EDITORIAL

Los seguros públicos de salud y la pediatría Boliviana

The public health insurance and the Bolivian pediatrics

Ac. Dr.: Oscar Sandoval Morón*

* Docente Emérito de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA). Ex presidente de la Sociedad Boliviana de Pediatría. Miembro de número de la Academia Boliviana de Medicina.

En 1996 se establece el “Seguro Nacional de Maternidad y Niñez” determinando la gratuidad en la atención en más de 2000 establecimientos del sector público y de la Seguridad Social, a favor de las mujeres gestantes y los niños menores de cinco años, afectados por infección respiratoria o diarrea. El punto de partida fue la Tasa de Mortalidad Materna de 380 por 100,000 nacidos vivos y la TMM5 de 116 por 1000 nacidos vivos, registradas en la Encuesta Nacional en Demografía y Salud (ENDSA) 1994. La gratuidad para el paciente y su familia, requirió que la fuente de financiamiento se estableciera en el descuento automático del 3% de la coparticipación tributaria establecida en la Ley de Participación Popular promulgada dos años antes, garantizando con éstos recursos el pago a los hospitales por los medicamentos e insumos utilizados en la atención médica de casi 3 millones de usuarios potenciales -42% de la población boliviana de entonces- proyectados a partir del censo de 1992 y distribuidos en 1.7 millones de mujeres en edad fértil y 1.25 millones de niños entre cero y cinco años de edad.

El efecto inmediato de la puesta en vigencia del Seguro Nacional de Maternidad y Niñez, fue el incremento del 47% en el parto institucional y de un promedio mensual de 5,500 nacimientos y 35,000 niños atendidos por diarrea y/o infección respiratoria. El objetivo buscado se cuantifica y se hace evidente, cuando la ENDSA 2003 informa que la Tasa de Mortalidad Materna se redujo de 380 a 230 x 100,000 nacidos vivos y la TMM5 descendió de 116 a 75 x 1000 nacidos vivos. En términos absolutos, esto significa que las 1000 muertes maternas anuales se redujeron a 600 y de 28,000 menores de 5 años fallecidos, se pasó a una cifra de aproximadamente 18,000 niños que fallecen anualmente antes de cumplir los cinco años de edad. La co-responsabilidad entre gobiernos municipales y gobierno central, tuvo desde el principio plena consolidación, como lo patentiza el hecho de la incorporación voluntaria de 311 municipios desde el inicio del seguro materno-infantil, el 2 de julio de l996.

La entusiasta receptividad social y la contundencia de los resultados favorables en la salud materno-infantil, permitió la institucionalización del Seguro, cuando el siguiente gobierno (19972002) optó por mantener su vigencia cambiándole el nombre a “Seguro Básico de Salud”, incrementando las prestaciones y manteniendo el universo de población favorecida. El año 2002, la consolidación fue más categórica al promulgarse el “Seguro Universal Materno Infantil” (SUMI) por Ley de la República Nº. 2426, imprimiéndosele un significativo incremento cuantitativo que amplía la cobertura a toda patología en el niño menor de cinco años y en la mujer gestante, incluso hasta seis meses después del parto.

El círculo se cierra cuando el nuevo gobierno inaugurado en enero de 2006, anuncia la universalización del SUMI involucrando a la población entre 5 y 59 años, aún cuando en una primera etapa lo hará con los de 5 a 21 años. De ésta manera, la protección por prestaciones se “entronca” con los 60 años, edad a partir de la cual existe cobertura médica en base al Seguro del Adulto Mayor, que redujo la edad de 65 años inicialmente establecida en el Seguro Nacional de Vejez -también instituido por Decreto Supremo en enero de 1997- dejando consolidada la atención médica gratuita a los grupos de mayor vulnerabilidad médico-social: las mujeres, los niños y los ancianos.

En diez años, han quedado sentadas irreversiblemente, las bases de los seguros públicos de salud, que nacieron con el propósito y énfasis indisimuladamente pediátrico de reducir aceleradamente la TMM5 –con su lógica incidencia sobre la TMI- y de ésa manera evitar la muerte de niños y mujeres que por lo demás, son jóvenes y sanas. La clave del éxito irrefutable en ésta materia, fue encontrar una fuente sostenible de financiamiento y estructurarlo sobre otro proceso irreversible, que fue la descentralización hacia los municipios, a través de la Ley de Participación Popular.

La senda está señalada y sólo queda seguirla con seriedad, responsabilidad y serenidad. Sin altisonancia ni protagonismo. El espíritu pediátrico que llevó al diseño de la política de salud más sólida e impactante de nuestra vida republicana, debería ser una razón adicional para que la Pediatría boliviana siga vanguardizando todo tipo de acciones a favor de la salud pública nacional.