Introducción

El triunfo de Hugo Chávez en Venezuela inauguró un nuevo ciclo de gobiernos electos democráticamente de carácter revolucionario o progresista en América Latina, distinguiendo entre, por un lado, proyectos nacional-populares, con características refundacionales del Estado, como el caso de Venezuela, Ecuador y Bolivia (^{Thwaites y Ouviña, 2012}), y, por otro, proyectos progresistas o socialdemócratas, como el caso de Dilma Rousseff en Brasil, Michelle Bachelet en Chile y los Kirchner en Argentina, capaces de realizar una coexistencia entre una matriz sociopolítica estatal junto a una mercado-céntrica (^{Garreton et al., 2004}). Este ciclo político fue interpretado como el fin del consenso de Washington, donde:

…la era del ajuste económico basado en el mercado y el consenso tecnocrático -lo que algunos caracterizaron como el “fin de la política”- ha llegado al final de su camino. Hoy está en marcha una lucha política por definir los lineamientos de la era postajuste: una de las alternativas en juego abreva en la tradición socialdemócrata (^{Roberts, 2008: 98}).

Considerando que el neoliberalismo no se expresó nacionalmente en términos abstractos y doctrinarios, sino que adquirió su especificidad estatal a partir de la forma en que se realizó el encuentro entre estos “flujos de los centros mundiales (...) hacia la periferia”; y la “combinatoria propia de la formación económica-social como particularidad, o sea, el modo de recepción del input central” (^{Zavaleta, 1990: 141}), configuró modelos complejos en términos económicos, políticos, culturales y sociales (^{Harvey, 2007}), como, por ejemplo, el caso de los países neoliberales/neoconservadores, es decir, neoliberales en lo económico, pero conservadores en lo político y lo valórico (^{Maira, 1998}; ^{Harvey, 2007}; ^{Hall, 2018}; ^{George 2007}).

En este contexto histórico, el artículo se pregunta por la superación del proyecto hegemónico neoliberal heredado de los últimos gobiernos progresistas del primer ciclo en el Cono Sur, específicamente respecto a su voluntad real para realizar una reforma intelectual y moral de la hegemonía neoliberal y/o neoconservadora en términos políticos, valóricos y económicos, o si, en caso contrario, se trató de proyectos que se caracterizaron por una condición subalterna a dichas lógicas heredadas.

La investigación, realizada en la Universidad Arturo Prat durante los años 2019-2020 por investigadores y ayudantes del grupo de estudios e investigación “Sociedad, Estado y Región + Territorio” (Ser+T), se centró en los programas presidenciales triunfantes de Dilma Rousseff en Brasil (2011), Michelle Bachelet en Chile (2014), así como Cristina Fernández en Argentina (2015), buscando identificar en sus programas electorales las posiciones progresistas/socialdemócratas, neoliberales/neoconservadoras o híbridas respecto a ámbitos como el rol del Estado y del mercado en la economía, la relación entre Estado, democracia y sociedad. Así como las posiciones respecto a temas valóricos, al reconocimiento de nuevos derechos, la promoción de la igualdad, la importancia otorgada a valores nacionales y tradicionales y la importancia de la ley y el orden, considerando que en términos descriptivos los programas electorales todavía constituyen “la fuente de evidencia empírica sobre la política y los políticos más accesibles que hay” (^{Alonso, Volkens y Gómez, 2012: 9}) y que, en tanto discursos políticos, “resultan susceptibles de funcionar como vector de ideas, representaciones e ideologías” (^{Angenot, 2010: 15}).

Marco teórico: “programas electorales”

Con el objeto de identificar los alcances y los límites de los programas políticos y electorales respecto a la superación del orden estatal neoliberal heredado en el Cono sur, el artículo se ubica dentro de la tradición de la sociología política de Antonio ^{Gramsci (2000)}, permitiéndonos esclarecer los procesos de reforma o reproducción de hegemonías más profundas en el campo económico, político, cultural y social en términos históricos, orgánicos y estatales ampliados, es decir, como sumatoria de sociedad civil y política, intentando superar con ello los enfoques institucionalistas de la política, pues “las sociedades contemporáneas se reproducen no sólo mediante procesos económicos y políticos, sino que también lo hace, por medio, de la interacción de las estructuras legales, las asociaciones sociales, las instituciones de la comunicación y las formas culturales” (^{Cohen, 2000: 53}).

En este sentido, los programas de los gobiernos de Bachelet, Rousseff y Fernández son expresiones, mediaciones y referentes intelectuales-políticos de ciertos sectores de la sociedad política y de la sociedad civil, en términos de anclarse concretamente en grupos y fracciones de clases que intentan interpretar, articular y representar (^{Hall, 2018}), y que podrían expresar, siguiendo a ^{Gramsci (2000)}, una adhesión activa o pasiva a las formaciones políticas dominantes previas, con la intención de influir en los programas de esas formaciones políticas para imponer reivindicaciones propias, para identificar si responden al nacimiento de partidos nuevos de los grupos dominantes para mantener el consenso y el control de los subalternos para reivindicaciones de carácter restringido y parcial; o bien, a nuevas formaciones que afirman autonomía de los grupos subalternos, pero en los viejos cuadros, y, por último, a formaciones que afirman una autonomía integral. En este sentido, el pesquisar si existen disputas hegemónicas resulta central en nuestro análisis, entendiendo ésta como la capacidad de nuevos sectores de “la sociedad de sintetizar las relaciones de fuerza en un solo bloque, y aprovechar esa supremacía que le otorga la legitimación del poder, para universalizar ideas o posturas ideológicas” (^{Oliver, 2013: 11}).

En otras palabras, la superación de las lógicas heredadas significa necesariamente el tránsito histórico de una pequeña política que busca una “proporción mayor de los beneficios (económicos, sociales y de poder político), pero sin cambiar el sistema de dominación existente y actúan dentro del marco dominante, tácitamente aceptando sus postulados” (^{Gyarmati, 1984: 124}) hacia la conformación de una gran política, autónoma, orgánica, con proyección estatal y hegemónica, que se produce a partir de una crítica histórica que afecta a grandes agrupaciones más allá del gobierno de turno (^{Gramsci, 2000}). Se trataría de una transformación estatal ampliada, donde el acento estaría puesto “en el cambio de la estructura de clases y de la estructura del poder económico, político, social que la caracteriza, se opone al statu quo en general, y a la ideología dominante que la sustenta” (^{Gyarmati, 1984: 124}).

Es un proceso de activación histórica que Gramsci denomina “catarsis histórica” (^{2000: 142}), es decir, la construcción de una voluntad que colectivamente transita desde un momento subalterno (economicista, egoísta y pasional) a uno de autonomía integral (libertad). Un salto cualitativo y cuantitativo histórico de “autonomía como independencia de clase -subjetiva, organizativa, ideológica- en el contexto de dominación” (^{Modonesi, 2010: 22}). Esta agencia histórica no se constituye exclusivamente producto de la voluntad política, sino que se encuentra limitada como consecuencia de la herencia histórica en términos de concepciones, ideologías, tradiciones, entre otras expresiones. En otras palabras, los sujetos no hacen la historia a su “libre arbitrio, bajo circunstancias elegidas por ellos, sino bajo aquellas circunstancias con que se encuentran directamente, que existen y que les han sido legadas por el pasado” (^{Marx, 2003: 13}).

Será en esta tensión entre herencia y superación ética-política donde ubicamos el análisis político-intelectual de los programas de los últimos gobiernos progresistas del primer ciclo, específicamente respecto a la voluntad de traducir las coyunturas sociopolíticas producidas por los movimientos sociales en un proyecto de mayor envergadura histórica, a partir de la incorporación de distintos sectores en un proceso emancipatorio complejo, en tanto “movimiento orgánico de las luchas sociales y políticas articuladas a las luchas de ideas y concepciones de los grandes grupos sociales en acción” (^{Oliver, 2017: 25}).

Metodología

La comparación de los programas se realizó a partir de un diseño de investigación no-experimental, que implica un análisis cuantitativo de los textos políticos, producto de la gran cantidad de información en los programas de gobierno de Chile, Argentina y Brasil, durante el último ciclo progresista en el Cono Sur.

Para ello, utilizamos los datos generados por Manifesto Project (https://manifestoproject.wzb.eu/datasets), que proporciona a la comunidad científica internacional información sobre las posiciones políticas de los partidos en América Latina y el mundo, respecto a áreas temáticas como libertad y democracia, economía, sistema político, bienestar social, tejido de la sociedad y grupos sociales, entre otras (^{Alonso, Volkens y Gómez, 2012}). Esta codificación tiene por “objeto reducir los contenidos de los textos políticos analizados -a partir de una representación estructurada, identificando las unidades de texto como cuasi-frases para asignarles un código numérico binario” (^{Alonso, Volkens y Gómez, 2012: 85}).

En este sentido, la metodología de Manifesto Project elabora un sistema de codificación estándar para todos los países analizados, que recoge las preferencias políticas de los partidos tal como aparecen en sus programas electorales (^{Budge 2001a}, ^{Budge 2001b}, ^{Budge 2002}), donde la unidad de análisis utilizada por el proyecto fueron las cuasi-frases que componen la totalidad de cada programa, y se entienden como fragmentos emitidos por los partidos políticos que responden a “las opiniones, positivas o negativas, que mantienen los partidos sobre objetivos, tareas, posicionamientos y temas del debate político en torno a intereses y conflictos materiales e ideológicos” (^{Alonso, Volkens y Gómez, 2012: 85}). Por lo tanto, cabe precisar metodológicamente que los datos recogidos por el proyecto, a) pertenecen a una población, no a una muestra, de documentos oficiales y únicos que representan las preferencias del partido en unas elecciones concretas; b) la flexibilidad del esquema de clasificación permite la codificación de programas electorales de países distintos y niveles electorales diversos.

Resultados

A continuación, se realizará el análisis de los datos obtenidos, desde Manifesto Project, de los programas presentados por Dilma Rousseff en Brasil (2011), Michelle Bachelet en Chile (2014) y Cristina Fernández en Argentina (2015). El trabajo se expresará mediante una tabulación cruzada, ya que se busca detectar cuasi-frases “positivas” (a favor), “negativas” (en contra), así como las omisiones por parte de los programas de gobierno, respecto a ideas, valores u otro tipo de intermediaciones que han estado en el debate público en los países estudiados.

Los datos fueron analizados por medio de la construcción de una matriz de análisis en base a una serie de indicadores, los cuales siguen el criterio de oposición. Es decir, por cada indicador positivo hay uno negativo. Este criterio se utilizó en los tres programas y permitió poder abordar el objetivo del artículo, ya que permite visualizar el posicionamiento de los programas en términos políticos, económicos y socioculturales.

Discusión

Los programas electorales presidenciales de Bachelet en Chile, Rousseff en Brasil y Fernández en Argentina permiten dar cuenta de los énfasis, alcances y límites del primer ciclo progresista en términos de la voluntad de superar una herencia neoliberal/neoconservadora y expresar un nuevo proyecto económico, político y sociocultural demandado por la ciudadanía y los movimientos sociales.

En el caso chileno, el programa electoral del segundo gobierno de Bachelet estuvo lejos de expresar un nuevo proyecto “Estatal-comunitario”, o “público-colectivista”, como lo señalara ^{Brunner (2016)}, pues, a pesar de promover una expansión del Estado de bienestar con el objeto de interpretar las demandas educacionales del 2011, respecto a la gratuidad en la educación superior, la regulación del mercado educacional, la igualdad de género y la promoción del multiculturalismo indígena, lo hizo desde una política pública y social sin apostar a una reforma estatal heredada de la dictadura. Por el contrario, terminó por profundizar el modelo educacional de mercado al extender la gratuidad a los estudiantes de las universidades privadas desde una lógica neoliberal de subvención a la demanda, y con ello, provocando el debilitamiento de las universidades del Estado, entre otros ejemplos.

En el caso brasileño, la caracterización de los primeros gobiernos del Partido de los Trabajadores fue la de gobiernos en disputa, “con similar presencia y preeminencia en la conducción política de los políticos, los empresarios, la oligarquía y los trabajadores” (^{Oliver, 2009: 43}). Con el último programa de Rousseff, parecería consumarse la subordinación de este partido a las élites tradicionales y al capital transnacional, pues, a pesar de que el programa de Rousseff (2015-2018) apostó por la expansión del Estado de bienestar, también lo hizo junto a la promoción de la economía de mercado y los incentivos positivos, siendo los valores más altos de los países estudiados, así como de la “disciplina fiscal y los equilibrios macroeconómicos, al mismo tiempo que se recortaron diversos subsidios y programas sociales” (^{Ruiz, 2019: 217}). En términos políticos, resulta significativa la promoción de posiciones conservadoras respecto a la relación entre política y sociedad, a partir de una baja valoración positiva de la democracia participativa -sello de los primeros gobiernos locales del PT-, en comparación con la promoción de una autoridad política basada en un gobierno fuerte, caracterizándose nuevamente por los valores político-conservadores más altos de los casos analizados.

Para el caso del programa de Fernández (2015) en Argentina, los gobiernos kirchneristas han tenido “la capacidad de reactivar la división del campo social en dos, con su concomitante performación identitaria” (^{Muñoz y Retamozo, 2012: 16}). Esta separación consiste en dividir a la sociedad civil argentina entre los que estaban a favor del neoliberalismo y los que estaban en contra, promoviendo para ello la expansión del Estado de bienestar como en el caso de los países analizados desde un capitalismo de Estado, en alianza con fracciones del capital local que están de acuerdo con mantener un modelo liberal, pero con características más keynesianas, donde el Estado juegue un rol central. Esta ruptura se inició en el primer gobierno de Fernández, y luego se mantuvo y se profundizó en el segundo programa, lo cual generó que estos grupos económicos locales se convirtieran en el sector “ganador” de este nuevo pacto hegemónico (^{Gamallo, 2014}). Esta fórmula les permitió a ambos gobiernos, primero, salir de la crisis; luego, poseer cierto grado de gobernabilidad.

Respecto a la disputa de la dimensión sociocultural, de forma similar a los otros países analizados, se hace cargo de valores progresistas demandados por la sociedad civil, mientras que, en lo político, el programa de Fernández es más bien subalterno al statu quo y a la defensa a la democracia liberal representativa, al no haber una mención positiva sobre la implementación de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de la democracia representativa o transformar aquel tipo de democracia en una más participativa.

Conclusiones

Desde una perspectiva del Estado ampliado y la definición de hegemonía como poder y concesión propuesto por ^{Gramsci (2000)}, los programas electorales siguen siendo una fuente descriptiva importante para identificar el posicionamiento de las coaliciones en pugna y los valores que intenta interpretar electoralmente, constituyente en una de las tantas mediaciones ética-políticas, donde la metodología de análisis propuesta por Manifesto Project permitió dar cuenta de que, frente a las demandas materiales y post materiales de los nuevos y viejos movimientos sociales, la élite progresista demostró una importante capacidad de conducción política, sin abandonar los pactos estatales heredados, a partir de realizar nuevas concesiones hegemónicas a los sectores subalternos como suerte de progresismo cultural y de expansión estatal, específicamente respecto a la promoción de valores como la igualdad de género, la defensa de los derechos humanos y la expansión de la educación como forma de inclusión social, y, en menor medida, el multiculturalismo y los derechos indígenas.

Esta inclusión se habría entendido, según el análisis integral de los programas, desde una concepción restringida del concepto de ciudadanía, sin proyectarla hacia un enfoque de capacidades y agencia, es decir, “pasar de una ciudadanía social centrada en la igualación material mínima frente a las desigualdades generadas por el mercado, a una ciudadanía social orientada a la creación de oportunidades sociales” (^{Freijeiro, 2008: 157}), como se expresara en la relación de dominio entre Estado, política y ciudadanía omnipresente en los programas estudiados, los cuales se limitaban a la promoción de la ley, el orden y la democracia representativa. Esto iba en desmedro de una democracia participativa o directa, que pudiera sustentar una ciudadanía de nuevo tipo, mediante, por ejemplo, un proceso constituyente como catalizador de la “catarsis histórica” a nivel de la sociedad civil, optando, en cambio, por mantener el monopolio del Estado, intentando con ello “resubalternizar” a la sociedad civil progresista.

Por otro lado, el financiamiento de este proceso de inclusión no se realizó desde otra concepción de Estado social, sino apelando al fortalecimiento de la política pública como sinónimo de Estado de bienestar; pero sin una reforma del Estado liberal heredado, específicamente a partir de la promoción de políticas públicas y sociales específicas, cuyo financiamiento dependía de mantener un modelo neoextractivista y mono-exportador como parte del “Consenso de los commodities” y, con ello, las exigencias políticas-económicas del capital transnacional y los centros hegemónicos globales, con los respectivos problemas estructurales para la mediación estatal entre capital y sociedad. Lo anterior, sumado a un desinterés programático para realizar una reforma del sentido común consumista y aspiracional heredado, mediante la promoción de un nuevo modelo socio-cultural, se limitó, en cambio, a realizar concesiones que le permitieran mantener los apoyos electorales necesarios y garantizar una gobernabilidad sin conflictos sociales, como señalara Modonessi (2017). Por esto, terminó por sucumbir frente a hegemonías neoliberales todavía presentes a nivel de la sociedad civil y política, como se expresará en los importantes apoyos electorales de Piñera en Chile, de Macri en Argentina y de Bolsonaro en Brasil.