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Revista Jurídica Derecho
versión impresa ISSN 2413-2810
Rev. Jur. Der. vol.5 no.6 La Paz ene. 2017
ARTÍCULOS ORIGINALES
La seguridad ciudadana en la superestructura jurídico - política del Estado Plurinacional de Bolivia*
Citizen securityin the superstructure legal - policy of the Plurinational State of Bolivia
William Mariaca Garrón**
wmmariaca@umsa.bo
Presentado: 07 de Junio de 2017. Aceptado: 16 de Octubre de 2017
Resumen.
Desde la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en Bolivia el 7 de febrero de 2009, a raíz de una necesidad social que precisamente involucro el proceso de modificación de la superestructura jurídica - política del Estado, empero además desarrollaba y evidenciaba la necesidad inminente de desarrollar políticas públicas que permitan alcanzar el desarrollo del país en un ambiente de seguridad para la población, la percepción de la sociedad a este respecto es la variable que permite evidenciar la eficacia de la misma como política pública.
Palabras Clave.Seguridad ciudadana, superestructura jurídica y política, políticas públicas, política criminal, Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana, sociedad civil.
Summary.
The enactment of the new Political Constitution of the State in Bolivia, on February 7, 2009, was born as a result of a social need that precisely involved the process of modification of the legal - political superstructure of the State, however, it also developed and evidenced the imminent need for developing public policies that allow to achieve the development of the country in an environment of security for the population; the perception of society in this regard is the variable that allows to demonstrate its effectiveness as public policy.
Keywords:Citizen security, legal and political superstructure, public policies, criminal policy, National Observatory of Public Security, civil society.
Introducción.
La consolidación del Estado Plurinacional ha desarrollado precisamente este elemento, más si se toma en cuenta que es el fundamento filosófico que está referido en la misma Constitución, cuando en su artículo 8, claramente establece que "El Estado asume y promueve como principios ético-morales de la sociedad plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), teko kavi (vida buena), ivi maraei (tierra sin mal) y qhapaj ñan (camino o vida noble)" (Estado Plurinacional de Bolivia, 2009).
Para alcanzar este ideal la seguridad ciudadana ha jugado, un rol importante en la vida cultural, social y política del país, por eso la importancia de realizar un estudio analítico de los elementos que interactúan e integran con relación a esta temática y su correspondencia con las políticas públicas propias en la superestructura del ámbito jurídico -político del Estado.
Se puede entender a la seguridad ciudadana, como es concebida por la Organización de Estados Americanos, en este caso aquella situación donde las personas pueden vivir libres de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos directamente comprometidos frente a las mismas.
Metodología y Técnicas.
Se establece los parámetros metodológicos en una investigación de tipo mixto (cualicuantitativo) porque las bondades que tienen los enfoques cuantitativos y cualitativos, puesto que la investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos y un punto de vista de conteo y magnitudes de éstos, y que la investigación cualitativa da profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, al contexto del ambiente o entorno.
La comparación de resultados con otros estudios que permiten el análisis de texto llegando a la descripción, análisis y desarrollo temático, el mismo está en función de un estudio descriptivo explicativo, que intenta, por un lado, señalar "como es y cómo" se manifiesta la problemática de la relación entre la percepción de inseguridad y de evaluación de las instituciones de seguridad ciudadana y claro el efecto de estas en el establecimiento de políticas públicas del Estado Plurinacional de Bolivia.
Es decir, no solamente se pretende medir y describir variables en términos cuantitativos, sino básicamente explicar "el por qué y cómo dos o más variables se encuentran relacionadas bajo nexos causales", para ello las técnicas que se utilizaron están basadas en la técnica del análisis del contenido, el análisis político-jurídico, la observación, la perspectiva sociológica, el análisis de encuestas de percepción y evaluación correspondiente.
Desde esa perspectiva las mismas permitieron llegar a entender la importancia de las políticas públicascomo ese acuerdo que se da entre el Estado y lógicamente la sociedad, esto genera que el estado tenga un nuevo rol en el sentido de hacerlo más ágil y organizador, aquí podemos rescatar el sentido participación entre estos dos actores, pero el beneficio a la sociedad como finalidad.
Resultados.
La seguridad ciudadana ha jugado, un rol importante en la vida cultural, social y política del país, por eso la importancia de realizar un estudio analítico de los elementos que se relacionan e integran con relación a esta temática y su correspondencia con las políticas públicas propias de la superestructura del Estado Plurinacional de Bolivia, definida en su Constitución Política.
"La constitución debe definir expresamente un concepto de seguridad ciudadana, enmarcado dentro del más amplio concepto de seguridad humana. Por supuesto, con las limitaciones que ponen los derechos fundamentales, pero según la nueva concepción propuesta por la criminología crítica, en la que se incluyan los riesgos y daños que sufren mujeres y niños en el sector privado, los atropellos policiales, los delitos ecológicos, los de corrupción y concusión, y las desviaciones criminales en el interior de órganos civiles y militares del Estado.
En una teoría correcta de la constitución de los estados sociales de derecho, el concepto de la política social corresponde a una concepción integral de la protección y de la seguridad de los derechos, y tienen la misma extensión normativa que el campo de los derechos económicos, sociales y culturales en su integridad. Es fundamental no caer en el engaño de criminalizar la política social, con políticas específicas hacia poblaciones vulnerables por su posible peligrosidad, siendo concebidos estos grupos sociales como objeto y no sujetos de derechos, típica concepción de las políticas de la reacción social y la llamada nueva prevención." (Dobles, 2013).
Como se puede apreciar una posición se refiere a la teoría basada en que la seguridad ciudadana representa los valores y prioridades que se propone alcanzar un Estado, pero no deja de lado el que son consecuentes con los objetivos que se traza también el sistema político y que por ende son también utilizados para un sistema de dominación y control.
La Encuesta de Victimización constituye otra fuente de información relevante y complementaria que permite identificar la magnitud real de determinados hechos delictivos, el nivel de afectación en la sociedad y profundizar en la caracterización de las modalidades delictivas que permiten el poder analizar las políticas públicas que se deben desarrollar en la temática de seguridad ciudadana y claro está todo el proceso consiguiente para verificar los resultados alcanzados hasta la actualidad.
El Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana realizó la Encuesta de Victimización (EVIC) la misma ha sido realizada en dos etapas: la primera, que comprende siete ciudades capitales (La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro, Potosí, Sucre y El Alto) y la segunda etapa amplia la cobertura al resto de las ciudades del país: Tarija, Trinidad y Cobija.
El tamaño de la muestra, alcanza a 5.564 hogares, de los cuales 3.709 son hogares victimizados por algún delito y 1.855 son hogares no victimizados, que respondieron el módulo de percepción y evaluación institucional.
Las encuestas investigan la victimización de delitos contra la propiedad (robo, hurto, robo de vivienda, la victimización fuera del hogar por violencia física o psicológica y el robo de vehículos y autopartes), la percepción de inseguridad, las medidas de seguridad y prevención adoptadas en los hogares y la opinión y evaluación de las instituciones vinculadas a la seguridad ciudadana y de esta manera analizar los resultados de las políticas públicas en el Estado.
El diseño de la muestra ha sido calculado con un error del 2,4%, lo cual significa que los resultados de la investigación pueden tener un error de más o menos el 2,4% para el conjunto de las ciudades y alrededor del 4% para cada una de ellas por separado.
Si bien las estadísticas oficiales, a partir de los registros de denuncia interpuestos en la Policía Boliviana, contienen información importante para caracterizar los delitos, existe otra información relevante y complementaria que ha sido rescatada a partir de la aplicación de las encuestas de victimización y percepción, a través de las cuales se puede profundizar en la caracterización de las modalidades delictivas y el nivel de afectación en la población.
El hurto es el delito de mayor incidencia en las diez ciudades en conjunto, más del 22% de los hogares declaran que uno de sus miembros ha sido victimizado por este tipo de delito, le sigue en orden de importancia el robo, con algo más del 17%. Las agresiones físicas o verbales (violencia física o psicológica), alcanzan al 5,2% de los hogares que declararon que alguno de sus miembros fue víctima de alguno de estos tipos de violencia.
En cuanto a los delitos contra la propiedad que afectan al hogar (los delitos de robo, hurto y violencia afectan a los miembros del hogar, en tanto que el robo en vivienda y el robo de vehículos afectan al hogar en su conjunto), el delito de mayor incidencia es el robo de autopartes (6,8%) y el robo en vivienda (5,9%). El robo de vehículos motorizados y la bicicleta, solamente afecta al 1,4% de los hogares de las ciudades capitales del país y El Alto.
A nivel de cada una de las ciudades, el delito de robo tiene mayor porcentaje de hogares victimizados en las ciudades de Cochabamba y La Paz, donde dos de cada diez hogares son víctimas de robo. Santa Cruz tiene un promedio menor, similar a Potosí (14,9 y 15,4 respectivamente), en tanto que Oruro, Sucre Tarija y El Alto tiene entre 16% y 17% de hogares victimizados por ese delito.
Según la información de la Encuesta, Oruro es la ciudad que presenta el mayor porcentaje de hogares victimizados por hurto (30%), seguido por La Paz y Potosí (28%), Sucre (27%) y El Alto (26%). La violencia física o psicológica tiene una alta incidencia en la ciudad de Potosí (8%), seguido de La Paz y El Alto (ambos con 6%).
El robo en vivienda afecta a una mayor proporción de hogares en Cobija (22%) y Trinidad (13%), en tanto que en Potosí (3,5%) se observa la menor proporción de hogares que declararon haber sido víctimas del robo en su vivienda.
El robo de vehículos automotores de cuatro ruedas tiene alta incidencia en la ciudad de Tarija (0,5% del total de hogares), en tanto que las ciudades del oriente del país, Trinidad y Cobija, presentan altos porcentajes de hogares víctimas del robo de motocicletas (12% y 9% respectivamente).
La proporción de hogares víctimas del robo de autopartes, a nivel nacional, alcanza a cerca el 7% de los hogares, pero las ciudades de Cochabamba, Sucre y Tarija presentan porcentajes entre cuatro y seis puntos porcentuales por encima del promedio nacional.
Con todos estos datos se puede definir que la incidencia de la seguridad ciudadana en la calidad de vida de las personas y como estas deben ser prioridades en la ejecución de políticas públicas que permitan el desarrollo de la sociedad en la búsqueda del bien común, de ese que tanto preocupaba al mismísimo Platón en "La República" y que como se explicó antes es principio filosófico que sustenta la propia Constitución.
Por ello, se puede comprender la importancia de las políticas públicas como ese acuerdo que se da entre el Estado y lógicamente la sociedad, esto genera que el primero tenga un nuevo rol en el sentido de hacerlo más ágil y organizador.
"Desde una perspectiva progresista, en el marco de una política de seguridad ciudadana resulta esencial y prioritario promover un proceso gradual, pero sostenido, de reforma policial que la oriente, fije sus objetivos, permita ir variando la cultura de las instituciones policiales y las adecue a los avances del sistema democrático. Los rasgos jerárquicos, militarizados y los altos niveles de autonomía que aún pueden observarse en muchas de las policías de la región, constituyen serios obstáculos para una real adecuación de estas instituciones en el contexto democrático de nuestros países. Se sabe que ésta no es una tarea fácil, pero no se puede soslayar. Por el contrario, de no acometer este desafío estratégico, cualquier propuesta progresista en materia de seguridad ciudadana enfrentará serias dificultades para una eficaz implementación, especialmente en lo referido a la prevención y participación de la comunidad." (Espinoza Grimalt, 2007).
No es ajeno entonces el poder apreciar por ejemplo en una encuesta que se realiza sobre la calidad de la democracia en Bolivia el 2013, en lo referido a percepción y evaluación de los actores, que una de las dimensiones más débiles de la democracia boliviana es precisamente la referida a que una de las principales preocupaciones de los ciudadanos en Bolivia es el tema de la inseguridad ciudadana, pero más específicamente la dimensión del Estado de Derecho.
"Cuando hablamos de seguridad ciudadana hablamos del fortalecimiento de la ciudadanía en el sentido de potenciar los derechos individuales y colectivos. Pero en Bolivia, la inseguridad ciudadana no sólo es la principal preocupación de los bolivianos que habitan en las ciudades del eje central, sino sobre todo sinónimo de un conjunto de medidas preventivas, de control y represivas contra el delito." (Fundación Konrad Adenauer- Asociación Boliviana de Ciencia Política, 2014).
Como se puede apreciar, es evidente que se tiene una percepción muy grande con referencia a la inseguridad ciudadana y el otro elemento es el que demuestra que precisamente se cree poco en las Instituciones fundamentales del Estado y que guardan estrecha relación con esta temática, pues generan un fenómeno opuesto al que precisamente se busca de ellas.
Discusión.
La seguridad ciudadana es de mucha importancia, porque es un legado de la humanidad para su continuidad, es el patrimonio más valioso al cual tiene derecho todo ser humano.
Es un principio donde se sustenta el horizonte de las personas, la sociedad y la región o país en su conjunto, en este principio se sustenta la importancia de la convivencia en paz y armonía, el mismo que está directamente vinculado con la calidad de vida de las personas, unidades familiares y comunidad en general, puesto que ningún hogar y menos una sociedad, pueden desarrollarse si conviven permanentemente agredidos por diferentes delitos que atenten contra la paz y la seguridad de sus miembros.
Un tema de agenda es tomar en consideración que muchos fenómenos sociales presionan de manera incontrolada para una manifestación espasmódica de pánico y violencia, y que posiblemente en torno a elementos interactivos educativos de prevención de ejecución de políticas entre policía y ciudadanía, está la solución para el control de estos problemas.
"La Seguridad Ciudadana en sentido amplio es una situación social en la que no existen riesgos o peligros para los ciudadanos; es decir, que éstos pueden ejercitar libremente sus derechos y libertades sin que exista obstáculo para ello." (Escobar Sepulveda, 2001).
Desde ese enfoque se puede entender que la Seguridad Ciudadana, es la acción integrada que desarrolla el Estado, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacio público, del mismo modo, contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas.
En otros términos, la Seguridad Ciudadana, es el conjunto de medidas y previsiones que es adoptada por el Estado, a través de sus instituciones y de la comunidad organizada, dentro del marco de la Ley y los derechos humanos, con la finalidad que las personas puedan desarrollar sus actividades libres de riesgos y amenazas que genera la criminalidad y delincuencia.
Es objeto de este trabajo de investigación profundizar en el concepto mismo de seguridad ciudadana, cabe explicitar algunas cuestiones básicas que especifiquen a qué se refiere al referirse al alcance de seguridad ciudadana desde un enfoque progresista, es en este sentido que en principio se encara a la seguridad ciudadana desde una perspectiva amplia, que la vincula al conjunto de sistemas de protección de la vida y los bienes de los ciudadanos ante diferentes factores de riesgo o amenaza.
"Este enfoque se aproxima a la conceptualización integral de modernas teorías del desarrollo al referirse a una seguridad humana y a un desarrollo humano, articulando variables e indicadores que apuntan a medir avances en igualdad y democracia en los países." (Escobar Sepulveda, 2001).
En términos generales, algunos de los elementos que resultan distintivos de las perspectivas progresistas en esta materia apuntan a:
Buscar construir soluciones colectivas frente a la inseguridad, basadas en compromisos sociales amplios que promueven la participación ciudadana, integrando distintos sectores de la sociedad (ciudadanía, policía, gobierno, etc.):
Situar a la prevención de la delincuencia en un primer plano (eventualmente, junto al control):
Sobre la base de lo señalado en los puntos anteriores, se establece una diferencia sustantiva respecto de los abordajes meramente represivos, que apelan generalmente al endurecimiento de las penas y a ampliar las facultades de las policías en materia de represión. Es decir, se prioriza el mínimo uso de fuerza y el profundo respeto por los derechos humanos.
"Un enfoque de este tipo contrasta marcadamente con la percepción que aparece como más tradicional y difundida, tendiente a concentrarse en los problemas de inseguridad" (Jofre, 2005), en este sentido, el esfuerzo central desde los gobiernos apuntaría a instalar un nuevo paradigma en donde se piense la seguridad y la delincuencia a partir de una percepción de la seguridad como bien común que incluye a otros servicios del Estado como la salud, la educación o el empleo y que también involucra a la sociedad civil y los habitantes.
Para comprender estos procesos se debe contextualizar que la problemática de la seguridad es multicausal y plurisocial, además claro está de ser universal, puesto que no existe para contrarrestar la misma una solución única, por el contrario se presentan múltiples y diversas soluciones para cada uno de los aspectos de esta problemática, aunque muchas de ella exceden la competencia y verificar el margen de gobernabilidad que se muestran a partir de la imagen de sus Instituciones encargadas de este proceso.
De todas maneras y por diversos motivos, están tomando un protagonismo cada vez mayor en el diseño de políticas de seguridad y al hacerlo advierten que solo se puede construir una política que aumente el nivel de efectividad si se cuenta con la participación e involucramiento real de todos los actores sociales.
Es por esta misma razón que los Estados sienten el crecimiento de la demanda ciudadana de seguridad e inmersos en una formal, informal y creciente descentralización de responsabilidades y teniendo como marco la consolidación del nuevo Estado Plurinacional, asumiendo, dentro y en algunos casos fuera de sus posibilidades jurídicas y fácticas, la necesidad de dar respuesta a la misma.
La consecuencia de todos estos procesos y por sobre todo de la percepción de la ciudadanía demuestra la creciente existencia de políticas públicas relacionadas a la seguridad ciudadana que incorporan una noción del término mucho más amplia que la supuestamente cubierta por el accionar nacional, regional y municipal, una noción que entiende a la seguridad como elemento ineludible para el desarrollo de una sociedad, que no solo tiene que ver con la realidad preventiva o defensiva ante el delito, sino con un sentimiento que hace a la plenitud del individuo en su vida de relación social y a las posibilidades ciertas de desarrollo personal y comunal.
De este modo se está siendo testigo de un cambio progresivo y novedoso en la noción de seguridad que parte de un concepto tradicional restringido hacia un concepto amplio y abierto, se puede sintetizar cuatro formas de aproximación a la problemática en estudio.
La primera aproximación reduce el problema de seguridad al de reforma y control del acto policial; existe otra aproximación más amplia que nos habla del complejo concepto de seguridad formado por el sistema judicial, el sistema policial y el sistema penitenciario; otra visión más novedosa aún, la llamada visión multiagencia, incorpora al sistema anterior los planes sociales como sistema complementario de prevención y contención y por último, la concepción a la que adherimos entiende que a los cuatro elementos se les debe agregar uno más: la participación social.
No se trata de escamotear, sustituir o delegar las responsabilidades del Estado que, en materia de seguridad, como bien jurídico público de carácter superior sería imposible desde la lógica del Estado moderno.
Por el contrario, el actuar del Estado a través de la justicia, el sistema penitenciario, la policía y las políticas sociales debe ser profesionalizado y mejorado en su calidad, pero el moderno concepto de seguridad, como elemento básico para mejorar la calidad de vida de una sociedad requiere la consideración, resolución y atemperación de una serie de problemáticas complejas que sólo puede conseguirse en el delicado entramado que constituyen los nuevos espacios de participación público-privados.
Para que haya efectivo desarrollo, la gente debe tener cierta situación básica de bienestar (alimentación, salud), adecuados conocimientos y destrezas (cultura, educación), oportunidades de acción (democracia, libertad, seguridad) y además, utilizar creativamente sus recursos (producción, comercio).
En consecuencia, el desarrollo no solo tiene como objeto al ser humano, sino que el ser humano es el principal agente del desarrollo, partiendo de esta premisa un enfoque participativo resulta vital en cualquier estrategia de desarrollo humano, lo que implica descentralización de la gestión e incremento de la participación de la ciudadanía.
Pero como entender entonces la política criminal que se establece en este escenario, sino desde la perspectiva de la criminología teórica en el discurso que pretende explicar etimológicamente la criminalización y con ello supone que puede aportar los elementos teóricos necesarios para la prevención en los casos particulares (clínica criminológica o criminología clínica), como también proveer los elementos para una "planificación general preventiva" a la que suele denominarse política criminal.
La expresión política criminal se utiliza desde los albores del siglo pasado con diferentes acepciones, pero no cabe duda que siempre ha estado subordinada a la idea de "delito" preponderante en la época, desde esa conjunción comúnmente se entiende a la política criminal como la política estatal de lucha contra el crimen; la selección de los medios para luchar contra el delito.
Por otro lado podemos apreciar la siguiente postura que alimenta el debate a este respecto; "la constitucionalizacion de los derechos fundamentales de las personas, genero un desequilibrio entre: ejercicio del poder (tradicional) derechos y libertades de las personas (derechos humanos), la concepción tradicional del orden público que se superpuso con la novísima finalidad fundamental el orden interno; por lo que se soslayo su sistematización" (Cabanillas Chavarry, 2009), poniendo de lado que deba ser utilizada la seguridad ciudadana en beneficio del sistema político y que debe encargarse exclusivamente del orden público.
También se debe entonces exponer en la discusión los aspectos referidos a analizar el proceso que con lleva a verificar la percepción que tiene la sociedad boliviana con relación al ámbito de la seguridad ciudadana y por supuesto de las Instituciones que son fundamentales en este proceso, de esta manera se puede confrontar la percepción de inseguridad y evaluación de las instituciones de seguridad ciudadana.
Surge el elemento central de discusión para este caso Acemoglu hace un análisis basado en una concepción referida al porque se desarrollan mejores Instituciones en unas sociedades más que en otras, "subrayaron la importancia del origen colonial (la identidad del colonizador) y del origen legal sobre las instituciones actuales, y mostraron que los países con sistemas de derecho consuetudinario y las antiguas colonias británicas tienen mejores derechos de propiedad y mercados financieros más desarrollados. North, Summerhill y Weingast (1998) y Landes (1998) sostienen que las antiguas colonias británicas prosperaron más que las francesas, españolas y portuguesas debido a las buenas instituciones políticas y económicas y a la cultura que heredaron de Gran Bretaña." (Acemoglu, 2005).
En todo el análisis se toma en cuenta que, el hecho de generar mejores instituciones en un principio y que hasta la actualidad mantienen esa fortaleza genera a su vez también un desarrollo económico fuerte que es visible en el Producto Interno Bruto del Estado, claro que para poder verificar esto como hipótesis de análisis, promueve también que se pueda identificar varios elementos (tomados como variables) que refuercen esta noción.
"Hay dos factores básicos que podrían explicar las causas fundamentales de las diferencias en la prosperidad de los países" (Acemoglu, Raíz Histórica: Un enfoque histórico de la función de las instituciones en el desarrollo económico, 2003), en este sentido el mismo hace un análisis profundo basado en indicadores económicos sobre la geografía y las instituciones que son tomadas en cuenta para explicar las prosperidad distinta de los Estados.
Desde esta perspectiva, basado en la llamada hipótesis geográfica, se toman en cuenta los factores climáticos de medio ambiente que repercuten en el desarrollo de una sociedad y que incentivan la inversión en maquinaria, capital humano y mejores tecnologías, a lo largo del análisis de sus artículos se puede apreciar que estos factores no pueden ser del todo indispensables para economías fuertes.
Basta verificar que, en sus análisis, demuestra que no siempre existe una relación entre geografía y prosperidad, porque como lo demuestra en condiciones de abundancia de recursos naturales se fueron más bien generando condiciones en las cuales se apropiaron del poder élites que no dejaron que se desarrollen mayores y mejores condiciones para su desarrollo económico.
En cambio, con relación a la hipótesis institucional se puede apreciar que en los lugares de poca extracción de riquezas primarias se fueron consolidando pequeñas colonias en las cuales no eran necesarias instituciones de extracción y saqueo más bien se fueron consolidando "pequeñas Europas", con organización propia basada en los países de colonización, con una copia de su legislación y sobre todo con instituciones que no lograron el fortalecimiento y el desarrollo económico de estos países, como es el caso boliviano.
Conclusiones y recomendaciones.
Si se reflexiona sobre la realidad del sistema de seguridad ciudadana en el Estado Plurinacional de Bolivia, se puede entender que los puntos en crisis no son pocos, desde la opinión pública que reclama mayores penas y los medios de comunicación que maximizan el pedido; el rating que tiene en la violencia un condimento seguro; los discursos ambiguos de los políticos del oficialismo y de la oposición; el descreimiento generalizado que padece el Poder Judicial; la burocracia del sistema; los crecientes proyectos de Ley con nuevos tipos penales; la desconfianza en la policía; la corrupción; el debate diario sobre la pena de muerte; la construcción de nuevas cárceles y finalmente la atroz realidad de las prisiones, de las que todos hablan pero muy pocos conocen.
Todos los puntos mencionados deben ser tenidos en cuenta por un Estado que pretende delinear una determinada política, hoy se puede decir que no existe en Bolivia un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana eficiente y estamos muy lejos de ello, por lo menos así lo demuestran los resultados de la percepción ciudadana con referencia a esta temática.
Las medidas que se aplican, ante situaciones coyunturales, son rápidas e improvisadas, cuando no falsas y carecen de un estudio serio, cualitativo y pormenorizado de todas las cuestiones anteriormente citadas, el resultado es altamente negativo y por eso la importancia que merece realizar mayores análisis con relación a esta temática.
La construcción de una política pública de seguridad ciudadana es un proceso que parte de la identificación del problema de la violencia, como fenómeno de magnitud creciente y de grave impacto en la sociedad, en este caso, la violencia tiene, ante todo, una naturaleza delincuencial, que impacta en la sociedad hasta conformar una generalizada percepción de inseguridad.
Frente a ello, se construye socialmente la necesidad de dar respuesta y se perfila una demanda de intervención del Estado, entidad que debe controlar la delincuencia, dar seguridad al conjunto de la sociedad y bajar al mínimo soportable los índices de afectación a la convivencia pacífica.
El proceso de construcción de una política pública de seguridad ciudadana se consolida mediante la participación social y el empoderamiento de la norma, en este contexto, la construcción de políticas de seguridad ciudadana es la manifestación de la necesidad de formular estrategias que apunten a dar soluciones al problema de la violencia, especialmente de aquella derivada del incremento de la acción delincuencial.
A partir del momento que una sociedad dispone de una norma de seguridad ciudadana o ley, las acciones de política pública cobran sentido dentro de un sistema que articula actividades en varios niveles: primero, en las instancias del Estado con los gobiernos locales o municipios a la cabeza; luego, con el involucramiento del gobierno central y la intervención de la policía, en esas acciones es de supremo interés que se garantice la vigencia de los derechos humanos tal como lo determina la Constitución.
Otro componente indispensable del sistema es la participación organizada de la sociedad civil, que asume corresponsabilidad, cumple sus deberes ciudadanos y acompaña a las instancias del Estado en la gestión de seguridad, con una visión que sostiene que la mejor garantía a la seguridad es la prevención y la mejor estrategia es la intervención oportuna en los factores de riesgo de la violencia.
En resumen, las acciones de política de seguridad ciudadana son coherentes dentro de una visión sistémica, donde intervienen procesos de cambio estructural, reformas institucionales y organizacionales, cambios tecnológicos, valores cívicos y morales revitalizados, y corresponsabilidad ciudadana mediante la participación y el control social.
Notas
* Artículo de investigación producto del Programa de Investigación del Instituto de Investigaciones, Seminarios y Tesis de la Carrera de Derecho, Universidad Mayor de San Andrés, desarrollado en la gestión 2017.
** Docente Titular de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz - Bolivia; Philosophy Doctor © en Gestión del Desarrollo y Políticas Públicas - UMSA, Magister Scientiarum en Educación Superior - UAB, Magister Scientiarum en Análisis, Negociación y Resolución de Conflictos Sociales -UNIPOL, Especialista Superior en Educación Superior Intercultural para las Ciencias Jurídicas y Políticas - UMSA, Docente Academia Nacional de Policías, Asesor UNIPOL - Policía Boliviana, Doctor "Honoris Causa" Universidad Policial "Mcal. Antonio José de Sucre", varios textos y artículos científicos escritos y publicados.
Referencias Bibliográficas.
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