciones indígena originario campesinas en un contexto actual. En concreto estamos hablando de los ayllus y sindicatos campesinos13 que participan en la gestión pública municipal. Aunque este cambio, si se analiza, es sobre todo simbólico y no real, ya que el municipio dentro la lógica del ejercicio estatal toma decisiones que orientan la conducta de las autoridades tradicionales hacia una legitimidad racional. Por tanto, se deduce que la legitimidad política social es de carácter racional y la legitimidad comunal del ejercicio de autoridades de los ayllus implica comprender el ejercicio plural del poder que desde muchos años atrás se viene dando en los municipios rurales con formas de representación diferentes a la organización estatal, por ello, los gobiernos municipales toman muy en cuenta la participación de las autoridades indígena originaria campesinas, porque son las encargadas de canalizar las demandas de la sociedad civil através de proyectos de desarrollo. Los municipios de Curahuara de Carangas y Pucarani son el reflejo de esta realidad sociopolítica local.
3. Características demográficas del municipio de Curahura de Carangas y de Pucarani
Según el censo de población y vivienda 2012, el municipio de Curahuara de Carangas tiene 4184 habitantes, de los cuales, 2.212 son varones y 1972 son mujeres. La población en su mayoría se auto-identifica como indígena originario campesino, además, la mayoría de ellos se auto-identifica como aymaras. Entonces se trata de un territorio que tienen una tradición histórico cultural aymara, según la Tabla N° 1, el 91,37% de la población indígena originario campesino se auto-identifica como aymara.
El municipio de Curahuara de Carangas está conformado por trece ayllus originarios y una junta vecinal. La autoridad del ayllu es el Jilaqata, acom-pañado de su Mama Tamani. Asimismo, también cuenta con un Mallku de Marka, y un Mallku de Consejo. Cada ayllu está conformado por un número determinado de afiliados, donde cada afiliado está compuesto de cuatro a cinco miembros o integrantes.
En el caso del municipio de Pucarani, se trata de un territorio que antes de la reforma agraria de 1953 era una hacienda que estaba en poder de los patrones. Todo el municipio de Pucarani estaba bajo el control de la hacienda, por ejemplo, había la hacienda Corapata, Santa Ana, que tuvieron vigencia por varias décadas, hasta la implementación de la Ley de Reforma Agraria, cuando las propias familias que trabajaron para el patrón acuerdan con los hijos de los mismos comprar los terrenos y en algunos casos reciben gratuitamente la dotación de sus tierras; a partir de entonces se convierten en dueños legítimos de las tierras de las comunidades. En dicho proceso histórico, las tierras se fraccionan entre cuatro a ocho hectáreas por persona o ex colonos que reciben sus títulos del entonces Consejo Nacional de Reforma Agraria. Según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, el municipio de Pucarani cuenta con 28.465 habitantes, 13.820 sonvaronesy 14.645 sonmujeres. La población que se auto-identifican como pueblo indígena originario campesino alcanza a al 90% y sólo el 10% no se auto-identifica con ningún pueblo indígena originario campesino. Dentro la fracción que se auto-identifica como pueblo indígena, el 97,9 por ciento se auto-identifican como aymaras, entonces la identidad del municipio es aymara, tal como refleja la Tabla N° 2.
Las comunidades campesinas del municipio de Pucarani están conformadas por sindicatos agrarios campesinos a nivel de la comunidad, sub-centrales agrarias y centrales campesinas. Todas éstas conforman la Federación Provincial Campesina de la Provincia Los Andes. Cada nivel de organización está conformado por un directorio de autoridades sindicales, que si bien cuenta con una estructura orgánica, con el tiempo fueron retomando los valores propios del ejercicio de autoridad aymara, lo que se refleja en el uso del poncho, sombrero, chicote, principalmente; aunque desde la lógica sindical campesina discrepan con las organizaciones que representan a la estructura originaria, tal es el caso de la CONAMAQ. Otro aspecto importante de la organización es orientación por la defensa de los derechos sobre la tierra, siendo ésta la base de la subsistencia económica para las familias del municipio de Pucarani.
4. La combinación entre una legitimidad estatal y comunitaria
Las autoridades de los gobiernos municipales y de las organizaciones indígena originario campesinas desempeñan en la actualidad funciones que tienen como base de legitimación a los usos y costumbres propios de su cultura, aunque su liderazgo está inmerso en una legitimidad racional, que se expresa en acciones y procedimientos que establecen las normas que regulan la administración pública. Asimismo, la legitimidad de las autoridades del gobierno municipal (poder estatal- local) se asienta históricamente en normas establecidas por las reformas del Estado, por ejemplo, la ley N° 1551 de Participación Popular de 1994, la ley de municipalidades N° 2028 de 28 de octubre de 1999, y la ley N° 482 de Gobiernos Autónomos Municipales, del 9 de enero de 2014. En estas normas se establecen las competencias y atribuciones del gobierno municipal. En otras palabras, el ejercicio del poder se legitima en los procedimientos racionales de la administración pública. Sin embargo, haciendo un análisis sociológico, dichas autoridades con el tiempo adoptan mecanismos de legitimidad comunitaria propia de las comunidades organizadas en ayllus, markas, suyus, ya sean aymaras o quechuas. Así mismo, en el caso de las comunidades campesinas sindicalizadas, es central la organización en sindicatos agrarios, sub-centrales, centrales campesinas que a través de sus autoridades influyen en la gestión pública del municipio y, por otra parte, fortalecen una legitimidad estatal. Todo esto, en un contexto actual, se traduce en una dicotomía entre tradición-modernidad.
A nivel de las investigaciones en ciencias sociales las formas de legitimidad tradicional y estatal adquiere una valoración diferenciada, con el propósito de mostrar la supremacía de una legitimidad sobre la otra, lo que significa enfoques diferentes sobre los cambios que manifiestan las organizaciones campesinas e indígenas del área rural, más aún, en un contexto donde la presencia del Estado es notoria a través de los proyectos de desarrollo que se ejecutan en las comunidades rurales, más aún en los últimos años, ya que hasta antes del 2009 se advertía poca presencia estatal14. Ésta percepción diferenciada es producto de los resultados de las reformas del Estado en las comunidades campesinas e indígenas, que sufren la fragmentación de sus formas de vida, de su cultura, idioma y de la relación política a nivel de la organización tradicional. Asimismo, un factor social de esto son los procesos de migración del área rural al área urbana, que son recurrentes en varios municipios del occidente de Bolivia. Por ejemplo, en el caso de Curahuara de Caranga se identifican dos tipos de migración: las migraciones temporales de las familias campesinas a áreas urbanas próximas a las comunidades, que se da cuando las familias se van a las ciudades a trabajar en forma temporal. Por tratarse de un municipio fronterizo, los jóvenes y adultos, en el caso de Curahuara de Carangas, van a trabajar a la región norte de Chile: Arica e Iquique. Esta realidad social afecta de alguna forma a la vigencia de formas de organización tradicional, como el ayllu. Además, existe una ruptura entre los miembros de la familia nuclear aymara, lo que dificulta las condiciones de convivencia comunitaria entre afiliados de un ayllu.
En ese sentido, algunas autoridades que ejercen cargos a nivel del ayllu o marka no viven en sus comunidades, sino que su residencia permanente está en otros distritos del país o de países vecinos, como ser Chile. Si ocupan cargos en la comunidad es para cumplir una obligación, pues de esa forma mantienen su derecho de posesión de la tierra. Las mismas familias de las comunidades reclaman para que los afiliados que poseen un terreno, sayaña, asuman su responsabilidad de prestar cargos en la comunidad, por lo que las autoridades que asumen cargos retornan de otros distritos para cumplir con esta obligación, lo que implica que su desempeño expresa en algunos casos una distorsión de los principios y valores que practica la comunidad. Eso es, al menos, lo que señalan algunas ex-autoridades que viven en la comunidad, que no saben los usos y costumbres, aspecto que influye en el apoyo de las bases a la autoridad. Entonces, este es un elemento que en lo posterior influye en la legitimidad de las autoridades indígena originario campesinas. Una muestra de ello, es la pérdida del idioma materno, que implica la posesión de un capital simbólico, es decir, una forma en la que una persona puede tener éxito es si se comunica en el idioma materno, al menos en estos municipios, pues se trata de territorios aymaras. Pero el uso de la lengua materna progresivamente se sustituye por el uso del castellano, aspecto que no sólo tiene que ver con las autoridades que ejercen cargos en la organización indígena originario campesino, sino también en el gobierno municipal, que por sus características están compuestos por profesores o agrónomos, que sólo tienen conocimientos técnicos y teóricos.
Retomando el escenario social, en los municipios de Curahuara de Carangas y Pucarani la migración campo ciudad -desde varias décadas atrás- construye identidades aymaras en contextos urbanos, o en contextos extra-territoriales al lugar de origen, es decir, se trata de familias que hoy en día viven fuera del país, pero que no dejan de volver a sus comunidades en fechas festivas, como las fiestas patronales y los carnavales. Este es un fenómeno recurrente en los municipios rurales del occidente de Bolivia, sobre todo en municipios alejados de las capitales de departamento. Los últimos "retornos" fueron muy intensos, sobre todo después de que las reformas estatales tuvieron éxito en el área rural. Sin embargo, la incorporación de las comunidades indígenas originario campesinas a la lógica estatal es percibida también como un logro trascendental del Estado, que habría logrado modernizar la sociedad rural en su conjunto, lo que desemboca en una virtual homogeneidad social y política, en la que los gobiernos locales asumen su propia dinámica sociopolítica.
Por tanto, los escenarios sociopolíticos locales en los municipios rurales del occidente de Bolivia deben ser abordados desde tres actores fundamentales: las autoridades de los gobiernos municipales, las autoridades de la organización indígena originario campesino y la sociedad civil organizada en sindicatos y ayllus, los que hoy en día reproducen patrones sociales y económicos que tienen origen en un contexto exógeno al área local. Esta realidad es frecuente en la población de los municipios rurales, por la doble residencia en que habitan cientos de familias: entre la comunidad campesina y el área urbana. Por ello, cuando algunas familias retornan temporalmente a los municipios, lo hacen primero por cumplir obligaciones comunales en los sindicatos campesinos o en sus ayllus; otras personas, en cambio, retornan con el propósito de asumir cargos políticos en el municipio.
La legitimidad de la autoridad a nivel del gobierno municipal (estado) y a nivel de la organización indígena originario campesina. está siendo permeada por valores políticos y sociales exógenos, que provienen de la lógica organizativa del estado moderno, acompañado de otro tipo de políticas, como las del libre mercado y del consumo. Por otro lado, en la actualidad, el Estado Plurinacional incursiona con mayor intensidad en los municipios rurales y semiurbanos a través de proyectos de desarrollo: pecuario, agrícola, social, etc., lo que ocasiona conflictos entre las organizaciones indígena originaria campesina con el gobierno municipal. Esto además se complementa con otros factores de tipo ideológico y político que desemboca nen la contraposición de visiones de desarrollo e identidad. Asimismo, se identifican factores endógenos, como los cambios inter-generacionales, que complejizan las relaciones sociales comunitarias según los nuevos valores sociales.
Para concluir, la combinación del ejercicio de autoridad basado en un liderazgo racional-estatal con un liderazgo comunitario influye en el apoyo y/o rechazo por parte de la sociedad civil (organizadas en ayllus y sindicatos campesinos) hacia las autoridades del gobierno municipal, así como de las mismas organizaciones de representación, siempre y cuando el comportamiento de las organizaciones indígena originario campesina pongan en cuestión la eficiencia de la gestión pública de las autoridades mencionadas.
Notas
2 La Constitución Política del Estado en el art. 3, de la CPE, señala lo siguiente, "La nación boliviana está conformada por la totalidad de las bolivianas y los bolivianos, las naciones y pueblos indígena originario campesinos, y las comunidades interculturales y afro-bolivianas que en conjunto constituyen el pueblo boliviano". Lo que se resalta de este artículo es que lo indígena originario campesino conforman un solo bloque de identidad.
3 El ayllu es un modelo de organización política, territorial, económico de las sociedades andinas, y además se fundamenta en la cosmovisión, donde la naturaleza se concibe como otro ser vivo.
4 La importancia simbólica que tienen las autoridades de las organizaciones aymaras del occidente del país adquieren importancia desde que asume el poder el primer presidente indígena dentro la historia política del país el año 2006.
5 John Murra es uno de los investigadores que ha estudiado la organización económica de los Incas. Según Murra, los Incas conocían las capacidades agrícolas en la puna, altiplano, valles y costa marítima.
6 Las características historiográficas indican el actual municipio de Curahuara de Carangas formaba parte de los señoríos Carangas, y en el periodo del incario forma parte del Jatun Karanka del Tawantinsuyu, todo esto, antes de la llegada de los españoles a América y a los Andes. Luego, en la colonia, Carangas se convierte en provincia que forma parte de la jurisdicción territorial del Virreinato de Lima. En el periodo de la República, 1825 hasta 1950, Carangas se mantiene como una sola jurisdicción territorial, hasta la década de 1950, cuando se fracciona el territorio en seis provincias: Sajama, Litoral, Sabaya, Nor Carangas, Carangas, Sur Carangas. Mientras que el municipio de Pucarani ancestralmente pertenecía a los señoríos aymara de los collanas, en el periodo del tawantinsuyo formaba parte de los Umasuyus. Actualmente podría considerarse un municipio semi-urbano, por concentrar la mayoría de la población en el área urbana, además del tránsito permanente de su población con las ciudades de La Paz y El Alto.
7 Los análisis sobre el impacto de la reforma agraria de 1953 coinciden en que en la parte del oriente -que abarca a los departamentos de Santa Cruz, Beni y Pando- la reforma agraria no tuvo mucho impacto, porque la dominación de los hacendados sobre los pueblos indígenas sigue vigente, pues muchas tierras todavía se encuentran bajo el control de familias criollas y extranjeras.
8 Existe amplia bibliografía sobre los efectos políticos, sociales que ha significado la revolución boliviana de 1952. Por un lado, está la corriente indigenista que cuestiona la coerción del Estado al imponer políticas de mestizaje a los aymaras y quechuas; por otro lado, desde la vertiente nacionalista se valoran los alcances que tuvieron estas reformas. Al respecto, ver René Zavaleta Mercado, Lo nacional popular en Bolivia, México, Siglo XXI, 1986; Silvia Rivera Cusicanqui, Oprimidos pero no vencidos, La Paz, THOA, 2003. Además, cabe mencionar que los efectos en el ámbito social y económico se dieron principalmente en el Occidente del país; no así en el oriente, donde se mantuvo un sistema de relaciones sociales de dominación y explotación.
9 Este fenómeno social es latente en los municipios de Pucarani (La Paz) y Curahuara de Carangas (Oruro).
10 La revolución de 1952 produjo transformaciones políticas, económicas y sociales. En el plano político se plantea la universalización del voto, que hace que todas las personas sean consideradas ciudadanos. Desde entonces se crean sindicatos, y los habitantes aymaras empiezan a participar en actividades electorales y/o políticas.
11 La Ley de Participación Popular 1559 [1994], Ley de Descentralización administrativa [1995]. Estas dos normas permiten que los gobiernos municipales elaboren junto con la sociedad civil un Plan Operativo Anual.
12 En una investigación académica, que es parte de un programa de post-grado apropósito de las autoridades indígenas del municipio de Turco, se llegó a la conclusión de que la legitimidad de la autoridad aymara de asienta, por una parte, en la reproducción de valores sociopolíticos tradicionales y, por otro lado, en la incursión al ámbito de la gestión estatal como un parámetro de evaluación de la misma sociedad aymara de Turco, porque las comunidades y/o organización evalúan a sus autoridad por la cantidad de proyectos que canaliza la autoridad aymara hacia su sector y/o organización. Ver Héctor Luna Acevedo, Transformación de la legitimidad política en las autoridades indígenas del municipio de Truco, (departamento, Oruro - Bolivia) entre 2007-2010. Quito, Universidad Andina Simón Bolívar sede Ecuador, Programa de Maestría en Estudios de la Cultura, 2011. Tesis inédita.
13 La diferencia de la base social de origen aymara está en su forma de organización. Los ayllus y markas se rigen según las normas ancestrales, mientras que los sindicatos campesinos son resultado de la reforma agraria y de una lucha frontal contra cualquier sistema de latifundio
14 Bolivia desde la fundación de la república se caracteriza por centralizar la decisión política en los tres órganos: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que tuvo una influencia en sectores de clase media y alta; en cambio, las poblaciones del área rural siempre estuvieron abandonadas por la poca presencia del Estado. Hoy en día este escenario centralista tiende a invertirse progresivamente, a raíz de las reformas neoliberales desplegadas desde la década de los años ochenta hasta la década de los años noventa. Actualmente, con el influjo del Estado Plurinacional, existe una mayor incidencia y participación de las propias organizaciones campesinas e indígenas en las políticas públicas, ya que incluso existe la precepción de que el "proceso de cambio" les pertenece y/o es de ellos. En ese sentido, existe una tendencia a utilizar los recursos del Estado a través de canales de captación de recursos, para esto, es importante el rol de los dirigentes campesinos y también del gobierno municipal.
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