VIOLENCIA, EDUCACION Y ESCUELA

Violencia en las instituciones educativas. Un problema complejo

 

Violence in educational institutes. A complex problem

 

 

Celeste Houdin Gómez

Licenciada en Trabajo Social
Investigadora y consultora para temas de niñez, adolescencia, violencia, mujer, derechos humanos
Docente Carrera de Trabajo Social del Instituto de Trabajo Social
Universidad Nacional de Asunción (Paraguay)

Recibido: Agosto de 2013 /Aprobado: Septiembre de 2013

 

 

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RESUMEN

El artículo aborda la violencia ejercida en los centros educativos, se aborda la problemática en donde son identificados como agresoras o agresores directivos y/o docentes. Esta violencia está presente en casi todos los países del mundo, y nuestra región no queda exenta del mismo. El informe del Relator Especial de Naciones Unidas para el tema de violencia, recoge una serie de reportes que dan cuenta del problema, el cual sigue vigente a pesar de marcos legales de protección acordados en nuestros países. Este tipo de violencia, en muchos casos es invisibilizada, negada, minimizada en dos sentidos principalmente; uno de ellos en cuanto al daño en la propia víctima y su familia, y el segundo en el daño social, cultural, y de aplicación de políticas educativas, en cuanto la escuela deja ser un espacio seguro, porque las personas adultas a cargo de la educación se convierten en agresoras. Los precedentes que deja este hecho para sistema educativo son complejos y graves. El documento también plantea algunas estrategias para la intervención oportuna, desde un enfoque de derechos y género, las que han sido resultantes de procesos de trabajo en las comunidades educativas de algunos municipios del Paraguay.

Palabras claves: Instituciones educativas, violencia, intervención oportuna

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ABSTRACT

This article deals with the violence at educational centers, where the aggressors are the directors or the teachers. This violence is present in almost any country and our region is no exception. The Special Reporter of the United Nations talks about a series of further reports about this problem, which continues despite of laws and protective measures in our countries. This type of violence is often made invisible, negated, and minimized in two central areas, one of them being the injury of the victim and his/her family, and the other one the social and cultural damage, including education politics that ought to create a secure space at school and that ought to prevent adults from converting themselves into aggressors. The incidents of violence and abuse damage the education system. This article also suggests some strategies to prevent violence from a gender and rights perspective, basing itself on examples of successful practices in educational communities in Paraguay.

Keywords: Educational institute, violence, suitable intervention.

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La violencia escolar... es un fenómeno heterogéneo, que rompe la estructura de las representaciones básicas del valor social: la de la infancia (inocencia) y la de la escuela (un refugio pacífico), así como la de la propia sociedad (un elemento pacífico en un régimen democrático). Las violencias practicadas en el universo escolar deben ser jerarquizadas, de forma que sean comprendidas y explicadas. Tal jerarquía se basa en la naturaleza de los actos en cuestión. Hay actos asociados a lo que es llamado violencia (robo, violencia sexual, daños físicos, crimen, etc.), y hay actos de violencia institucional y simbólica (violencia en las relaciones de poder).

Miriam Abramovay (2005)

 

Introducción

Abordar el tema de la violencia que tiene como escenario a las instituciones educativas, requiere de un análisis profundo que permita desentrañar coyunturas, hegemonías comunicacionales, marcos normativos, pautas culturales aceptadas casi sin ningún tipo de oposición desde hace décadas y la formación docente como eje transversal en todo este proceso.

Aunque es complejo el abordaje del problema de la violencia en el marco de las instituciones educativas, hacer este recorte nos permite mirar un aspecto central en el cual las y los docentes y directivos se constituyen en agresores sistemáticos de niñas, niños y adolescentes que día a día acuden a las escuelas con carácter de obligatoriedad, y como apuesta social de que es el mecanismo para "salir adelante", incluso de la pobreza. Esta última frase no es una frase gastada y se convierte en uno de los engaños más graves colocando nuevamente en la persona la responsabilidad de dejar de ser pobre.

La violencia que ocurre en las escuelas es, sin duda alguna, el reflejo de las grandes desigualdades y el abuso de poder que se instala en una sociedad, donde el mercado "aparentemente invisible" marca las pautas de relaciones y con ella del presente y del futuro. Aunque en este estudio buscaremos mirar una violencia en el sentido específico de escenario social, la misma está entramada en la violencia a nivel general instalada en nuestros países y de la que somos parte silenciosa o revoltosa.

 

1. Cuando la escuela genera violencia

Apenas estamos queriendo colocar en este documento un aspecto, que si bien es central, no es el único que debe ser analizado en el contexto de las instituciones educativas. Si bien la violencia que en ella se genera ha sido, en estas últimas décadas, tema central de la agenda pública, la misma no es un elemento nuevo en la historia. Las instituciones educativas han sido por muchos años lugares en los cuales la tortura y malos tratos formaban parte de su DISCIPLINAMIENTO.

Entonces, ¿por qué hoy debe sorprendernos que tratos crueles, inhumanos, degradantes sigan siendo ejercidos en las instituciones educativas? Precisamente porque no deberían ser dados, porque la humanidad ha reconocido que esta forma primitiva de relaciones no condice la consolidación de relaciones sociales que tienen como base el respeto de la dignidad humana y la concepción de una ciudadanía moderna.

Dentro del contexto nacional en Paraguay: "la escuela hoy en día se ha constituido en un espacio de doble vía; tanto para el ejercicio de la violencia, como para la protección de las niñas, niños y adolescentes que sufren violencia, sobre todo si ésta se ubica en el espacio familiar" (Houdin, 2011: 52). Es asumiendo esta doble vía que nos permitimos por un lado, desentrañar las contradicciones que se van dando en la configuración de la violencia ejercida en las instituciones educativas, y por otro lado plantear algunas herramientas que permitan su intervención oportuna.

La violencia en las escuelas instala una forma de relaciones que va generando, en forma directa (con las víctimas) e indirectamente (con toda la comunidad educativa), grietas cada vez más profundas en cuanto a la función social de la institución escolar, que en el marco de los actuales sistemas económicos y políticos se constituye en la base sobre la cual se sostienen básicamente todas las expectativas para que las y los sujetos educandos logren mejorar su vida, su productividad, construyan ciudanía, y por ende puedan exigir derechos. Asimismo en cuanto a la legitimidad que se asume en ella, es decir la confianza en la propia educación para la vida y la reproducción social.

Por lo tanto, resulta necesario seguir indagando ¿Cómo la escuela hoy ha perdido legitimidad en cuanto espacio público formativo? ¿Por qué se ha desentendido de la función social que le ha sido otorgada? ¿Cómo ha ido resolviendo el problema pedagógico de las nuevas generaciones? ¿Por qué se ha instalado con mucha fuerza que lo pedagógico o lo educativo está en crisis a causa de los sujetos del derecho, es decir; niñas, niños y adolescentes? ¿Por qué las y los docentes maltratan a las niñas, niños y adolescentes? ¿Cómo se pude intervenir ante estas situaciones de maltrato? Son muchas preguntas con pocas salidas, desde este análisis muchas de ellas no podrán ser respondidas ya que implican incluir otras mediaciones que exceden la posibilidad de ser discutirlos o exponerlos en este documento.

La experiencia en el enfrentamiento de problemas sociales en cada país es particular, sin embargo en nuestra región compartimos problemas comunes, como la pobreza, la desigualdad, las discriminaciones por razones diversas, y por supuesto la violencia en todas sus expresiones incluida la que se da en el ámbito de las escuelas.

Cuando se analiza el proceso de desarrollo del sistema educativo debemos asumir que por mucho tiempo la preocupación o el problema central, ha sido ubicado en el acceso y permanencia al sistema educativo. Sin duda esto es de suma importancia, ya que es un derecho y es más que necesario tener un piso básico de formación que permita a las personas reconocerse como portadoras de derecho, y por tanto capaces de exigirlos.

Es impensable considerar un mundo dentro del marco de los derechos humanos sin el piso de la educación, la idea de un pueblo sin educación no puede ser concebida en el siglo XXI. Sin embargo, una de las primeras contradicciones que se coloca en este documento es precisamente lo que sucede en las instituciones educativas. La educación cuenta aún con una alta valoración en términos sociales, culturales, políticos y económicos, incluso religioso; con un alto costo que ha sido ocultar un sistema de relaciones opresivas en la práctica y liberador en los discursos. Lo cual nos lleva a colocar dudas sobre la propia idea valorativa de la educación en las condiciones que ha sido desarrollada históricamente. Desde nuestra práctica cotidiana el sistema educativo -la escuela- ¿qué tipo de relaciones generan?

Una conquista de derechos ha sido considerar a la educación como un bien público y por lo tanto el desafío que nos compete como sociedad, es sostenlo como tal, buscando que la misma se alimente constantemente para formar y generar cambios en la ciudadanía, a pesar de las trasformaciones económicas, sociales y culturales, que no siempre han fortalecido el sistema educativo.

¿Cómo la escuela -institución garante de derechos- se convierte en transgresora de los derechos? Un ejemplo que debería permitirnos re-pensar en los espacios educativos es el hecho de transpolar un problema del ejercicio de la docencia, es decir transpolar un problema pedagógico en las y los sujetos para quienes va dirigida la educación. Se omite el análisis crítico de la institución educativa y se supone que el problema está en los niños, niñas, adolescentes, que acuden a las escuelas. Tanto es esta negación que incluso se pone en duda la educación pre-escolar, pues -no pocas veces ante problemas en el aula- los prejuicios saltan a relucir con estereotipos asignados a niñas y niños de 3 a 5 años como "problemático, violento, inadaptado, desmotivado, sin horizonte, etc.". Estas configuraciones son expresiones que resultan de relaciones violentas que con más fuerza, o mejor dicho con manifestaciones más diversas y complejas, están presentes hoy en nuestro cotidiano.

Si bien este trabajo aborda el maltrato en las instituciones educativas que ubica a las y los docentes como los ejecutores de dicha violencia, me permito hacer una breve reflexión acerca de la otra violencia que sí ha cobrado con más fuerza el interés público, legislativo y, por qué no decirlo, del mundo globalizado. Seguro, todas y todos asumimos que se trata del bullying, es decir del maltrato que es ejercido en las escuelas por pares a pares. No es mi intención desconocer el problema del bullying, sino más bien decir que éste forma parte de las demás violencias que han estado invisibilizadas por mucho tiempo y hoy, cobran rostro de la mano de los propios niños, niñas y adolescentes. Y al ser ellas y ellos ubicados como los ejecutores directos de la violencia, todas las estructuras sociales han encontrado "el culpable" de la falla en la educación, desde una visión restringida y cómplice que niega el papel central de las personas adultas por un lado y por otro lado de las formas violentas que cotidianamente han sido parte de las relaciones sociales establecidas en la sociedad moderna.

Partimos de la premisa de comprender el contexto amplio de la violencia, y sus complejidades, donde la institución educativa se constituye en uno de los espacios más, de otros tantos, donde se ejerce violencia. Si no es colocado del problema desde un análisis crítico y consecuentemente plantear respuestas desde una política pública, la escuela podría afirmarse al mismo tiempo como el espacio de ejercicio y consolidación del uso y del abuso de poder.

Aunque no se puedan contar aún con cifras certeras de los casos de maltrato en todas sus formas en el país, incluyendo el abuso sexual que tienen como escenario el espacio educativo, sindicando a las/los docentes o directivos como agresores -es decir quienes ejercen violencia-, el cotidiano nos confirma que estos casos ocurren a diario y las respuestas no siempre han logrado proteger a las víctimas.

Las situaciones de maltrato deben ser vistas en un contexto amplio en el cual el uso y abuso del poder adulto es utilizado no sólo dentro del espacio familiar como responsable del cuidado, protección y educación de sus hijos e hijas, sino además se traslada como una pauta educativa en las escuelas/colegios. Si bien se ha avanzado de manera progresiva en el marco legal, aún se cuenta con muchas limitaciones para abordar el problema tomando en cuenta la magnitud del mismo.

La recuperación de las experiencias implementadas en los espacios educativos que han tenido como población objetivo a adolescentes, docentes, técnicos, y directivos, nos permite hoy plantear algunas consideraciones que podrían ser de utilidad en el proceso de construcción de estrategias de prevención de la violencia y promoción de las relaciones no violentas en las instituciones educativas. La idea planteada es apuntar a fortalecer y/o implementar acciones que por sus características permitan reconfigurar la lógica de las intervenciones institucionales (administrativas y pedagógicas) y ejerzan efectos sobre múltiples acciones que en su conjunto buscarán propiciar sistemas de relacionamiento respetuoso, horizontales y democráticos.

Cuando abordamos el tema de la violencia en el ámbito escolar, hacemos también referencia a las dificultades que se tiene en el cumplimiento de los roles socialmente esperados, sobre todo dentro de los cambios sociales que se dan hoy en día y requieren de una reconfiguración del rol y amplitud social de la escuela para establecer mecanismos que permitan su cumplimiento.

Se asume además dos ideas; la primera que la escuela sigue siendo todavía el espacio más concreto en el cual acuden los niños y niñas como parte de su derecho a aprender, o al menos se espera que allí puedan contar con aprendizajes que les permita desarrollarse con mayor facilidad en la vida cotidiana, por lo cual es aún una apuesta social, que garantiza derechos. Y lo segundo que la escuela actualmente cuenta con muchas limitaciones para constituirse en un espacio de protección para los mismos niños, niñas y adolescentes.

Colocamos también como otro punto que debe ser considerado para el abordaje de la violencia que involucra a la niñez y adolescencia, el tema de las relaciones intergeneracionales, que incide en los modos de configuración de la niñez y la adolescencia en las sociedades. En este proceso de construcción de identidades se debe tomar en cuenta que las relaciones sociales están marcadas por los intereses y por la distribución del poder.

 

2. Elementos que pueden ayudar a la elaboración de estrategias de intervención en los espacios educativos¹:

a.    Claridad en la definición conceptual de la categoría de violencia, en este caso las diferentes formas en las que se presenta en el espacio educativo. Cuando es ejercida por docentes/técnicos/directivos y cuando es ejercida entre pares por los propios compañeros/as.

b.    Reconfiguración del rol de escuela (de las y los docentes, de las y los estudiantes, de las madres, padres, cuidadores). Qué se espera de cada uno de ellos y ellas y cómo el espacio educativo promoverá y/o apoyará el cumplimiento de estos roles (espacios para padres/madres/, espacios propios para niñas, niños, adolescentes/ formación de sus docentes, etc.)

c.    Llevar adelante procesos de resignificación de las pedagogías que son aplicadas por las y los docentes, recuperando como punto de partida la cercanía y el valor de los sentimientos, sensibilidades y deseos de niños, niñas y adolescentes. Reconocer la participación activa de los mismos en sus procesos de aprendizaje.

d.    Establecer alianzas estratégicas en la comunidad educativa, fundamentalmente con madres, padres, líderes y medios de comunicación, a través de un proceso intensivo de sensibilización sobre la temática.

e.    Estructurar y aplicar un sistema de recolección de información sobre el tema a fin de contar con un análisis situacional actualizado y capaz de arrojar elementos para la acción en forma permanente.

f.    Establecer espacios y recursos pedagógicos para la escucha y diálogo permanente por parte de las autoridades de las instituciones a las niñas, niños y adolescentes con la intención de contrastar y/o ampliar el conocimiento que tienen los sujetos sobre sí y sobre sus principales intereses.

g.   Vincularse con las demás instituciones de protección, identificar cuáles, y su disponibilidad para articular acciones de promoción de derechos y de protección. inmediata ante situaciones concretas formando parte de una red de promoción, prevención y protección.

h. Fortalecer el sistema de referencias y contra referencias para la promoción, prevención y protección a nivel interno de las instituciones educativas y del nivel de la institución garante de derechos.

i. Trabajar en la formación permanente de los/as docentes y directivos/as en su propuesta educativa y que implica una revisión de su propia práctica en aula o entornos relacionados.

j. Configurar equipos técnicos para la generación de procesos de autoaprendizaje relacionados al tema y capaces de brindar contenciones ante situaciones que lo requieran, provenientes de niños, niñas y adolescentes así como de los mismos docentes y/ padres o madres o cuidadores.

k. Socializar la información, qué normativas legales existen en el país, qué pautas o normas de convivencia se tienen pautadas en las instituciones, qué equipos y/o personas están disponibles para apoyo individual, familiar y/o grupal, cuáles son los mecanismos para denunciar alguna situación de maltrato/abuso sexual/violencia entre pares; cuáles son las garantías que pueden darse. ¿Qué acciones pueden mediarse, y qué acciones se constituyen en delito y por qué?. ¿Qué puedo hacer si me encuentro en una situación de amenaza, o de acoso escolar?. Además de la institución educativa, dónde más puedo acudir.

l. Garantizar espacios desde donde se promueva el protagonismo de niñas, niños y adolescentes para el análisis, la toma de decisiones y el accionar responsable sobre la vida institucional.

m. Fortalecer el seguimiento al proceso mediante un equipo temático a nivel de la institución garante de la educación, extendido al proceso de articulación con otras instituciones privadas y públicas. Asegurar la participación en este espacio de padres/madres/encargados y fundamentalmente de niñas, niños y adolescentes.

Queda evidenciado que la atención a las diversas manifestaciones de la violencia en todas sus formas, así como del maltrato y abuso sexual, la explotación sexual y laboral, deben ser materia de estudio por parte de las y los docentes. Los conocimientos teóricos-prácticos, les permitirá trabajar en prevención y a la vez contar con herramientas concretas de intervención tomando como ejes el enfoque de derechos y de género, propiciando procesos de aprendizajes reflexivos en las intervenciones realizadas, que apunten a parar estas situaciones en todas las esferas de la sociedad.

Las instituciones educativas no pueden estar ajenas a los procesos de promoción de derechos y de cambios culturales que apunten a una vida digna con una educación sin violencia.

Desde la experiencia desarrollada con la implementación de proyectos que han apuntado a visibilizar el problema del maltrato hacia niñas, niños, y adolescentes, en algunos departamentos de Paraguay, desde las Redes Locales de Protección² en más de 15 distritos del país³. Se han detectado casos desde maltrato físico, golpes, estirones de pelo, orejas, prohibición de salir a los recreos, etc. En cuanto al maltrato emocional, toma diversas modalidades que presentan ser más sutiles y por tanto difíciles de descifran en las niñas, niños y adolescentes, sobre todo cuando el trato establecido en el ámbito familiar es muy parecido. Los ejemplos que se visualizan en el ámbito educativo van desde, las descalificaciones en cuanto a la legibilidad de la escritura, o los trazos, la dificultad de la lectura, la vestimenta, la desvalorización de sus cuidadores, etc. El abuso sexual es también una modalidad presente, desde los toqueteos, manoseo, palabras, comportamientos abusivos, exhibicionismo, coito, acoso constante a través de mensajes con proposiciones de carácter sexual, etc. En cuanto a la negligencia, también aparece en algunos casos, principalmente al hacer caso omiso a las denuncias que realizan las víctimas. En cuanto a la figura del agresor/agresora, sigue siendo el hombre en los casos de abuso sexual, ya sea como docente de aula permanente en la educación inicial, o profesores de materias en la educación básica y media e incluso directivo. Los demás tipos de maltrato, físico, emocional, negligencia, en la generalidad son causados por las mujeres en roles antes mencionados, a excepción de aquellos que casos que ocurren ya en el nivel medio, donde vuelven a aparecer los hombres.

 

3. Patrones visualizados en situaciones de violencia en las escuelas

Los acercamientos iniciales desde la experiencia nos han dado algunos elementos o patrones que generalmente son visualizados en el proceso de maltrato dirigidas hacia niñas, niños y adolescentes que tienen como victimarios a docentes y funcionarias y funcionarios directivos.

a.    Generalmente son las niñas, niños y adolescentes quienes denuncian las situaciones a las que se ven expuestos, y en la mayoría de los casos, sus referentes principales siguen siendo sus padres o madres, o su entorno familiar más próximo.

b.    Las madres o padres acuden a las escuelas/colegios buscando respuestas, sin embargo, en la mayoría de los casos existen trabas para agilizar estas denuncias o son derivadas sin acompañamiento de las y los directivos de la instancia escolar.

c.    Las denuncias toman dos caminos, uno interno, que desde el 2010 ha buscado dar al menos una respuesta de protección, siempre y cuando se consideren lo denunciado como válido, es decir que tengan pruebas. Y las medidas que son adoptadas en el mejor de los casos es el traslado del docente o directivo a cumplir otras funciones en las cuales no tenga acceso directo a niñas, niños y adolescentes, mientras dure el proceso penal, si lo hubiera, o la medida administrativa si se amerita el caso. Esta última puede tardar incluso hasta tres años.

d.    Existe confusión/o desentendimiento sobre qué hacer y dónde recurrir, y a veces aun cuando se tenga conocimiento de lo que debe hacerse, los canales no son utilizados en forma inmediata, por tratarse de un colega, quien es acusado. Es decir cuando los casos reportados por niñas, niños y adolescentes involucra al entorno familiar, compañeras/os, todos los canales de protección y denuncia son acompañados por la institución educativa en la mayoría de los casos.

e.    Al carecer la instancia educativa de un protocolo de intervención directa, que responda de manera más directa a intervenir socialmente, los criterios para admitir o no un caso, exponer de manera consciente o no a las víctimas, es una práctica común.

Asumimos que existen una serie de limitaciones para identificar como un delito las situaciones de maltrato, aun cuando estén tipificadas en el marco normativo. Un ejemplo clásico es la reacción rápida y contundente que se tiene en la sociedad ante el robo, pues está claro que no hay justificaciones, este hecho si queda claro que es delito y debe ser denunciado. Sin embargo, cuando se trata de un maltrato en el cual se indica como posible agresor o agresora un docente, que además es un "colega", las ideas no siempre son claras. Se pone en duda la palabra del niño, niña, y de las y los adolescentes. Además el hecho casi siempre es invisibilizado como "delito", minimizando los daños que este ocasiona en la vida de las niñas, niños y adolescentes y en la propia estructura institucional, y por ende se omite la denuncia. En otros casos se denuncia, pero no se dan respuestas institucionales protectoras y oportunas, lo que favorece al crecimiento de la impunidad y a la vez al descrédito de la institución como garante de derechos.

Sin duda alguna existen otras limitaciones que exceden a las competencias y/o responsabilidades de la institución educativa y tienen que ver con el propio sistema de protección más amplio, que incluye lo social y lo jurídico. Aun cuando en el marco normativo nacional es claro, en cuanto a la protección de la niñez y adolescencia, existen también mecanismos legales que son utilizados para "no admitir los casos", sobre todo cuando las víctimas son adolescentes⁴. Las instancias de denuncia, son conocidas y recurridas, pero éstas no siempre se encuentran con capacidad brindar una atención de calidad. Muchas veces se desiste en continuar con la denuncia, como en el caso del acoso sexual, ya que la persecución penal depende de la instancia de la víctima y no siempre se cuenta con recursos económicos para la defensa. Otros casos como el maltrato en adolescentes también, ya que la figura penal es la de lesión, y requiere lo mismo citado anteriormente.

El marco normativo nacional, a pesar de algunas limitaciones, indica un proceso que debe ser llevado adelante. Sin embargo, cuando el hecho involucra a un docente, es decir a una persona que en el ejercicio de su rol mantiene sistemáticamente relaciones con niños, niñas y adolescentes, el análisis del hecho debería permitir tomar otras medidas desde la misma instancia administrativa para prevenir situaciones de vulneración a otros niños, niñas, adolescentes y sus familias. En este sentido las medidas internas que pudieran ser tomadas ante la ocurrencia cualquier forma de maltrato en el ámbito escolar requeriría de acuerdos políticos institucionales por un lado, ya que implica un posicionamiento en la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, y por otro lado, contar con mecanismos y herramientas claras, incluso explicitados en alguna normativa, de uso obligatorio⁵.

La escuela debe seguir siendo entendida como un bien público, las acciones que pudieran darse para promover derechos y proteger a las niñas, niños y adolescentes, requieren además de alianzas estratégicas con actores sociales y sectores que cuentan con un trabajo importante en esta temática.

 

4. Acciones que pueden ser impulsadas en las escuelas para la intervención oportuna

Se proponen aquí algunas acciones diferenciadas que pueden ayudar a brindar una respuesta o atención inmediata. Las mismas pueden ser impulsadas al interior de las instituciones educativas, en todos los niveles a fin de actuar desde la protección y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia, ante una denuncia de maltrato (físico, emocional, negligencia) que tiene como victimario a un docente o funcionario educativo:

a.    Contención al niño/a o adolecente y familia: i) explicar el mecanismo de denuncia interno de la institución, en el caso de Paraguay el Ministerio de Educación y Cultura, (MEC) y los pasos a seguir; ii) elaborar la nota para derivar a la supervisión administrativa y pedagógica, con base en la Resolución N° 21535/2011 (MEC)⁶. Utilizar hoja de registro y numerar. Las personas que realizan la denuncia no requieren PROBAR el hecho, esto deberá ser analizado por el equipo de intervención del MEC.

b.   Medidas con la comunidad educativa: i) con las y los docentes, explicitando que ha existido una denuncia sobre una situación de maltrato, y por lo tanto se ha aplicado el PROTOCOLO de seguridad. El nombre de la víctima deberá ser resguardado en todo momento; ii) con las y estudiantes, explicitando que la Institución educativa no apañará ninguna situación de malos tratos, en la institución educativa y que las personas que pudieran haber sido víctimas de situaciones similares pueden realizar su denuncia con toda confianza; iii) con las madres y padres para que puedan seguir escuchando, creer y apoyar a sus hijos e hijas en casos de haber sufrido algún tipo de violencia por parte de docentes o directivos, solicitándoles puedan acompañar procesos de prevención en la escuela, la comunidad y la familia. iv) El caso no deberá ser comentario de reuniones o recesos por parte de las y los docentes, ni se promoverá la intervención de los medios de comunicación. v) En caso de que algún medio busque información, se deberá proteger la identidad de la persona victimizada y de la familia. Se aconsejará a la familia que no EXPONGA a su hijo o hija. vi) Se brindará información sobre el proceso dado, denuncia hecha a la instancia del MEC como corresponde.

c.    Referencia a un servicio médico si existiera lesiones, para contar con un diagnóstico, en el mejor de los casos el niño, niña o adolescente debe ser acompañado por un familiar. Se recomienda que el servicio de atención sea púbico.

d.    Sugerir una derivación a un servicio de atención sicológica. Si la institución educativa lo tiene puede servir de apoyo a la familia siempre y cuando cuente con la experticia para hacerlo.

e.    Realizar el seguimiento administrativo y pedagógico. Las medidas a ser tomadas internamente con la o el docente podrían ser: i) entrevista para dimensionar la situación por la cual ha sido denunciada/o; ii) plan de respuestas, sobre todo si él o la docente asume el hecho ocurrido y manifiesta una actitud respetuosa buscando resarcir el daño; iii) realizar un acompañamiento durante las clases; iv) en caso de que la conducta manifiesta no sea asumida como tal se deberán ver otros mecanismos como: solicitar un sumario administrativo para investigar el hecho, solicitar remplazo del o la docente, entre otros. Este punto es de suma importancia para sostener el PROTOCOLO, ya que el grado/curso estará pendiente de lo que pueda suceder, así como la víctima y su familia.

f.     Restablecimiento del proceso educativo; se debe garantizar a la persona victimizada que NO habrá trabas para su proceso de promoción siguiendo las normas establecidas (exámenes, trabajos prácticos, exposiciones, etc.). Ofrecer apoyo para dicho cumplimiento.

g.    En los casos de que la persona denunciada sea un directivo de la institución, la supervisión educativa deberá asumir las responsabilidades arriba señaladas.

Acciones que respondan a una atención inmediata a ser impulsadas al interior de la institución ante una denuncia de abuso sexual que tiene como victimario a un docente:

a. Contención al niño, niña o adolecente y familia: i) (explicar el mecanismo de denuncia interno del MEC y los pasos a seguir; ii) elaborar la nota para derivar a la supervisión administrativa y pedagógica, en base a la resolución 21535/2011. Utilizar hoja de registro y numerar. ii) Cerciorarse de que se haga la denuncia en la fiscalía, si la familia no lo hace, lo debe hacer la o el director o docente que atendió el caso⁷. El abuso sexual y la coacción sexual son delitos de acción penal pública, por lo tanto de ser intervenido inmediatamente por la instancia jurídica, no requiere de abogados pagados. Las personas que realizan la denuncia no requieren PROBAR el hecho, esto es competencia de la unidad fiscal.

b.   Medidas con la comunidad educativa: i) con las y los docentes, explicitando que ha existido una denuncia sobre un hecho punible (abuso sexual-maltrato) y por lo tanto se ha aplicado el PROTOCOLO de seguridad. El nombre de la víctima deberá ser resguardado en todo momento; ii) con las y los estudiantes, explicitando que la Institución educativa no apañará ningún hecho punible, como malos tratos, abuso sexual, violencia, en la institución educativa y que las personas que pudieran haber sido víctimas pueden realizar su denuncia con toda confianza, (iii) con las madres y padres para que puedan escuchar, creer y apoyar a sus hijos e hijas en casos de haber sufrido algún tipo de violencia por parte de docentes o directos, solicitándoles puedan acompañar procesos de prevención en la escuela, la comunidad y la familia. iv) El caso no deberá ser comentario de reuniones o recesos por parte de las y los docentes, ni se promoverá la intervención de los medios de comunicación. v) En caso de que algún medio busque información, se deberá proteger la identidad de la persona victimizada y de la familia. Se aconsejará a la familia que no EXPONGA a su hijo o hija. vi) Se brindará información sobre el proceso dado, denuncia hecha a: la instancia del MEC y a la fiscalía como corresponde.

c.    Referencia a un servicio médico para contar con un diagnóstico, en el mejor de los casos niñas, niños y adolescentes deberían ser acompañados por un familiar. Se debe verificar la presencia de profesionales médicos, y que pueda ser aplicado el protocolo de salud para casos de violencia sexual a fin de evitar nuevas revisiones. Se recomienda que el servicio de atención sea público.

d.    Sugerir una derivación a un servicio de atención sicológica. Si el colegio/o escuela tiene puede servir de apoyo a la familia siempre y cuando cuente con la experticia para hacerlo. La atención a víctimas de violencia sexual requiere de la atención de profesionales especializados/as.

e.    Realizar el seguimiento administrativo y pedagógico, reemplazo del o la docente, proceso de sumario, tiempo, dictamen establecido, entre otros. Este punto es de suma importancia para sostener el PROTOCOLO, ya que el grado/curso estará pendiente de lo que pueda suceder, así como la víctima y su familia.

f.     Restablecimiento del proceso educativo; se debe garantizar a la persona victimizada que NO habrá trabas para su proceso de promoción siguiendo las normas establecidas (exámenes, trabajos prácticos, exposiciones, etc.). Ofrecer apoyo para dicho cumplimiento.

g.    En los casos de que la persona denunciada sea un directivo de la institución, la supervisión educativa deberá asumir las responsabilidades arriba señaladas.

Acciones que respondan a una atención inmediata a ser impulsadas al interior de la institución ante una denuncia de bullying o violencia entre pares.

a.    En la institución educativa; con las y los estudiantes en general (niñas, niños y adolescentes), con el grupo identificado como espectador, específico, con niños, niñas o adolescentes que realizan la agresión y con la víctima/ victimas, de esta agresión. Todas estas intervenciones deben ser tomadas como necesaria y urgente.

b.    Con las madres, padres o responsables de los niños, niñas y adolescentes en situación de víctimas y victimarios. Quiénes deberán ser convocados y/o visitados para hablar del problema.

c.    Con las y los docentes de la institución educativa a fin de analizar el contexto institucional que permita una visión más amplia para abordar el problema.

d.    Con los medios de comunicación que, en la mayoría de los casos publican el hecho, sin tomar en cuenta los derechos de las víctimas ni de los niños, niñas y adolescentes agresores, lo cual genera estereotipos que impiden analizar las condiciones sociales, culturales, económicas, subjetivas, que los han llevado a realizar actos violentos.

Estos lineamientos sugeridos se presentan como indicaciones generales que podrían ser consideradas por las diferentes instancias de los ministerios de educación a fin de generar protocolos de intervención consensuados y permitan establecer con claridad marcos de actuación en casos de violencia.

Finalmente queremos recalcar que las escuelas, requieren re-pensar su función y comenzar a convertirse en verdaderos espacios de protección para niñas, niños y adolescentes. Espacios donde puedan compartir con sus pares acciones que fomenten relaciones interpersonales respetuosas, espacios donde puedan conocer y ejercer sus derechos, y puedan expresarse consolidándose de esta forma su protagonismo

social. No cabe duda que tenemos una deuda histórica con este sector, es hora de comenzar a pagarla, sin temor a perder la autoridad que la edad y los roles que asumimos socialmente nos confieren. Queremos un mundo mejor para nuestros hijos e hijas, ellas y ellos van a la escuela, por lo tanto también deberíamos querer mejores escuelas, escuelas que protejan y sobre todo NO violenten.

 

Notas

1 Estas ideas toman lo trabajado en: Construyendo espacios educativos para una vida sin violencia. Apuntes para la reflexión desde la Nueva Escuela Pública Paraguaya (MEC, 2011).

2  La misma ha sido llevada adelante por la ONG BECA (Base Educativa y Comunitaria de Apoyo) a través de del apoyo de la ONG Plan Paraguay y se ejecuta en los distritos vinculados a sus acciones, que son: Paraguarí, Ybycui, Acahay, Quindy, (Departamento de Paraguarí); Villarrica, Félix Pérez Cardoso, Ñumi, Independencia, Paso Yobái, Mbuyapey, (Departamento de Guaira); San Estanislao, Gral. Resquín, Guayaibi y Yataity del Norte (Departamento de San Pedro). Si bien se reporta otros distritos de implementación de esta misma estrategia en Concepción y Encarnación, apoyados por UNICEF, se ha seleccionado la primera experiencia, teniendo en cuenta el proceso de implementación

3  Las Redes están conformadas por representantes de instituciones, entre ellas, las educativas, junto con otras instancias de protección tales como; las Consejerías Municipales por los derechos de la niñez y adolescencia (CODENI), Juzgados de Paz, Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, Policía Nacional, Registro Civil, ONGs,

4 La ley 1680/2001 en Paraguay define como niño y niña a la persona menor de 14 años y adolescente a la persona menor de 18 años. El marco penal es diferenciado para delitos tomando en cuenta las edades y existe menor protección pública para las y los adolescentes.

5 En la realidad paraguaya dentro del sistema educativo, se hace necesario además de fortalecer la formación docente, instalar equipos interdisciplinarios descentralizados que puedan ser referentes para abordar este problema. Asumimos que los marcos normativos en sí mismo no resuelven los problemas, pero su inexistencia, en este sentido especifico, permite que el problema quede invisible manteniéndose en el tiempo. La normativa a apunta a visibilizarlo como un problema social que debe tener respuestas institucionales.

6 Esta resolución tiene como objetivo consolidar las denuncias, como sustento para instalar sumarios administrativos independientes al procedimiento jurídico penal.

7 ¿Por qué la o el director debe denunciar el caso? Lo debe hacer porque es un mandato legal, si no lo hiciera puede ser acusado de cómplice ya que en su ejercicio profesional le ha sido develado el hecho, y es responsable de la institución educativa como administrador, reconocido por el Estado que aplica una política que garantiza derechos (la educación).

 

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