Tiempos de revolución: Protagonismo y polarización mediáticas en Venezuela

Times of Revolution: The Media’s Key Role and Polarization in Venezuela

Andrés Cañizález

Venezolano. Comunicador Social (Universidad Católica Andrés Bello) con una maestría en Ciencia Política (Universidad Simón Bolívar). Investigador del Centro de Investigación de la Comunicación de la UCAB (CIC-UCAB) y coordinador académico del Programa de Estudios Avanzados en Libertad de Expresión y Derecho a la Información, en esa casa de estudios. Investigador nivel II del Programa de Promoción del Investigador en Venezuela.

E-mail: acanizal@ucab.edu.ve

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Resumen

El presente texto repasa algunas tendencias y hechos venezolanos de los últimos años, teniendo como contexto general una etapa de transformaciones político-institucionales significativas en el país, y un gobierno, el de Hugo Chávez, que le presta una notable importancia a su dimensión mediática, llegando a producir lo que ya autores como Marcelino Bisbal (2006) denominaron el Estado-comunicador. Los medios, con una evidente intervención política, han sido un actor protagónico de la escena pública en la Venezuela gobernada por Hugo Chávez, quien asumió el poder en febrero de 1999, y sobre cuyo proyecto político, “la revolución bolivariana”, la sociedad venezolana ha estado bastante dividida.

Palabras clave: medios de comunicación, democracia, política

Resumo

O presente texto revisa algumas tendências e fatos venezuelanos dos ultimos anos, tendo como contexto geral uma etapa de transformações político-institucionais significativas no pais, e um governo, o de Hugo Chávez, que lhe presta uma notável importância à sua dimenssão mediática, chegando a produzir o que já autores como Marcelino Bisbal (2006) denominaram o Estado-comunicador. Os meios, com uma evidente intervenção política, tem sido um ator protagônico da cena pública na Venezuela governada por Hugo Chávez, quem assumiu o poder em fevereiro de 1999, e sobre cujo projeto politico, “a revolução bolivariana”, a sociedade venezuelana tem estado bastante dividida.

Palavras chave: meios de comunicação, democracia, politica

Abstract

This article reviews some Venezuelan tendencies and events from the past few years, within a general context of a stage of significant political and institutional transformations in the country, and a government, that of Hugo Chávez, who gives a notable importance to its media dimension, therefore producing what authors such as Marcelino Bisbal (2006) have called the communicator-State. The media, with an evident political intervention, have played a key role in the public scene in the Venezuela governed by Hugo Chávez who took office in February 1999, and on whose political project, “The Bolivarian Revolution”, the Venezuelan society has been quite divided.

Keywords: media, democracy, politics

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Punto de partida

Es un lugar común enjuiciar el rol político de los medios. Como ocurre con otras tantas instancias contemporáneas de mediación social, los medios cumplen algunos papeles políticos evidentes: modelan las agendas de discusión, construyen agendas informativas y son la nueva plaza pública para la acción de los líderes políticos; no cabe duda: los medios son esencialmente actores políticos (Cf. CANELÓN 1996). Como lo hemos señalado en otros textos (Cf. CAÑIZÁLEZ 2006) si bien no parece estar en discusión tal papel, si es necesario puntualizar que ese rol tiene una doble función, pues además de ser actores, los medios simultáneamente narran, son el espacio donde se construye el relato sobre el resto de los actores políticos de una sociedad (Cf. HERNÁNDEZ 2002).

1. Venezuela: medios y poder político

Hemos vivido, en Venezuela, en una suerte de vorágine en los últimos años. Gobernado el país por un mismo hombre por una década, asistimos a metamorfosis de diverso calibre, con cambios (o anuncios de transformaciones) casi a diario. La carrera parece no tener fin, como tampoco los recursos económicos de esta época, en la cual el precio del barril de petróleo rompe todos los récords. El país es otro, y tal vez el mundo mediático –junto a otras ramas empresariales sensibles para la lógica gubernamental- resienta especialmente dichas transformaciones. Esa suerte de refundación, en la que se insiste desde el discurso público, parece reducir toda la vida nacional a lo hecho (o deshecho) desde el 2 de febrero de 1999, cuando el presidente Hugo Chávez asumió el poder. Hay, desde el espacio reflexivo, especialmente académico, una cierta necesidad de recapitulación. Se trata de una historia necesaria para poder tener el retrato de cómo los medios y el poder político se entretejieron durante décadas, cuando aún no se había iniciado el tiempo de la revolución bolivariana.

Nos parece necesaria una mirada sobre el período democrático que antecedió a Chávez, tomaremos como referencia dos textos, uno de Alejandro Botía y otro de Teodoro Petkoff. La historia que reconstruye el primero arranca en 1958 con el avenimiento democrático, tras la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, y culmina con el paroxismo mediático que vivimos durante el paro petrolero de diciembre 2002 y enero 2003. El texto entrecruza historia política con historia del periodismo, y así aparecen juntos, revueltos o por separado los nombres de las figuras que hicieron la vida pública nacional, a través de las páginas impresas durante 45 años. Se dice rápido, pero la propia reconstrucción que refleja el libro es un hito importante, pues parece existir una ruptura entre lo que fue el período 1958-98, que ahora nos acostumbramos a llamar IV República (y ello evidencia el poder del discurso chavista, pues tal etiqueta la colocó el jefe de Estado), y el que se inicia con el período de Chávez.

El texto de Botía si bien ayuda a entender el surgimiento y consolidación de los medios impresos en Venezuela, no es en sentido estricto un libro sobre historia de la prensa en democracia, sino que traza, entrecruza y, especialmente reconstruye, lo que de político hay en el universo mediático venezolano y viceversa. Se trata de demostrar cómo la historia empresarial o periodística está estrechamente ligada a contextos sociopolíticos específicos, a seres humanos claramente identificados que tomaron decisiones en uno u otro sentido. Es, por ello, un libro clave para mirar las interrelaciones que se tejen en un sistema político, pero no una vista en abstracto, con el poder creciente que toman los medios para el propio desarrollo de la acción política. Así vemos, por ejemplo, como 1968 deberá ser recordado pues marcó un hito: se tejió una alianza entre el abanderado presidencial Rafael Caldera y la Cadena Capriles, la cual demostraría una de las distorsiones más agudas de aquellos años, pues se canjearon seis puestos de diputados y uno de senador, a cambio del apoyo editorial a la campaña (BOTÍA 2007: 63). Aquel matrimonio, por conveniencia, entre el editor Miguel Ángel Capriles y Caldera se disolverá antes de que termine el primer mandato de éste. Sin embargo, esa nociva práctica se repetirá a lo largo de los años 70 y al menos hasta mitad de los 80, e involucrará a casi todos los medios impresos de importancia del país. Sobre esto también hace una fuerte crítica Petkoff.

Un capítulo del libro de Teodoro Petkoff (Cf. 2005) parece tener plena vigencia en el debate actual. El político y ex líder guerrillero, devenido en editor del diario Tal Cual, puntualiza algunos aspectos centrales en la relación medios y política, lo cual es poco común en nuestro medio político e intelectual. Su planteamiento es igualmente inusual por otra razón de peso: da un contexto histórico en la relación medios-política en Venezuela. En la ingente producción editorial por parte del gobierno bolivariano se encuentran algunas lecturas, pero cargadas de un cierto fanatismo que impide ver con claridad lo que es propio de Venezuela, en sincronía con lo que ha pasado a formar parte central del debate democrático contemporáneo: cuál es el papel de los medios en el sistema político.

Los partidos y actores políticos tradicionales pusieron bastante de su parte para ir camino al suicidio, según Petkoff, pero sin duda alguna los medios –y especialmente la televisión- contribuyeron a cimentar las bases de la antipolítica, metiendo a todos en el mismo saco de la descalificación. Cuando se ven en retrospectiva aquellos años, puede coincidirse con el autor (Cf. PETKOFF 2005) en que Hugo Chávez contó a favor, entre otras causas, con una campaña mediática que durante década y media apostó por la demolición de los partidos tradicionales y la demonización de la política y de los políticos. Eso, junto a los propios errores partidistas, abrió las puertas del poder a un outsider.

Cuando se refiere al periodo que va de 1958 a 1998, Petkoff sintetiza en pocas líneas el modo de operación de aquellos años. Rigió una especie de pacto no escrito entre los dos partidos mayoritarios Acción Democrática (AD, afiliado a la Internacional Socialista) y COPEI (de tendencia socialcristiana) y los medios, principalmente las televisoras del país. Los primeros dejaron hacer a los segundos, facilitaron un terreno sin normas en los que rigió exclusivamente el afán de lucro, y en contraparte, la pantalla chica nacional reprodujo en su seno una suerte de equilibrio político-institucional, del cual resultaban excluidas las nuevas opciones o expresiones que fuesen en contracorriente del sistema imperante. Como bien lo sabe Teodoro Petkoff, de sus años como dirigente y candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS)¹, los espacios informativos y de opinión reproducían “la guanábana” en el poder².

Finalmente, en 1992 se vivió el capítulo que cerró la posibilidad de una salida a la crisis en el marco institucional vigente, con lo cual se allanó el camino a la revolución bolivariana. Se debatía una reforma constitucional, que Petkoff define como acto de contrición, poco después del fallido golpe de Estado de febrero de aquel año. La inclusión en el articulado constitucional de los conceptos de “información veraz” y “derecho a réplica” echó al traste al conjunto de la reforma (Cf. DAHDAH 2003). Los legisladores, ya acorralados por sus propios errores políticos y amenazados también por el universo mediático, se echaron para atrás. El fracaso de esa reforma terminó siendo trampolín político, que junto a otros, facilitó la llegada de Chávez al poder.

Los años recientes, en Venezuela, colocaron de forma más que evidente, llamativa sin duda, la presencia de los medios de comunicación como parte del conflicto político nacional. Han sido parte tan sustancial de dicha crisis que a la hora en que mediadores internacionales convocaron una mesa de negociación y diálogo, fueron llamados a ésta los representantes de las principales empresas privadas y estatales del mundo comunicacional. Desde nuestra perspectiva, tal posicionamiento político del universo mediático privado, que tiene su contracara en la también parcialización de los medios administrados por el Estado, no es nuevo ni necesariamente exclusivo de Venezuela, asunto que desarrollaremos en la parte final del texto. Los medios están en la escena política de nuestros días, son un actor más, con responsabilidades específicas por su naturaleza, pero es impensable que en un contexto de polarización, en el cual también las entidades públicas se alinearon con una causa partidista, ofrezcan una mirada aséptica sobre lo qué pasa en el país del cual son parte.

A mitad de la década pasada, en el completo trabajo que recoge la historia contemporánea de los medios impresos venezolanos, Eleazar Díaz Rangel (Cf. 1994) constató que la prensa había sido colocada en el centro de la arena pública. Los dueños a los que entrevistó Díaz Rangel, hace largos años, ya eran conscientes de que estaban siendo empujados a dimensiones esencialmente políticas en su quehacer. Esto se veía alimentado con el debilitamiento institucional, junto a una notable desazón ciudadana con los partidos tradicionales.

Un panorama de agotamiento político del modelo implantado en 1958 se agudizó con el Caracazo de 1989 y los dos golpes de Estado frustrados de 1992. El clímax de tal descontento tuvo lugar en 1999 cuando Hugo Chávez fue electo como presidente, apoyado en una propuesta de cambio radical del sistema y sin antecedentes políticos que lo vincularan a las organizaciones tradicionales.

2. Polarización de vieja data

No pocas veces, en los últimos tiempos, muchos venezolanos se han interrogado sobre el por qué tanta polarización en el seno de la sociedad (Cf. ÁLVAREZ 2002). No tiene por finalidad este texto abundar en dicho tema, pero sí nos resulta paradigmático revisar otros momentos de conflictividad en el país y ver qué papel habían tenido los medios. De nuevo apelamos a Díaz Rangel (1998: 109), quien ha sido un acucioso observador del siglo XX venezolano:

Casi todos los periódicos estuvieron divididos entre gobierno y oposición. Apenas hubo espacio para el término medio. No podían, por esas razones, informar con equilibrio sobre lo que ocurría en el país; no podían ser un espejo de la realidad. En verdad, la imagen que reflejaban era una imagen empañada, distorsionada, bastante incompleta.

No está hablando el autor de los medios en el año 2002, su mirada es al período que va desde 1936 a 1948, un momento crucial de la vida democrática nacional. En aquel contexto la polarización mediática era más que evidente, y le cito nuevamente:

Sólo a título de ejemplo, quiero recordar que en una ocasión investigaba sobre las primeras y últimas elecciones uninominales habidas en Venezuela, en 1937 y en 1944, respectivamente, y para conocer las listas de candidatos era obligante consultar en cada ocasión dos diarios distintos. Por ejemplo, El País no informó de las planchas ni de la campaña del PDV ni de Unión Popular (PCV), y El Nacional nada dijo de la campaña de AD. Algo parecido se repitió durante las elecciones de 1946 a la Asamblea Constituyente, y en las del 48 en que se elegían Presidente y diputados al Congreso (DÍAZ RANGEL 1998: 110).

No se busca aquí justificar acciones recientes, porque en el pasado acontecieran experiencias similares, pero es necesario no perder de vista hechos que merecen una lectura y se conectan con lo se ha estado viviendo en Venezuela en los últimos años.

No hay evidencias de que, como lo señala el gobierno de Hugo Chávez, los medios de comunicación privados hayan fraguado el golpe de Estado de abril de 2002. Sin embargo, ello no les exime de lo que podemos entender un pecado original: un oposicionismo beligerante (Cf. VILLAMEDIANA 2002), que les llevó a condenar por dictatorial diversas decisiones del presidente Chávez, pero guardaron un largo e incómodo silencio para criticar una acción notablemente autoritaria: la autoproclamación de Pedro Carmona y su decreto que abolía la institucionalidad y el estado de derecho³.

Los medios venezolanos aún le deben explicaciones convincentes a la sociedad sobre aquellos hechos. El estudio sobre la credibilidad en las instituciones, que por largos años viene realizando la firma Datanálisis, recogió con claridad la desazón ciudadana con el papel periodístico y mediático, expresado en una pérdida abrupta de credibilidad entre marzo y mayo de 2002. No menos controversial resultó ser el rol jugado durante el paro de diciembre 2002 y enero 2003. Por un lado tuvimos dos mundos paralelos en materia informativa, aspecto que también recogimos a través de un ejercicio académico con estudiantes de la Universidad Central de Venezuela. Globovisión y Venezolana de Televisión, por colocar dos extremos de aquel momento, ofrecían programaciones informativas (de hecho durante dos meses literalmente desapareció el resto de la programación) sin ningún punto de conexión: el paro avanzaba o era un total fracaso, según la estación sintonizada. Se trató de un período en el cual el periodismo venezolano no contribuyó a entender la complejidad del mundo, como rezan los manuales, sino que mostró sólo parcialidades guiado por intereses particulares. Tampoco las instituciones salieron ilesas. Un artículo de Pablo Antillano (Cf. 2002) resulta esclarecedor sobre cómo se desvirtuó el papel periodístico, cuando justamente era más necesario, pues el sistema democrático afrontaba una dura crisis y era indispensable contar con mediadores.

“Estamos en una guerra”. Así lo definió, sin vacilaciones, el directivo de un medio privado de comunicación, al ser invitado a dar un primer paso en aras de despolarizar la cobertura periodística de Venezuela. “Aquí no estamos para defender a periodistas sin ética”, replicó una funcionaria de la Fiscalía General al ser instada a actuar ante los hechos de violencia que de forma lamentable se multiplicaron a lo largo de 2002, 2003 y 2004, contra medios y comunicadores. Ambas frases, dichas sin estar relacionadas espacialmente aunque sí simbólicamente, reflejan uno de los nudos centrales del conflicto venezolano, la no voluntad de dar un paso que pueda “beneficiar” al contrario, y dejaban –ya entonces- poco margen para la negociación política.

Un aspecto representativo del lapso 2002-2004 fue la llamada mesa de negociación y diálogo que tuvo lugar gracias a los buenos oficios de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Centro Carter y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Como es conocido, producto de dichas conversaciones se alcanzó un acuerdo mínimo: las condiciones para realizar un referéndum revocatorio del mandato del presidente Hugo Chávez. Dicha consulta se efectuó finalmente el 15 de agosto de 2004. ¿Por qué traer este aspecto a colación? Básicamente no debe obviarse un elemento significativo, los medios se legitimaron como actores políticos en Venezuela, y en tal condición fueron convocados a dicha mesa de negociación; y, lo más importante, este rol fue aceptado tanto por el gobierno como por la oposición. La tendencia que había recogido Díaz Rangel, década y media atrás de este hecho, parece haberse acelerado con la llegada de la revolución bolivariana.

En ese lapso 2002-2004, la polarización se instaló de forma evidente también en el mundo massmediático venezolano. Polarización no exclusiva de los días que corren, sino expresión misma de un modelo político con raíces históricas.

3. Centralidad mediática

Diversidad de autores coinciden en reconocer el rol político que juegan los medios de comunicación, y especialmente en contextos como de los países latinoamericanos que parecen ser de una recurrente crisis política. La debilidad que tienen los partidos, sindicatos y otras instancias del tejido social abre la puerta para que estos actores entiendan que su posibilidad de intervención en la vida pública está íntimamente atada a su relación con el universo mediático. Ciertos asuntos de interés público pueden ser catalizadores para la constitución de alianzas tácticas entre políticos y activistas sociales, por un lado, y medios de comunicación y periodistas por el otro. Esto ocurre cotidianamente en diversos contextos, sin que sea motivo de escándalo, pues justamente en esta dimensión se entiende el rol político de los medios: determinar quién puede hablar sobre cuál tema (Cf. ÁLVAREZ 1995).

Esta tendencia se ve acrecentada en la medida en que la dirigencia política tiene menos de mitin en la plaza, o en la calle, y mucho más de aparición en espacios mediáticos (Cf. MARTÍN BARBERO 2001). La pantalla de televisión, especialmente, pasa a ser la nueva plaza pública desde donde se define la agenda política del país. En el caso venezolano, por ejemplo, son aproximadamente unas 80 personas las que con mayor frecuencia se rotan como entrevistados entre los diferentes espacios matutinos de opinión de los canales de televisión. Estos llamados líderes de opinión, por su número en sí reducido, no pueden representar la diversidad y pluralidad de puntos de vista que existen en Venezuela.

Sin embargo, un asunto es la representatividad, tema de necesario debate en la configuración de la agenda mediática, y otro tema que va aparejado a lo anterior tiene que ver con la consolidación de un nuevo modelo en el que se entrecruzan poder de los medios, actuación dependiente de los políticos hacia el universo massmediático, y demandas ciudadanas que encuentran en el universo simbólico un resarcimiento momentáneo.

Para Marcelino Bisbal, estamos ante un cambio sustancial no sólo en nuestra relación con lo político, mediado por la pantalla, sino en nuestra propia manera de convivir socialmente:

Esa intromisión de la cultura massmediática en la política y en las distintas esferas de la vida pública y privada, más bien nos está hablando de otra cosa: no es la disolución de la política y la democracia, ni siquiera de la vida como se pudiera pensar entonces, sino más bien de una reconversión de la política y en definitiva de las esferas de lo público. En estos tiempos los medios se convierten en el espacio público privilegiado por la gente; los medios están alterando la vida y hasta las propias formas que hoy día adquiere la socialidad (BISBAL 2005: 50).

La relación entre medios y política es de larga data, sin embargo en las últimas dos décadas es que se ha vivido un cambio sustantivo:

El paradigma político latinoamericano era tan poderoso que condicionaba a los medios de comunicación imponiéndole sus ritmos y muchas de sus reglas de juego, en una centralidad política de la comunicación. Sin embargo, a finales de los años ochenta y durante los noventa, se observa que la relación se ha invertido y son los medios de comunicación quienes imponen sus ritmos y sus reglas de juego a la actividad política. El exponencial crecimiento del poder de los medios en nuestros países ha convertido al paradigma mediático en el paradigma dominante. La actual es la América Latina de la centralidad comunicacional de la política (CORREDOR 2005: 59).

4. Democracia y medios desde América Latina

Tradicionalmente se habla de los medios en términos de cuarto poder. Ha sido esa aseveración motivo de innumerables debates sobre el poder real de los medios. El completo informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, La democracia en América Latina (Cf. PNUD, 2004), colocó el asunto nuevamente en la palestra. Tras entrevistar a 231 de los llamados líderes de opinión y hacer encuestas a más de 18.000 ciudadanos de a pie, en 18 países de la región, una de las conclusiones del estudio ha sido colocar a los medios, junto a empresarios privados, multilaterales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), sindicatos e Iglesia, en la categoría de “poderes fácticos”. Vale decir que existe una percepción –en estos tiempos– de que Iglesia y sindicatos han venido perdiendo influencia en las últimas décadas, y en un sentido inverso los empresarios privados, el sector financiero y los medios de comunicación, han pasado a copar espacios de decisión y atribuciones en las determinaciones que emanan de los poderes tradicionales.

La primera lectura arroja ya una conclusión novedosa, el informe crea la categoría de instancias de poder, diríamos que real, para referirse a estos actores. Una mirada al asunto debe partir también de analizar la otra acera: dicha constitución de los medios en un poder decisivo en las sociedades latinoamericanas no se produjo, exclusivamente, por factores propios de los medios. Las aproximaciones recientes al fenómeno de la mediatización, tales como las producidas por Jesús Martín Barbero, van en la dirección de que el papel mediático sin duda es importante, pero no único en la conformación de opiniones y valores. Sin embargo, tal poder se acrecienta, en tierras latinoamericanas, pues se evidencia por un lado un descrédito importante de los otros poderes, a la par de una fragilidad institucional, y así los medios pasan a copar espacios en respuesta también a demandas ciudadanas insatisfechas. Todo lo anterior se combina con la elaboración de una agenda propia, por parte de los medios, para intervenir en una situación que parece ser, recurrentemente, de crisis política.

Como indicamos en párrafos anteriores, en el contexto venezolano de los años 90 se ve claramente la consolidación de estos elementos. Los estudios de opinión de aquellos años revelan la desconfianza que inspiraban partidos políticos y poderes públicos, a la par que se consolidaba una imagen de credibilidad a favor de los medios⁴.

Entre los consultados en el informe del PNUD se destaca la cuestión de la definición de la agenda política, en la conformación del debate público. En este aspecto es indudable que los medios juegan rol protagónico. Esta tendencia se ve acrecentada en la medida en que la dirigencia política tiene menos de mitin en la plaza, o en la calle, y mucho más de aparición en espacios mediáticos. La pantalla de televisión, especialmente, pasa a ser la nueva plaza pública desde donde se define la agenda política del país. Los medios no sólo pueden colocar u omitir temas, sino que delinean el quién habla de qué cosa.

Durante el paro llevado a cabo por la oposición venezolana entre diciembre de 2002 y enero de 2003, en Venezuela, quedaron en evidencia algunos aspectos centrales de esta percepción que lleva a colocar a los medios en esa categoría de poderes fácticos. En conversaciones que hemos sostenido con tres dirigentes opositores –uno de ellos formó parte del comando táctico que estuvo al frente del paro–, estos confirmaron que esta acción se iba a levantar después de 48 horas y exclusivamente se usaría como presión momentánea para luego continuar con las negociaciones que estaban en marcha con el gobierno, bajo la mediación de la Organización de Estados Americanos y el Centro Carter. Gracias al punto de vista de los empresarios mediáticos se descartó esta estrategia y lanzó a la oposición en la senda del paro “por tiempo indefinido”, con los costos políticos y económicos que todos conocemos hoy. Otros dos líderes de partidos políticos, cuyas opiniones no eran de apoyo unánime a esta acción, fueron silenciados por los medios (Cf. CAÑIZÁLEZ 2006).

Pero, sin duda alguna, el elemento más llamativo lo constituyó en ese mismo contexto el siguiente hecho: la Coordinadora Democrática –que aglutinó entonces a partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil opositores– en muchas ocasiones conoció el contenido de mensajes publicitarios una vez que estos estaban al aire, sin que participaran en su concepción. El poder mediático pasó a ser –literalmente– el espacio desde donde se constituía la estrategia política, y eso representa un cambio sustancial en las de por sí complejas relaciones entre poder político y medios de comunicación.

5. Medios sin perro guardián

La vigilancia que han cumplido los medios en relación con otros poderes, por ejemplo al denunciar la corrupción en el mundo político o judicial, es bien recibida por los ciudadanos, de acuerdo con el Informe del Programa de Naciones Unidas para la Democracia (Cf. PNUD, 2004). Los poderes tradicionales constituyen círculos cerrados en los cuales malentendidas solidaridades automáticas, en muchos casos, han venido limitando la posibilidad del público de conocer cómo se utilizan los recursos del Estado y los malos manejos que de éstos se hacen. De forma tradicional se le ha otorgado al sector mediático un rol fiscalizador sobre los poderes tradicionales, sin embargo en la medida que se ha hecho más patente esa condición de poder fáctico, surgen interrogantes sobre la condición de “un control sin control” que parecen tener los medios en nuestras sociedades, tal como lo refleja el informe del PNUD.

Repensando la democracia latinoamericana, a partir de algunas de las acertadas conclusiones de este documento, un asunto crucial tiene que ver justamente con imaginar de qué forma los ciudadanos pueden participar para revertir tal situación. En México, Perú y Brasil, aun de forma incipiente, van teniendo lugar experiencias de vigilancia o veeduría social de los medios, entendiendo que un sistema democrático existen diversas maneras de hacerlo sin que ello signifique una intervención estatal.

En el contexto venezolano, durante 2004 se aprobó la Ley de Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión. Tal instrumento fue concebido, al menos así se desprende de las declaraciones oficiales que le precedieron, como un mecanismo para castigar a unos medios privados que se han desviado por asumir abiertamente una parcialidad política (Cf. CAÑIZÁLEZ 2005). Esto desvirtúa por completo el objetivo de un instrumento legislativo, que en una búsqueda democrática debería abrir la posibilidad de conformar experiencias genuinas de veeduría y observación ciudadana, para que este poder mediático tenga algún punto de control. Dado que la cabeza del Estado es, a fin de cuentas, un actor político, no resultarían convenientes mecanismos en los cuales el peso determinante esté en manos del ejecutivo, ya que de facto se convertiría en juez y parte.

Un caso emblemático lo constituye la decisión de no renovar la concesión del canal RCTV, el cual salió de la televisión abierta venezolana el 27 de mayo de 2007. Se trató de un castigo por una línea editorial crítica, bajo el argumento de que el medio había sido golpista. Tal acusación nunca se llevó ante la justicia, y de forma paralela se renovó, en la misma fecha, el permiso de transmisión de Venevisión, un medio que siendo tan crítico como RCTV en los primeros años del gobierno de Chávez, luego varió de forma sustantiva su línea editorial (Cf. CAÑIZÁLEZ 2007).

Los medios operan como límite para los otros poderes, especialmente el gubernamental. Ese rol de contrapoder termina siendo un aspecto resaltado como positivo en la mirada que hizo el PNUD, que tuvo como contexto la crisis por la que atraviesa la democracia en la región. El paulatino debilitamiento de la institucionalidad, junto a la desviación que vivieron partidos políticos y otros entes de mediación como los sindicatos, terminó dejando a un ciudadano huérfano de instancias en las cuales podía hacer valer sus derechos. Los medios terminaron siendo cajas de resonancia para esas demandas ciudadanas insatisfechas. Las denuncias en el espacio mediático representan un necesario desahogo, pero a la par entrañan –si no van acompañadas de otros pasos ante las respectivas instituciones– otra vuelta de tuerca en el debilitamiento institucional de un país como Venezuela, pues se quedan exclusivamente en el universo de la representación simbólica.

Por otra parte, en un estudio que adelantó el Instituto Prensa y Sociedad en varios países latinoamericanos sobre el periodismo de investigación se encontró una tendencia regional de la última década: la prensa ha jugado un rol de primer orden para poner al descubierto los casos más importantes relacionados con corrupción y violaciones a los derechos humanos (Cf. IPYS 2004). En ambas dimensiones, cuya responsabilidad recae en funcionarios del Estado, el poder político justamente colocó trabas para impedir que trascendiera la información a los ciudadanos, y los medios haciendo gala de ese papel de “perro guardián” –que algunos estudiosos estadounidenses le dan–, resultaron determinantes para que la sociedad se informara.

Parece pertinente retomar unas palabras de Tulio Hernández, escritas al calor de la crisis venezolana del año 2002. Pueden arrojar luces sobre la doble dimensión mediática en nuestro tiempo; un aspecto que abordamos al inicio. Le cito:

Los medios, hay que decirlo, son un actor político en la medida en que intervienen de manera decisiva y abierta en la toma de decisiones políticas de la sociedad. Pero los medios tienen una condición muy peculiar, pues además de ser un actor político, por demás legítimamente, son los narradores de lo que los demás actores políticos hacen, realizan o confrontan entre sí (HERNÁNDEZ 2002: 56).

Para cumplir a cabalidad con tal misión, en la que se juegan su credibilidad, y ésta –según nos recuerda el autor- no es solamente un factor de mercado sino una función fundamental de soporte de la democracia, es necesario que el ejercicio de esa función –ser narrador de las contradicciones entre el resto de actores– se cumpla con un mínimo de calidad, transparencia y respeto a los derechos de las audiencias. Para lograrlo, y para preservar su naturaleza independiente, los medios en su agenda política deben marcar distancia tanto de los intereses de los grupos políticos como los del gobierno. Dicha agenda debe tener como prioridad la defensa de los principios de la democracia y de los derechos ciudadanos.

¿Punto de llegada?

Aún para un sistema democrático en crisis, como el venezolano, sería difícil imaginar una democracia contemporánea sin medios de comunicación. A la par, un fortalecimiento del sistema político (absolutamente necesario para la satisfacción de las demandas de la ciudadanía) visto especialmente desde el contexto venezolano, pasa por establecer reglas de juego para que este poder mediático sea ejercido con una mayor transparencia por parte de empresarios y periodistas, a la par de decisiones de Estado que sin matiz de intervención estatista, permita abrir cauces a una acción ciudadana que tenga como norte la construcción de una sociedad incluyente y tolerante, tanto en lo social como en la dimensión comunicacional.

Notas

1. El MAS nació como una escisión del Partido Comunista de Venezuela (PCV) y desde la década de los 70 se reivindicó el socialismo democrático. Teodoro Petkoff abandonó el partido en 1998 cuando la dirección de entonces decidió apoyar la candidatura presidencial de Hugo Chávez.

2. Popularmente se le conoció como la guanábana al reparto de cuotas y arregló político entre los partidos AD y COPEI, el primero se identificó con el color blanco y el segundo con el verde.

3. En un intento por recapitular todo lo sucedido en abril de 2002, en materia del derecho a la libertad de expresión e información, pudimos realizar el informe “Entre el estruendo y el silencio” con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la UCAB y de la Fundación Konrad Adenauer, éste puede leerse en línea en: http://www.ucab.edu.ve/ucabnuevo/cic/recursos/estruendo_silencio.pdf

4. Entre propietarios de medios impresos existía –entonces- la percepción de que estaban siendo colocados en un rol que no les era propio, por esa ruptura político-institucional que vivía el país, pero al mismo tiempo se entendían como canal confiable para las demandas ciudadanas insatisfechas. Del mismo modo, dirigentes políticos han confirmado que la reforma constitucional de 1992 se paralizó por las presiones de los medios, pues el proyecto incluía el derecho a rectificación y réplica, con lo cual se reflejaba la conformación de una agenda común por parte del sector mediático para incidir de forma directa en las decisiones de un poder público, en este caso en el legislativo, y actuando claramente en contra de un mecanismo que favorecía a la ciudadanía.

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Recepción: 1/10/2009

Aprobación: 17/12/2009