Censo 2012 en Bolivia: posibilidades y limitaciones con respecto a los pueblos indígenas

 

The 2012 census in Bolivia: possibilities and constraints in relation to indigenous peoples

 

Xavier Albó1

 

Fecha de recepción: octubre de 2012

T’inkazos, número 32, 2012,  pp. 33-45, ISSN 1990-7451                                                                                                   Fecha de aprobación: octubre de 2012

Versión final: noviembre de 2012

 

Sobre la base de las preguntas y los resultados del Censo 2001 y anteriores, y las preguntas formuladas en el Censo 2012, el autor identifica y analiza algunos temas y su implicancia en la realidad indígena, originaria, campesina del país. Los datos de 2001, señala, siguen siendo una línea de base con la que se podrán contrastar los avances o retrocesos en torno a la situación étnica y lingüística, las unidades étnico jurisdiccionales y la doble residencia en Bolivia.

 

Palabras clave: censos / recopilación de datos / encuestas / identidad étnica / autoidentificación / lengua / distribución geográfica de la población / residencia / organización del territorio

 

Based on the questions and results of the 2001 census and earlier ones, and the questions that will be asked in the 2012 census, the author identifies and analyses certain issues and their implications for the country’s indigenous and rural peoples. The 2001 data, the author points out, continue to represent a baseline that can be used to compare progress or setbacks with regard to the ethnic and linguistic situation, ethnic jurisdictions and dual residence in Bolivia.

 

Key words: censuses / data gathering / surveys / ethnic identity / self-identification / language / geographical population distribution / residence / territorial organization

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las preguntas étnicas y lingüísticas del Censo 2001, realizado cinco años antes de la llegada de Evo y el Movimiento al Socialismo (MAS) al poder, el año 2006, respondieron a un interés explícito de Naciones Unidas y otros órganos especializados para afrontar, con mayor conocimiento de causa, políticas más favorables para los sectores étnicamente marginados (a la par que mujeres, ancianos, niños…). Su formulación se acopló a una tendencia creciente ya en la ronda de censos de 2000 en Latinoamérica, expresada también en las Metas del Milenio. ¿Cómo podremos medir el avance en las metas si no tenemos datos cuantificados sobre población, que es uno de los sujetos de estas metas? Esa es la raíz fundamental de su incorporación, en la forma en que se ha hecho.

Los resultados de entonces, sintetizados en el célebre “62% indígena”, han incidido sin duda en colocar más explícitamente en la agenda pública esa problemática ya desde antes del ascenso de Evo, mucho más tras su advenimiento.

Los ajustes que se han hecho ahora en la formulación de esas mismas preguntas para el Censo 2012, sólo son refinamientos de las que se hicieron en 2001, manteniéndose básicamente en el mismo enfoque. Con ello, los datos de 2001 siguen siendo una línea de base (baseline) con la que se podrán contrastar los avances o retrocesos de 2012. Ello supuesto, aquí desarrollaré algunos temas selectos que me parecen más relevantes por sus implicaciones en la temática “indígena originaria campesina”2.

 

Las preguntas lingüísticas

y étnicas

 

Después de 1950 se eliminaron las preguntas sobre identificación étnica y se asumió que la mejor aproximación a ese tema era la indirecta a través de la lengua. Pero, si no se refina más, implica algunos supuestos cuestionables como los siguientes: si uno sabe la lengua, se asume que es indígena; y si no la habla, no lo es, supuestos ambos falsos.

Yo, que nací hablando catalán y pronto aprendí castellano en España, y que ahora hablo además quechua y aymara, en Bolivia, pertenecería automáticamente al menos a dos pueblos indígenas locales y otros dos no indígenas. Personalmente me encantaría, pero ¿es el indicador correcto? Este enfoque tiene además otro sesgo metodológico implícito: sólo los propios indígenas tendrían (o deberían tener) interés para hablar su lengua. 

Por otra parte, la pérdida de la lengua indígena, aunque es lamentable y puede arrastrar otras pérdidas culturales, no conlleva inevitablemente la pérdida de la identidad étnica. En Bolivia y en otros muchos países son bastantes los pueblos originarios muy orgullosos de su identidad; son pueblos en los que algunos o incluso todos sus miembros ya han perdido la lengua por diversas razones históricas y sociolingüísticas que están más allá de su control. La emigración a las ciudades es también uno de los más  eficaces “mata-lenguas” indígenas. Pero, ¿implica la pérdida de la identidad? El Censo 2001 mostró que en las ciudades un 28,7% se consideró miembro de algún pueblo IOC pese a que ya no sabía la lengua. Entonces tal identidad puede que se refuerce con otros elementos simbólicos, como determinadas celebraciones y creencias, alguna pieza de la indumentaria, cierta conciencia histórica común, etcétera. Pero, hechas estas salvedades, sigue siendo cierto que el dato lingüístico puede ser útil para muchos fines de planificación, educación, etcétera.

Por las deficiencias de ese indicador lingüístico, desde la ronda de censos latinoamericanos en torno al año 2000, en muchos países -Bolivia incluida- se ha añadido otra pregunta directamente asociada a la propia percepción de los censados sobre su pertenencia (o no) a algún pueblo indígena. En el censo boliviano de 2001 esa pregunta fue muy precisa: “ ¿Se considera perteneciente alguno de los siguientes pueblos originarios o indígenas?”

La boleta sólo explicitaba cinco pueblos pero en una sexta casilla permitía marcar “otro nativo” dejando espacio para especificar cuál era este “otro”, aparte de una séptima casilla para los que dijeran no pertenecer a “ningún” pueblo. Al procesar la sexta casilla, con apoyo de expertos para evitar duplicados con nombres equivalentes, se llegó a fijar un total de 33 pueblos más el castellano. Sumados todos se llegaba al célebre 62%. Una limitación sin razones convincentes fue que sólo se hizo esa pregunta a los de 15 y más años. Otra fue que casi la mitad de los “otros” no especificó su nación o pueblo, sobre todo entre los ya establecidos en ciudades.

Sobre las lenguas se hicieron dos preguntas: ¿cuáles sabe?, hecha a toda la población; y ¿cuál fue la primera aprendida?, hecha a los de 4 y más años. El procedimiento fue semejante pero, en este caso, la boleta sólo incluida tres lenguas indígenas: quechua, aymara y guaraní, más la categoría “otra”, a ser especificada3.

En conjunto, estas innovaciones permitieron que Bolivia conozca su situación étnica y lingüística con mucho más detalle que nunca y mejor también que en otros países del continente, lo que ha sido ya trabajado en diversas publicaciones y políticas públicas.  

Cuando en 2006 Evo llegó a la presidencia, ya en su discurso de posesión aludió al dato censal de 2001: “los indígenas somos el 62%”. Pero entonces, algunos políticos de oposición empezaron a dar al término “ninguno” del mismo censo, que aparece en las publicaciones censales para el 38% no indígena, un giro nuevo: “¡Nos han ninguneado!”. Fue también entonces que empezó a tomar mayor cuerpo la propuesta de incorporar el término “mestizo” (que se había utilizado por última vez en el distante Censo Nacional de 1900). Esta campaña tomó un sesgo político de oposición a las tendencias “indigenistas” del nuevo “Estado plurinacional”. Nótese de paso que nadie ha reclamado por la desaparición de “blanco”.

Pese a estas presiones, en la boleta del Censo 2012 tampoco se ha incluido este término, ahora ausente en la mayoría de los censos del continente. Para mí, un argumento convincente para no hacerlo es que el término “mestizo” es ahora tan polisémico que no ayuda a explicar ni a planificar nada. Su raíz histórica es de tipo biológico y racial  (algo “híbrido”), aunque con el tiempo ha adquirido un sentido más cultural. Pero, en este último sentido, ya es difícil pensar que alguien no tenga algo de “mestizo” y, por tanto, ya no cumple una función diferenciadora de la población. Con el agravante de que, entonces, tiene incluso un sesgo de “etnocidio estadístico”, como decía Bonfil Batalla (1989), a propósito de México. Por eso la Revolución de 1952, al igual que la mexicana, se puso como meta que toda Bolivia debía ser “mestiza”. Se pretendía superar el racismo eliminando al sujeto en las estadísticas y en el discurso oficial: ya no había indígenas sino sólo “campesinos”. En los hechos el proceso de mestización apuntaba a “blanquear” y “civilizar” a toda la población. Por eso mismo el dirigente aymara indianista Felipe Quispe, años después, ha contra-argumentado que él también quería que la población fuera mestiza pero “al revés”, de modo que los blancos se hicieran más indios (Sanjinés 2004, 2005).

Desde la otra perspectiva algunos reclamaban que la boleta debía explicitar a todas las NyP IOC. Pero esta es una tarea en construcción que ni siquiera intentó la Constitución Política del Estado. Su artículo 5 sí da una lista casi exhaustiva de 36 “idiomas” IOC, que incluye dos ya desaparecidos, uno presumido (toromona aún no contactado) y otro sólo ritual (machajuyay-kallawaya). Pero, como enseguida veremos, no se puede extrapolar que esas lenguas equivalgan a naciones IOC.

En la boleta del Censo 2012 se ha dado una solución “salomónica” pero con algunos bemoles, tanto en la pregunta 29 de auto-pertenencia como en las 30 y 31, de idiomas. Las tres se aplican a toda la población, lo que es ya una notable mejora, y sus respuestas no son cerradas sino abiertas. Analicemos sus formulaciones:

 

29. Como boliviana o boliviano, ¿pertenece a alguna nación o pueblo indígena originario campesino o afro boliviano? R) Sí / No pertenece / No soy boliviano o boliviana.

 

En caso de responder “Sí”, se pregunta “¿A cuál?”, con espacio para anotar la respuesta. En la boleta se añade un recuadro para el empadronador (no para leerlo a todos) con la lista alfabética sólo indicativa de las 34 respuestas codificadas a partir de las respuestas dadas en el Censo 2001, más otras cuatro de las que añadiremos algún comentario:

 

Afroboliviano es la adición más significativa. Aunque en Bolivia los afrodescendientes son muchos menos que en otros países latinoamericanos, el artículo 32 de la actual CPE les reconoce “en todo lo que corresponda” los mismos derechos de las NyP IOC. 

Kallawaya más o menos equivalente a la parte andina de la provincia Bautista Saavedra, al norte de La Paz. En la lista de idiomas del artículo 5 de la CPE se incluyó el machajuyay-kallawaya, una lengua con vocabulario propio antiguo o nuevo pero una gramática casi calcada del quechua, que sólo usan algunos de los médicos andinos especialistas conocidos como kallawayas en algunas expresiones de sus ritos (viene a ser como “su latín”). Pero en su comunicación cotidiana ellos y el resto de la población usan quechua y, en algunas partes altas, aymara. Es la única de las doce “naciones o pueblos” de habla quechua y aymara sugeridas por el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), que ya figuraba en el artículo 32 de la Ley 4021 del Régimen Electoral Transitorio de 2009 (Fernández, 2011: 68-74).

Yuracaré-mojeño (aparte de yuracaré y mojeño como pueblos separados), más que un “pueblo-nación”, es ante todo el nombre de una pequeña organización muy legítima pero reciente en el extremo oeste de Santa Cruz, con gente de ambos orígenes, a los que se dio un escaño especial en la asamblea autonómica de este departamento-gobernación, después de una larga querella a la vez étnica, jurídica y política, detallada en Díez Astete (2012: 163-194).

Yampara es actualmente el nombre de una provincia andina de Chuquisaca, con varios municipios, uno de los cuales tiene el mismo nombre y otro -Tarabuco- está en proceso de transformación en AIOC (Albó, 2012a: 189-256). Hace referencia a un grupo etnohistórico que no figuraba ni en las listas iniciales del CONAMAQ ni en la boleta oficial del Censo 2012. Pero a última hora ésta lo incorporó, por presiones y negociaciones que desconozco.

La adición de “como boliviana/o” en la pregunta y opciones de respuesta, se hizo como una mejor alternativa en vez de explicitar la opción “mestizo”, que por su gran variedad semántica y sociocultural difícilmente podría identificarse como otra “nación o pueblo” específico. ¿Qué contestarán los miles de peruanos aymaras en El Alto y La Paz? ¿Optarán por declarar que no son bolivianos o preferirán camuflarlo resaltando su pertenencia étnica? Es el principal caso en que Bolivia no es expulsora sino receptora de población.

Nótese de paso que, como han mostrado ya algunos estudios, por ejemplo, la serie bienal de LAPOP (Latin American Public Opinion Project) dirigida por Seligson y Moreno, desde 1998; y Albó (2008), es perfectamente posible que alguien se sienta mestizo, por su evolución cultural, sin dejar de “pertenecer a alguna de las NyP IOC”. En este sentido la pertenencia y auto identificación con un pueblo o nación originaria es también más relevante que sentirse “indígena” a secas, pues tal generalización puede connotar todavía discriminaciones coloniales.  

 

30. ¿Cuál es el primer idioma en que aprendió a hablar en su niñez?

31. ¿Qué idiomas habla? (Anote en orden de importancia).

 

En estas preguntas no hay ninguna lista indicadora, quizás por asumir que la lista en la pregunta anterior ya basta. Para muchos casos así es. Pero no siempre. En principio, caben también idiomas extranjeros, como portugués (frecuente en áreas limítrofes incluso como primera lengua) o inglés. Pero limitándome a los idiomas originarios, los empadronadores y los ulteriores codificadores deberán estar adiestrados para saber que en el Beni es oportuno distinguir entre el mojeño trinitario y el ignaciano, como variantes lingüísticas no siempre mutuamente inteligibles; y en saber que varios pueblos dan un nombre distinto a su lengua. Por ejemplo, el bésiro de los chiquitanos; o algunos urus llaman uchumataqo o incluso pukina a su lengua…

De particular interés será el caso del quechua y aymara, que se han incluido en la lista anterior como las dos principales NyP IOC, pero que el CONAMAQ y algunas otras organizaciones étnicas andinas prefieren relegar a sólo el ámbito lingüístico para recuperar sus NyP IOC locales como karanka, pakajaqi, charka, qhara qhara, el ya mencionado kallawaya y otros, incluidos algunos  nuevos que antes no mencionaban, como la nación yampara en Chuquisaca o la chicha en Potosí. Si tales identidades como NyP IOC ya estuvieran bien consolidadas e interiorizadas por la gente, podría haber sido pertinente dejar asentada esta diferencia en la lista indicativa de la pregunta 29. Pero de momento aún no es así, por lo que explicitarla ya en la boleta era como abrir una caja de pandora. Veremos cuántos usan la posibilidad de pregunta abierta para diferenciar o no entre su lengua, su identidad étnica y su lugar de residencia. Será también interesante contrastar qué pasa con las cuatro adiciones arriba comentadas en la lista indicativa para la pregunta 29 y con las demás propuestas por el CONAMAQ que no aparecen en ella.

 

Las unidades étnico jurisdiccionales

 

En el Censo de 1992 las unidades territoriales clave, por debajo del departamento, eran las provincias y los cantones. Como en el pasado, las secciones provinciales, conocidas también como secciones municipales o municipios no se tomaron en cuenta. Sin embargo, apenas dos años después, con la Ley de Participación Popular de 1994, la unidad clave para la planificación y desarrollo local que pasó a primerísimo plano fue precisamente esa instancia municipal antes ignorada. Fue posible reconstruirla a partir de los cantones, pero nos habríamos ahorrado bastante trabajo si ésta instancia hubiera sido tomada en cuenta desde la boleta. Así lo hizo, por fin, el siguiente censo, de 2001 y, en su interior, siguió considerando los cantones pese a que ya resultaban cada vez menos funcionales.

Ahora estamos en una situación comparable. La Tercera Parte de la CPE de 2009, dedicada a la Estructura y Organización Territorial del Estado, empieza definiendo que:

 

Bolivia se organiza territorialmente en departamentos, provincias, municipios y territorios indígena originario campesinos [TIOC]…

II. Las regiones formarán parte de la organización territorial en los términos y condiciones que determinen la ley. (Art. 269, énfasis míos).

 

Más adelante, en los artículos 289-296, se reconoce a los TIOC como una de las vías, junto con los municipios y las regiones, por las que estas naciones y pueblos pueden acceder a su forma específica de autonomía AIOC.

De todos modos, dentro de la misma CPE no están muy bien integrados y desarrollados los conceptos de “entidad territorial”, como una instancia más jurisdiccional (artículos 270, 276), y los TIOC, que recién se explican en su Cuarta Parte, dedicada a la Estructura y Organización Económica del Estado. Este desfase refleja la historia desde el primer embrión de este último concepto, introducido en el artículo 171 de la reforma constitucional parcial de 1994, como “tierras comunitarias de origen” [TCO]4 hasta los compromisos que se hicieron en 2008 entre el texto constitucional aprobado por dos tercios por la Asamblea Constituyente en diciembre de 2007 y las demandas de autonomía de la llamada “media luna”, que llevaron al texto finalmente concertado, al referéndum y a la aprobación final entre enero-febrero de 2009.

El artículo 171 de la CPE de 1994 sintetizaba algunos elementos clave del Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas, que ya había sido ratificado como ley boliviana en 1991, después de la Primera Marcha Indígena de Tierras Bajas “por el territorio y la dignidad”, en 1990. La jerarquía constitucional de ese artículo era todavía secundaria por ser sólo parte del régimen especial agrario, dentro del régimen económico; por eso en la Ley INRA de 1996 se especifica a esas TCO sólo como una forma más de “propiedad agraria”. Pero esta fue la puerta trasera por la que la problemática específica de los territorios indígenas entró entonces en la CPE y su legislación ulterior. De hecho, en la descripción de esas TCO tanto en el artículo 171 de la CPE como en la Ley INRA ya se mencionan muchos elementos propios de territorios indígenas, más allá de una simple forma de propiedad, pues

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Marco Tóxico. Ninguno. Dibujo digital, 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

apuntan al orden jurisdiccional con control indígena de los recursos naturales, e incluso al pluralismo jurídico. La Ley INRA explicitó por fin la equivalencia entre TCO y territorio, en el marco del Convenio 169 de la OIT.

Esta innovación tuvo una gran incidencia, sobre todo entre los numerosos pueblos minoritarios de tierras bajas, como la vía para consolidar sus territorios amenazados. El proceso de saneamiento, mucho más moroso de lo inicialmente previsto, ha contribuido también de manera significativa al fortalecimiento de sus identidades (Guzmán, 2008) y ha generado nuevas propuestas de gestión territorial. Más recientemente se han titulado bastantes TCO de tierras altas, aunque con otra lógica, pues allí se trataba con frecuencia de propiedades colectivas de ayllus que no tenían amenazas de terceros.

Fue finalmente la CPE de 2009 la que adoptó plenamente el término TIOC;  casi al final de su Cuarta Parte y de toda la CPE, el artículo 403 así lo caracteriza, retomando y ampliando los alcances del artículo 171 de la CPE 1994:

 

[El TIOC] incluye el derecho a la tierra, al uso y aprovechamiento exclusivo de los recursos naturales renovables en las condiciones determinadas por la ley; a la consulta previa e informada y a la participación en los beneficios por la explotación de los recursos naturales que se encuentran en sus territorios; la facultad de aplicar sus normas propias, administrados por sus estructuras de representación y la definición de su desarrollo de acuerdo a sus criterios culturales y principios de convivencia armónica con la naturaleza. Los TIOC podrán estar compuestos por comunidades.

 

Pero más importante aún es que los TCO/TIOC, nacidos como una forma “sui géneris” de propiedad agraria (y, como tales, descritos en la Cuarta Parte de la CPE), pasen además a ser “entidades territoriales” o jurisdicciones oficiales del país, e incluso puedan lograr el status de AIOC (en la Tercera Parte de la misma CPE), como ya vimos más arriba. 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización (LMAD) de 2010 ha desarrollado mucho más los mecanismos para hacer operativa esta transformación (artículos 28, 42-48 y otros muchos incisos específicos en el resto de la ley). Ante todo, decretó un procedimiento administrativo automático por el que todas las TCO tituladas se han transformado en TIOC. En otras partes esta ley establece los criterios para poder llegar a ser AIOC.

Hay además un detalle que afecta directamente al censo: el artículo 58 de esa LMAD establece que en el TIOC “deberá existir una base poblacional igual o mayor a diez mil (10.000) habitantes en el caso NyP IOC de tierras altas” y, en el de NyP IOC minoritarios, “igual o mayor a mil (1.000) habitantes” y añade: “según los datos del último censo oficial”, aunque se matiza que “de manera excepcional” este criterio poblacional “se flexibilizarᅠ si la valoración de la viabilidad gubernativa establecida en el art. anterior [57] demuestra su sostenibilidad”. Estamos entonces ante el singular caso de que, en Bolivia, los resultados de censos de hecho pueden generar o quitar derechos, en este caso, al acceso o no a la AIOC5. 

Hasta ahora ningún TIOC ha culminado su proceso para convertirse en AIOC, aunque hay ya varias avanzadas en ese camino, como San Antonio de Lomerío, en la Chiquitanía cruceña, y Raqaypampa, en Mizque, Cochabamba.

Martínez  (2000) publicó un primer Atlas con las características y nivel de avance en la titulación de lo que entonces eran sólo procesos incoados de TCO de las tierras bajas. Aprobada ya la nueva CPE de 2009 pero antes de trabajar la citada LMAD, en Albó y Romero (2009: 115-118, 137-147) publicamos un listado y mapas detallados del status de las 203 TCO registradas hasta abril 2008, incluyendo su coincidencia o superposiciones con los municipios.

Posteriormente, a fines de 2010, el propio Viceministerio de Tierras publicó un lujoso Atlas en dos volúmenes con los mapas de 59 TIOC ya titulados (siquiera parcialmente) en tierras bajas y otros 188 en la región andina, elaborados a partir de sus coordenadas georeferenciadas. Más aún, este Atlas (vol. I, pg. 15) esboza ya un mapa general con 39 “naciones o pueblos”, incluidas doce de la región andina de habla quechua y aymara, inspiradas en gran medida en las propuestas del CONAMAQ. El Informe 2010 de la Fundación Tierra (2011) complementa esta información con mapas más globales que muestran cómo por esa vía los mapas territoriales del país pueden cambiar notablemente.

Es una lástima que, salvo algunos estudios de caso de este último Informe, en ninguno de esos atlas de TCO/TIOC se hayan especificado sus comunidades o localidades. Se explica en parte porque la información proviene inicialmente de los mapas del INRA, interesados sobre todo en evitar las superposiciones de propiedades agrarias. Pero, desde el momento que se trabajó en el saneamiento y los numerosos planes de gestión indígena desarrollados por diversas instituciones de apoyo, este dato se conocía con detalle y podría haberse integrado fácilmente, como se ha hecho ya en diversas publicaciones como la ya citada de la Fundación Tierra (2011) o, en el caso del Chaco guaraní, en Albó (2012b).

En Albó y Romero (2009: 29-59) ya describimos la amplia gama de variedad en el tamaño y características de estas TCO/TIOC, por lo que aquí no bajaré a mucho detalle.

En las tierras bajas hay una mayor coincidencia entre esos territorios y la cobertura rural de determinadas NyP IOC (aparte de los que viven ya en ciudades) sea en uno o varios TIOC, contiguos o no. Por otra parte son allí contados los municipios en que la mayoría pertenece a alguna NyP IOC, por lo que el TIOC es la principal vía para acceder a ser AIOC. Además, muchos de esos TIOC cruzan límites municipales y, en algunos casos, también departamentales. Ello muestra, por una parte, el enfoque inicial de todo el proceso, basado en derechos propietarios más que jurisdiccionales. Pero, por otra parte, prueba hasta la saciedad que esos límites estatales se trazaron sin tomar en cuenta a los pueblos IOC ahí establecidos. Todo este proceso, por tanto, puede ayudar a reconstruir esos territorios hasta ahora invisibilizados.

En cambio, los TIOC de las tierras altas andinas están en municipios con gran mayoría quechua y/o aymara, por lo que allí puede ser más fácil llegar a ser AIOC por la vía municipal y, en municipios altamente quechuas aymaras pero de exhaciendas sigue siendo casi la única vía, pues apenas hay TIOC. En otros lugares que mantuvieron la tenencia colectiva de ayllus y markas, aunque con usufructo individual familiar, puede haber bastante correspondencia entre los límites municipales y los de uno o varios de esos ayllus y markas, por lo que no hay grandes diferencias entre ir por una u otra vía.

Tanto en tierras bajas como altas hay también grandes diferencias de tamaño y población, como muestran los mapas de la Fundación Tierra (2011), sea por ser pueblos minoritarios minúsculos (como los yaminawa y machineri) o, en la región andina, por equivaler sólo a un ayllu-comunidad o incluso menos. De hecho, varios de los municipios andinos en proceso de transformación en AIOC tienen en su seno TIOC de diverso tamaño, correspondientes a ayllus o markas; y en un caso -San Pedro de Totora- hay más bien una correspondencia casi total entre ser un único TIOC, un municipio e incluso una provincia.

Queda todavía una tercera vía para llegar a ser AIOC: la regional. En el artículo 180 de la CPE, como fruto de las conversaciones de 2008 entre gobierno y autonomistas de la “media luna”, este nivel “autonómico” se redujo a un simple “espacio de administración y gestión”, salvo en el caso de autonomías indígenas regionales (artículo 291.1 y 295.II). El largo artículo 47 de la LMAD, titulado “integración territorial de la AIOC” muestra el potencial y flexibilidad de esta instancia superior, que puede incluir no sólo la agrupación de municipios (como en otras autonomías regionales sólo administrativas) sino también la anexión de comunidades o distritos IOC (instancias inferiores dentro de algún municipio sin AIOC) a una AIOC colindante ya existente (sea de origen municipal o TIOC) y la agregación de todo ello en una mayor AIOC de ese nivel superior, sea de una misma  nación o de varias “que tengan afinidad cultural”. Por esa vía podemos acercarnos algo más al ideal expresado en el artículo 2 de la CPE, cuyo sujeto no son municipios, TIOC o instancias inferiores sino cada “nación y pueblo” IOC. Los niveles interiores de AIOC serían sólo como los ladrillos o adobes de este edificio mayor. La nación guaraní, a través de su organización matriz Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) -con los dos únicos municipios en conversión AIOC de las tierras bajas, más otros dos potenciales y 16 TIOC que afectan a 14 municipios en tres departamentos- es la que más ha avanzado hacia una nada fácil estrategia de largo plazo para reconstruir todo su territorio como nación IOC (Albó, 2012b).

Pese a todo ese proceso, que ya lleva quince años y tiene a su favor la CPE 2009 y la LMAD, sorprende que en la boleta finalmente adoptada para el Censo 2012, no se hace referencia a esa instancia territorial TIOC en la parte inicial, dedicada a precisar la ubicación geográfica. Al principio se la intentó incluir pero, no sé por qué razones o dificultades prácticas, al final en esta parte de la boleta se mantuvo sólo a los municipios con sus distritos (en vez de los cantones, que ya no existen) y diversas unidades inferiores, a saber: en las ciudades y “centros poblados”, sus barrios, zonas y unidades vecinales; y, en el área rural dispersa, comunidades y localidades.

Sin embargo, dado lo arriba explicado, es claro que también las jurisdicciones estatales TIOC, lleguen o no a transformarse todas ellas en AIOC, deberán ser uno de los criterios para diseñar varios de los cuadros y mapas con que después se presenten los resultados de este censo. Todavía estamos a tiempo para no repetir el desfase que ocurrió con la unidad geográfica municipal en el Censo de 1992. 

El camino finalmente adoptado por el INE para salir al paso de esta tarea parece ser que, con la cartografía pre-censal y otras informaciones complementarias, las unidades mínimas del censo estén mejor reestructuradas en función de las instancias organizativas a que pertenecen. Se espera que, con ello, sea después más fácil reagruparlas en una u otra instancia superior, incluidos los TIOC y las AIOC que de ellos puedan surgir.

Queda por ver si será cierto que todo ello llegará a encajar. Para que sea más probable que así ocurra es fundamental que se logre completar bien a fondo la cartografía pre-censal, tomando explícitamente en cuenta también esta variable TIOC.

Durante los próximos diez o más años dependeremos en gran medida de lo que ahora nos logre detallar el Censo también en este punto. Ante todo, sus datos demográficos “de facto” serán uno de los factores para aceptar o no que ciertos TIOC se transformen en AIOC, con sus nuevos derechos “de iure”. Pero, además, sus demás datos socio-económicos y de servicios serán requeridos también por todos esos TIOC y potenciales AIOC.

 

La doble residencia

 

Los censos nacionales dan por supuesto que la gente sólo puede tener una residencia habitual y que sólo a partir de ella debe hacerse cualquier planificación. Pero, con las mejoras en el transporte y demás comunicaciones, este supuesto es simplemente erróneo y, por tanto, distorsionador. Además, en varios pueblos, empezando por los andinos, no se ha perdido del todo una larga tradición de acceso simultáneo a diversas partes y microclimas para mejorar y diversificar su forma de vida. Y, si a ello se añade que desconocer esta realidad lleva a dar o quitar derechos, sus consecuencias pueden ser graves. Es probablemente cierto que una de las posibles residencias es más habitual que la otra u otras. Pero los censos no han hecho ningún esfuerzo para cuantificar este fenómeno. Lo más cercano a ello son los datos sobre emigración, pero nuevamente sobre el supuesto cuestionable de que ésta es definitiva, desconociendo los largos procesos quizás en zigzag por los que a veces se pasa de migraciones temporales a definitivas.

En cambio, tanto las planificaciones de los PDM por comunidades y/o distritos como los estudios para la titulación TCO/TIOC han apuntado a enumerar a toda la población con derecho propietario colectivo dentro de determinado territorio, esté o no presente mientras se realiza esta verificación.

La mayoría de las listas de población y familias por comunidades de los PDM que he podido consultar, han sido recabadas mediante encuestas realizadas in situ por las consultoras contratadas. Y, cuando hay la posibilidad de chequear esas cifras con las del último Censo, puede haber diferencias muy notables. Por ejemplo, en el PDM de Tarabuco, que se realizó el mismo año del Censo 2001, los datos del PDM son aproximadamente un 15% superiores a los del Censo, que además tenía unidades censales no siempre equiparables a comunidades (Albó,    2012a: 193-197).

En el caso de las TCO/TIOC es más difícil hacer la comparación pues el Censo 2001 no consideró todavía dicha jurisdicción como una posible unidad censal. En esas TCO/TIOC debiera aparecer la población de derecho en el doble sentido de la palabra: por asumir que pertenece a ese lugar y territorio pero también por tener “derechos jurídicos” de propiedad colectiva en dicho territorio TCO/TIOC, aunque, por la razón que sea, no esté viviendo allí sino en otra parte, incluso de manera regular. Más aún, en las tierras bajas varias TCO nacieron ante todo como una forma de propiedad agraria (pecuaria, forestal, etcétera) y en muchos casos, la lógica para solicitarla era la necesidad de expansión y crecimiento de la población. Cada pueblo tiene además sus propios mecanismos internos para definir bajo qué circunstancias la asamblea decide la persistencia o pérdida de ese derecho de pertenencia; por ejemplo, el cumplimiento o no de determinadas obligaciones públicas dentro de la comunidad o territorio. ¿Qué sentido tiene, en estos y otros casos, verificar la población “de derecho” y “con derechos” sobre una TIOC con potencial para transformarse en AIOC, sólo a partir de la población enumerada en un determinado evento simultáneo de alcance nacional, llamado censo?  

Desde que la Ley de Participación Popular [LPP] de 1994 ligó los fondos transferidos por el gobierno a cada municipio de acuerdo a su población según el último censo, la gente ya no se opone a ser censada. Pero entre quienes mantienen doble domicilio, surge más bien una tensión si no pugna sobre si deben ser censados en la ciudad o en el campo, buscando cada municipio captarlos para recibir más fondos. De hecho, en el Censo de 2001 la tasa de urbanización fue inferior a lo pronosticado, en parte por ese fenómeno. Se ha asumido que entonces afectó más a las ciudades que al campo por lo que el INE sigue exhortando a que la gente no viaje al campo la víspera del Censo, arguyendo que si lo hacen, se distorsiona la distribución de recursos, por ejemplo, para definir la capacidad de servicios como escuelas u hospitales en uno u otro lugar. Es posible que tengan una parte de verdad. Pero, ¿no puede ocurrir también lo contrario, por ejemplo, con relación a derechos sobre la tierra y territorio? ¿No será más correcto y útil poder cuantificar por fin la existencia de esa doble residencia y lealtad, aunque sólo una de ellas se mencione como “habitual” en la pregunta 33? 

La solución radical y de fondo seguramente debería pasar por la modificación del artículo 58 de la actual LMAD y otros semejantes. Pero mientras ello no ocurra, es indispensable entablar un amplio diálogo y consulta con las organizaciones y autoridades de los lugares involucrados y sus autoridades. Podría haber incluso una obligación constitucional de realizar esta consulta “mediante procedimientos apropiados”, pues se trata, sin lugar a dudas, de una “medida... administrativa susceptible de afectarles” (CPE, artículo 30.II.15).  Otro instrumento correctivo es recabar datos estadísticos sobre la extensión de este fenómeno; por ser un fenómeno tan general e importante, no parece que basten algunas estadísticas especializadas y sería oportuno incluirlo en un censo.

No es previsible que, con una pregunta de doble domicilio, se pueda cambiar sin más la fórmula de distribución de esos recursos, los cuales, mientras no se la cambie, deberán ir al municipio señalado como “habitual” en la pregunta 33. Pero, por lo menos, tendríamos una primera aproximación nacional sobre el alcance de este fenómeno.

Se han hecho ya diversas propuestas al INE, sea desde la identificación de personas del hogar, desde los datos migratorios o desde el empleo, ninguna de las cuales llegó hasta la boleta final. La más fácil, sugerida por el colectivo “La ruta del censo”, era incorporar en el capítulo de empleo, después de la pregunta 43, la siguiente, muy pertinente: “¿En qué municipio se encuentra el lugar donde Ud. trabaja? (R1: En este municipio; R2: En otro municipio: ¿cuál?”

De momento tendremos que esperar diez años más para ver si tenemos más suerte en el próximo censo. Pero tal vez, entre tanto, ya podría avanzarse incorporando esta inquietud en una próxima encuesta de hogares.

 

Punto y seguido

 

Dejamos en el tintero otros muchos temas pertinentes. Mencionaré como pista que necesita ser mucho más trabajado el caso de los IOC urbanos, tengan o no doble residencia. Los censos anteriores, en particular el de 2001, ya nos ha brindado abundantes datos sobre la amplitud de este fenómeno. En bastantes casos los IOC urbanos son más que en sus territorios rurales; pero pocas políticas públicas se han desarrollado allí para precautelar los derechos de esa población y asegurar el carácter pluri e intercultural que deben tener también estas ciudades.

Otro tema que merece ser ahondado es la ya mencionada paradoja de que un censo de hecho tenga tanta incidencia para dar o quitar derechos. Éstos no se limitan a los casos ya referidos de los derechos territoriales o para calificar o no para ser AIOC, sino también a otros, como el número de curules para los pueblos IOC minoritarios tanto en la Asamblea Plurinacional como en las departamentales, o para definir la existencia o no de determinado sistema de justicia (ordinaria, IOC o ambas), etcétera.

Mucho de lo aquí analizado muestra coherencia con las recomendaciones del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE), hace poco reiteradas por Fabiana del Popolo (2012) en el foro internacional realizado el 12 de junio de 2012 en Santiago de Chile. Ella menciona, por ejemplo, que la autoidentificación debería ser el criterio primordial, complementado por otras dimensiones como el idioma, el territorio y los ancestros. Resalta, asimismo, la preparación de la cartografía “ya que los territorios indígenas no corresponden siempre a divisiones político-administrativas” y la adecuación cultural de la boleta censal y otros instrumentos complementarios.

 

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               Marco Tóxico. Periodistas agredidos. Dibujo digital, 2009.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El joven rostro urbano de Bolivia

The Young urban face of Bolivia

 

Nelson Antequera Durán1

 

Fecha de recepción: octubre de 2012

T’inkazos, número 32, 2012, pp. 47-59, ISSN 1990-7451                                                                                Fecha de aprobación: octubre de 2012

Versión final: noviembre de 2012

 

 

El artículo aborda la importancia de los datos censales para el análisis del proceso de urbanización así como de las características y el verdadero rol de los centros urbanos en Bolivia. El Censo 2012, señala el autor, develará el joven rostro urbano del país, además de la acelerada reconfiguración demográfica y social que se ha registrado en las últimas décadas, y la necesidad de administrar estos cambios a través de las políticas públicas.

 

Palabras clave: urbanización / censos / ciudades / planificación urbana / análisis demográfico / datos estadísticos

 

This article discusses the importance of census data for analysing the urbanization process, and looks at the characteristics and the true role of urban areas in Bolivia. The 2012 census, the author suggests, will reveal the country’s young, urban face, as well as the swift pace of the demographic and social changes that have taken place in the last few decades, indicating the need to manage these changes through public policies.

 

Key words: urbanization / censuses / cities / urban planning / demographic analysis / statistical data

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolivia ha experimentado en las últimas dos décadas un proceso acelerado de urbanización, a tal punto que hoy más de dos tercios de la población vive en áreas urbanas. Se torna prioritario comprender la realidad urbana en nuestro país y la dinámica social que en la misma se desarrolla, debido a que las concentraciones urbanas están creciendo en tamaño, densidad poblacional, complejidad y, principalmente,  importancia política.  El Censo 2012 dará cuenta cabal de este proceso de creciente urbanización que vivimos desde hace más de dos décadas, y también planteará un enorme desafío: la urgencia de atender la problemática urbana desde la investigación y la política pública.

Pese a la creciente importancia demográfica, política, social y económica de las ciudades, la producción académica sobre el tema es escasa (Prado, 2008: 9) y más escasas aún son las investigaciones respecto a cómo enfrentar los acuciantes problemas de la población urbana. No sólo se trata de un vacío en el campo de la producción del conocimiento, sino que también es causa de la imposibilidad de elaborar e implementar políticas públicas urbanas y territorializadas (Cielo y Vásquez,  2011: 12).

La visión del Estado respecto al desarrollo urbano y el rol de las ciudades en el contexto global del desarrollo nacional no ha sido hasta ahora formulada (Prado, 2008: 9); de este modo, no sabemos a ciencia cierta qué está sucediendo en nuestras ciudades ni qué hacer al respecto. Tampoco el tema urbano ha ocupado un lugar de importancia en la administración estatal y en las políticas de desarrollo. Parte de este “descuido y olvido” es que la ciudad no es concebida como el motor del desarrollo regional o nacional. La economía nacional se sustenta principalmente en actividades del sector primario que tienen lugar fuera de los centros urbanos. Las ciudades son todavía vistas como centros comerciales, administrativos, centros de servicios educativos o de salud, pero no como parte fundamental del crecimiento económico (11-14). Otra parte de este “descuido y olvido” tiene que ver con la incipiente investigación sobre los asentamientos humanos y, en particular, las aglomeraciones urbanas. De este modo, se aplican los mismos criterios técnicos y administrativos para el pequeño municipio rural que para las grandes metrópolis, se actúa a ciegas, por ensayo y error o peor, por criterios de cálculo político” (25). En palabras de Humberto Solares, “desentrañar ese enigma que es la ciudad” es una tarea urgente. Pero también es una tarea urgente “introducir en ese mundo de funcionarios pragmáticos, la base del rigor científico, es decir, la investigación… ello implica algo heroico” (25).

La campaña publicitaria del Instituto Nacional de Estadística (INE) que promociona el Censo 2012 utiliza dos metáforas centrales: la fotografía y la torta. El Censo se presenta como una “fotografía de Bolivia” que permitirá que cada municipio reciba su parte de la “torta”, haciendo referencia a los recursos de coparticipación que les serán asignados de acuerdo a los datos de población que se obtengan. Sin duda, esta “fotografía” nos mostrará una Bolivia con rostro urbano y el pedazo más grande de la torta se lo llevarán las ciudades.

En los siguientes apartados analizaré algunos aspectos en los que los datos del Censo tendrán una contribución importante para la investigación sobre la temática urbana, tomando en cuenta cuatro niveles: el nivel nacional, el nivel regional, el nivel local y el nivel intraurbano.

 

El rostro urbano de Bolivia

 

Los datos del Censo se dividen en tres grandes grupos: datos de población, datos de vivienda y datos de hogares. El primer y más relevante dato es el del recuento de población en el nivel mínimo de análisis censal que es el de la “localidad”. El recuento poblacional más el patrón de asentamiento permite definir si una localidad es “urbana” o “rural”. Aquellas localidades cuyo patrón de asentamiento es de tipo amanzanado (viviendas ubicadas formando manzanos) y tienen más de dos mil habitantes, son consideradas urbanas. De este modo, la primera gran variable que arrojan los datos del Censo es la división del territorio y la población en dos grandes áreas geográficas: el “área urbana” y el “área rural”, donde el conjunto de localidades “urbanas” constituye al “área urbana” y el conjunto de localidades de menos de dos mil habitantes constituye el “área rural”. Por otra parte, esta distinción urbano-rural se aplica a la población. Es decir que las personas que habitan en el “área urbana” son consideradas “población urbana” y lo propio para el caso de la “población rural”. De este modo, se presentan los datos de población por ubicación (haciendo referencia al ámbito geográfico) y por área, como las dos principales variables además de las variables de sexo y edad. En el caso de los datos de vivienda y hogares se utilizan sólo las variables de ubicación y área.

Los datos del Censo 2001 establecen que, desde el punto de vista del área geográfica, existen 148 localidades urbanas, entre conurbaciones, ciudades capitales y centros poblados (INE, 2004). Desde el punto de vista de la población, de un total de 8.274.325 de habitantes, 5.165.882 habitan el área urbana y 3.108.443 habitan el área rural. Esto quiere decir que la población urbana alcanzaba el 2001 el 62,43% y la población rural al 37,57%. Según las proyecciones del INE, para el año 2010 la población urbana alcanzaría el 66% y la población rural habría decrecido al 34%. Los datos del Censo 2012 nos permitirán verificar esta tendencia de urbanización.

El primer punto problemático en cuanto a los criterios para establecer la distinción entre área urbana y rural es el de la escala. Se considera “urbana” la localidad de Eterazama, que en el año 2001 tenía 2.001 habitantes y la ciudad de Santa Cruz de la Sierra con 1.113.582 (según los datos del Censo 2001), por citar los dos extremos. Sin embargo, veremos que la mayor parte de la población “urbana” está concentrada en pocas ciudades grandes y medianas y que la población “urbana” de los poblados pequeños es comparativamente minoritaria.

 

 

Según el Censo 2001, el 65% de la población urbana del país está concentrada en La Paz (conurbado de La Paz - Achocalla - El Alto - Viacha), Cochabamba (conurbado) y Santa Cruz. Los datos del Censo 2012 nos permitirán apreciar el ritmo de crecimiento de estas tres conurbaciones y saber si el porcentaje de población urbana (65%) que se concentra en las mismas será mayor. Se prevé que la ciudad de Santa Cruz sea la más habitada de Bolivia (aún sin contar el área conurbada). La ciudad de Cochabamba disminuirá proporcionalmente su población en un 5,4%, sin embargo, habría un crecimiento de su área conurbada. La ciudad de La Paz se reduciría proporcionalmente en un 16%, mientras que El Alto crecería proporcionalmente en un 17% (Página Siete, 2012).

Esta concentración de la población en tres centros urbanos es un fenómeno excepcional en comparación con otras realidades latinoamericanas. En países como Argentina, México o Perú, por citar algunos casos relevantes, es indiscutible la primacía de la “ciudad capital” en cuanto a concentración poblacional. En nuestro caso, la tendencia ha sido la concentración poblacional en tres centros urbanos que en las últimas tres décadas han crecido aceleradamente, aunque por razones distintas. Esta tendencia no sólo involucra una disputa por la primacía demográfica de una u otra aglomeración urbana, sino por la primacía regional en el contexto nacional con tensiones que se han vivido intensamente en la última década: la fuerza política del Movimiento al Socialismo (MAS) surgida en Cochabamba; las demandas autonómicas del oriente, particularmente Santa Cruz, que cobraron fuerza en 2006 con el “Cabildo del millón” y el referendo autonómico; o el “Cabildo de los dos millones” en La Paz el año 2007 reivindicando la primacía política de esta ciudad como sede de gobierno. Queda abierto el debate sobre las ventajas o desventajas de tener tres concentraciones urbanas que reflejan estas tensiones regionales. Pero más aún, queda abierto el debate sobre las ventajas o desventajas de las grandes concentraciones urbanas, sobre todo si éstas responden a tendencias económicas, a crisis en las áreas rurales, al despoblamiento del resto del país y a una ausencia de una política sobre la población, los asentamientos humanos, los centros urbanos y un crecimiento urbano planificado local y nacionalmente.

Si ampliamos el análisis a las ciudades capitales, encontramos que el 80% de la población urbana del país se concentra en las nueve ciudades capitales de departamento. Esto quiere decir que el 50% del total de la población boliviana habita en nueve centros urbanos. Tenemos 9 ciudades intermedias (de entre 20 mil y 80 mil habitantes) que juntas albergan al 7% de la población urbana. En las restantes 130 localidades de entre 2 mil y 20 mil habitantes está el 13% de la población urbana.

De estos datos podemos establecer que tenemos cuatro tipos de poblaciones urbanas en nuestro país. En el primer grupo estarían las tres grandes concentraciones urbanas; en el segundo grupo las seis restantes capitales de departamento (Oruro, Sucre, Tarija, Potosí, Trinidad y Cobija) que tienen entre 20 mil y 200 mil habitantes. En el tercer grupo están las nueve ciudades intermedias (ocho ciudades fronterizas y una ciudad minera); y en el cuarto grupo las 130 poblaciones de menos de 20 mil habitantes.

 

Las regiones y sus polos urbanos

 

Analizaré el nivel regional a partir de la distribución de la población de cada departamento por áreas (urbana y rural) y la distribución de la población urbana. Sin embargo, es necesario aclarar que los datos estadísticos y el análisis de las interacciones urbano-urbano y urbano-rural deben hacer posible nuevas y diversas propuestas de análisis con enfoque regional. Este enfoque regional debe trascender los límites formales de la división administrativa.

Según los datos del Censo 2001, la población urbana del departamento de La Paz alcanza al 66% de la población total. Sin embargo, la conurbación de La Paz - Achocalla - El Alto - Viacha concentra el 95% de la población urbana de la región. El resto de los 20 centros urbanos tienen menos de 10 mil habitantes, a excepción de Caranavi que tiene una población de poco más de 12 mil habitantes. Estos datos muestran una concentración urbana unipolar en la metrópoli paceña, cuya tendencia al crecimiento se ha hecho evidente en los últimos años. La metrópoli paceña, en el contexto regional, es el referente demográfico y económico principal. Este hecho plantea un desafío para cualquier política de desarrollo regional: no se puede pensar ni planificar el desarrollo del departamento sin atender prioritariamente a esta región que alberga a dos tercios de su población.

El departamento de Santa Cruz era, el año 2001, el segundo departamento con mayor cantidad de población urbana, 1.545.648 habitantes que representan poco menos del 30% del total de la población urbana nacional. La ciudad de Santa Cruz albergaba al 72% de la población urbana de la región. Además de la ciudad capital, la región tiene 57 localidades urbanas. En este caso, las relaciones urbano-urbano son de trascendental importancia, ya que si bien la migración masiva hacia la ciudad central, Santa Cruz, ha dado lugar a su crecimiento acelerado, también otros centros urbanos se han desarrollado gracias a las actividades de tipo agroindustrial principalmente.

La población urbana del departamento de Cochabamba, según los datos del Censo 2001, era el 17% de la población urbana del país. El 90% de la población urbana se concentra en el conurbado Cochabamba - Quillacollo - Sacaba - Colcapirhua - Tiquipaya - Vinto. En este caso, vemos que la mayor concentración poblacional se encuentra en el valle central y bajo de Cochabamba. La segunda subregión que concentra población urbana es el Valle Alto (34 mil habitantes), y la tercera es el Chapare (23 mil habitantes). En este caso, los flujos migratorios y los intercambios económicos trascienden el nivel regional. Cochabamba no sólo es el centro de la región sino el nexo entre La Paz y Santa Cruz y un punto nodal entre el altiplano y la región del Chapare.

Además de este demarcado eje central geográfico y demográfico, tenemos las ciudades del sur del país. En el

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Marco Tóxico. Dulce animal 1. Dibujo digital, 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

departamento de Oruro, la población urbana alcanzaba a poco más de 236 mil habitantes, de los cuales el 85% se encuentra en la ciudad de Oruro. El segundo centro urbano del departamento es Huanuni, con más de 15 mil habitantes. Los otros cinco centros urbanos tienen menos de 10 mil habitantes.

En el departamento de Potosí, el 55% de los 239 mil habitantes de la zona urbana residen en la ciudad capital. En la región se cuenta con otros nueve centros urbanos cuyo papel es importante por tratarse de otros polos urbanos subregionales que tienen su propia dinámica social y económica, sea por la actividad minera, turística, comercial, etcétera. En el caso del departamento de Chuquisaca, la ciudad de Sucre alberga al 89% de los 218.126 habitantes urbanos. La segunda ciudad, Monteagudo, ubicada al sur del departamento, alcanza a poco más de 7 mil habitantes. En el departamento de Tarija, los 247.736 habitantes urbanos se distribuyen entre la ciudad capital (55%), Yacuiba (26%), Bermejo (10%) y Villamontes (10%). Las dos restantes localidades urbanas tienen poco menos de tres mil habitantes. La región se caracteriza por esta red de centros urbanos que difiere de la tendencia centralista unipolar de otras regiones (Aranda, 2011).

En el departamento del Beni tenemos la ciudad capital, Trinidad, que alberga sólo al 30% de los casi 250 mil habitantes urbanos. En las ciudades de Riberalta y Guayaramerín está un 40% de la población urbana y el restante 30% en once localidades que en su mayoría son capitales de provincia. Se trata de una de las regiones con una distribución menos centralizada de la población urbana, donde las ciudades fronterizas y las capitales de provincias juegan un papel importante en el nivel subregional, y la capital del departamento ejerce menos influencia sobre la dinámica demográfica, social y económica. El departamento de Pando contaba con un solo centro urbano, Cobija, al menos hasta el Censo 2001. Sin embargo, trascendiendo los límites administrativos, esta ciudad conforma una red norteña con las ciudades de Riberalta y Guayaramerín, además de las vecinas ciudades brasileñas.

El análisis regional a partir de los datos censales podrá dar cuenta del papel que juegan los centros urbanos en el contexto local. La concentración poblacional en uno o pocos centros urbanos en una región puede dar lugar a dos tendencias distintas. Por una parte, si concentra no sólo la población, sino también la mano de obra, las actividades económicas, los servicios y el presupuesto público, el poder político, etcétera,  lo que genera es el debilitamiento de la ocupación territorial de sus zonas de influencia. Por el contrario, un centro urbano puede constituirse más bien en un centro dinamizador de la economía regional, un lugar de oportunidades de acceso a mayores y mejores servicios educativos o de salud para los habitantes de la región, etcétera. En este caso, nuevamente será necesario un análisis que trascienda una visión dicotómica urbano-rural, o una visión desarrollista de centro-periferia para comprender la dinámica regional en términos de multilocalidad urbano rural.

 

Entre la metrópoli y el pueblo:

la localidad urbana

 

El siguiente nivel de análisis será el de la localidad urbana. Utilizamos aquí el concepto genérico de “localidad” que es recuperado también en los datos censales, puesto que permite abarcar la amplia gama de situaciones sociodemográficas definidas como urbanas.

Un primer dato para establecer las características de un centro urbano será su ubicación en la escala general. Como se señaló, tenemos al menos cuatro tipos de poblaciones urbanas en nuestro país: las tres grandes concentraciones conurbadas, las restantes seis capitales de departamento, las nueve ciudades intermedias y las 130 poblaciones de menos de 20 mil habitantes. De este último grupo podemos hacer todavía una subdivisión entre centros urbanos de más de 10 mil habitantes, que en nuestro país alcanzan a 17, de entre menos de 10 mil habitantes y más de 5 mil, que alcanzan a 24, y de menos de 5 mil habitantes que alcanzan a 89.

El segundo elemento de análisis será su relación con otros centros urbanos y con su entorno rural, así como su papel en la región, subregión o microrregión, dependiendo del caso. Para esto es necesario analizar su ubicación geográfica, vías de comunicación, actividad económica, su papel político administrativo, acceso a servicios, entre otros aspectos. El tercer elemento tiene que ver con la caracterización de las condiciones sociodemográficas de la población a través de las distintas variables que ofrecen los datos del Censo. Veamos cada uno de los grupos establecidos.

Si bien las tres concentraciones urbanas tienen en común la magnitud numérica en cuanto a población, debe tenerse en cuenta sus particularidades marcadas por su trayectoria histórica y por sus características sociales, culturales y económicas. En el caso de La Paz - El Alto, durante el siglo XX el crecimiento de la ciudad de La Paz fue sostenido. La reforma agraria de 1953 aceleró la inmigración a la ciudad de La Paz; las zonas periféricas de la ciudad empezaron un proceso de rápida urbanización y también la zona de El Alto. De este modo, El Alto dejó de ser un barrio periurbano de La Paz para constituirse en una nueva ciudad en 1988. Este proceso de expansión urbana actualmente se ha extendido hacia otros poblados satélites dando lugar a la conurbación entre La Paz - El Alto y las poblaciones urbanas de los municipios de Laja, Achochalla, Mecapaca, Palca, Pucarani y Viacha (Núñez-Villalba, 2001).

En este caso, las investigaciones futuras en base a los datos censales deberán atender previamente la pertinencia de considerar el conglomerado La Paz - El Alto como una unidad de análisis. Uno de los argumentos a favor de este enfoque es que las ciudades de La Paz y El Alto han sido divididas administrativamente, pero el flujo e intercambio de servicios como las redes viales, el transporte, la electricidad, el agua potable, la educación, el flujo poblacional laboral que se da cotidianamente entre las dos ciudades, etcétera, son elementos para considerarlas como una sola ciudad.

Podemos argumentar, sin embargo, asumiendo una segunda posición, que la división administrativa, acentuada con el proceso de municipalización no ha sido irrelevante. A esto debemos sumar, que si bien son innegables las relaciones entre ambos centros urbanos, la ciudad de El Alto ha cobrado preeminencia demográfica y territorial, ha construido una identidad propia por su dinámica cultural, política y social y se ha constituido en un referente regional, aspectos que marcan distancias cada vez más evidentes con la vecina ciudad de La Paz. De ahí que será necesario tomar con cautela una concepción de La Paz y El Alto como una sola ciudad.

La ciudad de Cochabamba es el centro de un crecimiento urbano que se ha expandido sobre el Valle Bajo, hacia el sur de la misma ciudad con una tendencia de conurbación hacia el Valle Alto, hacia Sacaba, al Este y hacia el Noroeste, avanzando hacia Tiquipaya. Por su parte, los antiguos centros poblados del Valle se han ido extendiendo sobre sus respectivas áreas rurales hasta formar un extenso conurbado. En este contexto, son todavía escasos e insuficientes los intentos de conformar una región metropolitana que permita mejorar las condiciones de vida de la población conurbada a través de sistemas integrados de provisión de servicios básicos como el transporte, el agua potable, el alcantarillado, el tratamiento de aguas servidas, la deposición y el tratamiento de residuos sólidos, o enfrentar problemas comunes como la degradación ambiental, el crecimiento urbano sobre tierras cultivables, la degradación de los sistemas de riego, el uso múltiple del agua, etcétera.

En el caso de Santa Cruz, es indudable la preeminencia de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra tanto demográfica como económicamente. Por su configuración geográfica, la ciudad se ha ido expandiendo de forma radial en círculos concéntricos, alcanzando la conurbación a centros urbanos que se han ido desarrollando también con una dinámica propia, como Warnes o Montero. Podemos considerar esta concentración urbana más que como una metrópoli, como un conjunto de ciudades interconectadas donde la capital tiene una preeminencia indudable. Se trata de centros urbanos periféricos a la capital que se han desarrollado en relación al centro urbano principal pero también gracias a una dinámica económica propia.

En un segundo grupo están las seis restantes capitales de departamento. Los datos censales nos permitirán evaluar la tendencia del crecimiento demográfico y espacial de las mismas, además de su importancia demográfica en sus respectivas regiones, puesto que en todos los casos son los mayores centros urbanos de los departamentos.

En cuanto al tercer grupo, los datos del Censo brindarán información para evaluar la magnitud del crecimiento no sólo en población, sino en número de las “ciudades intermedias”. Hasta el año 2001, además de las capitales de departamento, sólo nueve ciudades tenían entre 20 mil y 80 mil habitantes. Las ciudades intermedias pueden constituirse en una oportunidad para el desarrollo de centros urbanos con altos índices de calidad de vida, puesto que sería más factible la reducción de las inequidades propias de las grandes concentraciones y que la mayor parte de su población pueda acceder a las ventajas que ofrece un centro urbano en cuanto al acceso a servicios básicos, educación escolarizada, reducción de tiempos y costos de transporte, etcétera.

El cuarto grupo, si bien en términos demográficos representa el 13% de la población urbana del país, en términos de cantidad de localidades urbanas representa el 88% del total de localidades urbanas. Debemos señalar, sin embargo, que entre 1976 y 1992 han desaparecido del área urbana 13 poblaciones, 12 de las cuales eran centros mineros en Oruro, Potosí y La Paz. Y entre 1992 y el año 2001 desaparecieron otras cinco poblaciones mineras del área urbana. En contrapartida, entre 1976 y 1992 en el departamento de Santa Cruz surgieron 19 nuevos centros urbanos y entre 1992 y 2001 otros 14, haciendo un total de 33 centros urbanos nuevos. En Cochabamba, entre 1976 y 2001 se registraron once nuevos centros urbanos, principalmente en la región del Chapare. Estos datos ratifican una vez más la tendencia poblacional denominada la “marcha hacia el oriente” y el despoblamiento de las zonas altas de nuestro país, en gran parte debido a la crisis minera. La desaparición de los centros mineros o su súbito despoblamiento afectó también a la población rural que encontraba en los centros mineros un mercado cercano y accesible para sus productos agropecuarios. Esta tendencia al despoblamiento del área rural y a la concentración poblacional en el área urbana, además de otros factores, ha estado alentada por la política de redistribución de los recursos de coparticipación tributaria basada en el simple cálculo proporcional a la población.

Nuevamente, para finalizar este acápite traemos a colación la metáfora de la torta, utilizada por el INE en la campaña publicitaria sobre del Censo 2012. La imagen de una torta cortada entre varias personas, concluía diciendo que “cada municipio recibirá la parte que le corresponda, ni más, ni menos”, haciendo referencia a los recursos de coparticipación tributaria. Este criterio de distribución de los recursos de acuerdo a la cantidad de habitantes por municipio, heredado de la Ley de Participación Popular, no ha sido en lo absoluto cuestionado. De este modo, si se mantiene la tendencia demográfica hacia la concentración urbana en pocas ciudades, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz y las otras seis capitales de departamento recibirán más del 50% de la torta mientras que toda el área rural se quedará con algo más del 30%. A estas diferencias debe añadirse que las ciudades capitales además reciben ingresos proporcionalmente muy superiores por motivo de recaudaciones tributarias; ingresos prácticamente inexistentes en el caso del área rural y de los centros urbanos pequeños. De este modo, es muy difícil revertir la tendencia a la concentración poblacional en las grandes áreas urbanas, que tienen proporcionalmente mayores ingresos y que se constituyen en polos de atracción de la población rural y de la población de los centros urbanos más desfavorecidos.

Una de las formas de “resistencia” a esta lógica (ilógica) de redistribución de los recursos es la convocatoria (y en muchos casos la obligatoriedad) a los “residentes” (migrantes rurales que viven en las áreas urbanas) a empadronarse en sus comunidades de origen para inflar los datos demográficos y así obtener mayores recursos de coparticipación para sus municipios. Esta estratagema, además de ser insuficiente, no hace otra cosa que consentir la irracionalidad del criterio de distribución “proporcional” de la “torta” que acentúa las inequidades entre las zonas más pobladas y las menos pobladas. Los datos del Censo no sólo desfavorecerán a los departamentos y centros urbanos que proporcionalmente recibirán menos parte de la “torta” y quedarán hambrientos o descontentos (Página Siete, 2012), sino sobre todo a las áreas rurales que apenas recibirán las migajas. Este previsible “descontento” en la repartición de la “torta” debe llevar a cuestionar la lógica (ilógica) heredada de la Ley de Participación Popular y a plantear otros mecanismos de redistribución basados, por ejemplo, en índices de necesidades básicas insatisfechas, la doble residencia, vocaciones productivas o económicas, etcétera.

 

 

 

La ciudad: lugar de oportunidades o de inequidades

 

La ciudad es vista y concebida como “el lugar de la oportunidad”: oportunidad de trabajo, de mercado, de estudio. El concepto de calidad de vida en las ciudades se basa más en el “acceder” que en el “poseer”. El “acceso” a esta gama de oportunidades que ofrece la ciudad no depende sólo de su existencia u oferta, es necesario que dentro del espacio urbano existan los medios que permitan a los pobladores el acceso a la educación, al trabajo, a la cultura o al ocio (Centelles, 2006: 64). De este modo, será necesario un análisis desagregado a nivel intraurbano que permita comprender de qué modo en las ciudades se generan no sólo las oportunidades, sino también las inequidades que dan lugar a las exclusiones. No basta vivir en la ciudad para ser parte de ella, es necesario también tener la posibilidad de acceder a aquellas oportunidades que puede ofrecer. La exclusión en la ciudad se puede entender también como la imposibilidad de acceso a estas oportunidades que ofrece el medio urbano.

Los datos censales permiten caracterizar las condiciones sociodemográficas de cualquier localidad. Sin embargo, en el caso de los centros urbanos medianos o grandes, además de los datos totales, se debe prestar atención a los datos de unidades territoriales menores. Recordemos que los datos estadísticos también resultan de la aglomeración de unidades mínimas, la persona, el hogar o la vivienda. Las sumatorias y los promedios en muchos casos pueden esconder situaciones de inequidad y darnos una imagen falsa de la realidad de un territorio. Por esto es necesario analizar los datos a un nivel de desagregación adecuado y suficiente, de modo que podamos tener una imagen lo más precisa posible de la realidad estudiada. Los niveles de desagregación deben atender siempre en primera instancia la escala y ubicación territorial, en el caso de los centros urbanos, puesto que las diferencias normalmente son territorializadas.

Un elemento fundamental para el análisis de los centros urbanos a partir de los datos estadísticos es el de los procesos de crecimiento urbano que no debe confundirse con la expansión urbana. Los procesos de crecimiento urbano comprenden la expansión, la consolidación y la densificación de las áreas urbanas, que son parte de un único proceso de crecimiento. En términos generales, las zonas en proceso de expansión se caracterizan por ser asentamientos nuevos: no cuentan con documentación de los predios. Los dueños de los lotes no viven en la zona; son lotes baldíos o con construcciones precarias. No se cuenta con ningún tipo de servicio: agua, alcantarillado; en muchos casos no llega la luz, y tampoco las vías de acceso son adecuadas. La organización vecinal está en función al proceso de asentamiento y las necesidades básicas del mismo: apertura de calles, edificación de viviendas, conformación como junta vecinal, etcétera. Las zonas en proceso de consolidación se caracterizan por contar con algunos servicios sean públicos o autogestionados, están en trámite avanzado de consolidación de la propiedad de tierra o en algunos casos ya está concluido. En esta etapa la organización es fuerte, pues trabaja para la consecución de servicios, obras, mejoramiento de la infraestructura urbana, etcétera. Las zonas en proceso de densificación se caracterizan por el crecimiento vertical de las edificaciones y la consecuente densificación demográfica. Normalmente se trata de zonas que cuentan con servicios básicos, vías de comunicación, servicios de educación y salud, mayor presencia de inquilinos, la organización vecinal es débil o inexistente, entre otras características (Antequera, 2007). De este modo, los datos estadísticos deben ser analizados en estrecha relación con la dinámica organizativa de los vecinos, las actividades económicas, las prácticas culturales, etcétera. Esta visión trasciende los estudios basados en límites político administrativos y ofrece una lectura más dinámica de la realidad de las zonas urbanas, integrando el elemento territorial como la base en la que se asientan y sobre la que actúan los procesos sociales.

Debemos señalar, sin embargo, que existe un gran peligro en la elaboración de datos demográficos por OTB. Y es que, al interior de los municipios urbanos, se ha reproducido la lógica perversa de la Ley de Participación Popular, al asignar a este nivel los recursos de coparticipación en base al criterio meramente de cantidad de población. De este modo, las zonas en densificación que tienen mayor número de habitantes, más y mejores servicios, mejores vías de circulación, etcétera, reciben proporcionalmente más recursos. En cambio, las zonas en proceso de expansión, que tienen muchas más necesidades, que carecen de servicios e infraestructura urbana, que carecen de vías de acceso, etcétera, reciben menos recursos. Nuevamente, es necesario cuestionar profundamente esta lógica de la asignación de los recursos y plantear otros criterios de distribución, tales como índices de pobreza, necesidades insatisfechas, carencias en infraestructura y servicios, etcétera. La distribución de los recursos en base a criterios de población es aritméticamente proporcional, pero al mismo tiempo es profundamente inequitativa e injusta.

 

Conclusiones

 

Este artículo parte de la constatación del creciente proceso de urbanización que está viviendo la población de nuestro país. Sin duda, los datos del Censo nos darán una idea cabal y precisa de esta tendencia general y también permitirán caracterizar las particularidades de los centros urbanos, su dimensión y su distribución geográfica.

Pese a que hasta el año 2001 más de dos tercios de la población ya habitaba en zonas urbanas, la gran mayoría de la población urbana se concentra en pocas ciudades, principalmente en tres grandes conurbados y las capitales de departamento. Este fenómeno da cuenta de que la ocupación territorial en nuestro país es cada vez más débil, en el sentido que la concentración poblacional en menos de una docena de ciudades está dando lugar al despoblamiento de extensas zonas de nuestro territorio.

Por otra parte, el análisis regional a partir de los datos censales mostrará el papel que juegan los centros urbanos en el contexto local. Los datos globales llevan a una primera impresión sobre el despoblamiento de las zonas rurales. La concentración poblacional puede dar lugar a dos fenómenos contrapuestos, según cada región: por una parte, el debilitamiento de la ocupación poblacional del área rural y de la dinámica económica y social de la misma o más bien un centro urbano puede constituirse en el eje dinamizador de una región. Será necesario trascender la visión dicotómica a la que puede dar lugar la distinción estadística entre área rural y área urbana, para poner el acento más bien en las relaciones entre lo rural y lo urbano en nuestro país, como una de las características principales de nuestras ciudades.

El tercer nivel de análisis, el de los centros urbanos, dará cuenta del estado de situación de la población que habita los mismos, en comparación con otros centros urbanos y con el área rural. Será necesario, sin embargo, tener en cuenta que existen al menos cuatro tipos de centros urbanos en nuestro país: las grandes conurbaciones, las ciudades capitales, las ciudades intermedias y un número importante de centros urbanos de población reducida.

En el cuarto nivel de análisis, que comprende la dinámica interna de los centros urbanos, será necesario tener en cuenta los niveles de desagregación de los datos censales según los distintos niveles territoriales y las variables etarias y de género. La interpretación de los datos estadísticos necesariamente deberá incorporar los procesos de crecimiento urbano; es decir la dinámica social y cultural que se pone en juego y al mismo tiempo es determinada por el fenómeno de la urbanización y la vida en las ciudades, periferias y conurbados urbanos.

En los cuatro niveles, los datos del Censo deberán constituirse en el instrumento básico y privilegiado para llamar la atención sobre la distribución demográfica de la población y las grandes inequidades entre el área urbana y rural, así como entre las distintas situaciones urbanas. De este modo será imperioso plantear políticas demográficas y urbanas a largo plazo que den lugar a procesos de planificación del crecimiento urbano, de acuerdo a la magnitud y el papel de las distintas concentraciones urbanas.

Asimismo, queda pendiente la tarea de replantear seriamente la lógica perversa de la redistribución de los recursos de coparticipación tributaria heredada de la Ley de Participación Popular, pues no sólo desfavorece a las localidades menos pobladas, sino que inviabiliza su posible desarrollo, alentando la desertificación social de grandes zonas geográficas de nuestro país. Lo mismo vale para el tema de la distribución de escaños de representantes a la Asamblea Legislativa.

Pese al peso demográfico y a la relevancia política y económica que han adquirido en los últimos años las ciudades en nuestro país, a tal punto que demográficamente podemos considerarnos un país urbano, no se han desarrollado lo suficiente los estudios de la problemática urbana en Bolivia y mucho menos se cuenta con políticas públicas que atiendan de manera adecuada este fenómeno. Los datos del Censo 2012 no sólo nos ayudarán a “medir y pesar” (como dice la publicidad del INE) la importancia de los centros urbanos y de la población urbana en nuestro país, sino que esperemos puedan ser una llamada de atención sobre este tema para la academia, las universidades y para quienes son responsables de la planificación de las políticas públicas, de modo que se pueda reconocer y enfrentar esta relativamente nueva configuración social de Bolivia en su justa dimensión.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografía

Antequera, Nelson 2007 Territorios urbanos. Diversidad cultural, dinámica socio económica y procesos de crecimiento urbano en la zona sur de Cochabamba. La Paz: Plural y CEDIB.

Aranda Montesinos, Verónica 2011 “La continuidad urbano rural y el uso de suelo urbano”. En: Antequera, Nelson y Cielo, Cristina (eds.). Ciudad sin fronteras. Multilocalidad urbano rural en Bolivia. La Paz: RITU, PIEB.

Centelles i Portella, Joseph 2006 El buen gobierno de la ciudad. Estrategias urbanas y política relacional. La Paz: Plural.

Cielo, Cristina y Vásquez, Francisco 2011 “Introducción: Sobre la multi localidad de lo urbano en Bolivia”. En: Antequera, Nelson y Cielo, Cristina (eds.). Ciudad sin fronteras. Multilocalidad urbano rural en Bolivia. La Paz: RITU, PIEB.

INE 2004 Resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda 2001, en: www.ine.gob.bo.

Nuñez-Villalba, Javier 2011 “La localización de las ciudades de Bolivia y el crecimiento acelerado de la aglomeración urbana paceña”. En: Antequera, Nelson y Cielo, Cristina (eds.). Ciudad sin fronteras. Multilocalidad urbano rural en Bolivia.     La Paz: RITU, PIEB.

Página Siete 2012 “INE proyecta baja de ingresos de cinco ciudades capitales”, edición del 24 de octubre de 2012.

Prado Salmón, Fernando 2008 “El descuidado tema urbano en la Bolivia de hoy”. En: T’inkazos. Revista de estudios sociales, Nº 25 del PIEB, noviembre de 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Marco Tóxico. Dulce animal 2. Dibujo digital, 2011.