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Revista Integra Educativa
versão On-line ISSN 1997-4043
Rev. de Inv. Educ. v.2 n.3 La paz 2009
ARTÍCULO ORIGINAL
Reseña
Sacristán, J. G. (Ed.). (2006). La reforma necesaria: Entre la política educativa y la práctica escolar. Madrid: Morata, 190.
María Cecilia Bocchio
Dante Javier Salto
La presente publicación constituye una compilación realizada por J. Gimeno Sacristán sobre las intervenciones efectuadas por reconocidos académicos en el marco de la conferencia titulada La reforma necesaria: entre la política educativa y la práctica escolar, organizada por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en España.
Dicha conferencia parte de la necesidad de reflexionar sobre las problemáticas que se manifiestan en las instituciones escolares, a partir de los sucesivos intentos de reformas educativas por los cuales ha atravesado el sistema educativo español en las últimas décadas.
La riqueza del libro radica principalmente en el análisis realizado sobre la efectiva incidencia de las políticas de reforma educativa en la micropolítica escolar. De este modo, se busca estudiar cómo esos procesos de reforma educativa, en el marco de determinados contextos históricos, políticos, sociales y económicos, promueven u obstaculizan el cambio al interior de las instituciones escolares. Asimismo, se focaliza en los desafíos que enfrentan las instituciones educativas para dar respuestas a las contradicciones entre los valores sostenidos por la escuela, por la sociedad, y a las demandas que la sociedad del conocimiento les impone. A continuación desagregaremos los capítulos que contiene esta publicación
En el primer capítulo, J. Gimeno Sacristán realiza un recuento de las numerosas reformas educativas en España desde 1970 hasta la actualidad. En este contexto, el autor alude a que estos procesos llevarían a pensar la política educativa exclusivamente en términos de reforma, sin existir instancias previas de cuestionamiento sobre las necesidades de promulgar nuevas leyes. En relación a ello se cuestiona cuál es la razón por la cual las leyes no representan cambios institucionales, vinculando este pensamiento estrechamente a las resistencias por parte del profesorado, generadas en gran medida por el énfasis que se le otorga al cambio de leyes educativas con el ascenso al gobierno de un nuevo signo político. Enfatiza la necesidad de pensar en el sistema educativo como un sub-sistema cultural, para no "caer" en ilusas pretensiones que los programas de reformas tienen, las cuales se traducen en nuevos lenguajes técnico-pedagógicos, pero que no surten efectos en la práctica docente.
Antonio Viñao, autor del segundo capítulo, sostiene que los procesos de reforma, tal como tradicionalmente han sido concebidos, formulados e implementados, están destinados a fracasar. Esta polémica afirmación se sustenta en un reiterado "camino" a seguir para la promulgación de leyes educativas, donde al parecer el esfuerzo principal se encuentra en la promulgación de dichas leyes, relegando la importancia que poseen las instancias de ejecución. Además, denuncia la incapacidad estructural de los estados modernos para llevar a cabo reformas sociales y educativas de amplio alcance. En este sentido, se interroga acerca de las responsabilidades que competen al poder público sobre la implementación de las reformas educativas. Resalta la necesidad de pensar el Sistema Educativo en relación con otros sistemas, los cuales también deben ser reformados como una estrategia necesaria para superar los reiterados fracasos que las reformas educativas manifiestan.
Manuel de Puelles Benítez, en el tercer capítulo, realiza un estudio de la historia de las reformas, cuya importancia radica en poder rescatar los éxitos y fracasos de las reformas previas para evitar cometer los mismos errores y para poder aprovechar los aciertos. Enfatiza la necesidad de contextualizar las reformas y, la importancia de tener en cuenta la cultura escolar y la formación docente para que las mismas sean viables. El autor expresa la necesidad de propiciar el auténtico debate público de las leyes previo a su implementación, concibiendo el debate como un mecanismo que posibilitaría reducir el abismo entre la reforma y la cultura de los profesores. Destaca que el Sistema Educativo español ha tenido ocho leyes en un lapso de cinco lustros, esto de cuenta de una ausencia de debate y consenso donde la sociedad ha jugado también un rol pasivo en las demandas exigidas a la fuerza política.
Desde una perspectiva más sociológica, en el cuarto capítulo, Mariano Fernández Enguita plantea la complejidad del discurso de la justicia educativa y, en función de ello, se pregunta hasta dónde es posible alcanzar la igualdad. En el marco de una aparente contradicción entre los valores tradicionales de la sociedad y los valores históricamente rescatados por la escuela, aborda el discurso en torno al acceso meritocrático al conocimiento y la disyuntiva entre los criterios por los cuales la educación, como un bien, debe ser distribuido. Reconoce que la sociedad avala el discurso de la igualdad, pero que a su vez proclama y apoya el carácter meritocrático del acceso al conocimiento.
Pensando la educación como un bien que debe ser distribuido, se interroga acerca de como puede la escuela anticipar el criterio de justicia escolar.
Ángel Pérez Gómez, en el capítulo número cinco, insta a reflexionar sobre la importancia de la escuela en la sociedad del conocimiento, para generar en los niños aprendizajes relevantes que le sirvan para desempeñarse en contextos cada vez más complejos. En función de ello, sostiene que las reformas deben concebir al docente como productor de conocimiento para salir del academicismo que reproduce la brecha socio-cultural con el conocimiento. Para este pedagogo el trabajo de la escuela en torno a proyectos propios es esencial.
En el capítulo seis, centrándose en el profesorado, Jaume Carbonell Sebarroja analiza el binomio seguridad-certeza que afecta a la profesión docente. En un primer momento, el autor alude a la incertidumbre como componente del nuevo siglo donde las profesiones deben desempeñarse. A este contexto se añade la caótica situación en la que la labor docente se ha visto sumida en procesos de burocratización creciente, que han llevado a una intensificación y sobrecarga de las responsabilidades y tareas, a relaciones cada vez más complejas entre docentes, familia, alumnos y directivos, y paradójicamente a la responsabilidad del profesorado por los resultados obtenidos en un contexto en el cual la autonomía de los centros escolares continúa siendo restringida.
A partir de una mirada latinoamericana, Miguel Arroyo plantea en el séptimo capítulo el vínculo entre la génesis del sistema educativo y el derecho a la educación. Afirma que los sistemas educativos se constituyen en el fruto de una compleja relación entre la negación y la garantía de selectividad que generan. A partir de relacionar los movimientos sociales a la reivindicación del derecho a la educación, se pregunta cómo debería estar regido el sistema de educación: como un bien público o por medio de políticas compensatorias que se sustentan en la afirmación positiva de los derechos negados. Este cuestionamiento no sólo es retórico, sino que busca superar una concepción de escuela inclusora, donde el conocimiento ocupa un lugar secundario. En relación a ello reflexiona sobre el concepto de derecho que está siendo construido por estos alumnos durante su trayectoria escolar, es decir, sobre los efectos en la subjetividad de los destinatarios de las políticas de discriminación positiva. De modo tajante se cuestiona el cómo debe estar regido el Sistema de Educación Pública, si por derecho o por afirmación positiva de derechos negados; frente a ello afirma la imposibilidad de legitimar al sistema de educación básica si la infancia es negada y si el derecho a la educación continúa siendo considerado como un favor. Frente a ello, una posible estrategia que el autor señala es articular las normas del Sistema, los regimenes escolares con la Convención sobre los Derechos del Niño, los cuales han tenido siempre gran reconocimiento en materia de recursos humanos
En el capítulo ocho, Jurjo Torres Santomé realiza una crítica al discurso de la autonomía escolar y las prácticas que impregnaron las reformas educativas en el contexto neoliberal. En este sentido alude a la introducción de medidas de control y vigilancia, como los contenidos mínimos obligatorios o la evaluación del alumnado a partir de indicadores definidos a nivel central. Plantea como nudo problemático la incorporación de vocablos propios del mundo empresarial como eficacia, calidad, eficiencia, etc. que, al ser aplicados al ámbito educativo, relegan la preocupación por las desigualdades e injusticias sociales, y transforman a la enseñanza en un proceso técnico en el que el trabajo intelectual, moral y político en torno al conocimiento queda deslegitimado. Reconoce en estos dispositivos de evaluación las características propias de un Estado panóptico o evaluador, que pretende de un modo eufemizado adaptar el Sistema Educativo a las lógicas del libre mercado.
En el último capítulo, la Consejera de Educación de la Junta de Andalucía, Cándida Martínez López, retoma algunos de los planteamientos realizados a lo largo de la conferencia y destaca algunos avances realizados en el marco de su gestión al frente de dicha cartera, articulándolos con futuras propuestas de intervención que se desarrollarán en el marco de la Nueva Ley de Educación (LOE). Señala la intención de formular, dentro de las competencias que la nueva ley les otorga, una Ley de educación de Andalucía, que permita trabajar con nuevos modelos de gestión descentralizada donde la autonomía no se limite al plano discursivo y de este modo sea posible optimizar el vinculo entre sistema educativo y ciudadanía.
Evaluación de la publicación
Entre las múltiples lecturas posibles, la compilación de Sacristán puede ser vista como un importante aporte para repensar los procesos de reforma educativa, enfatizando el determinante rol que cumple la micropolítica escolar en el éxito o fracaso de las mismas. Contempla los aspectos que no son abordados con frecuencia o son tenidos en cuenta como secundarios al analizar una reforma educativa, como lo simbólico, los valores, etc.
Leído desde una perspectiva latinoamericana, el conocimiento que brinda sobre el sistema educativo español es de forma inmediata un conocimiento útil por dos razones: por el vínculo de las reformas educativas de los 90 que tuvieron lugar tanto en España como en Argentina, y por la incidencia de los organismos internacionales en la introducción de determinadas concepciones (neoliberales) en los sistemas educativos, que fueron transferidas a nivel mundial sin tener en cuenta los contextos de aplicación. Las similitudes en los mecanismos por los cuales las políticas educativas son implementadas y la recurrente ausencia, "teñida" por ficciones de debate y participación del profesorado y de la ciudadanía.
El aporte de la perspectiva histórica abordada en varios capítulos permite analizar las diversas formas que puede adoptar la relación política entre el Estado y las instituciones educativas. Así, el libro representa una importante contribución para el estudio del sistema educativo y la implementación de políticas de educación que superen el corto plazo y, permitan pensar reformas que generen estrategias para la solución de problemas y no contribuyan a crearlos, como es el caso de las difundidas políticas de discriminación positiva en auge durante la década de los noventa, cuyos efectos mas sutiles están dejando marcas imborrables en la subjetividad de millones de alumnos.
Por último, cabe destacar que la mayoría de los capítulos, además de realizar un análisis crítico, avanzan sobre aspectos propositivos donde el profesorado, como actor principal olvidado por las reformas educativas, recobra su relevancia educativa y social.
Es posible afirmar que, el esfuerzo por romper propositivamente la escisión entre la política educativa y la práctica escolar, se hace visible en esta compilación.