1. Hacia una aproximación a los conflictos socioambientales en el Chile actual

Según el informe del INDH¹ , publicado el 2018, en ese entonces existían alrededor de 116 conflictos socioambientales en Chile. En el sector norte del país, desde la región de Arica hasta Coquimbo, la mayoría de los conflictos eran de carácter minero, y siguiendo a éstos, conflictos energéticos, de saneamiento ambiental y por último agropecuarios. En el sector centro, desde la región de Valparaíso hasta la del Maule, se vinculan a problemáticas relacionadas al área de energía, a la minería y a los rellenos sanitarios. En el sur del país, desde la región del Biobío hasta la de los Lagos, la gran mayoría de estos conflictos ocurren en el sector de energía, seguido por los forestales y los relacionados a la pesca y la acuicultura. Por último, en el sector extremo sur del país, desde la región de Aysén hasta Magallanes y la Antártica Chilena, los conflictos existentes están relacionados principalmente con la minería y el desarrollo energético.

En este mismo informe se señala que en la región metropolitana destacan siete conflictos, de los cuales dos se encuentran activos (Proyecto hidroeléctrico Alto Maipo y Til Til, con la presencia de una chanchería, un relleno sanitario, una planta de tratamiento de aguas servidas y acopio de residuos sólidos, un relleno sanitario y un tranque de relave), tres latentes (desastre ecológico en el humedal de Batuco, proyecto inmobiliario El Panul y el relleno sanitario Santa Marta) y dos cerrados (central hidroeléctrica Guayacán y Andina 244). En este catastro no existen indicadores de otros conflictos socioambientales (como por ejemplo los vinculados al agro-negocio) que estén afectando a la región.

Los conflictos socioambientales actuales en Chile son parte de un engranaje histórico vinculado al despojo, la usurpación y la contaminación del agua y los territorios por parte del accionar tanto de empresas nacionales como transnacionales extractivas. Sin embargo, han adquirido mayor visibilidad en el marco del llamado cambio climático, en tanto variación en el estado del sistema climático (atmósfera, hidrosfera, criósfera, litosfera y biosfera), y que hoy se relaciona principalmente con la intensificación del efecto invernadero debido a las emisiones industriales procedentes de la quema de combustibles fósiles², aunque preferimos hacer mención de una crisis climática dada por la perpetuación de un modelo colonial respecto de la naturaleza.

Si bien no podemos negar que un elemento gatillante de la serie de conflictos socioambientales en el país se relaciona con esta crisis climática, se hace fundamental relacionar estos hechos con la matriz energética y productiva en que históricamente se ha sostenido la economía: el extractivismo, correspondiendo al modelo de acumulación capitalista sobre la base de la extracción y producción de las llamadas materias primas ^{(Acosta, 2012;Costanzo, 2017}; ^{Gudynas, 2013)}.

El extractivismo se basa en un proceso de acumulación por despojo ^{(Machado Aráoz, 2013)}, a través de la privatización y mercantilización de los bienes comunes naturales, denominación para reemplazar la idea de recursos naturales, relevando el carácter comunitario del agua y la tierra, entre otros elementos que sostienen la vida humana y no humana ^{(OLCA, 2012)}. Supone un uso intensivo de estos bienes para su exportación, y no para el consumo en los mercados internos, a la vez que se (re)configuran las relaciones sociales, respondiendo a un modelo de ocupación territorial sobre la base de la explotación de mano de obra barata, fundamentalmente campesina, indígena, afro y migrante.

La gran minería, la agroindustria, el monocultivo forestal, de salmón, las obras hidráulicas (tanto represas como mini-hidroeléctricas), las termoeléctricas, el turismo a gran escala, entre otras actividades, constituyen los agentes extractivos por excelencia en Chile, vinculados directamente a procesos de pauperización de las comunidades rurales y de sus territorios ^{(Fernández, 2019)}.

Para Luis ^{Llanos-Hernández (2010)}, el territorio comprende las prácticas y los sentidos simbólicos que los sujetos desarrollan socialmente en su relación con la naturaleza, variando según tiempo y espacio. Su carácter flexible permite captar cómo la realidad social se transforma, remitiendo a una construcción sociocultural del espacio mediante identidades, prácticas, estrategias de vida y acciones colectivas, lo que involucra a la persona, la vivienda, el barrio, la comunidad o la región, dando lugar a la visibilización y conformación de nuevos actores sociales.

Las actividades extractivistas consolidan dinámicas espaciales de desterritorialización, mediante el acaparamiento y el control de la tierra, así como la pauperización de las comunidades rurales, quienes son forzadas a desplazarse o reubicarse en espacios que a su vez son excluyentes y empobrecidos. Todo esto mediante la cooptación, coacción y división de las comunidades, hasta el desplazamiento forzoso de quienes históricamente se identifican con el territorio ^{(Salazar, 2017)}.

(...) en aras del capital, empresas y gobiernos proyectan una visión eficientista de los territorios que considera a éstos como “socialmente vaciables”, en la medida en que contienen bienes valorizados por el capital. En el extremo, se los considera territorios o áreas de sacrificio. En nombre de la ideología del progreso, las comunidades allí asentadas aparecen invisibilizadas, las economías regionales devaluadas o sus crisis se exacerban, a fin de facilitar el ingreso de otros proyectos de desarrollo que terminan convirtiéndose en agentes de ocupación territorial ^{(Svampa y Viale, 2014, p. 31)}.

Nos parece de suma relevancia relacionar el extractivismo con las diversas políticas de desterritorialización ^{(Toledo, 2005)}, a partir de la desposesión y presión sobre los bienes comunes como el agua y la tierra, para ampliar las fronteras agrícolas y ganaderas, e instalar mega-empresas que sólo buscan la optimización de sus ganancias a costa del sacrificio de la biodiversidad de los territorios.

Por lo tanto, podemos decir que los conflictos socioambientales reflejan la pugna de intereses entre diversos sectores sociales respecto de cómo producir y concebir la propia naturaleza, enfatizando las ganancias económicas por sobre la preservación de los ecosistemas, en el caso de las empresas y los Estados, o reivindicando, desde diversas luchas territoriales, la preservación de la naturaleza por sobre el modelo de desarrollo.

El término socioambiental da cuenta de un enfoque distinto de abordar estas problemáticas, que tendieron a analizarse exclusivamente desde los efectos ambientales o sociales, y no desde la interrelación entre ambos componentes. Por ello es que lo socioambiental responde a un intento de asumir una mirada multidimensional, más allá de la clásica díada naturaleza v/s sociedad, otorgando relevancia tanto a los sujetos como a las dinámicas territoriales (sociales y naturales) en tanto ámbitos de investigación.

Considerando lo expuesto anteriormente, como Núcleo de Estudios en Conflictos Socioambientales (NECOSOC) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, realizamos una investigación respecto de los principales conflictos socioambientales de la comuna de Paine, entre los años 2015 y 2020, considerando principalmente dos ejes: crisis hídrica y agronegocio.

En cuanto a los fundamentos teóricos que sirvieron de marco de referencia, abordamos extractivismo y territorio. La noción de extractivismo responde a un modelo de acumulación y producción que se relaciona directamente con la escasez hídrica y la consolidación del agronegocio, y el de territorio, en tanto soporte espacial e identitario en que se inscriben los conflictos socioambienta- les y los procesos de movilización social.

Asumimos la ecología política crítica como marco de referencia, desde su carácter amplio e interdisciplinario, y por lo mismo en constante construcción, colocando en diálogo, para efectos de esta investigación, reflexiones en torno a extractivismo y territorio, y centrándonos en los impactos y conflictos presentes en las formas de producción, reproducción social y en relación con la naturaleza.

Cabe destacar que la selección de la comuna de Paine como caso se fundamentó en la necesidad de visibilizar otros conflictos socioambientales que no han sido considerados por parte del INDH, y que se vinculan con problemáticas relacionadas al agotamiento, sobreexplotación y contaminación de aguas superficiales y subterráneas por parte de los llamados agro-negocios. Pero además nos pareció relevante visibilizar la realidad de una comuna rural de la región metropolitana, tensionando el imaginario social del carácter exclusivamente urbano de esta región.

Específicamente, se llevó a cabo una investigación de tipo cualitativo, mediante el método etnográfico y la descripción e interpretación del escenario social en que se sitúan los conflictos sociambientales en Paine, a través de la realización de una serie de trabajos de campo y entrevistas en profundidad a personas de la comuna pertenecientes a organizaciones territoriales y/o socioambientales.

2. Dimensiones de la crisis ecológica: crisis hídrica y agro-negocio

En 1981, en Chile el agua fue privatizada a través de un Código de Aguas que establece derechos de aprovechamiento³ , permitiendo la compra, venta e hipoteca de este bien común, creando un mercado de aguas que facilitó procesos de acumulación y despojo por parte de empresas extractivas, convirtiéndose en los principales agentes responsables de la crisis hídrica generalizada en los territorios.

Desde que se entregó la gestión del agua al mercado, dejó de ser un derecho humano y se transformó en un negocio. Ya estamos a un nivel en que se dice a los campesinos que hagan pozos no para sembrar ni consumir, sino para que vendan su agua. Sin duda el Código de Agua, hecho en dictadura, es la piedra angular de este sistema, pero además hay una serie de otras leyes y normas que han ido profundizando sus impactos nefastos, de las cuales las comunidades solo conocen sus efectos, pero no la ley misma, porque existe una feroz invisibilización y falta de información ^{(Olca, 2012, p.14).}

Dicho código, creado en un contexto de una dictadura empresarial-militar, es la base legal para la regulación y gestión de las aguas en Chile, que si bien define el agua como “bien nacional de uso público”, en la práctica se delimita su carácter de “bien económico”, permitiendo su adjudicación a particulares mediante la concesión de derechos de uso (artículo 5 del Código de Aguas). Este hecho benefició fundamentalmente al sector empresarial en desmedro de las comunidades, siendo una de las causales de la crisis hídrica en la comuna de Paine, en que los derechos de agua han sido acaparados (provocando sobreexplotación) por la agroindustria en su condición de agro-negocio.

Cabe mencionar que el agronegocio responde a un sistema alimentario de conectividad entre lo rural y lo urbano, operando en distintos niveles de producción y distribución, que se ha definido como:

El agro-negocio se concentra en actividades agropecuarias tales como la agricultura, la ganadería y la lechería, teniendo el factor tierra una alta incidencia en la composición del capital total de la empresa. En tanto modelo productivo, se caracteriza por potenciar el monocultivo, monopolizando la producción, introduciendo sustancias químicas nocivas y sectorizando el uso del suelo, a través de la apropiación del agua, con la finalidad de maximizar la producción, por lo que posee una incidencia directa respecto a los ecosistemas en que se ubica ^{(Galeazzi, 2010)}.

Respecto del uso de productos químicos en los procesos agropecuarios, los agrotóxicos son utilizados como agentes patógenos para potenciar el crecimiento, controlar plagas exógenas en los procesos productivos de los seres vivos que son explotados, generando una serie de efectos nocivos para los territorios, como la contaminación al medioambiente y daños crónicos en la salud de las personas. A pesar de esta situación, algunos de estos agroquímicos se encuentran registrados en el SAG, los cuales son utilizados y comercializados al campesinado como parte de la política pública agraria ^{(Muñoz, 2011)}.

3. La comuna de Paine, comuna rural de la región metropolitana

La comuna de Paine, creada el 22 de diciembre del 1891, pertenece a la provincia de Maipo, en la región metropolitana de Santiago. Consta de 72.759 habitantes según el CENSO del 2017, y está constituida por las siguientes localidades: Rangue, Aculeo, Huelquén, Pintué, Chada, Culitrín, La Parición, Abrantes, El Tránsito, La Paloma, La Trilla, El Vínculo, Liguay, El Escorial, Hospital, Champa, El Palpi, 24 de Abril, San Miguel, Colonia Kennedy, Águila Norte, Águila Sur y Las Colonias de Paine.

Históricamente el territorio fue habitado por la cultura aconcagua, contando con un asentamiento en las riberas de los ríos Mapocho y Maipo desde el año 900 d.C. hasta el año 1536, correspondiendo a una población agrícola que producía maíz, quinua, porotos y zapallo, además de realizar actividades de caza y recolección. También se puede observar influencia del incario y la cultura diaguita, además de presencia picunche ^{(Pórtela, 2018)}. Según fuentes oficiales⁴, la palabra Paine provendría del mapudungun, significando “cielo celeste”.

Con la llegada de los españoles, estas tierras pasan a ser mercedes y parte del sistema de encomienda, en tanto “concesión del tributo indígena por parte de la corona española a favor de un colono que se transforma en beneficiario del trabajo indígena” ^{(Portela, 2018, p. 37)}, cambiando completamente el paradigma cultural y territorial de la zona. La hacienda pasa a ser el modelo de organización de la tierra, donde las familias pudientes de la época costeaban el terreno y la labor agrícola, la cual no podría ser posible sin los inquilinos de la hacienda, que cambiaban su producción laboral por un pedazo de terreno donde tener su hogar y plantaciones agrícolas propias.

Según ^{Portela (2018)}, en ese entonces las haciendas reconocidas en la zona de Paine eran Hacienda Chada, Hacienda Aculeo, Hacienda Lo Águila, Hacienda Paula Jaraquemada, Hacienda El Tránsito y Hacienda Hospital. Hoy la hacienda Chada, una de las más destacadas y perteneciente a la familia Barros, se ubica alrededor del río Peuco. Su configuración actual se debe a la compra de terrenos y derechos de agua a los vecinos a partir de la contrarreforma agraria, en los inicios de la dictadura empresarial-militar. Posee más de 1.000 hectáreas, además de dos packing (zonas de embalaje) para el servicio de exportación; según lo planteado por Gerardo Cabezas (comunicación personal, 2021), dirigente territorial, el 99.9% de sus productos los exportan a través de la empresa río King, teniendo oficinas comerciales en China, Estados Unidos e inversiones en Perú, destacando la exportación de uvas, ciruelas, kiwis y mandarinas.

Actualmente en la comuna de Paine se pueden identificar dos focos fundamentales de conflictos socioambientales: la sequía de la laguna de Aculeo y la presencia de la planta de agrotóxicos más grande de Latinoamérica, de propiedad de Bayer-Monsanto.

Según un informe de PLADECO 2015-2018⁵, la hidrografía de Paine se basa principalmente en el río Maipo. Además, la confluencia del río Angostura aporta grandes cantidades de agua dulce a los esteros del sector.

La laguna Aculeo pertenece a una cuenca endorreica (área en la que el agua no tiene salida fluvial hacia el océano), constituida por diversos cursos de agua provenientes de la cordillera de la Costa, siendo el Estero de Pintué su principal afluente natural. La laguna, además, generaba una gran cantidad de canales de regadío, permitiendo que esta comuna se caracterizara, a lo largo de su historia, por tener una actividad económica principalmente ligada a la agricultura, gracias a su calidad del agua y suelos fértiles. Sin embargo, esa realidad se ha visto afectada en el contexto actual, debido a que la laguna se secó completamente. En estos últimos siete años la laguna redujo de manera drástica su diámetro. De los seis metros de profundidad que llegó a tener, hoy sólo posee 80 centímetros, siendo declarada en mayo del 2018 completamente seca.

Según datos actualizados de la DGA, en la cuenca de Aculeo hay derechos de agua otorgados por 516.5 litros por segundo, siendo el 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivas (no devuelven un caudal al río) concedidas a empresas agroexportadoras y mineras, mientras que prácticamente la totalidad de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos (devuelven un caudal al río) se encuentra en manos de transnacionales como ENDESA.

La crisis hídrica en Paine se acentuó en el año 2008 aproximadamente, sobre todo en las localidades de Hornos, Chada y Rangue. En la actualidad, los habitantes de estas localidades no cuentan con agua potable, además de afectar sus formas de vida y trabajo vinculadas a la agricultura. A pesar de que las autoridades han intentado solucionar esta problemática mediante el abastecimiento a las familias que necesitan con más urgencia el agua potable con apoyo de otros municipios (San Bernardo y Buin), estas acciones son aún insuficientes, ya que los camiones aljibes no alcanzan a cubrir siquiera las necesidades básicas de consumo humano, de 100 litros diarios por persona, rango sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)⁶|.

Por otro lado, la planta de Bayer-Monsanto, que elabora productos genéticamente modificados y transgénicos, utiliza en sus plantaciones un “pack” tecnológico que consta de plaguicidas y de herbicidas, para la generación de semillas supuestamente resistentes, deviniendo estos agrotóxicos en los principales causantes de intoxicaciones y otras enfermedades en la zona.

En septiembre del 2018 Bayer compra Monsanto, con la finalidad de modernizar la planta de Viluco, la única fábrica que produce semillas de hortaliza en el hemisferio sur, con un proyecto denominado “Satisfacción de la demanda”, el que implicó una inversión de alrededor de 10 millones de dólares y que tenía como objetivo aumentar la producción de semillas buscando satisfacer, en un futuro cercano, el aumento de la demanda⁷. Pese a las más de diez solicitudes presentadas por diferentes juntas de vecinos, personalidades jurídicas y naturales, la petición de realizar la participación ciudadana fue denegada y se aprobó la iniciativa sin mediar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

4. Crisis hídrica y acaparamiento de agua

La crisis hídrica se ha identificado por parte de las personas entrevistadas de diversas localidades de la comuna, como consecuencia de las actividades extractivistas y el modelo de privatización de las aguas. El desabastecimiento afecta no sólo la producción de la tierra sino directamente a la vida cotidiana de quienes habitan territorios degradados, por lo que se exige tanto la fiscalización en la calidad del agua entregada vía camiones aljibes, como la priorización en la distribución del agua para el consumo humano, además de dar fin a la figura de derechos de aprovechamiento de agua, que ha permitido que el agronegocio sea la principal actividad acaparadora de este elemento vital en el territorio.

El agua también sirve para cocinar, para lavar, entonces el agua está presente en la vida cotidiana de las personas. Entonces evidentemente esta escasez afecta de manera bien central en la vida cotidiana de las personas. No tener agua disponible mediante sistemas de alcantarillado o como lo abastecen las sanitarias, cuando las sanitarias de la urbe como las rurales que son las APR, eso afecta también en la calidad de las personas porque tienen que estar abasteciéndose de agua de camiones aljibes. La calidad del agua de aljibe no es la más adecuada, el agua tiene un aroma distinto, un color distinto (Marcelo Aburto, comunicación personal, 2021).

Esta situación de crisis hídrica ha fomentado la canalización de los afluentes por parte de pequeños agricultores, como es el caso del río Angostura, que se seca en ciertos periodos del año, afectando la biodiversidad y los ecosistemas de la zona.

En Champa destruyeron todo un tema medioambiental, un sistema completo, por canalizar agua, porque meten un bulldozer, y lo único que hacen es que demarcan el río para que se pueda canalizar y no llegue tampoco gente a bañarse o haga taco. Pero eso ya viene hace diez, doce años (Tamara Meza, comunicación personal, 2021).

Las comunidades dependen cada vez más de las lluvias para la producción agrícola, en un momento histórico en que han ido disminuyendo de manera dramática las precipitaciones en la zona central del país, ante una sequía generalizada por la crisis climática.

A mí me da mucha pena porque el otro día estaba conversando y dicen: “Si no llueve, nosotros no vamos a poder sembrar”. Por lo tanto, ahora están dependiendo solamente del agua que cae del cielo, porque aquellas aguas que venían por los canales y que venían por los ríos, fueron desviadas con la venida del Servicio de Evaluación Ambiental, en este caso, para que se hiciera un enorme tranque en la hacienda Chada (Susana Capriles, comunicación personal, 2021).

El saqueo hídrico se torna en el principal exponente de la sequía en la zona, acelerando aun más la crisis climática. La falta de precipitaciones junto al desvío de aguas, el sobreconsumo hídrico, las grandes plantaciones de monocultivo y la presión de empresas inmobiliarias, son contribuyentes de una cronología de la sequía y de la desintegración de la vida campesina.

Todos los parceleros tienen derechos de agua del riego de Chada, o sea que todas las aguas del riego caen acá a este canal, pero hoy día ya no hay agua superficial, por un tema de que no hay nieve, por la deforestación nativa y la plantación de árboles frutales, entonces hoy día lo que están haciendo es un sobreconsumo y un saqueo de las aguas subterráneas (Gerardo Cabezas, comunicación personal, 2021).

Ante la falta de precipitaciones muchas empresas y particulares han optado por el sobreconsumo y saqueo de las aguas de las napas subterráneas, construyendo norias cercanas a otras. Las propias empresas inmobiliarias entregan todas las parcelaciones para la construcción de condominios con agua de noria, dejando con poco abastecimiento hídrico a las familias que viven alrededor, lo que se repite en las cercanías de la laguna de Aculeo, afectando directamente a las Asociaciones de Agua Potable Rural (APR) en la disminución de sus niveles de agua. Es por ello que hoy la presión inmobiliaria se ha convertido en un nuevo agente de escasez hídrica.

Un tema, que es demasiado normal, es el tema del saqueo de agua, es una cuestión intervenida por muchos lugares, las norias que tienen estos tipos, tienen 100, 150 metros de profundidad, pero están hechas en el lecho del río que significa que está chupando tanto la napa subterránea como la misma del río que se corta ahí y suele aparecer en otros lugares (Eduardo González, comunicación personal, 2021).

En el caso de la laguna Aculeo, es de conocimiento popular que los afluentes que alimentan a la laguna fueron y son desviados, siendo esta la verdadera razón de su sequía, mientras que un estudio realizado por la Universidad de Chile el año 2019, concluyó que la laguna se secó por la falta de lluvia, sin considerar el tema del acaparamiento y la usurpación de las aguas señalado por los vecinos y vecinas del lugar.

Pensamos que el origen de la sequía de la laguna está más bien en los desvíos de los pequeños afluentes que corren desde la cordillera a la laguna. La laguna está emplazada en un valle y hacia arriba están los cerros o precordillera del parque altos de Cantillana; por esos lugares corren afluentes que alimentan la laguna y se ha constatado que esos afluentes traen menos aguas, y que estos afluentes son como desviados muy al interior de la cordillera, muy hacia arriba (Marcelo Aburto, comunicación personal, 2021).

A las grandes industrias, el propio Estado les concedió los derechos de agua de manera gratuita y a perpetuidad, mientras las APR o los pequeños agricultores tienen que comprar a precio de mercado los derechos de agua. Es por ello que, para combatir la crisis hídrica y su normalización, se han ido organizando diversas instancias desde las comunidades, sobre todo frente la sequía de la laguna Aculeo y la falta de agua en las APR, conformándose el Movimiento por el Agua de Paine, el MAP, siendo una de sus primeras acciones el acopio de agua para los y las vecinas de la laguna, además de realizar actividades de difusión y educación sobre el tema.

A pesar de la existencia y publicación de decretos por la emergencia hídrica, las empresas siguen siendo privilegiadas con el otorgamiento de derechos de agua. Los organismos públicos sólo se han planteado soluciones parches para dejar a cierta población silenciada y para demostrar que están haciendo algo por el conflicto del agua, sin abordar el problema de raíz: su privatización. Tampoco hay una disposición al diálogo, las organizaciones les invitan a mesas de trabajo de las cuales desisten de participar, por lo que es muy notorio que su interés político y económico está junto a las grandes empresas.

Los nombres de las familias responsables de la escasez hídrica se repiten en otros sectores y/o regiones, como los Garcés, dueños de la agrícola Garcés, exportadora de frutas, la familia Barros, los Freirianas, socios con los Garcés en el negocio de las cerezas, los Vergara, responsables de la desviación de aguas de Las Cabras, El Cepillo y el estero Pintué que alimentaban a la laguna Aculeo, mientras que por el sector Oriente se apunta como responsables a los Pérez- Cruz. Además, se nombra a la familia Kast, que a través de sus distintas empresas concentran gran cantidad de derechos de agua. Son estas mismas familias las que reciben subsidios del Estado.

Las comunidades identifican a las agroindustrias como las mayores responsables de la escasez hídrica en el territorio. Es así que luego de la instalación de una empresa agrícola las viviendas cercanas quedan sin agua potable o bajan los niveles de las aguas de las APR. Lo mismo sucede con la instalación de empresas inmobiliarias, las cuales van concentrando y acaparando derechos de agua. La población rural de la comuna es la más afectada por esta condición.

Según las personas entrevistadas, no existe apoyo financiero para enfrentar la escasez hídrica, son las propias organizaciones sociales las que buscan herramientas para poder sacar agua de napas más profundas, quienes pagan camiones aljibes, y quienes realizan monitoreos y denuncias para encontrar a los responsables del desabastecimiento hídrico y contaminación de los territorios.

Por ejemplo, la Agrícola Carén es la dueña de la viña Pérez Cruz y ellos tienen tranques construidos arriba, se dividen el agua en Peuco en el límite de las dos regiones, de la sexta y la metropolitana, y se desvía el agua y se tiene seco desde allá de Chada que es donde pasa el agua hasta pasando por Culitrin y todos los territorios del oriente hasta llegar acá (Tamara Meza, comunicación personal, 2021).

La crisis hídrica se intensifica no sólo a partir de lo relatado anteriormente, sino también por la creación de nuevos cuerpos de agua artificiales, como los tranques o tomas de agua, que desvían y realizan cortes a los caudales hídricos para abastecer y repartir el agua a las grandes empresas o familias dueñas de los derechos de agua.

5. Agronegocio y agrotóxicos

Las principales empresas vinculadas al agronegocio en la comuna de Paine son: la Hacienda Chada, la Agrícola Río King, Monsanto-Bayer y Agrícola Caren. Trabajan principalmente con productos frutales y vinícolas, destinados principalmente a la exportación.

La Hacienda Chada, que opera como Agrícola King y Agrícola Carén, dueña de la viña Pérez-Cruz, posee la gran mayoría de los derechos de agua del sector, además de realizar desvíos y construir tranques ilegales. Según lo señalado por Gerardo Cabezas (comunicación personal, 2021), cuenta con 700.000 hectáreas plantadas y siguen comprando terrenos para su expansión⁸.

En el río Peuco, la hacienda Chada tiene su producción de kiwis, de uvas, y ellos tienen derechos de agua, lo que les permite tranquear, desviar el agua y además los vecinos, que son la viña Pérez Cruz, que los propietarios son la Sociedad Agrícola Carén, cuando una pregunta en la viña si ellos están ocupando el agua te dicen que no, porque es la Agrícola Carén, pero la Agrícola Carén es la dueña de la viña Pérez Cruz y ellos tienen tranques construidos arriba, donde dividen el agua en Peuco, en el límite de las dos regiones, de la sexta y la metropolitana (Tamara Meza, comunicación personal, 2021).

Todas las empresas que están instaladas en la zona utilizan agrotóxicos en sus cultivos, lo cual afecta directamente a la población painina y a sus consumidores, contaminando el aire y los diversos cuerpos de agua, además de ser testigos del rocío de líquidos y de fumigación sin ningún tipo de precaución. Por ejemplo, uno de los ríos que se encuentra a la altura de Champa, llega con un caudal reducido y contaminado producto de los pesticidas y químicos contaminantes que utilizan las fruteras y las vinícolas, como las empresas de Monsanto. Esta contaminación no sólo sufre el agua de la superficie, sino el de las napas subterráneas, las cuales posteriormente llegan a las casas y predios de pequeños agricultores.

Acá te avisan que van a pasar y que van a tirar pesticidas, pero tú tienes que cerrar la ventana y te aguantas, o sea, no es que no se pueda, porque eso está definido ya por el SAG que uno tiene que bajar la cabeza no más po, siendo que infiltran el agua, infiltran las napas (Tamara Meza, comunicación personal, 2021).

Es tan compleja la situación que, a pesar de la presencia de la agroindustria y su directa relación con la escasez hídrica y la precariedad estructural, muchos pequeños agricultores y familias campesinas deben comprar sus alimentos a las mismas agroindustrias que degradan el territorio.

Por otra parte, como se ha indicado anteriormente, la comuna de Paine cuenta con uno de los graneros de semillas transgénicas más grandes de América Latina, Monsanto-Bayer, siendo identificado como uno de los mayores agentes de degradación ambiental en la comuna.

En 1863 Bayer se fundó como una fábrica de tintes textiles en Alemania, descubriendo en este proceso un compuesto químico curativo (acetilsalicílico), base de la aspirina, la cual fue patentada en más de 80 países, posicionando a Bayer como una de las principales industrias química- farmacéuticas. Según la Revista Médica⁹ , desde 1925 hasta 1951 Bayer formó parte del conglomerado IG Farben, quienes utilizaron mano de obra esclava judía y fabricaron Zyklon B, un químico (pesticida) utilizado en las cámaras de gas de campos de concentración nazi. Durante el juicio de Nuremberg sus principales responsables fueron condenados, pero a pesar de ello la empresa continuó funcionando.

A pesar de una serie de polémicas, en el 2002 la transnacional se reorganiza en distintas áreas de trabajo, una de ellas bajo el nombre de Bayer CropScience, enfocada en una división de productos agroquímicos¹⁰ para el control de plagas no agrícolas, semillas y biotecnología vegetal, adquiriendo luego otras empresas de producción de agroquímicos, ingeniería genética de alimentos y empresas de semillas vinculadas al área de cultivos.

Actualmente una de las firmas más importantes asociadas es Monsanto, empresa que también posee una historia de demandas por el uso de agroquímicos cancerígenos y otros químicos dañinos, como por ejemplo dioxinas (contaminantes ambientales persistentes), Agente naranja (herbicida utilizado en la guerra de Vietnam para fumigar plantas), Roundup (herbicida glifosato), entre otros productos, a través del desarrollo de la alteración genética y la biotecnología ^{(Tokar, 1999)}.

La unión de Monsanto y Bayer durante el año 2016 se caracterizó por ser de las fusiones empresariales más grandes y reconocidas en el mundo de los agroquímicos y semillas a nivel mundial¹¹ . Podemos encontrar algunas de sus instalaciones en países como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

Las organizaciones de la comuna, a pesar de que han levantado diversas luchas contra Monsanto-Bayer, comentan respecto de la cooptación permanente por parte de la empresa de todo el sistema institucional, lo cual se ve reflejado en el apoyo que han tenido desde distintos gobiernos municipales. Además, llama la atención el bajo perfil de la empresa en la comuna, contando con una infraestructura nada llamativa además de desconocerse quiénes trabajan ahí.

Por otro lado, la empresa posee diversas estrategias de vinculación directa con la comunidad, a modo de “lavado de imagen”, fomentando supuestamente buenas condiciones laborales, sustentabilidad, y responsabilidad social, realizando talleres y capacitaciones a profesores de los colegios en temáticas medioambientales, por lo que se la percibe como una empresa que otorga oportunidades de trabajo, con buen sueldo, lo cual es importante para las familias del sector a la hora de mantener la economía de sus hogares.

En Paine hay predios que trabajan con Monsanto, porque paga mejor, porque en el fondo al agricultor le entregan todo el paquete, le entregan la semilla, le entregan los controladores, los agrotóxicos y tienen que comprometerse a plantar y después de un tiempo le compran su producción y vamos al próximo año y así. El deterioro de las tierras y de las aguas es profundo, pero no son antecedentes que al final los campesinos tomen tanto en cuenta, al principio digamos (Susana Capriles, comunicación personal, 2021).

Uno de los primeros sectores que se movilizó contra esta transnacional fue el apicultor, al darse cuenta de cómo afectan los sembríos al funcionamiento sistémico de las especies polinizadoras del sector de Paine. Por otro lado, como señala Susana Capriles, no se conoce información oficial respecto de los efectos nocivos para la salud o los impactos socioambientales por el uso de agrotóxicos, no hay fiscalización ni menos voluntad política para abordar esta problemática

Muchas de las personas entrevistadas comentaron que a lo largo del tiempo se han visto casos de enfermedades cancerígenas, las que según los relatos de ex trabajadores campesinos, se han provocado posiblemente por el uso de herbicida Roundup por parte de la empresa Monsanto-Bayer, siendo su base glifosato, el cual se ocupa masivamente en los cultivos agrícolas del país¹². Ante tales situaciones, diversas organizaciones territoriales se reunieron con el departamento de salud para exigir justicia a los afectados e iniciar así una investigación al respecto, basándose en una serie de casos internacionales, lo que aún no rinde frutos.

6. Campesinado y migración

Ante la problemática del agua en Paine, las dinámicas culturales de la vida campesina se han visto afectadas en su cotidianidad, ante la incertidumbre constante por parte de las familias campesinas respecto del abastecimiento de agua. Es así que la lucha por el agua también se transforma en una reivindicación por parte de la lucha campesina.

Acá hay personas en la zona de Paine que no tienen agua para beber y tienen que comprarla. Aparte de que tienen que estar pagando los costos fijos del APR, o sea que pagan un costo fijo por un servicio que no está, que no se está suministrando y además tienen que estar comprando agua, entonces creo que ahí hay unos costos monetarios extra para las familias, que evidentemente no lo viven las familias de la parte urbana de Paine (Marcelo Aburto, comunicación personal, 2021).

Otro tema presente es la pérdida de suelo agrícola, no sólo por su mal uso por parte de la agroindustria, sino también a causa de la presión del mercado inmobiliario y el turismo. Uno de los principales agentes de degradación ambiental en la laguna Aculeo, además del agronegocio, es el cambio del suelo agrícola para el turismo ^{(Armijo, 1997)}, y la venta de viviendas de agrado por parte del mercado inmobiliario para una vista panorámica del balneario desde los cerros más cercanos.

El deterioro en la agricultura y en la calidad de vida de los campesinos ha producido la búsqueda de alternativas, migrando a la ciudad y generando procesos de vaciamiento territorial.

Finalmente ¿qué es lo que hacen? Se tiende a vender el terreno, por lo tanto, hay una enorme pérdida de suelo agrícola y esa pérdida de suelo agrícola atenta contra nuestra capacidad de soberanía alimentaria, atenta contra la posibilidad de seguir surtiendo en los mercados a nivel de Santiago y atenta en contra de nuestra identidad campesina (Susana Capriles, comunicación personal, 2021).

A los pequeños agricultores cada vez se les hace más complejo poder producir y vivir del trabajo agrícola. La mayoría del tiempo dependen de las lluvias. Por otra parte, no poseen estrategias de venta y producción, ni transporte propio, por lo que deben pagar altas sumas a camioneros para transportar sus productos a Santiago. Y a pesar de todo, algunas familias y comunidades campesinas resisten, como señala Segundo Toledo.

Hay chiquillos que siguen la tradición, la misma tradición de la agricultura porque dicen cómo vamos a perder la tierra y no pues, más lo que cuesta, los papás lo que les costó tenerlas ¡y deshacerse de ellas! no es la idea, uno por lo menos... hay chiquillos que les gusta la tierra, les gusta el campo, yo creo que van a morir igual que uno, trabajando en el campo, eso es bonito, para uno es bueno porque, bueno uno nació en la tierra y tiene que morir aquí no más (Segundo Toledo, comunicación personal, 2021).

La megasequía, la falta de acceso a tecnología y la pérdida de suelo agrícola son identificados como factores determinantes de la crisis actual de la vida campesina, además de propiciar la migración del campo a la ciudad de jóvenes: “la misma gente, la juventud de acá, se trata de ir a buscar otros rumbos y salir del otro, dentro por ahí, ya no hay vida por acá, campesino por lo menos va quedando poco” (Segundo Toledo), y los pocos que se quedan deben endeudarse “porque tienen que sembrar y tienen que tener maquinaria y tienen que tener miles de cosas, llegan las deudas y te ahogan, mucha gente ‘tira la esponja’ y se va” (Tamara Meza).

7. A modo de cierre

Los diversos conflictos socioambientales que hemos descrito y analizado en la comuna de Paine nos sitúan ante una política ecocida, de daño y destrucción permanente de los ecosistemas, mediante la consolidación y la perpetuación del extractivismo, y de un modelo privatizador de los bienes comunes naturales, situación que se ve agudizada con la crisis climática actual y la instalación de falsas soluciones, como por ejemplo la producción de energía supuestamente “verde” a costa de la ocupación y devastación territorial, y manteniendo un modelo de insumo al sistema interconectado central.

La identificación de una serie de agentes extractivistas (estatales, empresas privadas, transnacionales) vinculados a la escasez hídrica en Paine, a través del acaparamiento y la usurpación de derechos de aprovechamiento de aguas, de las cadenas de producción del agro-negocio y el impacto socioambiental de éstas, se convierten en insumos para las organizaciones territoriales y socioambientales en torno a la defensa, recuperación y restauración del agua, las semillas y la tierra, ante la necesidad urgente de visibilizar quiénes constituyen los agentes de despojo territorial y degradación ambiental.

La migración campo-ciudad, en el marco de procesos de desterritorialización a causa de la pérdida de suelos agrícolas, la precariedad laboral, la crisis hí- drica, la contaminación del agua, el aire y la tierra, entre otros elementos, está destruyendo lo poco que queda de la agricultura familiar en la única comuna totalmente rural del centro del país. Esto nos sitúa ante el desafío de sostener modos de vida y propuestas que permitan la propia existencia de quienes habitan territorios que son y han sido sacrificables para la generación de ganancias de unos pocos, hecho que se repite de manera similar en otras territorialidades de América Latina y el mundo.