El dato y sus implicaciones para el sector agropecuario y la población rural en Bolivia1

 

Statistical data and their implications for the farming sector and the rural population in Bolivia

 

Oscar Bazoberry Chali2

 

Fecha de recepción: septiembre de 2012

T’inkazos, número 32, 2012, pp. 61-73, ISSN 1990-7451                                                                                Fecha de aprobación: octubre de 2012

Versión final: noviembre de 2012

 

 

 

Una oportunidad histórica es la que tiene Bolivia, según el autor, para la reactivación de un sistema de información que observe con mayor detenimiento y sistematicidad las estadísticas agropecuarias y forestales de cara a promover un desarrollo rural efectivo de base campesina indígena. Esta oportunidad, relacionada a la ejecución del Censo de Población y Vivienda y el próximo Censo Agropecuario, viene ligada a importantes retos, como la generación e interpretación de datos con cualidad plurinacional y pluriterritorial.

 

Palabras clave: censos agropecuarios / sistemas de información / datos estadísticos / análisis de la información / población rural / asentamientos humanos / distribución del ingreso

 

The author argues that Bolivia now has a historic opportunity to reactivate an information system that examines farming and forestry statistics more carefully and systematically, in order to promote effective rural development which focuses on the country’s rural and indigenous population. This opportunity, offered by the imminent Population and Housing Census and the forthcoming Farming Census, also brings significant challenges, such as how to generate and interpret good plurinational and pluriterritorial data.

 

Keywords: farming censuses / information systems / statistical data / information analysis / rural population / human settlements / income distribution

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para muchos profesionales, activistas y dirigentes cuyas actividades tienen que ver principalmente con el desarrollo rural, los censos han generado grandes expectativas. Sin embargo, no es exagerado decir que, en el caso de Bolivia, así como en el de algunos países vecinos, las bases de datos nacionales y periódicas no son precisamente un patrimonio de la generación a la que pertenezco ni de algunas anteriores, y, sospecho -ojalá me equivoque- tampoco lo será para las venideras.

Bolivia se apresta a contar con los datos de un nuevo Censo de Población y Vivienda después de 10 años, y asistimos a una nueva postergación del Censo Agropecuario; el último se realizó en 1984, y no llegó a cubrir todo el territorio nacional. Los datos generados en esa oportunidad no son útiles ahora si tomamos en cuenta los cambios ocurridos en el país desde aquel año.

El documento estadístico oficial más reciente sobre información agropecuaria es la Encuesta Nacional Agropecuaria de 2008 (INE, 2009), y ciertamente la información que presenta muestra la escasa capacidad técnica que dispone el país para este tipo de ejercicios, dificultad entendida en gran medida por la ausencia de una línea base como la provista por una línea censal que permita una adecuada aplicación de metodologías de muestreo.

A las dificultades técnicas, debemos sumar otra situación: a pesar de los avances en las declaraciones en la legislación, todavía existe una ausencia de agilidad en el aparato estatal para hacerse cargo de manera sistemática y adecuada de la implementación de los sistemas de información. Como en otras áreas del desarrollo, nos da la impresión que aún no se supera la relación entre financiamiento externo y la puesta en marcha de procesos que nos interesan como país.

En este camino, y a la par de superar la barrera técnica y la barrera financiera/política, es necesario recuperar la confianza de la población, especialmente campesina e indígena, que muchas veces es considerada origen de los datos, más que usuaria y beneficiaria de los mismos. Históricamente la población rural en Bolivia, y con mucha razón si pensamos en tributos y expoliaciones, ha reaccionado con desconfianza en los procesos de levantamiento de información, a tal grado que han optado por dar información incompleta en unos casos, y en otros, directamente por no participar, especialmente cuando se trata de compartir información que hace a sus actividades y posibilidades económicas. Hay que agregar que la historia reciente de los países vecinos, especialmente Paraguay y Argentina, nos muestra que también el sector empresarial ha saboteado la información predial3, por tanto es un tema muy actual, y no exclusivo de un solo sector.

Ante nuestro sombrío panorama estadístico, resulta necesario enfrentar la construcción de los sistemas de información como una tarea de mediano plazo, en la que los debates superen el simple hecho de llenar fichas y aplicar métodos de conteo. El Estado, por su parte, debe fortalecer sus capacidades técnicas y recuperar la confianza de la población con un grado importante de apertura para atender las preocupaciones e inferencias que cada grupo social quiere mostrar de sí mismo, colocando junto con los datos de interés general, las particularidades y la diversidad singular del mundo rural.

 

Dato agrario y rural: interpretación y uso

 

Lamentablemente el siglo XX nos ha dejado la idea de que lo rural y lo agrario irían perdiendo importancia en el tiempo, es más, ese era un indicador de modernidad. Lo rural era sinónimo de retraso, de pobreza, de falta de educación. Cada día existiría menos gente y productores en el campo. La información, finalmente, era útil para constatar esta tendencia de la humanidad, servía a lo sumo para calcular el ritmo en que ocurría ese proceso de desruralización.

En lo que va del siglo XXI existen avances y acontecimientos que obligan a introducir otros criterios, para observar con mayor detenimiento las causas y las consecuencias del abandono del campo. Esto se puede comprender mejor a través de dos ejemplos: el reconocimiento de los derechos indígenas y la recurrente amenaza de crisis alimentaria mundial.

En el primer caso, los avances logrados en el reconocimiento de los derechos territoriales indígenas han impulsado la formalización de los derechos sobre tierras y territorios en distintos lugares de nuestro continente, lo que también ocurrió en Bolivia, con la diferencia que se avanzó en derechos administrativos y jurídicos. El concepto de nación, las posibilidades de avanzar hacia formas autonómicas y las oportunidades de participación política, necesariamente muestran una nueva faceta de lo rural, aunque ciertamente los derechos indígenas no son exclusivos de este ámbito, pero, por el momento, es donde se expresan más consistentemente.

En el segundo caso, la amenaza global del desabastecimiento de alimentos desencadenada en el año 2008, ha generado una nueva dimensión sobre la preocupación del despoblamiento del campo y las consecuencias que tiene para los sistemas de producción y abastecimiento de alimentos. Esto ha desnudado el poder de las grandes corporaciones y la debilidad de los estados.

El despoblamiento del campo pasó de ser un indicador de modernidad, a llamar la atención de los especialistas y los poderes públicos en la medida que en nuestro primer ejemplo mostraba la voluntad de los estados de responder a las demandas de los pueblos indígenas, por más minoritarios que fueran éstos; y en el segundo, mostraba la amenaza de los nuevos fenómenos de acumulación de tierras, ampliación del monocultivo, la disminución de la diversificación de la producción y los sistemas locales de abastecimiento.

En el primer contexto se ubica la Ley de Reconducción de la Reforma Agraria del 28 de noviembre de 20064, cuya preocupación central fue la de agilizar la titulación de las tierras de las comunidades y establecer procedimientos más rígidos para la verificación del cumplimiento de la función económica y social, incluidos criterios ambientales.

En el segundo contexto, el de preocupación del Estado por la seguridad, y en la fórmula boliviana con soberanía alimentaria, es que el gobierno establece un nuevo marco institucional para atender la necesidad de información. La Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria del 26 de junio de 2011, es precisa en asignar al Instituto Nacional de Estadística (INE) la responsabilidad de implementar una unidad especializada para la generación de información agropecuaria con el objetivo de disponer de información complementaria a la habitual, con una periodicidad no mayor a tres años. Al mismo tiempo crea el Observatorio Agroambiental y Productivo como instancia técnica de monitoreo de la gestión de la información agropecuaria y manda a que trabaje en coordinación con el INE. Su tarea principal es dar información sobre el estado de la seguridad y soberanía alimentaria y alertar sobre problemas que puedan influir en el normal abastecimiento de alimentos a la población5.

Como podemos ver, conceptos, instituciones, derechos, de alguna manera van de la mano, lo que cabría esperar es que estos cambios muestren también una nueva realidad estadística. No solo es importante contar con el dato, con la posibilidad de desagregarlo, de compararlo, de proyectarlo, sino que es también imprescindible entrar al campo de la interpretación; este es uno de los aspectos descuidados en la promoción de los procesos de recolección de información, en los procesos de comunicación de resultados y en la oferta al público de las bases de datos.

Es necesario tener presente que, por lo general, detrás de los datos de estadística poblacional, de un dato cuantitativo, sea en categorías sociales, económicas, étnicas, idiomáticas, educativas, vivienda o lo que fuera, existe una definición y una consecuencia cualitativa.

No sería exagerado anotar que desde la percepción de la población rural y las organizaciones campesinas e indígenas, el uso que se hace de los datos no les es necesariamente favorable, por lo que no existe una demanda de la sociedad civil a la realización de censos y la continuidad de otros sistemas de información. Esta es una limitante al proceso. Cambiar y ampliar los sentidos de interpretación, podría modificar el ánimo de participación de la población.

Desde la academia tampoco sería exagerado decir que existe una descompensación entre la aplicación de los métodos cualitativos y los cuantitativos; la ausencia de datos duros, como suelen ser llamados, no permite realizar ejercicios de explicación, verificación y discusión entre éstos y las observaciones y criterios de la población y de los propios investigadores.

Los sistemas de planificación pública presentan problemas similares. En algunos casos los gobiernos municipales han logrado contar con una base de información propia incorporada en la etapa de diagnóstico para la elaboración de sus planes de desarrollo, aunque la mayoría de las veces los resultados no corresponden con las necesidades de información para un sistema complejo, pero, al menos, permite datos de conteo simple para describir algunas de las características del territorio y la población.

Para complicar aún más el panorama, hay que decir que en el área rural las estadísticas y las proyecciones electorales gozan de muy poco crédito, dadas sus sistemáticas desviaciones con los resultados oficiales, lo que, desde mi punto de vista, repercute en la desconfianza que la población muestra en el conjunto de datos estadísticos de los que se dispone. Incluso, en un campo completamente distinto, donde podríamos disponer de más certezas, como es el caso de las estadísticas climatológicas cuyo dato más básico es el de precipitación y que será tan importante para la implementación del seguro agropecuario, en ausencia de precisiones locales nos permitimos recurrir a un conjunto de percepciones subjetivas, muchas de ellas contradictorias para un mismo espacio y tiempo, que terminan descalificando, o al menos pretendiendo sustituir, a la necesidad de establecer definitivamente de sistemas gestionados y validados localmente.

Considero que el Censo de Población y Vivienda, así como el postergado Censo Agropecuario, son, en el primer caso, un buen principio de continuidad, y, en segundo, un buen arranque para un proceso sistemático que se beneficie de otras técnicas menos costosas de actualización y ajuste de la información obtenida.

 

Censo de población y vivienda

 

Respecto al Censo de Población y Vivienda, quizá el dato más importante para los que trabajamos en desarrollo rural, será precisamente el dato de la población rural en su definición clásica6. Hay que recordar que el Censo 2001, como podemos ver en los datos del siguiente gráfico, mostró una pequeña recuperación estadística de la población considerada rural, lo que llevó al menos a dos interpretaciones: unos que afirmamos que responde a la importancia del proceso de titulación de tierras y descentralización del Estado; y otros que afirmaron que es una distorsión ocasionada por la presión que pusieron las autoridades indígenas, originarias y campesinas para que sus afiliados se censen en sus comunidades.

Sea cual fuere la interpretación correcta, en los últimos 50 años hemos asistido a un crecimiento sostenido de la población rural. Si consideramos que en el año 1950 se reportaron 1.995.597 de personas en condiciones de población rural, y en el año 2001 se reportaron 3.109.095, eso significa un crecimiento de más de un millón de personas.

Desde nuestro punto de vista, ante tal evidencia, hay que recuperar al menos dos afirmaciones: la primera es que en términos absolutos la población rural en Bolivia se ha incrementado en los últimos cincuenta años; y que pudiendo ser válidas las dos interpretaciones sobre el leve crecimiento del año 2001, es evidente que las políticas públicas generan consecuencias en los patrones de asentamiento de la población, por lo que el criterio naturalista modernista debería ser revisado.

En el caso de la población rural, los resultados en términos absolutos repercuten también en las características de la Población Económicamente Activa a nivel nacional, uno de los principales criterios de la actividad agropecuaria en la estructura económica de Bolivia, así como de la descompresión del desempleo en cada uno de los departamentos y municipios.

Aceptando la división urbano-rural, el Censo de Población y Vivienda nos mostrará la nueva configuración de asentamientos denominados intermedios. Los múltiples centros urbanos en los que se configura el país, constituyen para la pequeña producción una oportunidad de mercado que hay que tomar en cuenta;

 

 

consumidores accesibles para los sistemas locales, el establecimiento de nuevas ferias, e incluso se podrá apreciar la dimensión que adquieren las  compras públicas.

Sin embargo, no hay que perder de vista que el comercio y las oportunidades económicas siempre tienen múltiples sentidos, así la población rural es también un mercado importante para el establecimiento y los sistemas de abastecimiento industriales, sea desde insumos productivos como bienes de consumo doméstico, también mercados institucionales y públicos como el desayuno escolar, las consultorías, la infraestructura, el crédito, los sistemas de comunicación, entre otros.

Relacionado al consumo, y diremos a la inversión, además de la importancia local de las economías domésticas y empresariales, la distribución de recursos públicos que se calcula en base a la población y sus características socioeconómicas, es el resultado más esperado por quienes ganarán participación relativa y más temido por quienes saldrán perdiendo. Este mecanismo ha sido calificado muchas veces de perverso e ineficiente para la ejecución de grandes obras, pero altamente eficaz y movilizador, y hasta el momento el más democrático en términos de participación de la población en la planificación de proyectos, especialmente municipales.

La disputa por la distribución de recursos en base a la población se ha convertido en el principal incentivo para la movilización en torno al Censo. También se ha podido observar que algunos funcionarios han recurrido a este mecanismo como medio de presión para desatender las amenazas de la población sobre su abstención en la participación en el Censo. Amenazas que se acrecentaron en la medida que persisten los problemas de indefinición de límites entre municipios7 y la discusión -muchas veces conflicto incluso familiar- sobre dónde deberían hacerse censar las personas, lo que demuestra una vez más la importancia de ir resolviendo el tema de la doble y muchas veces triple residencia8.

Relacionado a la doble y triple residencia, aunque no con el grado de complejidad que esta realidad nos plantea y la dificultad de procesarla en términos de recolección y análisis de datos, el Censo nos mostrará algunas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco Tóxico. Barroquín en el país de las mierdas infernales. Dibujo digital, 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nuevas características de la población que se han producido como efecto de la movilidad humana, la condición migratoria, los nuevos asentamientos humanos, las nuevas comunidades rurales, sus características étnicas y su entramado cultural.

El entramado cultural, junto con la condición migratoria, nos puede dar indicaciones importantes sobre el conocimiento de la ecología local, los conocimientos medioambientales y el tipo de asistencia técnica que sería necesaria y deseable en cada situación concreta. No hay que olvidar que la migración normalmente ocurre en territorios ecológicamente distintos a los de origen del migrante, lo que supone un proceso de aprendizaje que normalmente no ha sido acompañado adecuada y sistemáticamente por el Estado y por las organizaciones privadas.

Si bien será importante la reconfiguración étnica y poblacional de las zonas rurales que atraen población, también es importante poner atención en el dato de las poblaciones rurales que pueden mostrar mayor crecimiento y estabilidad en zonas en las que la agricultura no presenta mayor crecimiento y ha dejado de ser la actividad principal de las familias, fenómeno que viene ocurriendo con mayor intensidad en algunas comunidades en el altiplano y los valles. Será muy interesante observar las características de la población que se encuentra en frontera y su área de influencia, así como aquella que vive próxima a actividades mineras. En ambos casos, no hay duda que existe un movimiento económico muy importante, pero se abre un signo de interrogación sobre el impacto para garantizar condiciones de habitabilidad y estabilidad laboral para la población involucrada, aunque es cierto también que en ocasiones se ha observado que los ingresos no agrícolas son invertidos en mejorar las condiciones de la infraestructura productiva, por lo que también sería posible encontrar una relación virtuosa favorable al desarrollo rural.

Otro aspecto al que se le presta poca atención, pero que en el área rural es altamente indicativo sobre la necesidad de realizar estudios más profundos y localizados, es el índice de masculinidad, que visibiliza posibles desequilibrios por inmigración reciente, condición de crecimiento o emigración de jóvenes normalmente de un solo sexo, y por tanto condiciones de decrecimiento. En los casos en los que muestra desviaciones, y ocurre en muchas regiones, se puede promover trabajos focalizados, con preguntas de investigación más precisas e hipótesis que nos permitan explicar qué situaciones están expresando las diferentes configuraciones por sexo en las zonas rurales. Este dato es muy fácil de obtener en el Censo de Población, y sin embargo es muy poco utilizado.

En el caso de Bolivia, como en toda la región, al influjo de la descentralización, de los procesos autonómicos, las características de la población -sea sexo, identidad, actividad económica y muchas otras- han adquirido una importancia fundamental en las contiendas electorales. Aunque como hemos podido apreciar en lo que va de la etapa democrática en Bolivia, no existe una correspondencia automática entre las características demográficas de la población y su desempeño electoral, en el área rural la movilización electoral de los intereses y las afinidades culturales ha mostrado resultados destacables en la democratización de la política y la función pública, lo que es digno de destacar, y en esto los resultados del Censo pueden ser también altamente significativos.

 

Censo agropecuario y forestal

 

Sobre el tan esperado Censo Agropecuario habrá que tomar en cuenta que si en el caso de Población y Vivienda han surgido discusiones respecto a la pertinencia de algunas preguntas, y la interpretación de los resultados de otras, en el campo agropecuario se espera un debate mayor, por lo que si las sucesivas postergaciones significan una mejor preparación, entonces habrán valido la pena.

La gran pregunta en este caso es si los censos agropecuarios que se vienen realizando en la región responden a los cambios que han ocurrido en el mundo rural en las últimas décadas, principalmente aquellos referidos a la multifuncionalidad de las fincas, a la escalada de valor y empleo que generan los productos del campo, sea en el área rural o en las ciudades, y que no son contabilizados en el rubro agropecuario o forestal. Más aún, si cubren el conjunto del espectro de la diversificación de las actividades económicas, ambientales, sociales y culturales que se generan en el área rural: el cultivo y el cuidado de plantas medicinales, el aprovechamiento de productos no maderables del bosque, el aprovechamiento de la madera, los cultivos forestales y agroforestales, entre otros.

¿O es que pedimos mucho a un censo agropecuario? Si fuera así, entonces hay que aclarar que se trata de información parcial de la vida del campo y por tanto los análisis y programas que se puedan extraer de sus resultados serán también parciales. En este sentido, el Censo Agropecuario no sería equivalente a lo rural. Ahí la importancia de la combinación de los diversas fuentes de datos de las que podemos disponer.

Mencionada esta salvedad, nos concentramos, entonces, en el predio del agricultor, unidad censal básica de este tipo de contabilidad. Dada la ausencia de antecedentes actuales en Bolivia, buena parte de nuestro criterio se origina en la mirada de lo que viene ocurriendo en la región9.

Es evidente que uno de los principales datos que nos arroja el censo agropecuario es el número de unidades (en unos países se las llama explotaciones agrarias, en otros fincas, parcela, chacra, chaco), las superficies que se cultivan, el tipo de cultivos, los mercados de insumos y los productos, la vinculación al sistema financiero, el grado de dependencia del sistema crediticio, el acceso a servicios, asistencia técnica, entre otros.

Sin embargo, para poder analizar y discriminar la información, sea por tipo o por tamaño de productor, es necesario, y esta es la parte más crítica de las experiencias de algunos de los países vecinos, disponer de una base conceptual que permita caracterizar a los productores según un conjunto de variables que de ninguna manera son evidentes.

Cabe recordar que en el caso de Bolivia, la Constitución Política del año 2009 manda que se establezca un nuevo sistema de clasificación de la propiedad agraria10, que en definitiva podría dar la pauta principal para poder clasificar y derivar en un conjunto de análisis de la información del Censo, lo que a su vez es imprescindible para promover políticas públicas adecuadas a cada situación particular. También cabe recordar que sobre la reclasificación de la propiedad agraria no existen avances sustanciales, aunque se han realizado estudios y amplios debates, dentro y fuera del ámbito público.

Si asumimos que la clasificación, normalmente, aunque existen propuestas alternativas, tiende a regionalizar la tipificación de los sujetos de acuerdo al entorno natural, entonces la tarea es mucho más compleja. Tomando en cuenta las implicaciones constitucionales de cada tipo de propiedad, el asunto de la caracterización deriva en argumentos más políticos que técnicos.

Dada esta dificultad, bien podríamos considerar que el Censo Agropecuario, más que una herramienta puramente cuantitativa, nos permitiría profundizar las propiedades cualitativas de los conceptos y las categorías sobre los tipos de productores, en las diferentes posibilidades de clasificación que existe, incluidas las del origen étnico. Desde este enfoque, no es imprescindible partir de un sistema de clasificación -esa puede ser una tarea que se favorezca de los datos- pero para que esto ocurra las implicaciones sobre el tipo de procesamiento, soporte y acceso público de las bases de información son radicalmente distintos. Particularmente sostengo que ese debe ser el enfoque del Censo que se viene anunciando.

Pensando en la vocación forestal de gran parte del país, podría ser recomendable que, como se hizo en otros países de la región, se explicite que se trata de un censo agropecuario y forestal, aunque no dudamos que van a introducir los recaudos necesarios para obtener información sobre las distintas actividades y recursos forestales, sean maderables o no maderables, incluida la caza y la pesca; aclarar esta opción ayudaría mucho para las propias definiciones de los sujetos del campo.

Aunque normalmente los censos ya profundizan en el destino de la producción, la recolección e incluso la protección de los recursos, a la hora de la contabilidad general prevalecen los cultivos comerciales de mayor volumen, y, como sabemos, éstos tienden a ser los que se establecen en sistemas de monocultivo y muchas veces los que corresponden con demandas industriales. Por lo que la información va perdiendo los sistemas de pluricultivo, los multiestratos, los agroforestales, los agrosilvopastoriles y otros que son la base de las alternativas agroecológicas.

A todo esto habrá que agregar que en el caso de Bolivia la variable organizativa y territorial de los sistemas comunitarios, sean comunidades indígenas, campesinas y multiétnicas, así como territorios indígenas originarios campesinos, agregan una característica especial a la información a nivel de predio y de cada familia11. Sin embargo, no basta con obtener información con posibilidades de diferenciación entre los sistemas colectivos de tenencia y los privados, sean individuales, asociados, empresariales; también es importante la agregación y el cotejo, por lo que es ineludible disponer de datos comparables, a pesar de las dificultades que esto pueda suponer, incluido temas como la titularidad de las mujeres, las tierras en descanso, las áreas de aprovechamiento colectivo, las fuentes de agua, entre otros.

Por otro lado, dada la importancia que van adquiriendo las iniciativas asociativas de productores en pequeña escala, es necesario precisar las características de las asociaciones de productores para ayudar a conocer las bases sobre las que se asienta la Ley 144 y las políticas públicas como las compras estatales de alimentos, el desayuno escolar, las empresas públicas relacionadas al acopio y transformación de alimentos, entre otras.

 

Qué esperar en términos de resultados

 

Por lo general, de la administración sistemática de datos esperaríamos una ayuda para observar si existen algunos cambios en las tendencias ya conocidas, o si las políticas públicas, el mercado y otras influencias externas, planificadas o no, han tenido un impacto en lo que habría ocurrido en un contexto similar en un período anterior. Como dijimos, este no es el caso, ya que tenemos escasas bases para comparar períodos concretos y por tanto conclusiones de esta naturaleza serían insulsas.

Así que lo que podemos esperar razonablemente en el caso de Bolivia es tener un mejor diagnóstico, una mejor radiografía de lo que es hoy el mundo rural y, especialmente, las características de las sociedades que viven, en diversa medida, vinculadas a la actividad agrícola, pecuaria y forestal.

En esta imagen, fotografía, esperamos que se pueda apreciar nítidamente la nueva distribución de la población en el área rural, y que ese nuevo patrón de asentamientos corresponda con el proceso de titulación y distribución de tierras, especialmente en las TCO del Chaco y la Amazonía, así como con la titulación de comunidades en el departamento de Pando, por ejemplo.

Existe la expectativa que entre estas reconfiguraciones poblacionales se puedan aclarar situaciones como las del polígono siete del TIPNIS que además de ser representativas del crecimiento de algunos municipios productores de hoja de coca, tendrán consecuencias en las definiciones políticas del departamento del Beni y en la vida de los municipios como San Ignacio de Moxos; además de los efectos para el territorio indígena y parque nacional.

Es de esperar que dispongamos de una nueva configuración de los sistemas agrarios, especialmente en casos tan notorios como el crecimiento de la franja lechera del altiplano boliviano en los últimos veinte años, o la progresiva importancia del oriente del país en el cultivo de la papa. También es de esperar la confirmación de un débil crecimiento de la superficie bajo riego, y, en consecuencia, pocos avances en el cultivo de frutales y otros de característica multianual.

Confiamos en contar con mejor información y evidencias sobre la importancia de los cultivos agroforestales, especialmente en la Amazonía; que se contabilicen avances en los sistemas agrosilvopastoriles y de diferimiento en el sistema ganadero del Chaco. Que se pueda reflejar el enorme esfuerzo de los productores que han establecido cultivos que se comercializan con certificación orgánica; así como la importancia del cultivo de la quinua en el Altiplano y el crecimiento del sector de criadores de peces en tierras bajas.

Sobre los rubros agroindustriales, es necesario consolidar la información que sistemáticamente ofrecen los gremios empresariales y sobre los que se asientan, en gran medida, las políticas de abastecimiento y precios del Estado Plurinacional de Bolivia.

Una esperanza es que en el corto plazo se ajusten los datos históricos que se manejan en las bases como las de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) para países que, como el nuestro, no tienen una contabilidad sistemática, y por tanto dan una idea de progresión que no corresponde a la realidad (Bazoberry y Salazar, 2009).

 

Alerta sobre el abuso del dato

 

Como se dijo, lo más probable e inevitable es que se entre a un proceso de recolección de información sin disponer de un marco conceptual y analítico mínimamente aceptado por la academia, por los funcionarios públicos, los políticos, los dirigentes del conjunto de sectores y los activistas.

Existe el riesgo de abusar del dato cuantitativo, de recurrir a sus expresiones aritméticas básicas para justificar criterios de mayoría numérica que no necesariamente son adecuados en todos los casos. La simplificación sesgada ya se está manifestando y es necesario enfrentar estos temas de manera permanente, en vez de dejarlos pasar y luego tener que observar consecuencias no deseables.

El más recurrente uso aritmético es el de la comprensión limitada del fenómeno del minifundio (Bazoberry, 2011), en el sentido que no todo fenómeno de minifundización corresponde con un problema para el empleo y la sostenibilidad económica de las familias. Existen muchos casos en los que la pequeñísima propiedad es conservada por cuestiones culturales, prestigio e incluso esparcimiento, y si bien todavía mantiene una función productiva, en la mayoría de los casos no tiene fines comerciales; sencillamente la familia se abastece de algunos alimentos y a través del cultivo de la tierra reproduce una relación con su lugar de origen, con su colectividad más cercana y con su sistema de organización comunitaria.

Caso complemente diferente es el minifundio funcional que termina proveyendo de mano de obra barata, sea en explotaciones rurales o en las ciudades, y en donde la producción familiar subsidia el salario bajo, al igual que la provisión de servicios públicos y otros que se pueden considerar subsidios indirectos de las propias familias y del Estado en beneficio de los empleadores.

Otra alerta que vale la pena discutir abiertamente, es la intensión de algunos dirigentes agrarios y funcionarios públicos de realizar observaciones y modificaciones al proceso de “reconducción comunitaria de la reforma agraria” especialmente en lo referido a los territorios indígenas del Oriente, Chaco y Amazonia, arguyendo una distribución inequitativa entre población “indígena originaria campesina”, desconociendo el criterio de restitución de derechos y las variantes culturales que han sido fundamentales para el ascenso de los nuevos actores políticos.

Es de esperarse, también, que se mantenga la práctica de comparar en términos de productividad, diferentes sistemas de producción, sino contrapuestos, basados casi exclusivamente en la variable de rendimientos. En la práctica, todavía existen dificultades para sostener la reivindicación de un modelo alternativo a la agroindustria, que se caracteriza por la creciente inversión, que aterrice en indicadores que no necesariamente induzcan al crecimiento. Nos limitamos a advertir sobre la necesidad de prestar más atención a este criterio productivista, y en lo posible desafiar indicadores más complejos que incluyan la sostenibilidad y el beneficio para las familias que viven en el campo.

Desde una perspectiva más interna a las organizaciones del campo y política en términos de alianzas y confrontación, existen dirigentes que en sus discursos subvaloran a los grupos minoritarios e incluso a la importancia de la población local en comparación a las masas nacionales, en especial cuando se trata de atender o comprender demandas de redistribución de beneficios que se originan en los territorios aledaños a dichas poblaciones, desconociendo que son ellas también las que se llevan gran parte de los problemas que se ocasionan.

 

Datos con identidad plurinacional y pluriterritorial

 

Con la mirada puesta en este gran desafío, nuestra conclusión reafirma la necesidad de esperar con gran entusiasmo la reactivación de un sistema de información que observe con mayor detenimiento y sistematicidad las estadísticas agropecuarias y forestales, sistema que tendrá como una fuente principal el anunciado Censo Agropecuario.

Sin embargo, advertimos que para que el sistema de información, incluido lo que se vaya a recolectar en un conteo completo de la población rural, se adapte al mandato constitucional y a las necesidades de los nuevos tiempos que se disputan en el mundo, es necesario hacer un esfuerzo para introducir y adaptar conceptos, categorías, variables e indicadores que repercutan en la utilidad y pertinencia de los resultados que se puedan obtener.

En términos de pertinencia, no cabe duda que se trata de disponer de información adecuada a las nuevas políticas públicas prevalecientes en los países de la región, especialmente en Bolivia, introducir criterios y variables de seguridad y soberanía alimentaria, así como una visión más amplia del uso productivo del bosque y los recursos naturales. Introducir también variables para identificar sistemas agroforestales e iniciativas de diversificación y uso de recursos naturales, entre otros.

Un sistema de información con identidad plurinacional, requiere introducir y consolidar el concepto y la práctica de la pruriactividad, la diversidad productiva como una ventaja, la disminución de insumos como una virtud, el multiestrato como una estrategia económica y ambiental; establecer la doble residencia como una realidad que nos obliga a mutar las fronteras entre el campo y la ciudad, así como a asumir distintas interpretaciones para fenómenos que en apariencia son similares.

La pluriterritorialidad intenta introducir un criterio más ecológico, aunque hay ciertos fenómenos que son comunes, en términos de sostenibilidad de sistemas productivos; la concurrencia entre la cultura y el ambiente no es un dato evidente. La importante movilidad social en el país requiere de una intervención pública más activa, y a nuestro entender más desconcentrada, lo que reafirma las competencias concurrentes entre los distintos niveles de gobierno.

Estamos convencidos que muchos de los ejercicios de interpretación y re-conceptualización se tendrán que dar en la etapa posterior a la obtención de la información, por lo que reiteramos que es fundamental que se garantice el acceso a las bases de datos, de manera que un grupo mayor de académicos, gremios, dirigentes y activistas puedan realizar y proponer políticas sustentadas en base a un núcleo de información común.

Está en juego la posibilidad de poner en marcha la institucionalidad prevista por la Ley 144, asignar responsabilidades a los distintos niveles de gobierno de manera que puedan implementar sistemas complementarios a nivel local y departamental, e invitar de manera permanente a las organizaciones sociales, gremios y productores particulares a tomar una actitud colaborativa en el diseño, levantamiento de información, análisis y difusión de los resultados.

Desechar la idea de que solamente bajo criterios de pobreza llegará la inversión a las comunidades campesinas e indígenas, sino que también existen mecanismos de compensación y colaboración para las múltiples iniciativas económicas, sociales y ambientales, que valorizan a las personas, familias y productores como colectivos que optaron por la actividad agropecuaria, forestal y rural, podría ayudar a crear un clima adecuado para una participación cualitativamente diferente entre los que proveen la información y los que la usan.

 

 

 

 

 

 

 

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