ARTÍCULOS ORIGINALES

 

Los derechos de las personas con capacidades diferentes*
Nuestra dignidad no tiene precio y nuestros derechos no se negocian.
Personas con Discapacidad. Vigilia en la plaza de San Francisco, La Paz

 

Rights of people with different abilities
Our dignity is priceless and our rights are not negotiable.

 

 

Guadalupe Guisbert Rosado **
luguiro@hotmail.es
Presentado: noviembre 15 de 2016. Aceptado: 08 de diciembre de 2016

 

 

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Resumen

Desde el enfoque social la identidad de las personas con discapacidad diferente es una construcción social, que permite interpretar los hechos relacionados con este colectivo desde la defensa de los derechos humanos. En este marco en un Estado de Derecho sé presume que el mismo debe asegurar el bienestar social, satisfacer las necesidades de la población con equidad. Pero, ¿qué sucede si el Estado vulnera los principios y las leyes que protegen sus derechos y además los discrimina?, ¿hasta qué punto el Estado boliviano ha asumido el avance en el enfoque, de conceptos, clasificaciones y acciones sobre la discapacidad? La hipótesis es la defensa y protección de los derechos de las personas con discapacidad que se tradujo en leyes y en discursos gubernamentales, pero no ha transitado a prácticas estatales mediante políticas públicas.

El estudio se basa en el transcurso y resultados de la marcha de las personas con discapacidad entre los meses de marzo y julio de 2016 en demanda de un bono de Bs 500 mensual, aproximadamente $us 72; que refiere a una reivindicación socioeconómica; ser reconocidos como parte del Estado, acceder al control de los recursos (materiales y simbólicos) y al mismo tiempo reforzar sus capacidades y protagonismo en el nivel individual y colectivo. Desde esa perspectiva es imperativo reparar el daño hecho a las personas con discapacidad y restituir sus derechos. El Estado es el responsable para que estos ciudadanos puedan ejercer plenamente sus derechos conforme señala la Constitución Política del Estado que se precia de ser inclusiva y garantista.

Palabras clave: Personas con discapacidades diferentes, enfoque social, derechos humanos, Estado de Derecho.

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Abstract

From the social point of view, identity of the people with different abilities (pwd; hereafter) is a social construction, which permits to interpret the facts related to this community in terms of the defense of human rights. In the context of the Rule of Law, it isassumedthatthe State mustensure social welfare and fulfill the needs of people with equity. However, what happens when the State, is the one who violates the principles and laws that protect their rights and discriminate them? To what extent the Bolivian State has made progress in the approach, concepts, classifications and actions on disability? The hypothesis is a defence and protection of pwd's rights, which has been translated into laws and governmental speeches, but has not been transited into State's practices through public policies.

The research is based on the process and results of the pdw's protest which took place in La Paz, Bolivia (between March and July 2016) caused by a demand of a monthly social bonus of Bs. 500; referring to a socio-economic demands and the need to be recognized as part of the State, moreover to the possibility to access control of the resources (materials and symbolic), additionally strengthen their capacities and leadership in individual and collective level. From this perspective it is imperativeto repairthe damage doneto pwd and restore their rights. This should be done by the State.

Keywords: People with different capabilities, social approach, human rights, Rule of Law

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1. Introducción

La discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito. Yo mismo he sufrido una neuropatía motora durante la totalidad de mi vida adulta, y no por ello he dejado de desarrollar una destacada carrera profesional como astrofísico y de tener una feliz vida familiar.
Prof. Stephen W. Hawking

El concepto de discapacidad, centrado anteriormente en una perspectiva paternalista de la persona dependiente y necesitada está cambiando a un nuevo enfoque, el de una persona con habilidades y recursos. Esto refleja en las reflexiones sobre el cambio de la mirada estrictamente médica, de salud y asistencial hacia una visión social y jurídica de derechos de las personas con discapacidad (el término de personas con discapacidad es consistente con el código de la ONU), quienes tienen derecho a ser parte de la sociedad con todas sus potencialidades, mucho más si se asume que todas las personas en algún momento son discapacitados en algún grado o en algún aspecto no necesariamente físico.

En la antigüedad las personas con cierta discapacidad eran rechazadas o producían vergüenza y temor; estaban marcadas por signos de estigmatización. En algunos casosen las sociedades originarias eran consideradas personas diferentes, especiales, que tenían ciertos poderes psíquicos. En cualquiera de los casos no se los trataba como "personas normales", se los escondía o se los utilizaba para algunos ritos. La sociedad boliviana ha superado algunas ideas retrógradas, aunque todavía perviven algunos miedos o prejuicios frente a estas personas. Desde hace varias décadas el Estado boliviano, en el marco de los convenios y tratados internacionales sobre las personas con discapacidad, ha desarrollado una detallada normativa interna respecto de dicha población, estableciendo los derechos en las dimensiones económico-productiva y de trabajo, social-educativo, cultural-recreativo y las actividades de las personas con discapacidad en el ámbito público y privado. Las personas con discapacidad formalmente están protegidas por las normas de alcance general, pactos internacionales, convenios regionales, etc. En esa perspectiva, la desatención por parte del Estado parece obedecer a una estructura social de discriminación, prejuicio y estigmatización, más que a la ausencia de normas (Escudero, 2011).

Sin embargo la marcha de más de un centenar de las personas con discapacidad y sus familias, que partió de Cochabamba el 21 de marzo de 2016, hasta llegar a La Paz el 25 de abril de 2016, en busca del pago de un bono mensual de Bs 500, mostró que no es suficiente tener leyes para avanzar en la cultura de respeto y defensa de los derechos de todas las personas.

Al mismo tiempo el conflicto mostró dos facetas: por un lado, desde la sociedad, algunas instituciones, sectores, empresas y personas que se unieron y apoyaron a la movilización del sector, para exigir la restitución de los derechos de las personas con discapacidad. Por otro, desde el gobierno que no se logró consensuar con los dirigentes, el Presidente se negó a tratar la solicitud personalmente con los representantes del sector y aplicó algunas estrategias como la división del movimiento de las personas con discapacidad, debilitó la demanda de éstas e incrementó el nivel del conflicto.

En este documento se analizan algunas razones y consecuencias de la negativa del gobierno a responder a las personas con discapacidad, así como las implicaciones del enfoque ideológico político del Estado en el ejercicio pleno de los derechos de ciudadanía de todos los habitantes.

 

2. Tres actores, un "vencedor" pírrico, un "vencido" vulnerabilizado

El conflicto estuvo concentrado en la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, encabezada por éstas. Los actores enfrentados fueron: el gobierno, las personas con discapacidad críticas al gobierno, las personas con discapacidad apoyadas por el gobierno y algunos de ellos servidores públicos en algunas instancias de la administración pública.

El "vencedor" pírrico de la movilización fue el gobierno. En apariencia emergió del más fortalecido porque logró controlarel conflicto, con el abuso de los recursos del poder como la coerción, amenaza, el chantaje. Sin embargo, desde la perspectiva social perdió capacidad para comprender y responder las demandas de una población altamente vulnerable. La ciudadanía empezó a comprender que se trataba de un Estado incapaz de repensar los modelos predominantes de racionalidad y democracia restringida que definen lo que es "políticamente correcto" (Palacios y Bariffi, 2007).

El "vencido", vulnerable y mucho más vulnerabilizado por el gobierno que salió del conflicto con más desventajas y con rasgos de una identidad deteriorada (Goffman, 2006). En todos los casos como si se tratara de un enfrentamiento entre dos colectivos: uno de ellos con el Órgano Judicial, el Órgano Legislativo el Órgano Ejecutivo y todos sus instrumentos e instituciones bajo su mando, con recursos económicos para movilizar a los agentes de la policía y detener a los transgresores, y las personas con discapacidad, con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, en sillas de ruedas, con muletas o en pie con el apoyo de sus familiares o amigos, sumándose la ciudadanía por la limitación que tienen los que exigían respetar sus derechos.

Francisca Condori tiene parálisis en el lado izquierdo, desde su cabeza hasta sus pies. Fortunata Choque es madre de seis hijos, tres de ellos no escuchan, ni hablan. El mayor de 26 años y el menor, 18 años.

En sus caminatas por las carreteras y las ciudades portaron como distintivos la bandera de Bolivia y otra de color blanco, como símbolos de un movimiento pacífico.

Durante el gobierno del presidente Morales ya se produjeron dos marchas de las personas con discapacidad. La primera en 2012 y la segunda en 2016. En 2012 demandaron un subsidio anual de Bs 1000 y en 2016 un subsidio mensual de Bs 500. La respuesta fueron represiones duras, algunas selectivas, otras generalizadas, planificadas por la policía y por los estrategas del Ministerio de Gobierno, que incluso diseñaron la instalación de una "jaula", un cerco de vallas, alrededor de la Plaza Murillo para impedir que personas en sillas de ruedas se instalaran frente o entraran al Palacio de Gobierno, y decidieron que el Presidente no se reuniera con las personas con discapacidad.

"... nuestra marcha es pacífica, aunque se esté mostrando que nosotros somos los supuestos agresivos contra la Policía. En las imágenes que difunden obvian el maltrato de los uniformados hacia los compañeros, ellos los han pateado y golpeado con toletes" (Feliza Alí, Coordinadora de la movilización nacional).

 

3. Solidaridad social y discriminación Estatal

El escalonamiento del conflicto en el año 2016 se inició con protestas en la ciudad de Cochabamba y vigilias en la plaza principal de esa ciudad. Incluso recurrieron a acciones extremas como colgarse del puente del viaducto en sus sillas de ruedas. Las mismas no tuvieron respuesta y de esa manera las personas con discapacidad iniciaron la segunda marcha. El 21 de marzo de 2016, cerca de un centenar de personas con discapacidad y sus familias emprendieron la marcha desde la ciudad de Cochabamba hasta la ciudad La Paz. La demanda central, el pago de un bono mensual de Bs 500.

Después de más de 35 días de movilización desde la ciudad de Cochabamba realizando muchas paradas en diversos lugares del camino, soportando las inclemencias del tiempo, las personas con discapacidad llegaron al coliseo multifuncional de la Ceja de El Alto, al medio día del lunes 25 de abril de 2016, donde reposaron por 30 minutos para luego reanudar su camino rumbo al centro de la ciudad de La Paz.

A las 16:30 en medio de vítores, aplausos y votos de apoyo de la población que se concentró a los costados de las avenidas Montes, Mariscal Santa Cruz, también se aposto en la pasarela de la Pérez Velasco. La llegada de la caravana fue un acontecimiento importante en la vida urbana de La Paz, la población entregó a las personas con discapacidad agua, flores y alimentos; la marcha fue recibida en medio de varias muestras de solidaridad por parte de centenares de ciudadanos, que se desplazaron a lo largo del recorrido. Las personas con discapacidad se ubicaron en la plaza San Francisco, al lado del mercado Lanza y en la Universidad Mayor de San Andrés.

El apoyo y la solidaridad social fue el aspecto más relevante, durante todo su estadía en la sede de gobierno las personas con discapacidad recibió ropa, alimentos, pañales, medicinas y donaciones en efectivo por parte de la población.

"Nos hemos sorprendido con la población de La Paz, han desprendido su corazón, ha habido llanto, han sentido por nosotros y eso queremos que sienta el Gobierno" (Samuel Cabrera, cruceño en silla de rueda que realizó también la marcha de personas con discapacidad desde Trinidad hasta La Paz en 2012).

Pero no fueron recibidas por ninguna autoridad gubernamental. Días después tuvieron reuniones con algunas autoridades que no tenían poder de decisión sobre la demanda.

"El gobierno que se siente a dialogar, conoce nuestras necesidades, pedimos el diálogo y esperamos que nuestro pedido toque su corazón" (Abundio Jallasa, representante del sector, Radio Aclo, Sucre).

"Es muy grande el sacrificio que hemos hecho, con días de un sol inclemente, lluvia, frío, viento, durmiendo a la intemperie, madres con hijos discapacitados, hijos con sus padres discapacitados han marchado" (Líder de las personas con discapacidad, David Cayo).

En ningún momento pudieron presentar su demanda ante el Presidente Evo Morales, tal como era su propósito inicial. Las tres cartas que enviaron al Presidente no obtuvieron ninguna respuesta.

La comisión de autoridades del gobierno conformada, por los Ministros Ariana Campero (Salud), Virginia Velasco (Justicia), Roberto Aguilar (Educación), Juan Ramón Quintana (Presidencia) y Gonzalo Trigoso (Trabajo) se reunieron en varias ocasiones con la dirigencia de las personas con discapacidad. Esos encuentros no tuvieron ningún resultado favorable a la demanda del sector.

El Defensor del Pueblo, elegido por la Asamblea Plurinacional, no logró conciliar las posiciones contradictorias entre el gobierno (y algunos dirigentes de las personas con discapacidad) sobre la demanda del bono mensual. Se hizo latente la discriminación -una forma de violencia- del gobierno sobre este colectivo de personas; otras organizaciones o movimientos sociales fueron y son atendidos inmediatamente por el Presidente y todo su equipo de gestión y administración, por ejemplo los mineros cooperativistas, las Bartolinas, los campesinos y los denominados interculturales. En la lógica del gobierno las personas con discapacidad carecen de importancia política y los ve como una carga para el Estado, por ello no prioriza sus acciones asistencialistas.

"... el término "discriminación contra las personas con discapacidad" significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad, de sus derechos humanos y libertades fundamentales".

Prácticamente todas las declaraciones de las autoridades del gobierno estuvieron dirigidas a descalificar sus demandas, hacer ver que no comprendían las limitaciones presupuestarias del Estado y que el Estado tiene otras prioridades.

 

4. Las alianzas y los apoyos

En su movilización las personas con discapacidad mostraron una visión estratégica en la búsqueda de aliados, porque la suma de actores sociales les permitió ampliar su radio de acción de presión sobre el Estado. Esta estrategia está relacionada con la experiencia de vida de las personas con discapacidad, el aislamiento y la marginación en que generalmente viven. Entonces, la confluencia en movimientos más amplios les otorga mejores oportunidades de integración e inclusión, y la posibilidad de desplegar sus capacidades colectivas (García, 2008).

Por ello, el movimiento social de las personas con discapacidad, incluso sin lograr su objetivo socio económico, logró fortalecer su organización para el cumplimiento de sus derechos y sensibilizar a la población sobre las cuestiones que afectan a las personas con discapacidad. Porque el proceso de empoderamiento no termina con un triunfo o derrota definitivos sino es un proceso sistemático de construcción, es un medio para incidir en las políticas públicas destinadas al cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad, como parte de los procesos de cambio del contexto (Palacios y Bariffi, 2007).

La movilización de las personas con discapacidad, además de la principal en La Paz se desarrolló en capitales de departamento y logró el apoyo de cinco sectores sociales y estudiantes de la Universidad Mayor de San Andrés.

"La convocatoria es abierta para toda la población. Estamos agradecidos por la solidaridad de estos seis sectores y esperamos que más personas se sumen mañana (hoy) a nuestra protesta. Estimamos llegar por lo menos a 700 u 800 marchistas" (Feliza Alí, Coordinadora de la movilización nacional).

La Confederación de Maestros Urbanos de Bolivia, la Federación de Mujeres Campesinas "Bartolina Sisa" de La Paz, los gremiales de El Alto, el Comité Cívico de El Alto, la Asociación de Padres de Familia de Personas con Discapacidad de El Alto y los estudiantes de las carreras de Sociología y Trabajo Social dela UMSA fueron los sectores que confirmaron su apoyo y participación en la marcha de las personas con discapacidad.

También la Facultad de Humanidades de la UMSA instaló un acopio de donaciones en la calle 6 de Agosto, Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz. El apoyo de la Iglesia Católica también fue uno de los eventos más significativos. En la plaza San Francisco, una misa celebrada por el padre Xavier Albó bendijo a los integrantes de la marcha y pidió que las autoridades puedan ablandar el corazón ante esta realidad.

Vamos a pedir muy particularmente por los que han venido en esta caravana, deben estar muy agotados.Señor, estamos contentos de habernos sacrificado todo este tiempo, que no sea en vano, que se ablanden las autoridades, que consideren lo mucho que ustedes han sufrido y que por lo tanto tengan un corazón misericordioso como el de Jesucristo, como el del Papa Francisco. Esto te pedimos Señor para que la estancia aquí, dure el tiempo que sea y tenga el resultado esperado (Xavier Albó, sacerdote que hacía poco tiempo fue distinguido con el "Cóndor de Los Andes" por el Presidente Morales).

La movilización logró establecer alianzas significativas pero también tuvo que enfrentar la estrategia gubernamental de dividir y cooptar a algunos dirigentes, lo que debilitó la demanda.

La primera autoridad tiene que reunirse con las personas con discapacidad, no solamente tener encuentros de favoritismo" (Marisol Aguilar, Asesora legal del Comité Departamental de la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad).

Luego de que el gobierno nacional firmara un acuerdo con representantes de un sector de las personas con discapacidad, identificado como afín a dicho gobierno, el sector que mantiene las medidas de presión radicalizó su protesta en el lugar de la pasarela que atraviesa la avenida Montes de la sede de gobierno, desencadenando situaciones tensas de enfrentamiento entre personas con discapacidad y policías. Este hecho derivó en el apresamiento de un manifestante con discapacidad motora e intelectual, y la afectación a otra persona que fue derivada al Hospital de Clínicas.

El jueves 5, se realizó una marcha por las calles céntricas de La Paz, y se anuncia una medida similar a nivel nacional para el próximo lunes 9 de mayo. (Defensoría del Pueblo, 2016).

 

5. Objetivos de la movilización

Estaban concentrados en aspectos normativos, organizativo institucionales, administrativos y técnicos. Desde la perspectiva del ejercicio de los derechos y el desarrollo humano uno de los más importantes fue el objetivo de la restitución de los derechos de las personas con discapacidad. (Documento de objetivos de las personas con discapacidad).

"No vamos a irnos porque tenemos derecho y estamos en un país libre para protestar, no estamos haciendo daño a nadie solo estamos pidiendo lo justo para la personas con discapacidad" (Rosmery Guarita).

Respecto de la demanda en recursos, prácticamente significaba dos dólares y medio por día. Demandaron la promulgación de la ley para que se les asigne a todas las personas con discapacidad una renta mensual de Bs.500 mensual, más o menos $us 72. Si se toma en consideración que una mayoría de los movilizados no tiene posibilidades de generar ingresos propios en actividades productivas o de servicios, los 72 dólares americanos mensuales significaban aproximadamente $us 2,4 por día, suficiente para tener un nivel de vida próximo a la indigencia.

Otra demanda fue la modificación de la Ley N° 223 para establecer condiciones a corto, mediano y largo plazo y garantizar la protección al desarrollo y la inclusión de la diversidad, con la restitución de la participación orgánica e independiente de las organizaciones de las personas con discapacidad.

Demandaron la calificación de discapacidad mediante un procedimiento metodológico de calificación bajo los parámetros establecidos en la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud), la modificación de los criterios, dispositivos, procedimientos y tiempos de los procesos de calificación de discapacidad, de manera que los mismos posibiliten la inclusión social del sector.

Asimismo se contempló la redefinición de criteriostécnicosparalograrladiferenciación de los procesos de renovación de carnets de discapacidad, de manera que la misma sólo sea aplicada a las personas que atraviesan circunstancial o temporalmente condiciones de discapacidad.

También solicitaron la realización de auditorías financieras y técnicas públicas del Fondo Nacional de Solidaridad y Equidad desde su promulgación; la definición de medidas de sanción penal a las acciones de cooptación, infiltración y violencia estatal dirigidas hacia personas y organizaciones pertenecientes a poblaciones vulnerabilizadas por la exclusión social, con el propósito de mantener, respetar y hacer respetar la estructura orgánica e independiente, autónoma, no permitiendo ninguna clase de intromisión al movimiento asociativo de las personas con discapacidad (Pérez, 2010).

 

6. La estabilidad macro económica

Según el gobierno la demanda de las personas con discapacidad tendría efectos negativos en la estabilidad económica y descartó su atención. Ministros y Viceministros de diferentes carteras de Estado reiteraron en varias oportunidades que la renta mensual de Bs 500 era insostenible y causaría daño a la economía del país, por lo que pidieron a los marchitas aceptar el acuerdo de 42 puntos que se firmó con las personas con discapacidad que no participaron de la protesta. Pero en el análisis comparativo con otros bonos, el bono de Bs 500 mensual (Bs 6.000 al año) a favor de las personas con discapacidad se financiaría con Bs 249,5 millones al año, es decir el 0,1 % del Presupuesto General del Estado, de Bs 217 mil millones en 2016. El pago implicaría el 6% de lo que el Estado gasta en otros bonos.

El discurso del gobierno sobre el efecto en la estabilidad macroeconómica mostró la posición contradictoria de la posición oficial. Por un lado los ministros del ramo declaraban que la economía nacional estaba "blindada" (Ministro de Economía y Finanzas Públicas) y por otro indicaban que el pago a las personas con discapacidad pondría en peligro la estabilidad de la economía nacional.

 

7. Las personas con discapacidad, vulnerables y vulnerabilizadas

La diferencia entre vulnerabilidad y vulnerabilizada no es neutral como aparece en un primer acercamiento. Vulnerable es una condición de hecho que no explica necesariamente las causas de tal condición. De ese concepto deriva el modelo rehabilitador, desde el cual la discapacidad es entendida como una enfermedad de un agente individual y tributaria de asistencia médica (Ferreira, 2008). De aquí se desprendían los estigmas y el etiquetado de personas diferentes, que producía reacciones como la autoexclusión y la pérdida de autoestima (Bolaños, 1993; Terigi, 2010). En consecuencia los temores de las demás personas frente a lo desconocido y lo diferente (Bauman, 2007).

Persona vulnerabilizada es consecuencia de múltiples factores, resultado de una estructura social, incompatible con las necesidades de las personas con discapacidad, principalmente porque en el orden capitalista los discapacitados son mano de obra no productiva (Ferreira, 2008).

Las personas con discapacidad conforman un colectivo sistemáticamente vulnerado en sus derechos, no es una población hipotéticamente «vulnerable». Tras frías estadísticas hay rostros, nombres y familias (Samaniego, 2006, pág. 28).

Por ello se habla de la discapacidad como una construcción social, pues deviene de una estructura socioeconómica, institucional y política, de las ideas predominantes sobre aquello considerado "normal" o "anormal" (OMS, 2011).

La discapacidad es una construcción social que se encarna en unos individuos que son "discapacitados" por ese mundo social que no se adapta a sus necesidades sino a las de las "personas normales". O con otras palabras: el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos y no como meros objetos tributarios de asistencia médica no se consigue mágicamente por un tímido cambio de nomenclatura sino por propiciar la evidencia del carácter arbitrario de esta situación de dominación y la real adecuación de las estructuras sociales (Ferreira, 2008)

Las demandas de las personas con discapacidad son diferentes a las de otras personas. En la mayoría de los casos son vitales para alcanzar un mínimo nivel de calidad de vida, aunque algunas de ellas pueden ser consideradas de mínima cuantía, como por ejemplo, pañales, sillas de ruedas y muletas. Pero también están los medicamentos específicos para el tratamiento de enfermedades como epilepsia y parálisis cerebral. Asimismo, está la necesidad de contar con personal especializado en la atención y la recuperación de estas personas que precisamente necesitan del apoyo de otras personas, por ejemplo el trabajo gratuito de mecánicos para la reparación de llantas o muñones de las sillas de ruedas, muletas (Lourdes Ochoa, Coordinadora de la Brigada del Colegio Médico de La Paz). Antiinflamatorios: ungüentos como diclofenaco en gel Dolorsan, Mentisan. Antimicóticos: cremas antiparasitarias, Mixgen o Vonagel. Anticonvulsivantes: Carbamazepina, Diazepan, Idantina y Clonazepan. Esta pequeña lista muestra los límites extremos en que se encontraban las personas con discapacidad, un detalle que no fue percibido por los gobernantes, a quienes sólo les interesaba cuidar la imagen de un gobierno socialista.

En apoyo solidario, la Comuna instaló una batería de baño móvil en los predios de la plaza Mayor y en la calle Indaburo, para uso exclusivo de las personas con discapacidad, diseñado con una rampa de acceso al interior y barandas de apoyo, con servicio de luz y agua para el uso exclusivo de las personas con discapacidad. (Jefe de la unidad de Servicios Generales de la Comuna, Jorge Oropeza). Estuvo habilitado durante la estadía de las personas con discapacidad.

"Necesitamos colchones, insumos, leche para los niños, necesitamos pasta dental, enjuague bucal. La ayuda que nos darán la llevaremos a la caravana y a la vigilia porque es necesario para la marcha ... medicamentos y ropa de abrigo. (Presidente de la Federación Departamental de Personas con Discapacidad, Jorge Flores).

En la plaza San Francisco se instalaron tres carpas para atención de medicina general y fisioterapia. Una de ellas del Colegio Médico Departamental de La Paz que cuenta con 20 médicos especialistas en oftalmología, psicomotricidad, fisioterapia kinesiología y medicina interna. Además, las personas con discapacidad también fueron asistidas por centros médicos. Allí se les hizo una medición y revisión, seguimiento y tratamiento (Lourdes Ochoa, Coordinadora de la Brigada del Colegio Médico). Otra carpa fue del Hospital Municipal Los Pinos que recibieron consultas de medicina general y fisioterapia. Una de las pacientes fue una menor llevada en brazos por su madre para una terapia muscular, no superaba los 1,30 metros de altura y mientras jugaba con sus manos, sonreía, parecía una niña, pero tiene 16 años (Lourdes Ochoa, Coordinadora de la Brigada del Colegio Médico).

7.1 La lógica estatal basada en la represión

El Estado boliviano, como todos los Estados tiene la obligación de respetar (no impedir el ejercicio de un derecho), proteger (prevenir la privación de un derecho por la injerencia de terceros); y garantizar (adoptar medidas tendientes al goce pleno de los derechos). Sin embargo, la movilización de las personas con discapacidad mostró que el Estado boliviano no ha logrado superar el enfoque del desarrollo humano para ejercer sus derechos.

Las personas son sujetos de derechos, con capacidades para ser conscientes de su realidad y tomar decisiones sobre su propio desarrollo. Se supera así el enfoque de desarrollo humano basado en necesidades, de forma que las acciones no se dirigen a cubrir la necesidad inmediata, sino a apoyar a las personas cuyos derechos han sido vulnerados a desarrollar sus propias capacidades para poder ejercerlos (Martínez, 2011, pág. 105).

Las personas con discapacidad, vulnerables por sus condiciones personales y por su relación con el contexto, fueron más vulnerabilizadas por las instituciones del Estado.

Cuando el gobierno decidió no responder a sus demandas las personas con discapacidad recurrieron a acciones extremas, algunos días utilizando sogas atadas a sus sillas de ruedas se colgaron de la pasarela del sector de la avenida Mariscal Santa Cruz, sector de la Pérez Velasco, como parte de la radicalización de sus medidas de presión.

Rosmery Huaruta, dirigente de Cochabamba, a pesar de que los transeúntes trataban de bajarla por temor a que se lastíme, la manifestante respondió que sabe cuidarse y tiene determinación de realizar la medida.

"Si el Gobierno no nos escucha lo único que nos queda es morir porque no somos dignos de vivir en Bolivia. Llegaremos hasta las últimas consecuencias (Wilson Martínez, representante de Oruro).

En la ciudad de Sucre, tras 56 días de vigilia, las personas con discapacidad decidieron también radicalizar sus medidas, 40 movilizados bloquearon los cuatro accesos a la plaza 25 de Mayo y algunos se colgaron con sus sillas de rueda de los árboles. Este sector recibía el apoyo de los estudiantes de la carrera de Kinesiología de la Universidad Mayor de San Francisco Xavier de Chuquisaca.

En sus movilizaciones las personas con discapacidad en la ciudad de La Paz intentaron varias veces superar las barras metálicas colocadas en las calles de acceso a la plaza Murillo, pero nunca lograron su objetivo. La respuesta de la policía fue el uso de agentes químicos para dispersar a las personas con discapacidad, quienes fueron agredidos y lastimados física y emocionalmente, incluso llegaron a ser detenidos por varias horas. Las declaraciones de los jefes y policías, señalaban ser ellos los agredidos careciendo de lógica si se observa que los "agresores" son personas con diverso tipo de discapacidad, algunos de ellos con muchas dificultades para moverse solos.

Además, las personas que apoyaron la movilización fueron reprimidas e intimidadas por el gobierno que detuvo a tres estudiantes de la Carrera de Sociología de la Universidad Mayor de San Andrés por ayudar a las personas con discapacidad, acusados por daños a la propiedad del Estado. Stefano Barriga, Lucio Gonzáles y Marcelo Párraga, vinculados a grupos de defensa de los Derechos Humanos, quienes fueron conducidos a celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) de La Paz, y liberados provisionalmente al día siguiente previo compromiso.

La Jueza Primero de Instrucción Anticorrupción y Violencia contra la Mujer Cinthia Delgadillo dictaminó la obligación de los tres estudiantes detenidos de presentarse a firmar el libro de compromiso una vez por mes en la Fiscalía y no salir del país.

Los estudiantes detenidos prestaban ayuda solidaria a las personas con discapacidad, desde que llegaron a la Sede de Gobierno. El Rector de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), Waldo Albarracín, emitió un comunicado institucional condenando la detención de los jóvenes universitarios que colaboraron a las personas con discapacidad durante su movilización.

"La detención de los estudiantes utilizando a la Fiscalía como instrumento de represión política, constituye una flagrante violación de los derechos humanos, atenta contra la libertad de expresión y distorsiona con el sistema democrático ... los estudiantes tienen todo el derecho de manifestarse y respaldar las justas demandas de los hermanos con discapacidad" (Rector de la UMSA, Waldo Albarracín).

Lo anteriormente señalado muestra una lógica de acción en el gobierno, la de considerar a las personas con discapacidad una carga social, a partir de una racionalidad que no logra comprender la discapacidad como producto social sino como enfermedad, falencia individual, que debe ser extirpada.

 

8. Conclusiones

Las premisas de análisis en este documento son las siguientes: a) Conforme a la Constitución Política del Estado y las normas internacionales todos los ciudadanos, sin restricciones son sujetos de derechos. b) El garante de la defensa y la promoción de esos derechos es el Estado y sus instituciones, c) A las organizaciones e instituciones de la sociedad civil les corresponde coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones del Estado y demandar las acciones pertinentes para subsanar las deficiencias en dicho incumplimiento. Desde esa perspectiva los derechos de las personas con discapacidad están, por lo menos formalmente, protegidos por las instancias políticas, sociales e institucionales. En consecuencia pueden demandar, realizar peticiones y utilizar todos los mecanismos que la ley les otorga para lograr el disfrute de esos derechos. Por ejemplo, protestas, mítines, marchas, huelgas, plantones, cuando no son escuchados y menos atendidos.

La movilización de las personas con discapacidad entre los meses de marzo y mayo de 2016 mostró que paradójicamente el Estado y sus instituciones (policía, ministerios, los movimientos sociales base del Movimiento al Socialismo) fueron los que vulneraron los derechos fundamentales de las personas con discapacidad, no sólo porque el gobierno, bajo un cálculo estrictamente político, ignoró sus demandas, sino especialmente porque utilizó todos los procedimientos de represión para anular esta movilización según la premisa del ejercicio tradicional del poder: uso de la fuerza, impedimento de la protesta, uso de los medios de comunicación con el despilfarro de grandes cantidades de dinero para crear un clima social adverso, cooptación de algunos dirigentes y otros mecanismos para controlar y deslegitimar la demanda de las personas con discapacidad.

La discapacidad desde la perspectiva del modelo social, considera que las causas que dan origen a la discapacidad no son ni religiosas, ni naturales sino sociales, las personas con discapacidad son parte de la comunidad, se las debe reconocer en esa medida, con potencialidades y disponibilidad, en igual medida que al resto de personas —sin discapacidad—, pero siempre desde la valoración y el respeto de su condición de personas en todas las dimensiones.

Este modelo de interpretación se encuentra relacionado con valores intrínsecos a los derechos humanos, y aspira a potenciar el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la libertad personal, propiciando la inclusión social, sobre la base de los principios de vida independiente y no discriminación, entre otros. La discapacidad es una construcción social y el resultado de una sociedad que no considera a las personas con discapacidad como personas normales, lo que expresa la estructura social y sus instituciones, la estructura política y los valores prevalecientes en ella. Como indica Fromm (1980, pág. 137) "en cada sociedad el espíritu de cada cultura está determinado por el de sus grupos más poderosos. Así ocurre, en parte porque tales grupos poseen el poder de dirigir el sistema educacional, escuela, iglesia, prensa y teatro penetrando de esta manera en la mentalidad de toda la población y en parte porque estos poderosos grupos ejercen tal prestigio, que las clases bajas se hallan muy dispuestas a aceptar e imitar sus valores y a identificarse psicológicamente con ellos". Entonces, si la discapacidad tiene su génesis en factores sociales es posible promover la autonomía de la persona con discapacidad para decidir respecto de su vida, concentrándose en la eliminación de barreras para brindarles las mismas oportunidades.

Uno de los presupuestos del modelo social radica en que las causas que originan la discapacidad no son individuales sino preponderantemente sociales. Las raíces no están en las limitaciones individuales sino en las limitaciones de la sociedad para dar servicios apropiados y para asegurar que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta por la sociedad. Esas características fueron visibilizadas por la movilización de las personas con discapacidad.

El Estado, entendido en sentido amplio, como sociedad política y sociedad civil, mostró sus limitaciones para responder a las demandas de aquel sector y se refugió en las instituciones de represión y coerción. Eso explica por qué se utilizó predominantemente la fuerza en lugar del diálogo, los medios de comunicación oficial antes que el intercambio de opiniones con la ciudadanía emitía la propaganda oficial antes de dar una propuesta técnica. La descripción hecha en el documento muestra que el Estado boliviano tiene un cuerpo de disposiciones normativas dirigidas a las personas con discapacidad, con el propósito de promover, defender y concretar sus derechos en atención a su condición en el marco de los derechos humanos. Asimismo, de acuerdo con los Tratados, Convenios y Resoluciones Internacionales, las personas con discapacidad tienen los mismos derechos que las demás personas, estando complementados con otros específicos. La normativa, especialmente interna, demuestra un avance significativo en la atención a este colectivo, aunque manifiesta resabios en el modelo de rehabilitación y se concentra en la integración al empleo, educación, a contar con una ciudad sin barreras y a una movilidad adecuada en el transporte público.

Sin embargo, la norma interna fue transgredida por el Órgano Ejecutivo, porque en los momentos decisivos del conflicto el Estado, cuya función es asegurar el orden interno mediante la prevención de conflictos y el uso de mecanismos de conciliación y consensos, recurrió a la represión y la persecución. Incluso alcanzó extremos de discriminación institucional explícita y de exclusión mediante un contexto hostil creado por los medios de comunicación estatal. Todo ello, en conjunto, muestra una cultura de autoritarismo y un alto grado de intolerancia.

El problema para el Estado boliviano no es la falta de normas respecto a las personas con discapacidad sino la falta de cumplimiento, mediante políticas públicas que viabilicen la solución a sus demandas y mediante el desarrollo de una cultura de tolerancia.

En consecuencia, en función a las anteriores consideraciones y hechos, la demanda de las personas con discapacidad, que no logró incorporar en la agenda del gobierno el cumplimiento de los derechos humanos para todas las personas; es una tarea pendiente que cuestiona todo el avance normativo en el enfoque social que puede quedarse en la dimensión abstracta sin base concreta en la práctica, útil para el gobierno en los discursos o para mostrar su generosidad con bonos en el enfoque rehabilitador, pero inservible para las personas con discapacidad en su vida cotidiana y en la construcción de su identidad, que repercute en sus familias quienes se encuentran también limitados.

De todo lo anterior se concluye que el movimiento de las personascon discapacidad no fue solamente reivindicativo sino también de acción política porque propuso indirectamente un cambio en las relaciones de poder, aunque no pudo articular un movimiento social propiamente dicho.

 

Notas

* Artículo de investigación producto del Programa de Investigación del Instituto de Investigaciones, Seminarios y Tesis de la Carrera de Derecho, Universidad Mayor de San Andrés, desarrollado en la gestión 2016.

** Guadalupe Guisbert Rosado es docente investigadora del Instituto de Investigaciones, Seminarios y Tesis de la Carrera de Derecho.

 

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