ARTÍCULOS

 

El ‘proceso de cambio’ en Bolivia:
un balance de ocho años

 

The ‘process of change’ in Bolivia:an assessment of the first eight years

 

 

Clayton M. Cunha Filh¹

Fecha de recepción: octubre de 2013
Fecha de aprobación: marzo de 2014
Versión final: mayo de 2015

 

 

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Tras ocho años, el gobierno de Evo Morales y el MAS presentan importantes conquistas, pero también grietas en su heterogénea base social y desafíos en la transformación de la matriz productiva nacional más allá de la producción y exportación de commodities. El presente trabajo busca hacer un balance del llamado “proceso de cambio” y analizar sus desafíos y perspectivas.

Palabras clave: sistema político boliviano / Movimiento al Socialismo / partidos políticos / cambio social / proceso de cambio / diversificación de la producción

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Eight years on, the government of Evo Morales and the MAS has accomplished major achievements, but cracks have also emerged in its diverse support base and there are challenges with regard to transforming the structure of the country’s economy to take it beyond the production and export of commodities. This article offers an assessment of the so-called “process of change” and analyses its challenges and future prospects.

Key words: Bolivian political system / Movement for Socialism / political parties / social change / process of change / diversification of production

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Introducción

La importancia histórica de la elección de Evo Morales en 2005 puede ser resaltada desde diversas perspectivas: como el primer indígena elegido a la presidencia de su país, como el primer candidato elegido directamente en las urnas sin necesidad de una segunda vuelta congresal desde el retorno a la democracia en 1982², como resultado más o menos directo del gran ciclo de protestas y movilización social del quinquenio 2000-2005. Lo que queda claro es que su elección fue sin duda un momento constitutivo de la política boliviana al cual uno puede oponerse o sumarse, pero no evadirlo. La figura de Evo Morales y el legado de su gobierno, por lo bueno o por lo malo, serán seguramente y por mucho tiempo referencia para cualquiera que busque analizar y comprender la política de Bolivia.
Hoy, Morales y el Movimiento al Socialismo (MAS) hegemonizan la política boliviana, tanto por constituirse en la fuerza política dominante y no tener adversario capaz de enfrentarle efectivamente, cuanto por poseer, en el sentido gramsciano más amplio (Gruppi, 2000), además del dominio político institucional, la capacidad de presentarse dirigiendo los intereses generales de la sociedad y establecer los términos de la agenda política en disputa, lo que contrasta fuertemente con el principio turbulento de su gobierno, en 2006.
Pero, ¿qué es lo que explica esta situación?, ¿cómo pudo Evo Morales superar la crónica inestabilidad política boliviana y establecerse como su figura central?, ¿qué ha logrado su gobierno y cuáles son sus perspectivas? El objetivo de este trabajo es intentar responder a estas preguntas. Para ello, empiezo con una breve descripción de la inestabilidad inicial del gobierno y cómo Morales y el MAS pudieron superarla. Luego, trato los conflictos al interior del bloque histórico gubernamental tras la virtual eliminación de la oposición a partir de 2009; y en seguida analizo las razones del éxito del gobierno de Morales, quien goza de extrema popularidad tras casi ocho años de gobierno, y la incapacidad de la crítica opositora de encontrar eco en la población. Por último, abordo las perspectivas futuras del “proceso de cambio” a partir del escenario electoral que se avecina y sus implicaciones para oficialistas y opositores.

Del ‘empate catastrófico’ a la hegemonía política del MAS

La primera elección de Evo Morales es en parte el resultado de los grandes desajustes en el sistema político boliviano que entre 2000 y 2005 prácticamente borraron del tablero a los partidos y liderazgos tradicionales. Durante la coyuntura crítica del mencionado quinquenio, una serie de masivas movilizaciones sociales logró, en diferentes momentos, revertir la privatización del abastecimiento de agua en Cochabamba, forzar la renuncia de dos presidentes y plasmar un embrión de programa político conocido como Agenda de Octubre³: nacionalización de recursos naturales (en especial el gas) y convocatoria a una Asamblea Constituyente (AC) para refundar al país.
Aunque ni Morales ni su partido jugaron un papel de liderazgo en alguno de los momentos más críticos de las movilizaciones, lograron posicionarse y recoger con credibilidad las esperanzas de cambio y canalizarlas institucionalmente en las elecciones anticipadas de 2005. En gran medida, la oferta electoral del MAS tenía en la “agenda de octubre” su núcleo y el nuevo gobierno pronto empezaría a implementarla, con la nacionalización de los hidrocarburos en mayo y la convocatoria a la Asamblea Constituyente (AC) en julio de 2006.
La primera fase del gobierno de Morales estuvo marcada por graves conflictos con la oposición que, a partir de su control del Senado y de los gobiernos departamentales de la llamada “media luna” (Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz), se atrincheró en una posición defensiva desde la cual buscaba oponerse a prácticamente todas las propuestas de reforma del gobierno. Su única agenda propositiva consistía en la descentralización administrativa, con la adopción de autonomías departamentales.
La AC pareció en muchos momentos haber ingresado en un callejón sin salida y la confrontación entre gobierno y movimientos afines y la oposición arrinconada en las regiones parecía conducir el país rumbo a una guerra civil con posibilidades de disgregación territorial, coyuntura que el vicepresidente boliviano, Álvaro García Linera (2008), llamaría “empate catastrófico”. La solución de tal empate se dio favorable al gobierno por una suma de factores, como las divisiones entre los brazos parlamentario y regional de la oposición, y su desgaste por acciones como la toma violenta de instituciones y el asesinato de campesinos conocido como “masacre de Porvenir”, en Pando, en septiembre de 2008 (Cunha Filho, 2008; Schavelzon, 2012).
Pero a partir de las negociaciones en el Congreso entre gobierno y oposición que permitieron destrabar el proceso constituyente y convocar al referéndum que finalmente aprobaría la nueva CPE en enero de 2009, el gobierno entró en una fase positiva, en la que prácticamente no tenía más opositores y controlaba plenamente la agenda política rumbo a su fácil reelección en diciembre de 2009. Dicha reelección le brindaría, además, control de dos tercios sobre ambas cámaras legislativas, consolidando aún más el buen momento gubernamental.
El MAS se convirtió, efectivamente, en el centro de la política boliviana (Molina, 2010), que además fue “jalada” hacia la izquierda tras dos décadas bajo hegemonía ideológica neoliberal⁴. El control estatal sobre los hidrocarburos, por ejemplo, antes fuertemente asociado a una agenda programática de la izquierda y rechazado por la derecha, dejó de ser controversial. Las eventuales críticas de la oposición sobre el tema se centran en supuestas incompetencias gubernamentales en el manejo del sector o su incapacidad en avanzar hacia la industrialización o la exploración de nuevas áreas, pero no sobre si el Estado debería o no ocupar el papel que hoy ocupa.
El MAS es el partido más grande del país, con real presencia en todo el territorio nacional (aunque todavía más frágil en el oriente boliviano que en el altiplano occidental). De acuerdo a Moira Zuazo (2009: 59), después del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR),  el MAS es el segundo partido en la historia boliviana que posee firmes raíces sociales, gracias a su origen de instrumento político de los sindicatos cocaleros del Chapare cochabambino que luego se expande hasta constituirse en el instrumento político de las llamadas “trillizas” campesinas -Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Interculturales (ex colonizadores) y Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia “Bartolina Sisa” (CNMCIOB-BS)⁵. 

Hegemonía y disputa por los sentidos del ‘proceso de cambio’

El camino del MAS hacia la hegemonía del sistema político boliviano trajo como costo el incremento de sus tensiones internas. En primer lugar porque siendo un partido eminentemente campesino-indígena, su penetración en las ciudades ha sido siempre más difícil, razón por la cual el MAS recurrió a la figura del “invitado”, personalidades no originalmente militantes del partido a quienes se les reserva alguna candidatura importante. El vicepresidente Álvaro García Linera es el ejemplo de la más alta jerarquía, pero hay muchos diputados, senadores o alcaldes que han llegado a puestos de poder bajo dicha figura, lo que ha generado ciertas tensiones y acusaciones en la base de militantes orgánicos.
Pero aún más importantes son las tensiones internas en el bloque oficialista que se han incrementado significativamente desde el inicio del segundo mandato, en 2010. Como mencioné, pese a no haber jugado un papel de mayor importancia en momentos como la “guerra del agua” del año 2000 o la “guerra del gas” del año 2003, Morales y el MAS pudieron cosechar los réditos de la protesta social de un modo tal que la “agenda de octubre”, de ahí derivada, prácticamente se confunde con el “proceso de cambio” liderado por el gobierno. Aunque cierto sentido común haya presentado a las protestas bolivianas del quinquenio 2000-2005 como la gran sublevación del “otro indígena” negado a lo largo de 200 años por la colonialidad, la verdad es que esta es solo una de las caras de la moneda. Primero, porque el gran ciclo de protestas del mencionado quinquenio no fue solo fruto de sublevaciones indígenas, sino que también se nutría de la memoria de la tradición nacional popular, asentada en un imaginario de control sobre los recursos naturales, búsqueda de industrialización y democratización social cuyo auge fue la Revolución Nacional de 1952. Y segundo, porque el propio movimiento indígena boliviano es mucho más complejo y lleno de clivajes internos que escapan a muchos de los análisis apresurados. Uno de esos clivajes tiene que ver con las organizaciones y actores que buscan asociarse a un horizonte⁶ organizativo y reivindicativo más propiamente indianista, como la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ), las “mellizas”, como a veces son llamadas en Bolivia (ver nota 5), y otras más próximas a un horizonte campesino, como las “trillizas”⁷.
El llamado Pacto de Unidad⁸ -que pudo unificar a los actores de ambos lados del mencionado clivaje y que sirvió de base a los distintos actores indígenas durante las sesiones de la AC para la búsqueda de consensos entre sus distintas posiciones sobre tierra, territorio, identidad y derechos colectivos- fue algo excepcional, con un inmenso potencial creativo que posibilitó la conformación del Estado Plurinacional. Las organizaciones del Pacto compartían una serie de agendas inconclusas relacionadas con demandas de reconocimiento étnico, tierras y/o territorio e inclusión política en la históricamente racista sociedad boliviana, pero también muchas tensiones irresueltas en su seno que se dejaban entrever durante las disputas internas de la AC y que luego se pondrían de manifiesto⁹.
El proceso de luchas sociales del cual resultó la “agenda de octubre” fue una amalgama de las tradiciones nacional popular e indígena comunitaria que permitió la formación de un potente bloque histórico con aspiraciones hegemónicas que permitió la llegada del MAS al poder y  de Evo Morales como personificación de dicho bloque (Cunha Filho, 2009); pero una vez resuelto el conflicto con la oposición, empezaron a aparecer las tensiones y grietas en su interior.
La importancia del “proceso de cambio” ha sido promocionada por el gobierno por la necesidad de superar el colonialismo interno y lograr que los pueblos indígenas puedan autodeterminarse según sus usos y costumbres, sin la necesidad de adaptarse a la matriz cultural e institucional criollo-mestiza. Pero, al mismo tiempo, además de la renovación institucional proporcionada por la nueva CPE¹⁰, los objetivos concretos del gobierno en términos de políticas públicas han estado más afines a la tradición nacional-popular, especialmente a partir de su segundo mandato. Nacionalización de recursos naturales, industrialización, inversiones en infraestructura caminera y energética, todas son políticas que evocan la memoria de las agendas inconclusas de la Revolución de 1952 y que si no son necesariamente contrapuestas a los objetivos concretos de los actores indígenas-campesinos, están lejos de ofrecer un paradigma alternativo de desarrollo tal como podrían sugerir los ideales del “vivir bien” cristalizados en la nueva CPE.
Una vez superados los graves conflictos con la oposición, que casi paralizaron al país entre 2007 y 2008, empezaron a emerger los conflictos internos y diferencias de objetivos entre los actores del bloque histórico oficialista. Especialmente a partir del segundo gobierno de Morales, en enero de 2010, los objetivos desarrollistas han sido elevados al primer plano de la acción, quedando lo demás subordinado a ello¹¹. Eso trajo como consecuencia un incremento en las disidencias de importantes intelectuales que han ocupado cargos en el gobierno, conflictos más o menos graves con comunidades específicas alrededor de políticas gubernamentales -de las cuales la construcción de una carretera por el TIPNIS (Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure) es el más significativo-, e incluye también divergencias en torno a la explotación de hidrocarburos en tierras guaraníes, por el uso de aguas entre asociaciones de regantes y emprendimientos mineros, o sobre la prioridad en la titulación de tierras colectivas indígenas o individuales campesinas, por ejemplo.

En el caso del TIPNIS, aunque el conflicto surgido por la intención de construir la carretera por su territorio esté lejos de resolver¹², trajo como resultado el quiebre y división del Pacto de Unidad entre los actores rurales más cercanos a un horizonte campesino (y por ende nacional-popular) como las citadas “trillizas” y las más propiamente indianistas como CIDOB y CONAMAQ, fracturadas entre un ala oficialista y un ala opositora. Para muchos de los miembros de la línea indianista opositora y los intelectuales cercanos a ellos, el Gobierno ha venido buscando restringir los alcances del Estado Plurinacional supeditando las posibilidades de autodeterminación de las comunidades a los planes de desarrollo planificados desde el Estado (ver, por ejemplo, Tapia, 2011; Almaraz et al., 2011; CIDOB 2013).
Pero hay que comprender que el Estado Plurinacional nacido de la AC no era un proyecto acabado sino, más bien, la condensación coyuntural de un sin número de proyectos distintos alrededor del tema de la refundación estatal tomando en cuenta a los pueblos indígenas. Y aún esa condensación coyuntural, fruto del Pacto de Unidad, ha sido desde el principio un proyecto abierto, en construcción y en disputa, por lo cual las acusaciones de “traición” al carácter plurinacional del nuevo Estado no encuentran mucho eco más allá de sectores sociales específicos como los mencionados opositores de las “mellizas” CIDOB y CONAMAQ, o entre algunos círculos académicos.
Así, pese a sus supuestas fallas respecto a la plurinacionalidad, no hay duda que el nuevo Estado boliviano ha avanzado más en afianzar su legitimidad en estos años que quizás en todo el resto de su vida republicana. Tras la independencia en 1825 se construyó en el país un Estado excluyente en el cual la gran mayoría poblacional indígena tenía derechos muy limitados. Además, dicho Estado nunca buscó o fue capaz de afianzar su soberanía en todo el territorio del que era nominalmente responsable, generando lo que George Gray Molina (2008) ha llamado un “Estado con agujeros”: en muchos rincones del país donde no llega efectivamente la soberanía estatal, caudillos, sindicatos, comunidades y otros actores locales han ejercido una soberanía de facto con la cual el Estado central ha tenido que negociar y pactar en cada momento particular.
Uno de los principales retos que se ha propuesto el gobierno de Morales ha sido la construcción de un “Estado de verdad” (Sivak, 2008), y aunque quizás la realidad del Estado Plurinacional plasmado en la Constitución de 2009 sea menos grandiosa en términos de la constitución de un fenómeno eminentemente distinto al del Estado Nación decimonónico, no hay duda que hoy el Estado boliviano tiene una presencia mucho más difundida a lo largo de su territorio y que además goza de una legitimidad inédita. Y con todas las limitaciones institucionales a una plurinacionalidad adoptadas en la CPE (Mayorga, 2009; Schavelzon, 2012), también la autoestima y el empoderamiento de las comunidades indígena campesinas ha aumentado significativamente (García Orellana y García Yapur, 2010: 18; Wolff, 2013: 43-44). Lo que antes operaba como un fuerte estigma se viene convirtiendo en poderoso capital político, aún en casos de comunidades enfrentadas al Gobierno, como en el TIPNIS.
A pesar de las trabas institucionales existentes para alcanzar un horizonte plurinacional más abierto a la autodeterminación autónoma de las comunidades¹³, muchas de las críticas parten de una visión idealizada de lo que sería el indígena, sin tomar en cuenta la gran complejidad de esa identidad que hoy abarca desde comunidades recolectoras de la Amazonía hasta habitantes de una metrópoli como El Alto. Si la crítica es válida, por ejemplo, cuando el gobierno del MAS busca evadir mecanismos constitucionales de consulta previa a las comunidades y de su control sobre el territorio que habitan; exagera al lamentarse por comunidades que optan por no acceder al status de municipio indígena autónomo o al acusar de cooptadas a las comunidades o sindicatos que se acercan al Gobierno en búsqueda de políticas de desarrollo agrario y obras de infraestructura. Si el actor indígena concreto es realmente autónomo, también lo es cuando toma opciones que huyen de los marcos y objetivos  que esperaríamos como “legítimamente indígenas”.
Pero pese a estas críticas y problemas y al desgaste natural en el ejercicio del poder, el gobierno sigue con alta popularidad y parte como el más fuerte candidato en las elecciones de 2014¹⁴ por la ausencia de cualquier proyecto opositor alternativo que le haga frente. ¿Qué explica esta situación?

Las razones económicas del éxito del MAS

Es un hecho que a muchos de los bolivianos que se identifican como indígenas les interesa hoy día más cuestiones de orden práctico como acceso a mercados, políticas públicas, mejoras en infraestructura, empleo y renta que debatir si la plurinacionalidad del nuevo Estado representa o no un fenómeno cualitativamente distinto al del Estado Nación clásico. Y mientras ese Estado Nación les esté representando como hoy parece estar y les esté proveyendo beneficios materiales concretos, este tipo de debate parece tener poca capacidad de afectar el apoyo que esos sectores todavía brindan al Gobierno.

Por ese lado, el éxito económico del Gobierno ha sido innegable. El PIB tuvo en el período 2006-2012 un crecimiento promedio de 4,8%, muy superior a los siete años anteriores cuando entre 1999-2005 creció un promedio de 2,6% (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012: 114), como se puede ver en el Cuadro 1. Aunque queda claro que mucho de ese crecimiento se debe a factores externos al control gubernamental, como el alza histórica en los precios de las commodities que todavía componen el grueso de las exportaciones bolivianas (minerales, gas, soja, etcétera.), al haber promocionado un mayor control estatal sobre la cadena productiva de gas y minerales el gobierno ha garantizado que una porción significativamente mayor de los ingresos percibidos se queden en el país y hayan contribuido a estimular la demanda interna y una mejor división de ingresos (Molina, 2013; Weisbrot, Ray y Johnston, 2009).

Todo lo anterior se ha traducido en un fortalecimiento de la capacidad ejecutoria del Estado que ha incrementado la inversión pública en 252% (de un promedio de $us 581 millones entre 1999-2005 a un promedio de $us 2.046 millones entre 2006-2012. Ver: Estado Plurinacional de Bolivia, 2012: 123). Estos resultados contribuyen al mencionado incremento de legitimidad frente a la población en la medida que el Estado llega, con políticas públicas como los bonos sociales y obras de infraestructura, a rincones donde anteriormente se destacaba por su casi completa ausencia. La comparación de los logros del gobierno en la ejecución de obras públicas frente a sus predecesores impresiona: la construcción de carreteras ha prácticamente doblado los resultados de gestiones anteriores: de 887 km construidos entre 2001-2005 a 1.676 km construidos entre 2006-2012 (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012: 74). Y es que si la construcción de obras no es en sí misma un indicador importante en cuanto a los rasgos ideológicos del Gobierno, ni mucho menos de la presencia de un sistema sociopolítico cualitativamente distinto¹⁵, en un país con la difícil geografía de Bolivia donde existe un sin número de poblaciones y comunidades aisladas y donde menos de un tercio de las carreteras de la red fundamental se encuentra asfaltado, su peso simbólico en términos de integración nacional y efectivo en términos de integración al mercado consumidor (y consecuente aumento de la renta) no puede ser despreciad¹⁶.
Del mismo modo, en muchos otros campos el desempeño del Gobierno frente a sus predecesores es superior. En temas como el saneamiento agrario¹⁸  o la valorización del salario mínimo¹⁷, las diferencias entre lo que el gobierno de Morales ha ofrecido a la población y los beneficios de gobiernos anteriores hacen comprensibles sus altas tasas de aprobación popular. Y los resultados obtenidos por tales políticas se han traducido en una sensible mejora de los indicadores sociales, como la reducción de la pobreza moderada y extrema y las desigualdades de renta (ver Cuadro 2 y Cuadro 3).

Frente a éxitos tan incontestables, la oposición se ha centrado, en el plano económico, en denunciar la ineficacia del gasto gubernamental y algunas inversiones y programas de dudosa eficiencia. Una parte importante de la crítica económica se ha referido a la creación por el gobierno de una serie de pequeñas empresas estatales para producción de papel, cartón, procesamiento de jugos y lácteos etc., que hasta el momento se han mostrado poco rentables o siquiera han podido empezar a operar. Pero como reconoce Fernando Molina (2013: 9-10), aunque sea cierto que en términos estrictamente económicos la inversión en dichas empresas no haya sido la más rentable, ellas tienen un importante efecto simbólico. Todas las sedes de estas pequeñas empresas están en localidades alejadas de los grandes centros, lo que es en sí mismo un óbice a su mayor eficiencia económica, y representa la llegada del Estado a rincones donde antes estaba ausente, y en ese sentido aunque no sean lucrativas siguen representando a los ojos de la población local esa búsqueda estatal por soberanía e inclusión. Y algunas, como las acopiadoras de oro y castaña, han representado un incremento real en los márgenes de ganancias de los pequeños productores.

Un otro blanco de críticas opositoras ha sido el programa “Bolivia cambia, Evo cumple”, que consiste en transferencias monetarias a gobiernos locales para la construcción de pequeñas obras y que ha invertido $us 567 millones en 4.185 proyectos en todo el país (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012: 31). Aunque muchos de los proyectos financiados tienen que ver con la construcción de canchas de fútbol, sedes sindicales o mercados populares (lo que en la jerga politológica  estadounidense se nombraría como pork-barrel)¹⁹, también traen consigo ante la población la positiva imagen de la llegada del Estado a rincones abandonados. Y ni siquiera los casos constatados de fraude y obras inacabadas han sido capaces de afectar al Gobierno, en la medida que la responsabilidad por la ejecución de las obras demandadas es de las autoridades locales (Molina, 2013: 13). 

La tentativa de crítica democrática

Frente a la ineficacia de su crítica en el ámbito económico, la oposición también ha buscado denunciar, en un plano político, supuestos rasgos autoritarios y amenazas a la democracia por parte de Gobierno.
En esa dimensión, es cierto que el mantenimiento por parte del Gobierno de una lógica amigo/enemigo con relación a los opositores hace que el nivel de conflictividad entre gobierno y oposición se mantenga mucho más elevado de lo que quizás sería normal. Pero muchos de los déficits institucionales del sistema político boliviano, que sirven de base a las acusaciones opositoras, como los problemas de la Justicia o la concentración de poderes en el Ejecutivo vis-à-vis los demás poderes, por ejemplo, no son novedades creadas por Morales o el nuevo Estado Plurinacional²⁰. Y muchas otras supuestas amenazas autoritarias denunciadas por la oposición pueden tener más que ver con la implementación de un tipo de democracia distinta a la democracia liberal que propiamente con el fin de la democracia boliviana.
Aunque no siempre son mencionados explícitamente, los análisis de la democracia suelen ser en verdad (y no solo en Bolivia) análisis de “la democracia política, constitucional, representativa, individualista, voluntaria, privada y funcionalmente limitada practicada adentro de los Estados-nación” (Schmitter en Wolff, 2013: 34)y cualquier alejamiento de estos calificativos esencialmente liberales significa un alejamiento de la propia práctica democrática. Pero como analiza Jonas Wolff (2013), hay importantes señales no solo en Bolivia sino en América Latina en general de una búsqueda por alejarse de algunos aspectos liberales de la democracia sin, entre tanto, abandonar a la democracia representativa. Para Wolff, el caso boliviano a partir de su nueva CPE se constituye en un caso paradigmático de la construcción de un tipo de democracia que él llama “post liberal”, donde se busca mezclar y complementar a los mecanismos clásicos de la democracia representativa con elementos no liberales tales como la participación por demostración callejera, instituciones de democracia participativa y directa, derechos colectivos de ciudadanía, etcétera²¹.
Antes de la reestructuración neoliberal iniciada en 1985 y que generó la llamada Democracia Pactada²², periodo de reconocida estabilidad institucional pero de creciente alejamiento entre los partidos y la ciudadanía (Pachano, 2006), la democracia boliviana fue inaugurada con la Revolución de 1952²³ en un contexto de fuertes movilizaciones sociales. Aunque también hay una fuerte tradición institucional y constitucional que se remite por un lado a la propia Audiencia de Charcas (Whitehead, 2001) y por otro a la reiteración de símbolos institucionales durante el período oligárquico (Irurozqui, 2000; 2011), la importancia de las movilizaciones directas es un rasgo que con algunas alteraciones ha permanecido durante toda su historia democrática, de modo que en la memoria histórica boliviana, muchas veces la democracia se ha confundido con la propia movilización. Así, el imaginario democrático boliviano, por decirlo, ha sido siempre el de una democracia donde predominan otras preocupaciones más allá de las mencionadas salvaguardas liberales, de modo que la búsqueda, con la nueva CPE, por reconocer institucionalmente lo que siempre han sido prácticas informales bien difundidas, parece más bien una ampliación del potencial de viabilidad democrática en el país que un riesgo para la misma. Eso no quiere decir que la democracia postliberal en construcción no conlleve ciertos riesgos y desafíos, pero cualquier modelo democrático los posee (aunque sean de naturaleza distinta) y no hay indicativo concreto de amenaza más seria hoy al carácter propiamente democrático del modelo boliviano, más allá de su desafío a los paradigmas liberales (Wolff, 2013), que más bien parecen ser vistos como incremento de la cualidad democrática del país al acercarse a rasgos fuertes de su cultura política.

Desafíos y perspectivas

Tras más de ocho años de gobierno, el presidente Evo Morales y el MAS exhiben importantes logros sociales y económicos y una evaluación positiva superior a 50%²⁴, lo que les hace favoritos en la disputa electoral de 2014. Sin embargo, eso no significa que no estén delante de formidables desafíos políticos.
El primero de ellos es que difícilmente Morales podrá repetir el 64,22% de votos de 2009, y como una parte del parlamento (cerca de mitad de los diputados y todos los senadores) es elegida en una fórmula proporcional vinculada a la votación presidencial, ese desempeño inferior de por si podrá influir en una mayoría menos amplia del Gobierno al interior del Legislativo. Si eso se confirma, la relación con la oposición se presentará como un importante desafío para el Gobierno, acostumbrado desde 2010 a prácticamente no tener oposición parlamentaria y a lidiar con la misma en una relación de reiterada confrontación. En votaciones que exijan mayoría cualificada, el Gobierno se vería forzado a una conciliación con actores a los cuales sistemáticamente ha descalificado como antipatrióticos.
Un papel crucial en este escenario podrá desempeñar el ex aliado del MAS, el Movimiento sin Miedo (MSM), que tiene una especial fortaleza en la ciudad de La Paz, municipio que gobierna desde hace más de una década. El MSM es hoy el único partido además del MAS que puede tener una presencia efectivamente nacional²⁵ y ocupa un espacio ideológico cercano al del partido oficialista. Esa cercanía ideológica puede contribuir a que el MSM reste votos a Morales, especialmente entre las clases medias urbanas (particularmente en La Paz), que siempre han sido su base social principal y al mismo tiempo el sector donde el MAS ha tenido mayores problemas en penetrar²⁶, y entre sectores algo descontentos con el gobierno pero que no votarían por la oposición de derecha.
En las elecciones de 2009 y en su actuación parlamentaria, los partidos opositores han peleado entre sí por mostrar cuál logra ser el más incondicional “anti Evo”, en una tendencia polarizadora incentivada por el propio gobierno (Molina, 2010); pero, probablemente fruto de la hegemonía lograda por el MAS en el sistema político y al mencionado “jalón” hacia la izquierda del centro de la política boliviana, los grupos opositores de derecha han buscado reciclarse con el uso de símbolos y nombres que resuenan a una ideología de izquierda, como el Movimiento Demócrata Social (MDS) liderado por el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, o el Frente Amplio de Samuel Doria Medina. El MDS incluso ha ensayado una aproximación al MSM, pero habrá que ver en qué medida eso podrá servirle en el afianzamiento de una nueva identidad a la izquierda del centro (y los respectivos efectos en términos de votos), o si, por el otro lado, podría comprometer a las credenciales de izquierda del MSM.
Además, los conflictos existentes dentro del bloque histórico actualmente hegemónico también pueden desempeñar un factor clave en las próximas elecciones. Pese a haber superado los intentos desestabilizadores de la oposición en los primeros años de gobierno, el número de conflictos sociales en el país ha subido (Fontana, 2013; Martí I. Puig y Bastidas, 2012; Ortiz Crespo y Mayorga, 2012), aunque sean de menor gravedad. Como muestra Molina (2013: 12), el tratamiento dado por el Gobierno a las movilizaciones sociales varía conforme a como perciba a los actores: enemigos o aliados. En el caso de aliados, las presenta como “tensiones creativas del proceso de cambio” (García Linera, 2011)²⁷ y busca desactivarlas recurriendo a las relaciones con sus dirigentes y a concesiones puntuales. Pero si son consideradas adversarias, o si las movilizaciones de entes considerados aliados sobrepasan los límites tolerables, el Gobierno busca desacreditar al movimiento e incluso moviliza otros sectores más leales en contra de los movilizados. En la mayoría de los casos, en conflictos de corte corporativo en su base de apoyo como mineros estatales y cooperativistas, el Gobierno ha logrado enmarcar a las protestas dentro del cuadro de tensiones creativas que pueden solucionarse a través de su procesamiento institucional y elaboración de políticas públicas sin implicar el alejamiento de dichos actores de su base social, pero como ya se ha mencionado otrora aliados, como la CIDOB y el CONAMAQ, se han alejado considerablemente del Gobierno y fracciones suyas apuntan a disputar las elecciones de 2014 en alianza con sectores opositores²⁸. Y como poco más de la mitad de los diputados son elegidos en circunscripciones uninominales, la pérdida de aliados con importantes arraigos territoriales también le puede restar al gobierno algunos escaños, sobre todo en las representaciones especiales indígenas donde las “mellizas” indianistas tienen considerable influencia, o en el oriente, donde el MAS es históricamente débil.
Y es que el propio éxito del MAS podrá también en un futuro traerle algunos desafíos serios al exacerbar sus tensiones internas. Como lo muestran Hervé do Alto y Pablo Stefanoni (2010), aunque la meteórica ascensión del MAS del Chapare a la Presidencia de Bolivia lo presente como una especie de necesidad histórica, la verdad es que estuvo sujeta a un sin número de contingencias desde su concepción intelectual en el congreso “Tierra, Territorio e Instrumento Político” de la CSUTCB de 1995. Entre luchas intracampesinas por el liderazgo y dificultades de irradiación a las urbes y al oriente, el MAS solo empezó a crecer y consolidarse como el partido indígena campesino hegemónico tras su inesperado segundo lugar en las elecciones presidenciales de 2002 y las reales perspectivas de poder que pasó a detentar. En la cultura política boliviana, el acceso a “pegas”²⁹ de militantes es considerada una de las funciones primordiales de un partido político, y en la medida en que la llegada al poder del MAS ha representado un radical cambio de las elites políticas, no es sorprendente que esos nuevos sectores largamente excluidos de los cargos políticos hayan buscado su posición en las listas de candidatos masistas. De hecho, la recusa del MAS a promover una “masacre blanca”³⁰ y mantener en sus cargos a muchos funcionarios por miedo a la inexperiencia administrativa de sus militantes fue un motivo de tensión interna desde el inicio del gobierno (Do Alto y Stefanoni, 2010: 331-2), pero el partido no pudo estar completamente inmune a la práctica.
La posibilidad de distribuir cargos de dirección a los aliados, especialmente después de que el partido logró conquistar la mayoría de los gobiernos departamentales y numerosas alcaldías (Cunha Filho, 2010; Do Alto y Stefanoni, 2010), ha contribuido significativamente al crecimiento del partido pero ha traído tensiones importantes entre militantes más antiguos y los recién llegados, situación que podría seguir agravándose. Y esta tensión es todavía más fuerte en los departamentos del oriente, donde la búsqueda del partido por conquistar estos territorios adversos le ha llevado a buscar cooptar sectores que no solo eran externos al partido, sino que hasta hace muy poco tiempo atrás eran acérrimos adversarios³¹. La victoria electoral en Pando, por ejemplo, ha supuesto la incorporación a las filas partidarias de ex políticos de la derecha y empresarios locales, muchas veces privilegiados en las listas electorales en detrimento de militantes orgánicos (Do Alto y Stefanoni, 2010: 348-52), y lo mismo ha sido intentado también en el Beni y en Santa Cruz, aunque sin el mismo éxito electoral. En la medida en que todo indica que el partido sigue con la misma estrategia, es posible esperar que se incrementen estas tensiones.
También la opción cada vez más clara por un proyecto desarrollista implica un acercamiento mayor del Gobierno y el MAS al empresariado boliviano, pues aunque el Estado haya recuperado su capacidad de inversión y haya incrementado significativamente su participación en la economía, no está en agenda una estatización total de la economía ni nada parecido, de modo que el papel de la inversión privada seguirá importante si el Gobierno desea lograr altas tasas de crecimiento y una mayor industrialización. Pero ese acercamiento al empresariado nacional, ya iniciado por lo menos desde el principio del segundo mandato presidencial de Evo Morales, también podrá generar tensiones internas al partido.
De la misma manera, aunque se reconozcan los méritos del Gobierno en haber sabido aprovechar la bonanza económica y extraer buenos resultados, el país no ha podido diversificar tan significativamente su matriz económica, y sigue dependiendo de la exportación de commodities no industrializadas como gas, minerales y soja. Y eso hace que aunque económicamente exitoso, el gobierno siga vulnerable a presiones externas en caso de que los altos precios de sus commodities se reviertan. Además, para mantener exitosamente la política extractivista actual el gobierno necesitará de elevadas inversiones en exploración de nuevos campos de gas, las cuales son hoy todavía inciertas. Hay que reconocer, sin embargo, los esfuerzos por parte del Gobierno en la búsqueda de la diversificación productiva, con sus políticas de incentivo agrícola, las tentativas de reactivación de la industria metalúrgica o las fuertes inversiones en la construcción de una industria petroquímica en el país³².
En suma, hoy por hoy Evo Morales y el MAS no tienen adversarios capaces de amenazar la hegemonía política que han alcanzado en el país, pero sí importantes desafíos, tanto en el campo político cuanto económico, de cuyas respuestas dependerá significativamente el panorama del “proceso de cambio” en los años que siguen. La comparación con el desempeño de sus antecesores ha servido con bastante eficacia para mantener su popularidad, pero en la medida que la memoria de los tiempos económicamente más difíciles antes de su llegada al Gobierno tiende a desvanecerse y que la oposición viene incorporando cada vez más elementos de la simbología y el discurso político del Gobierno, las posibilidades de conservar su hegemonía política pasarán a depender más de sus logros en un sentido absoluto, y no relativo a dicha comparación, y de la capacidad política de mantener unificada a su heterogénea base social.

 

Notas

1 Doctorante en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la Universidad Estadual do Río de Janeiro (IESP-UERJ). Investigador asistente del Observatório Político Sul-Americano (OPSA), Brasil. Correo electrónico: ccunha@iesp.uerj.br. Río de Janeiro, Brasil.

2 De acuerdo a la Constitución de 1967, vigente hasta la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado de 2009, en el caso de que ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta de votos, el presidente sería elegido por el Congreso en segunda vuelta indirecta. Evo Morales fue el primer presidente elegido en el país directamente en primera vuelta.

3 Llamada así por el mes cuando ocurrió la “guerra del gas”, en octubre de 2003, tras la cual renunció el presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.

4 El punto medio entre las posiciones políticas de la agenda boliviana contemporánea se encuentra a la izquierda del centro, mientras durante el período democrático anterior a la llegada del MAS al poder y su hegemonía sobre el sistema político, se ubicaba a la derecha del centro.

5 El término “trillizas” suele utilizarse en Bolivia para referirse a la CSUTCB, los interculturales y la organización de mujeres Bartolina Sisa por sus orígenes comunes, de organización sindical y su proximidad ideológica y programática. Del mismo modo, se suele utilizar el término “mellizas” para referirse a entidades como CONAMAQ y CIDOB que buscan organizarse a partir de estructuras tradicionales indígenas y rechazan la forma sindicato como herencia de la campesinización forzada del mundo indígena boliviano (para más detalles sobre las formas organizativas y agendas programáticas de las cinco organizaciones, ver García Linera, Chávez León y Costas Monje, 2004).

6 Utilizo el término “horizonte” en el sentido propuesto por Hylton y Thomson (2007: 31); horizonte se refiere a una perspectiva hacia adelante, pero en arqueología horizontes son las camadas de tierra y vestigios humanos que se van acumulando y cuya excavación es el objetivo de dicha disciplina. Así, los autores proponen la utilización del término precisamente por esa ambigüedad semántica, en la medida en que los horizontes de los actores políticos se componen de una mirada al futuro, pero que son en muchos sentidos determinados por sus vestigios arqueológicos pasados.

7 Silvia Rivera (1987) atribuye la existencia de ese clivaje al modo como distintas comunidades indígenas fueron afectadas por las políticas de la Revolución de 1952. Donde los efectos de distribución de tierras y políticas agrarias de la revolución dejaron un legado más positivo, habría la tendencia a apelar a la memoria corta (de los cambios revolucionarios) y a identificarse como campesinos. Donde las comunidades fueron menos afectadas por dichas políticas y más bien persistieron la discriminación étnica y los efectos de exclusión, prevalecería la memoria larga (de la opresión colonial) y la tendencia a identificarse con un horizonte más propiamente indianista.

8 El Pacto de Unidad fue conformado en 2004 como tentativa de unificar a los distintos actores indígena-campesinos en una coyuntura de fuertes disputas políticas. Posteriormente, durante las sesiones de la AC, el Pacto de Unidad sería el mecanismo tras el cual el bloque oficialista en la AC buscaría generar consensos entre las distintas posiciones de sus actores (Schavelzon, 2012).

9 Una evidencia del carácter irresuelto de tales tensiones es, por ejemplo, el artefacto “pueblos indígena originario campesinos” con el cual el actor colectivo indígena es nombrado en la CPE como tentativa de abarcar las distintas perspectivas e identidades de ese actor tan heterogéneo. Ver la etnografía de la AC hecha por Salvador Schavelzon (2012) para un relato detallado del complicado proceso de negociación de consensos y las tensiones latentes en las soluciones consensuadas entre los distintos actores indígena-campesinos para los artículos de la CPE.

10 Cuya demanda, es bien recordar, llega a la agenda política boliviana en manos de la Marcha por el Territorio y la Dignidad, protagonizada por pueblos indígenas del oriente boliviano en 1990.

11 Para un análisis del cambio de tono hacia el desarrollismo a partir de la campaña electoral de 2009, ver Pablo Stefanoni (2010). El contenido primordialmente desarrollista de la agenda gubernamental en ese segundo mandato puede ser apreciado en la llamada Agenda Patriótica 2025 (Estado Plurinacional de Bolivia, 2013), pero indicios de esa tendencia ya se hacían presentes en el primer mandato, en su Plan Nacional de Desarrollo, conforme se puede observar en el análisis del mismo hecho por Cunha Filho y Santaella Gonçalves (2010).

12 El Gobierno ha promovido una consulta entre las comunidades del TIPNIS, que ha dado como resultado la aprobación de la construcción de la carretera por este territorio, aunque muchos dentro y fuera del parque la acusan de haber sido conducida sin buena fe y de manera manipulada. Los trabajos de construcción siguen suspendidos y sin previsión de ser reanudados, pero continúan surgiendo manifestaciones de presión a favor y en contra de dicho proyecto vial.

13 Por ejemplo, la Ley Marco de Autonomías establece como posibilidad de autonomía indígena la conformación de municipios autónomos o de territorios indígenas autónomos. Pero en el segundo caso, lo limita a territorios continuos y que no sobrepasen fronteras municipales o departamentales, lo que impide su consolidación en un sin número de comunidades como el propio caso del TIPNIS, localizado en la frontera de dos departamentos: Cochabamba y Beni.

14 Una encuesta realizada por la empresa Tal Cual Comunicación Estratégica entre 2.250 personas de zonas urbanas de nueve regiones de Bolivia, y difundida en febrero de 2014, atribuye un 41% de intenciones de voto a la fórmula oficialista, mientras la suma de intenciones de voto en candidatos opositores llegaría al 34% con un 25% de indecisos. Trasladando a votos válidos, la intención de votos para  Evo Morales llegaría al 54,7%, suficiente para una victoria en primera vuelta, a lo que hay que agregar que esta cifra podría crecer, porque en la encuesta no se consultó a pobladores del área rural (donde el oficialismo es más fuerte).

15 De hecho, es precisamente el proyecto de construcción de una carretera a través del territorio del TIPNIS el ejemplo más ampliamente citado para negar la existencia de dicho modelo alternativo.

16 De acuerdo a Weisbrot, Ray y Johnston (2009: 14), las deficiencias viales hacen que los costos de transporte en Bolivia sean cerca de 20 veces más elevados que en Brasil, por ejemplo.

17 Entre 2006-2012, el gobierno ha saneado 55,5 millones de hectáreas, a un costo promedio de $us 1,68/hectárea y beneficiado a 982.089 personas; este dato puede ser comparado con las 9,3 millones de hectáreas a un costo promedio de $us 9,13/hectárea y que han beneficiado a 174.963 personas entre 1996-2005 (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012: 92).

18 Entre 1999-2005 la capacidad adquisitiva del salario mínimo ha subido 17%, mientras entre 2006-2012 se ha incrementado 41% (Estado Plurinacional de Bolivia, 2012: 23).

19 Aunque también importantes obras de infraestructura han sido ejecutadas bajo el programa, como el Aeropuerto de Uyuni, por ejemplo.

20 En el tema de la concentración de poderes en el Ejecutivo, Jonas Wolff  (2013: 57) sugiere que el tipo de democracia implementada por la nueva CPE tiende a reforzar ese rasgo histórico de la Presidencia boliviana, pero sin que esto signifique que el régimen deje de ser democrático.

21 La mención a los mecanismos no-liberales constatados por Wolff (2013) como incorporados a la nueva democracia boliviana no implica, por parte del autor de este artículo, que se considere que los mismos estén funcionando de modo adecuado o necesariamente superior a una democracia plenamente liberal. Apenas la concordancia en que tales mecanismos han sido incorporados con la nueva CPE al marco institucional vigente y que, si chocan con algunos postulados liberales, no necesariamente chocan con la democracia en sí misma. Evaluar qué tan bien están funcionando (o no) dichos mecanismos sobrepasaría los objetivos del presente trabajo. Sin embargo, véase los textos de Fidel Pérez Flores et al. (2010; 2011) para una evaluación más detallada de los nuevos mecanismos referidos a la democracia directa/participativa y sus desafíos al orden democrático.

22 Como mencioné, en la Constitución anterior, en caso de que ningún candidato obtuviera la mayoría absoluta de los votos, el resultado era decidido en una segunda vuelta indirecta en el Congreso. Como la decisión del Congreso pasaba por la conformación de pactos de gobernabilidad entre los distintos partidos, el periodo quedó conocido como Democracia Pactada y duró 20 años (1985-2005).

23 Apenas después de la Revolución Nacional de 1952 se ha instaurado el sufragio universal en el país. Antes, había en Bolivia un régimen electoral censitario del cual participaba una muy pequeña porción del universo adulto total del país por lo cual es difícil hablar de democracia boliviana antes de 1952.

24 La última encuesta de aprobación presidencial realizada en las ciudades de El Alto, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra (el llamado “eje troncal” del país) entre el 14 y el 26 de septiembre de 2013 y difundida por el diario Página Siete, le dio a Evo Morales un 60% de aprobación, con 3,4 puntos de margen de error.

25 La oposición se ha retraído a las regiones y está compuesta hoy por agrupaciones que muchas veces solo poseen representación en un departamento (o a veces en alguna región de algún departamento). La única excepción es el MSM, que pese a no estar tan bien distribuido como el MAS, ni mucho menos tener su misma fuerza, posee alcaldes y concejales y ha tenido respuesta en las elecciones regionales de 2010 en prácticamente todos los departamentos (Cunha Filho, 2010).

26 De hecho, el intento de penetrar más efectivamente en los sectores de la clase media urbana fue precisamente el origen de la alianza política MAS-MSM, rota por desacuerdos en la postulación de candidatos a las elecciones regionales de 2010.

27 En un contexto de creciente conflictividad social, García Linera propuso el concepto de “tensiones creativas del Proceso de Cambio” para entender el aumento de demandas de corte corporativa y/o sectorial en el principio del segundo mandato de Evo Morales. Según el Vicepresidente, tales tensiones serían contradicciones puntuales e inevitables por la llegada de nuevas demandas de actores antes excluidos de la atención del Estado. En su evaluación, dichas tensiones son creativas porque aportan al “proceso de cambio” al llamar la atención del Gobierno a elementos potencialmente descuidados pero merecedores de atención, y opone el concepto a contradicciones antagónicas estructurales que surgieron en el seno de otros movimientos nacional-populares anteriores en la historia latinoamericana.

28 Un ex dirigente del CONAMAQ, por ejemplo, es precandidato a la presidencia por el Frente Amplio.

29 Cargos públicos en el vocablo boliviano

30 Despido masivo de funcionarios para reemplazarlos por militantes del partido.

31 Por ejemplo, en Santa Cruz el partido ha incorporado a ex miembros de la Unión Juvenil Cruceñista, organización que ha actuado como grupo de choque de las elites cruceñas en los momentos de mayor tensión nacional, entre 2007 y 2008.

32 El país, finalmente, ha inaugurado su primera planta de separación gas/líquidos en Río Grande, el 10 de mayo de 2013, y debe inaugurar otra mayor en Gran Chaco, a fines del año. Además, ha empezado la construcción de una planta de urea y amoníaco en Bulo Bulo y está en fase de planificación la construcción de una planta de etileno en Yacuiba.

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