ARTÍCULOS ACADÉMICOS

 

Fraude organizacional. Percepciones previas a la creación de
un observatorio del fraude

 

Organizational fraud. Prior perceptions to the creation of
a fraud observatory^*

 

Carlos Mauricio De La Torre Lascano ^α, Jaime Iván Quiroz Peña ^π
α Doctor (Ph.D.) por la Universidad de Salamanca (Becario UCE).
Programa Doctoral Estado de Derecho y Gobernanza Global.
Magíster en Gerencia Empresarial, MBA, mención Gerencia Financiera.
Director de Posgrados de la Facultad de Ciencias Administrativas,
Docente Investigador titular de la Universidad Central del Ecuador, Quito.
Email: cdelatorre@uce.edu.ec.
^π Ingeniero en Contabilidad y Auditoría por la Universidad Central del Ecuador, Quito.
Email: jiquiroz@uce.edu.ec.
Recepción: 13/06/2020 Aceptación: 07/08/2020

 

 

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Resumen

El incremento exponencial de la tecnología ha acelerado la expansión empresarial a nivel mundial, las organizaciones en su búsqueda de rentabilidad enfrentan nuevas contingencias en su operatividad, originando que estén expuestas a niveles sorprendentes de riesgo, incluyendo el de fraude. Resulta necesario conocer en profundidad esta problemática directamente desde la fuente donde se origina la información, para construir una unidad técnica que fomente el análisis del riesgo de fraude y coadyuve a comprender cuáles son las principales características del problema y sus manifestaciones más nocivas. La presente investigación tiene por objetivo identificar la representación de una muestra de empresas del sector público y privado ecuatoriano respecto a la gestión del riesgo de fraude, aplicando un análisis descriptivo combinado de un estudio cuantitativo para evaluar las variables. Los resultados determinan la instauración de un Observatorio de Fraude en el Ecuador cuya función será proponer mejores prácticas, técnicas de prevención, disuasión y detección del fraude organizacional.

Palabras clave. Fraude organizacional, apetito de riesgo, corrupción, gestión del fraude, transparencia, entorno económico.

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Abstract

The exponential increase in technology has accelerated business expansion worldwide, organizations in their search for profitability face new contingencies in their operations, causing them to be exposed to surprising risk levels, including fraud. It is necessary to know in depth this problem directly from the source where the information originates, in order to build a technical unit that fosters the analysis of the fraud risk and helps to understand what are the main characteristics of the problem and its most harmful manifestations. The aim of this research is to identify the representation of a sample of companies from the Ecuadorian public and private sector regarding fraud risk management, applying a combined descriptive analysis of a quantitative study to evaluate the variables. The results determine the establishment of a Fraud Observatory in Ecuador whose function will be to propose best practices, techniques of prevention, deterrence and detection of organizational fraud.

Keywords. Organizational fraud, risk appetite, corruption, fraud management, transparency, economic environment.

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Clasificación JEL: M14, M49.

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INTRODUCCIÓN

Los constantes hechos de corrupción, sustracción de recursos, fraude corporativo y más eventos nocivos a nivel global, se presentan de manera cada vez más asidua tanto en el sector público como en el sector privado, estos hechos han mermado notablemente la confianza de la ciudadanía en las organizaciones, pese a todas las medidas antifraudes adoptadas, el fraude organizacional alcanza dantescas pérdidas organizacionales a nivel mundial. El Reporte a las Naciones elaborado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) (2020), provee un análisis de 2.504 casos de fraude ocupacional que ocurrieron en 125 países alrededor del mundo. El informe incluye un análisis sobre el costo del fraude y señala el impacto económico del mismo a nivel global. Estos casos fueron investigados entre enero 2018 y septiembre 2019, generando una pérdida total de más de USD 3.600 millones. La pérdida media de un caso en particular de fraude ocupacional fue de USD 125.000 y la pérdida por caso promedio puede alcanzar USD 1.509.000.

La falta de transparencia, control y la pérdida de institucionalidad son elementos firmes, constantes, en ese turbio esquema denominado fraude, fraguados para obtener cuantiosos beneficios personales. Ensombrecedor escenario que reseña un dimensionamiento general acerca de este fenómeno que no hace sino ratificar el enorme problema existente que se presenta a nivel mundial. Casos emblemáticos como Enron, Parmalat, Lehman Brothers, Volkswagen, Odebrecht, entre otros, que desencadenaron enormes crisis financieras e inclusive conmocionaron a los sistemas políticos de varios países, terminando en la cárcel muchos de los altos mandatarios, políticos, ejecutivos de grandes compañías y otros muchos se encuentran prófugos. Estos escándalos internacionales de corrupción han incluido sobornos millonarios que también se denominan o son conocidos como delitos de cuello blanco (Quirós, 2020).

El desarrollo globalizado de las transacciones y relaciones comerciales en los sectores público y privado, exigen que las empresas mantengan estándares de gestión, procedimientos de control, normativa institucional y factores de calidad entre los que se encuentran los de prevención, disuasión y detección del fraude organizacional. Este fenómeno recurrente en las instituciones ha sido analizado desde las propias organizaciones debido a su frecuente aplicación, ya que allí se originan estas afectaciones y por supuesto desde lo académico para entenderlo y mitigarlo, más debe entenderse que siempre estará presente debido a que los procesos empresariales son creados por los propios funcionarios (De La Torre, 2018).

El fraude se puede enmarcar bajo la figura de usar el engaño para obtener una ventaja deshonesta, generalmente de orden financiero, sobre otra persona (May y Bhardwa, 2018). Singleton y Singleton (2010) determinan que en los esquemas de fraude puede percibirse la realización de un engaño para beneficiarse. Por lo que, el fraude puede ser visualizado como una representación falsa de la realidad producida por hechos, conductas inadecuadas, acusaciones falsas, ocultamiento de información y el engaño intencional originado por una o varias personas u organizaciones con el propósito de generar beneficios generalmente de orden económico o personales.

Los esquemas de fraude pueden presentarse en diferentes y variadas formas y tipos, que incluyen al consumidor, en inversiones (para captación ilegal de dinero), fraudes informáticos por nombrar algunos de ellos. Kratcoski (2018) enumera varias tipologías de fraude como la manipulación del mercado, reclamos fraudulentos, venta de valores falsificados, esquemas piramidales, robo de identidad, fraude informático, corrupción pública, entre otros. Una de las clasificaciones más reconocidas es la que realiza la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE por sus siglas en inglés), que determina tres categorías: i) apropiación indebida de activos, que incluye el robo o mal uso de estos recursos; ii) corrupción, donde los empleados utilizan su autoridad en las operaciones para obtener beneficios no autorizados; iii) estados financieros fraudulentos, que normalmente implica la manipulación de los estados financieros reportados para mostrar realidades diferentes (ACFE, 2020). Una mejor comprensión del comportamiento ético del cliente, el esfuerzo de auditoría y las variables exógenas, afectan el riesgo de Auditoría y deberían conducir a la reducción de informes fraudulentos (Jones, 2010).

En virtud de varios factores en el entorno actual de las organizaciones como la utilización de plataformas tecnológicas, la globalización, contextos empresariales más estandarizados, se han ampliado mayores escenarios para que los perpetradores de fraude cada vez más y de manera vanguardista busquen nuevas estrategias para cometer actos delictivos. Los métodos utilizados para perpetrar esquemas de fraude varían constantemente y han cambiado a medida que se han desarrollado nuevos canales de operación transaccional, a medida que el internet y otros dispositivos avanzados de comunicación de alta velocidad se desarrollaron. Estos hechos han ampliado las oportunidades para aquellos perpetradores que poseen el conocimiento técnico y las habilidades para manipular y vulnerar los sistemas de comunicación y tecnología (Kratcoski, 2018). Es decir, la tecnología en la actualidad en gran medida ha impulsado el crecimiento y la expansión de las organizaciones a nivel global, pero también ha servido como medio e instrumento de aplicación de medidas y esquemas fraudulentos.

En una sociedad donde las operaciones financieras y comerciales se robustecen en plataformas integradas estructuradas en tecnologías de la información, resulta imprescindible poseer lineamientos claros de control en cada uno de los procesos productivos y procedimientos de gestión informática, dinero electrónico, pagos vía internet mediante aplicaciones, suscripción de contratos e inclusive información personal de usuarios, que han sido objetivos específicos de los perpetradores de fraude. Es así que Nikkel (2020) determina que el fraude se refiere a la apropiación ilegal de bienes, incluyendo dinero y el fraude cibernético se refiere a cometer el delito a través del internet, básicamente el robo de dinero en línea. Las investigaciones del fraude cibernético implican la reconstrucción de transacciones financieras y el flujo monetario entre quienes realizan esas transacciones. Esta actividad implica transacciones financieras en los siguientes grupos: i) víctimas de delincuentes (robo o extorsión de fondos), ii) entre bandas criminales (compras y pagos de orden ilegal), iii) criminales a instituciones financieras (lavado de dinero).

Aquellos perpetradores que tienen éxito en el logro de sus objetivos, generan más aliados dentro de la institución en la que cometen sus hechos fraudulentos, personal de confianza dentro de las líneas jerárquicas son tentados para el cometimiento de fraude. Una de las variables en las personas de confianza es la presión, Galvis y Santos (2017) indican que la presión es la necesidad que tiene el carácter de apremiante, supera los recursos o soluciones intentadas por el individuo, resulta un requerimiento urgente de respuesta casi inmediata, podría tener incidencia si acaso no fuese cubierta.

Las estratagemas en las cuales los individuos participan para la perpetración del fraude son minuciosas y podrían desarrollar esquemas de manera muy parecida como opera el crimen organizado, Rincón (2018) haciendo referencia al Derecho Penal estipula notas distintivas comunes: i) una estructura organizada; ii) temporalidad en la organización; iii) conjunto de actividades criminales; iv) uso de capacidad bélica y violencia; v) opacidad del Estado por corrupción.

Las organizaciones son cada vez más amenazadas por actos de fraude en todos los niveles tanto operativos como alta gerencia, así como también en el sector público, por lo que deben implementarse técnicas y mecanismos que coadyuven a denunciar estos hechos fraudulentos. Si los funcionarios denuncian sobre eventos de conductas fraudulentas y delictivas en sus organizaciones, pueden ayudar a iniciar acciones dentro y fuera de la empresa hacia el cumplimiento global (Rooij y Fine, 2019). Sin embargo, en la mayoría de organizaciones e inclusive en la sociedad civil esto aún no se consolida. Cross (2018) determina que tratándose de fraude existen una multitud de agencias a las que las víctimas pueden recurrir para denunciar los incidentes.

Los métodos de prevención, disuasión y detección del fraude son mecanismos muy válidos para combatir esta problemática. En torno a los mecanismos de prevención, actualmente deben robustecerse técnicamente los controles ya que todos los procesos de las organizaciones están inmersos o utilizan plataformas tecnológicas. Deben instaurarse controles internos en la entidad, consolidarse bases éticas y de capacitación para los empleados, ya que en muchas ocasiones los trabajadores son los principales perpetradores del fraude. Bajo este contexto Zhang, Wang y Kong (2019) señalan que las empresas que tratan a sus empleados de manera justa tienen menor probabilidad que se cometa fraude. Las empresas amigables con los funcionarios que ponderen alto valor al capital humano en base a incentivos con mecanismos de motivación, son menos propensas a que cometan fraude, ya que debe entenderse que el costo asociado con la determinación de fraude es mucho más elevado.

Salvaguardar los intereses de las organizaciones a través de la prevención, constituyen las directrices de la aplicación de medidas antifraude. Desde la misma óptica preventiva, anular la gestión administrativa y la colusión son dos de los riesgos más graves para el esfuerzo de lucha contra el fraude (Suh, Nicolaides y Trafford, 2019). Las medidas de control deben ser técnicas, para poder ser válidas en un sistema de información que brinde confiabilidad a todos los usuarios de la misma. Por lo que adicionalmente, se requiere que los proveedores de telecomunicaciones tengan una comprensión profunda del panorama actual del fraude, donde surgen nuevas amenazas, y las organizaciones estén dispuestas a invertir en tecnologías nuevas y confiables para detectar y prevenir el fraude (Gent, 2017).

Históricamente, la disuasión ha sido utilizada para combatir los crímenes, cuanto más seguro, severo y rápido sea el castigo que pueda ser percibido por los individuos, se puede lograr una mayor disuasión de los delitos logrando una propuesta reconocida muy aplicada en la disuasión perceptiva (Paternoster, 1989). Se debe tomar en consideración que, para llevar a cabo un proceso para la mitigación del impacto negativo del fraude en las organizaciones, se realizan medidas de disuasión entre las más tradicionales tenemos la ejecución de auditorías a nivel interno y externo, aunque esas medidas en ocasiones requieran investigaciones que implican demasiado tiempo e inversiones adicionales (Suh, Shim y Button, 2018).

Cressey (1953) determina que para que se materialice un evento fraudulento deben existir varios elementos como la presión (motivo, poder), oportunidad de cristalizarlo y la racionalización, lo que se ha denominado el triángulo del fraude, incluyendo factores como la integridad y confianza son analizados en sus estudios. Igualmente, en las organizaciones se requiere un sólido gobierno corporativo basado en principios como la honestidad y justicia entre otros, aplicables tanto a la sociedad como los grupos de interés (stakeholders), con la finalidad que no se vean afectados por las acciones delictivas (López y Sánchez, 2012).

La teoría de la conveniencia realizada por Gottschalk (2018) sugiere que el delito financiero es una opción conveniente para los defraudadores cuando existe un motivo económico, una oportunidad organizacional y una disposición personal, expande el triángulo del fraude en dos direcciones. Primero el término conveniencia se introduce para enfatizar el proceso de toma de decisiones entre varias alternativas, donde existe una vía ilegal en términos del cometimiento de fraude siendo solo una de varias opciones para el posible delincuente. Segundo, el término oportunidad está vinculado al contexto organizacional donde el delincuente potencial tiene acceso legítimo y puede abusar de su posición y confianza para cometer fraude. Esta es una teoría como una opción donde los delincuentes tienen la opción de elegir vías legítimas en lugar de ilegítimas para resolver problemas y aprovechar sus posibilidades. Si un funcionario es capaz de distinguir entre lo que está mal, lo que es aceptable y lo que no lo es, esas decisiones determinarán que no se vea involucrado en eventos de fraude, independientemente del hecho que se enfrente a presiones financieras, oportunidades o una escasa cultura ética (Bakri, Mohamed y Said 2017).

Galvis y Santos (2017) añaden una cuarta variable o elemento al modelo anterior, generándose un cuadrado o diamante del fraude, constituido por el conocimiento que implica el uso de experiencia, habilidad y competencia del sujeto para cometer el fraude, con énfasis aquellos que se cometen dentro del ámbito empresarial en una disciplina, entendimiento y dominio de procesos específicos. Adicionalmente, a lo expuesto, Hernández, Plazas y Flórez (2018) incluyen una última variable con tratamiento independiente a los anteriores esquemas, completando así lo que denominan el pentágono del fraude, que se presenta dentro de las organizaciones a partir de cinco variables: a) motivación, b) presión, c) racionalización, d) capacidad y e) oportunidad; que afectan gravemente a las organizaciones y, por supuesto, quebrantan el ambiente de control. Uno de los aspectos más importantes que deben considerar las organizaciones es implementar programas de prevención de riesgos de fraude que ayude a mitigarlo aplicando medidas de identificación, detección y respuesta, valorando los diferentes tipos de fraude que se presentan y los factores que pueden contribuir para que se desarrolle ya que ninguna organización es inmune al fraude (Salas y Reyes, 2016).

The Institute of Internal Auditors (IIA) (2020) define a la Auditoría Interna como una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. Ayuda a una organización a cumplir sus objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. Se debe enfatizar la importancia de esta unidad en ambos sectores, las organizaciones deberían contar con unidades de Auditoría Interna que robustezcan el control interno y ayuden a mermar la corrupción y el fraude corporativo, dicha unidad debe gozar de plena independencia. Para garantizar un sistema efectivo de control interno se revisan y se analizan cinco componentes: i) ambiente de control, ii) evaluación de riesgos, iii) actividades de control, iv) información y comunicación, y v) actividades de monitoreo o supervisión; todos los componentes deben funcionar y coordinarse entre sí de tal manera que se asegure que los objetivos de control interno de la empresa se cumplan (Ji, Kaplan, Lu y Qu, 2020).

Se ha acotado con insistencia que los actos de fraude y actividades corruptas impactan tanto a organizaciones públicas como a privadas, lo que denota el considerable riesgo de fraude empresarial en todos los niveles operativos. Por lo que, tanto los estándares internacionales, como las legislaciones propias de cada nación buscan transparencia de la información reportada a los entes reguladores, incrementar la integridad las organizaciones como tal, robustecer mecanismos preventivos de control, fomentar la responsabilidad de las organizaciones por la gestión del riesgo de fraude. La mejor manera de garantizar una cultura de cumplimiento es a través de un apropiado control interno y programas antifraude diseñados adecuadamente (Biegelman y Bartow, 2012). De La Torre y Cáceres (2017) determinan que el riesgo de fraude puede mermar a través de la aplicación de medidas de prevención y disuasión combinadas, que resultarán mucho menos costosas que las requeridas para la detección e investigación de dichas desviaciones, considerando que una herramienta eficaz de prevención de fraudes en el cumplimiento normativo, operativo y financiero, puede ser la ejecución de auditorías forenses.

Los auditores forenses que se dedican a las investigaciones de fraude deben tener un conocimiento integral de la operatividad empresarial que incluye sistemas de pago o flujos financieros, pero en ocasiones tienen un conocimiento técnico limitado en los sistemas informáticos donde radican las transacciones empresariales. Por el contrario, los investigadores forenses informáticos tienen un amplio conocimiento de las plataformas tecnológicas donde yace la información, pero suelen carecer del conocimiento de la operatividad financiera o comercial, si los auditores llegasen a obtener las competencias técnicas necesarias para cerrar esta brecha la sociedad en general se vería muy beneficiada, al combatir el fraude de manera más efectiva cuando las tecnologías operativas, administrativas o financieras están inmersas en sus análisis (Nikkel, 2020).

La Auditoría Forense tiene incidencia en la organización cuando los registros contables son vinculados directamente a la parte jurídica o legal, tomando en consideración todos los aspectos operativos, administrativos y financieros. Para efectuar dichos análisis se requiere un equipo multidisciplinario de profesionales experimentados con un alto grado de escepticismo e integridad (Grajales, Homerchea y Trujillo 2015). Ochoa (2019) plantea que debe existir una visión mucho más amplia de la Auditoría, ya que en las fases de planificación, ejecución y comunicación de resultados se incluyen exámenes análisis o evaluaciones de operaciones financieras, de cumplimiento, control interno y de gestión. La Auditoría Integral, debe abarcar todos los asuntos relacionados con los otros tipos o clasificaciones de auditorías facilitando una visión mucho más clara del conjunto de responsabilidades más importantes de la gestión de riesgos institucional.

El establecimiento de una unidad técnica especializada en materia de fraude donde se realizarán estudios de orden cuantitativo y análisis de datos para formular propuestas de actuación con base en normas internacionales de Auditoría respecto a este fenómeno, aportará a la sociedad y dentro de ello a los protagonistas del aparato productivo que son las organizaciones. Bajo este contexto, el establecimiento de este cuerpo colegiado debe conseguir la participación activa de académicos, profesionales y entidades, tanto en los sectores público y privado para difundir conocimiento e intereses mutuos para fortalecer la lucha contra el fraude y la corrupción institucional.

En la presente investigación se efectuó la evaluación de la percepción respecto a la gestión del riesgo de fraude en una muestra de empresas del sector público y privado ecuatoriano, con los datos recabados se esperaba determinar si es conveniente la creación de un organismo técnico cuya función será proponer mejores prácticas, técnicas de prevención, disuasión y detección del fraude organizacional.

 

2. MÉTODOS Y MATERIALES

Diseño del instrumento

El presente estudio empleó el método basado en la encuesta para la recolección de datos, se considera el método más apropiado toda vez que recopila la información de manera cuantitativa de las percepciones, actitudes y opiniones de los encuestados. Esta técnica de compilación de datos de fuente primaria fomenta la veracidad y la confidencialidad, con el fin de obtener respuestas objetivas de las empresas sujetas a muestreo.

El cuestionario semiestructurado en la actual investigación utilizó un diseño de preguntas abiertas, cerradas, mixtas y en escala. Este tipo de diseño proporciona respuestas objetivas acerca de la problemática del fraude, cada pregunta tuvo como propósito medir la percepción de las empresas basada en la opinión de sus administradores y funcionarios.

La primera sección del cuestionario se basó en el enfoque dirigido al fraude organizacional en las áreas y ciclos de trabajo financiero. La segunda sección cubre la importancia de la legislación vigente y las normas dentro del marco de control interno de la organización. En la tercera sección, se delimitaron las áreas propensas al ámbito de fraude organizacional. Obtener el marco de apoyo de los procedimientos de prevención, disuasión y detección del fraude fue aplicada en la cuarta sección del formulario. En la quinta sección se analizó la aceptación de un organismo que a futuro formule técnicas y procedimientos de prevención y detección respecto a la gestión del fraude organizacional. La variable que en este estudio se analiza con mayor profundidad es la evaluación de la percepción respecto a la gestión del riesgo de fraude en una muestra de empresas del sector público y privado ecuatoriano. Para este propósito, los encuestados respondieron al cuestionamiento general: "¿La instauración de un Observatorio de Fraude en el Ecuador propenderá a las mejores prácticas, técnicas de prevención, disuasión y detección del fraude organizacional?"

Recolección de la muestra y datos

La investigación se desarrolló en base a la aplicación in situ, al obtener las respuestas propiamente de la encuesta efectuada a los administradores, contralores, gerentes financieros, contadores, analistas contables, representantes legales y auditores internos de las empresas del sector privado del Distrito Metropolitano de Quito, capital del Ecuador. El análisis se realizó a través de un mecanismo de muestreo estocástico de población finita.

La recolección de los datos se realizó mediante una encuesta en los meses de octubre y noviembre de 2019, dicho cuestionario fue dirigido al personal ejecutivo, administrativo y financiero de las empresas, en términos relativos se realizaron 126 formularios de un total de 187 empresas, que representan el 67% del total del universo de empresas en estudio, de las cuales se obtuvieron 115 respuestas afirmativas en base a las cuales se realiza el presente estudio.

Metodología

El diseño de la presente investigación es descriptivo. De acuerdo a Ortega (2017) la investigación descriptiva utiliza el método de análisis, se logra caracterizar, describir y definir un objeto de estudio o una situación concreta, señalar sus características, rasgos distintivos y propiedades.

El presente estudio se desarrolló en base a un análisis cuantitativo del impacto económico del fraude en las organizaciones, el estudio de las falencias normativas y técnicas adoptadas por parte de las empresas ante este fenómeno en el sector privado. Entendiendo que las organizaciones buscan incrementar la credibilidad de la información reportada a los entes reguladores, robustecer procedimientos preventivos, disuasivos y de detección oportuna, fortalecer su estructura actual organizacional y fomentar su responsabilidad respecto a la gestión del riesgo de fraude. El modelo cuantitativo, según Bar (2010) establece que debe identificarse una variada serie de conceptualizaciones y procedimientos no siempre afines o semejantes, cuyo elemento común reside en la propiedad de descripción del fenómeno en estudio, a través de la medición, u otras operaciones como la clasificación, organización de datos cuantitativos y el conteo.

 

3. RESULTADOS

3.1. Percepción del Fraude Organizacional

Las tablas 1 a 2 miden el nivel de riesgo de las áreas más propensas a fraude y corrupción organizacional, además se determina en qué sectores del ámbito público y privado se perciben mayor grado de riesgo. Percepciones de los usuarios en sus declaraciones con respecto a la gestión organizacional en las empresas, responsabilidades de detección de fraude, responsabilidad con terceros, y nivel de garantías en la determinación de alertas institucionales. La información presentada en las tablas mencionadas, incluye detalles de las respuestas a nivel porcentual.

La Tabla 1, proporciona detalles de las áreas de mayor incidencia de fraude en las empresas, los resultados reflejan el nivel de riesgo en cada área, sustancialmente las áreas con más incidencia de riesgo representativamente están en los procesos de compras con un 20% de riesgo y el procedimiento de manejo y control de inventarios con un 28%, estos porcentajes infieren la incidencia positiva que tendría una unidad técnica especializada al proponer lineamientos objetivos y normativos de control sobre las áreas en estudio, cuyo nivel de riesgo consideran alto.

La nómina y partes relacionadas son áreas que las organizaciones consideran un menor nivel de riesgo con un 6% cada una respectivamente, por encontrarse reguladas por normativa de carácter nacional y estar supeditadas por los correspondientes entes de control, en este caso el Ministerio del Trabajo (MT), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Superintendencia de Bancos (SB), Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SICVS). Con respecto a la percepción del nivel de riesgo por áreas es el sector público donde se señalan mayores debilidades con un 61%, en línea con los hechos acaecidos en el país en torno a fraude y corrupción en los últimos años, en tanto que en el sector privado con el 39% se determina que existen más controles, pero aún hay un amplio trecho por cubrir.

Al realizar el análisis entre las variables de los sectores con mayor riesgo y las áreas con mayor incidencia de fraude, se determina e identifica que los riesgos en torno a este delito dentro de las organizaciones ocurren en la determinación de ingresos, lo que representa el 17%, elaboración de estados financieros asciende al 11% y el área de efectivo y sus equivalentes aborda el 12% restante. Se debe destacar que las empresas manejan elevados niveles de riesgo en las operaciones que realizan y de manera particular en las áreas señaladas, debido a su naturaleza y el riesgo inherente en cada una de ellas, por lo que las posibilidades de perpetración de fraude se incrementan. La instauración de un comité de auditoría que realice un análisis particular de cada área, rubro o departamento ayudaría a determinar las falencias.

El Reporte a las Naciones sobre el abuso y el fraude ocupacional elaborado por la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) (2020), señala que más de la mitad de los fraudes ocupacionales provienen de estas cuatro áreas: i) Operaciones 15%, ii) Contabilidad 14%, iii) Ejecutivos (alta gerencia) 12% y, iv) Ventas 11%. Se puede observar que existe una correlación entre los resultados globales y los que se efectuaron en el presente estudio.

La Tabla 2, determina la relación entre la percepción de riesgo de fraude en los sectores público y privado y los sectores económicos que poseen mayor riesgo, los resultados obtenidos están en virtud de la opinión de auditores internos, contralores, jefes financieros y alta gerencia. Se infiere que existe una diferencia significativa en la percepción de los funcionarios respecto al nivel de riesgo en el ámbito público, mismo que asciende al 81%, lo que deviene de los hechos de corrupción suscitados de manera constante en dicho sector.

La Tabla 2 también plantea la relación existente entre la percepción de los sectores económicos y el establecimiento de alertas de existencia de fraude y controles tanto en el ámbito público como privado, que permitan detectar con oportunidad posibles eventos de fraude corporativo como parte de la gestión preventiva en la organización. Los resultados determinan que existe un 11% de empresas en los diversos sectores económicos que no establecen controles a nivel operativo y directivo en los procesos críticos de la organización, este porcentaje denota la necesidad de establecer controles internos y adopción de normativa local e internacional para mermar el riesgo de fraude a nivel empresarial. A su vez, el 89% restante de organizaciones indican que poseen controles dentro de sus procesos y áreas críticas. Sin embargo, se deben analizar pormenorizadamente el nivel de riesgo de fraude en cada entidad, para proponer mecanismos de mejora en sus procedimientos.

A continuación , se presenta una figura que detalla lo expuesto en la tabla 2.

Respecto a lo señalado anteriormente la ACFE (2020), en el Reporte a las Naciones 2020 señala que el 86% de los casos presentados corresponden a malversación de activos, siendo el esquema de fraude más común y menos costoso, con USD 100.000 de pérdida promedio. Por otro lado, el fraude en los estados financieros es el esquema menos común y más costoso con el 10% de los casos y con USD 954.000 de pérdida promedio.

Desde la panorámica de un estudio denominado el Mapa del Fraude Corporativo en América Latina realizado por la firma internacional de asesoramiento y auditoría Binder, Dijker, Otte & Co (BDO) (2019), se señala que 31% de las organizaciones declararon haber sido víctimas de algún tipo de fraude, durante el 2018, y de estas el 17% consideran estar preparadas para prevenir, detectar y responder al fraude corporativo. Igualmente, realizando un análisis con los datos obtenidos a nivel del estudio presentado, se puede observar que las alertas de existencia de fraude son muy importantes en la gestión de riesgo de fraude.

3.2. Normativa y Control Interno en la organización

En la tabla 3, se determinan las regulaciones existentes antifraude en los sectores público y privado según el dimensionamiento de las empresas. Obteniendo que las regulaciones emitidas para el sector privado respecto a la prevención de fraude alcanzan un 74%, como por ejemplo la Ley Orgánica de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Otros Delitos emitida por la Asamblea Nacional en 2016, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) complementariamente ha emitido los controles normativos preventivos, enfocados a disuadir el riesgo de fraude organizacional y blanqueo de dinero. A su vez, la percepción de controles en el sector público es diferente al sector privado, ya que las medidas adoptadas para reprimir el fraude alcanzan solamente el 26%. En este referente se debe considerar la dispersión normativa y vacíos jurídicos existentes para este sector, por lo que se han presentado grandes casos de corrupción pública que empañan la gestión del gobierno.

A su vez, haciendo un análisis entre las variables, tamaño de la empresa y la adopción de medidas antifraude, se determina que las empresas pequeñas y microempresas poseen un 42% de controles instaurados dentro de las organizaciones. Sin embargo, queda una brecha amplia de actuación de ese grupo, por no contar en muchas ocasiones con procesos definidos de prevención y en otros casos la actividad de Auditoría Interna es poco efectiva o inexistente ya que en el sector privado no es obligatorio la instauración de la unidad de Auditoría Interna. En línea con lo expuesto por ACFE (2020) señala que ciertos riesgos de fraude son más probables en empresas pequeñas que cualquier otra organización de mayor tamaño, presentando la siguiente información: i) facturación fraudulenta dos veces mayor, ii) nómina dos veces mayor, iii) manipulación de cheques y pagos, cuatro veces mayor. Las organizaciones de todos los sectores y tamaños, se estima que pierden el 5% de sus ingresos por fraude cada año, la media de pérdida por caso asciende a USD 125.000 y la pérdida por caso promedio a USD 1.509.000.

En la tabla 4, se detallan las ponderaciones de las medidas antifraude que deberían adoptar las organizaciones en base al establecimiento del nivel de riesgo de fraude organizacional, tanto en el sector público y en el privado. Como medidas de orden preventivo en general se destacan: i) contratación de Auditoría Externa con un 12%, para el análisis y determinación de la razonabilidad de los estados financieros; ii) implementación de unidades de Auditoría Interna con un 15%, cuyo objetivo radica en la generación de valor mediante la implementación de actividades de aseguramiento y consulta; iii) monitoreo y control mensual de los estados financieros, con un 13% de participación. Siendo estas las medidas más significativas en ambos sectores y son las principales para mitigar el riesgo de fraude a nivel organizacional. Sin embargo, hay que tomar en consideración que medidas como el establecimiento de líneas de denuncia, evaluación externa de los sistemas de control, capacitación a empleados sobre medidas antifraude y el establecimiento de un Comité de Riesgos institucional, fomentan y robustecen de manera global el sistema de control interno en las organizaciones.

En la tabla anterior, se detalla la percepción de efectividad de las medidas antifraude que ayudan a robustecer el control interno en la organización, hay que acotar que el establecimiento de líneas de denuncias tiene poca aplicación en las organizaciones. En el entorno mundial, ACFE (2020) indica que la presencia de controles antifraude se asocia con menores pérdidas por fraude y una detección más rápida. Por lo que, la falta de controles internos contribuyó a casi un tercio de los fraudes perpetrados. El uso de controles dirigidos contra el fraude ha aumentado en la última década, destacando los siguientes incrementos: i) canal de denuncia 13%, ii) política antifraude 13%, iii) capacitación en la prevención de fraudes 11%, iv) formación en la prevención de fraudes para gerentes y ejecutivos 9%.

En la tabla 5, se establece la percepción de los controles y regulaciones de medidas antifraude en los diferentes sectores económicos, considerando tanto el ámbito público y privado. Se puede observar que en un 26% en el sector público se establecen pocos y limitados controles antifraude, lo que deviene en mayores perpetraciones de delitos y actos de corrupción, que ha generado dantescas pérdidas económicas al país.

3.3. Herramientas para el análisis de áreas propensas a corrupción organizacional

En la Tabla 6, se examinan los principales tipos de Auditoría (interna, forense, integral) como herramientas utilizadas por las organizaciones para la prevención, disuasión y detección del fraude organizacional, en los diferentes sectores económicos. Como herramienta principal establecida consta la instauración de actividades de Auditoría Interna con un 83%, la cual aporta con el fortalecimiento de controles a nivel de los procesos administrativos, operativos y financieros en las organizaciones; en segunda instancia se encuentra la aplicación de Auditoría Integral en un 69% enfocada básicamente en todas las áreas y procedimientos institucionales; y por último se encuentra la aplicación de procedimientos de Auditoría Forense para mermar el riesgo de fraude organizacional en un 32%. Se puede inferir que en muchas organizaciones de los diferentes sectores económicos existe aún desconocimiento en la aplicación de estas herramientas por lo que existen muchas probabilidades para perpetrar el fraude en esas organizaciones.

3.4. Marco de apoyo de los procedimientos de prevención, disuasión y detección del fraude

En la tabla 7, por un lado, se realiza el análisis del marco de apoyo que brindan los procedimientos antifraude en los diferentes sectores económicos, dichos modelos radican en la responsabilidad ética de la alta gerencia y por otro lado, también se puede visualizar la asimetría de las sanciones impuestas para los colaboradores que se hayan visto involucrados en algún tema de fraude, corrupción o abuso de confianza tanto en el sector público como privado.

Los datos obtenidos denotan que las empresas en un 82% han establecido lineamientos éticos que regulan la conducta de sus colaboradores en las diferentes áreas y procedimientos de la empresa. A su vez, el establecimiento de infracciones y sanciones realizadas en su mayoría por la unidad de Auditoría Interna de la entidad asciende al 66%, esto en base al trabajo colaborativo del auditor y su rol protagónico en la determinación de incumplimientos de los diferentes cuerpos normativos y legales que poseen las organizaciones por parte de los funcionarios.

ACFE (2020) señala que las organizaciones que realizan capacitación de prevención de fraudes para sus funcionarios son las que recopilan mayor información a través de mecanismos formales de reporte, como sigue: i) 56% de reportes en las organizaciones con capacitación, y ii) 37% de reportes en las empresas sin capacitación. Los canales de denuncia instaurados en algunas organizaciones como modelo de detección del fraude organizacional, denotan que: i) el 43% de los fraudes fueron detectados por una denuncia y la mitad de ellas provino de un empleado, ii) el canal de denuncia telefónico y el correo electrónico fueron utilizados por los denunciantes en un 33% de los casos.

Desde la panorámica de un estudio a nivel latinoamericano realizado por BDO (2019) se indica que el 32% de los esquemas de fraude se detectaron como consecuencia de reportes, a pesar de que los sistemas de canales de denuncia en la región aún no se encuentran difundidos masivamente. Adicionalmente, manifiesta que el 86% de los casos fue cometido por más de una persona, y en un 10% de los casos no fue posible determinar la cantidad total de los perpetradores y desde el área de Auditoría Interna se realiza la mayor cantidad de investigaciones, estipulando que 1 de cada 3 están a su cargo dentro de las organizaciones.

3.4.1. Resultados a nivel global relacionados con el presente estudio

La capacitación de los empleados es imperativa en la instauración de políticas preventivas antifraude, ya que la información en los mecanismos formales de reporte resulta muy necesaria, delimitar claramente canales de investigación y soporte a la denuncia de trabajadores inescrupulosos han contribuido a la detección del fraude. A lo que debe sumarse el establecimiento de códigos de ética, claramente difundidos para fortalecer la prevención y no incurrir en infracciones y sanciones a los involucrados en hechos fraudulentos.

ACFE (2020) determina que las organizaciones que realizan capacitación de prevención de fraudes para sus trabajadores son las que recopilan más información a través de mecanismos formales de reporte, un caso típico de fraude dura 14 meses antes de ser detectado, genera pérdidas de USD 8.300 mensuales, en este contexto la corrupción es el esquema de fraude con mayor presencia a nivel mundial. Adicional a estas cifras, el estudio realizado por BDO (2019) indica que el 60% de los esquemas de fraude identificados tienen una duración máxima de un año y el 40% restante corresponde a esquemas de desarrollo a largo plazo.

En el análisis entre las variables de antigüedad de los empleados de la empresa y los riesgos de ocurrencia de fraude en las áreas de operaciones, contabilidad, ventas y la alta gerencia, se puede determinar que, a mayor antigüedad del trabajador, el fraude puede ser con mayor recurrencia, causando pérdidas significativas para la compañía, esto suele ocurrir o ser perpetrado por personas que se encuentran relacionadas a la empresa de manera permanente. ACFE (2020) señala que el 80% de los defraudadores enfrentó alguna medida disciplinaria en su organización, el 46% de las organizaciones afectadas declinó ejercer acciones legales, fundado en que su normativa interna fue suficiente, esto denota el riesgo inherente que sigue existiendo en los procesos internos de las organizaciones.

Los perpetradores del fraude realizan sus actos con intención, motivación y oportunidad, ACFE (2020) señala que el 42% de los fraudes laborales son efectuados por el actor con el propósito de vivir más allá de sus medios y el 26% son debido a dificultades financieras. Otra situación similar se observa según la posición o rol que desempeña el defraudador dentro de la empresa, los defraudadores que ejercen como dueños y ejecutivos cometen sólo el 20% de los fraudes laborales, pero son los que generan mayores pérdidas, a nivel general: i) dueños y ejecutivos USD 600.000; ii) gerentes USD 150.000 y iii) empleados USD 60.000.

Para definir el perfil de los perpetradores del fraude de una manera más particular BDO (2019) indica que se identifican tres tipos consolidados de defraudadores, los más significativos incluyen personas de 31 a 40 años de edad con 2 a 5 años de antigüedad en la organización, que tienen un título universitario, y son en su mayoría hombres. Existe una fuerte correlación entre el nivel jerárquico del defraudador y la magnitud del fraude cometido, así como también con la duración del mismo.

3.5. Instauración del Observatorio del Fraude

La información presentada en las tablas 8, 9, 10 y 11 incluye detalles de las respuestas medias para la categoría de la aceptación de la instauración del Observatorio ecuatoriano del fraude, según la percepción del riesgo en los sectores público y privado. Además, establece cualquier diferencia significativa entre las categorías proporcionadas por los resultados de la prueba ANO VA, también se ilustran las diferencias medias y el nivel de significación entre la categoría proporcionada por el análisis Post Hoc, dicho análisis enfatiza en observar y comparar varios grupos de respuestas en una variable cuantitativa. Se trata, por tanto, de una generalización de la Prueba T para dos variables independientes.

La tabla 8, denota los resultados de la desviación estándar, en la que se determina que no existe dispersión significativa entre las variables que determinan la percepción de riesgo institucional, en el ámbito público y privado y su relación con la instauración del Observatorio del fraude.

En la tabla 9, se delimita la perspectiva en los sectores tanto público como privado, que determinan la aceptación de creación del Observatorio, en función de un análisis de varianzas. Respecto a este análisis se determina que el resultado es significativamente mayor (0,05 <P), con un nivel de significancia del 0,05.

La Tabla 10, proporciona detalles de los resultados de las respuestas medias con respecto a la declaración asociada entre grupos y dentro de cada grupo. En esta tabla, se encuentra el lineamiento de la percepción del fraude dentro del ámbito público y privado. Como lo indican las respuestas medias a la primera declaración fueron 0,025; 2,00 y 0,013 respectivamente, sin diferencias significativas, los dos sectores aceptan la instauración de una unidad técnica especializada para el análisis de gestión de riesgo del fraude.

La declaración de resultados indica que no hay diferencia sobre la aceptación del Observatorio propiamente dicho, independientemente del sector en el que se encuentren los encuestados. El resultado ANOVA indica una diferencia no significativa a nivel 0,05 (F = 0,153; P < 0,858).

El resultado del análisis Post Hoc presentado en la Tabla 11, localiza la diferencia entre cada categoría (sector donde opera la empresa) y la incidencia en la aceptación del Observatorio del fraude. Se determina que, si bien existe internamente control en las entidades, existe una diferencia no significativa a nivel (0,05 < P) para la aceptación de una unidad técnica especializada que ayude a proponer medidas y herramientas para mitigar el riesgo empresarial respecto al fraude.

A continuación, el análisis de las comparaciones múltiples:

 

4. CONCLUSIONES

Las deficientes medidas de prevención del fraude y corrupción, han permitido que se generen delitos financieros sin precedentes, utilizando variados esquemas o tipologías que entre otras se anotan: i) creación de empresas fantasmas, que no pueden ser rastreadas debido a la utilización de paraísos fiscales, ii) contratación pública con sobreprecios que benefician a proveedores determinados creando términos de referencia muy específicos, especialmente cuando se determina Estado de emergencia, iii) abuso de confianza en los dos sectores con diferente aplicación normativa. Todo esto bajo la indignada mirada de la sociedad, pero han sido los medios de comunicación quienes actualmente han denunciado estos actos tan bochornosos de fraude y corrupción, tornándose entonces imprescindibles los niveles de transparencia en todas las estructuras institucionales.

En el sector privado ecuatoriano no es obligatorio que las empresas cuenten con una unidad de Auditoría Interna, lo cual incrementa desmesuradamente el riesgo de fraude en todas las áreas y niveles en las organizaciones. La información obtenida en este estudio determina que muchas organizaciones en los diferentes sectores económicos tienen desconocimiento en la aplicación de estas herramientas de control para fortalecer sus procesos en búsqueda de mayor eficiencia, por lo que al implementar una unidad independiente de aseguramiento y consulta tendrían muchas oportunidades de mejora. El fenómeno del fraude ahuyenta tanto la inversión extranjera, así como la de carácter nacional, ya que los inversionistas no desean poner en riesgo sus capitales en economías inestables y con altos niveles de opacidad. A lo que hay que añadir que los canales de denuncia (whistleblowing) se ven limitados y son prácticamente inexistentes dada la ausencia normativa, se suma que estos sistemas no cuentan con la debida protección a los denunciantes, provocando que no se revelen ni se sancionen actos fraudulentos o corruptos, generándose entonces niveles alarmantes de impunidad.

En virtud de los resultados obtenidos en la presente investigación, se procedió a realizar el análisis de varianza (ANOVA), cuyo resultado proporcionó evidencia objetiva para la creación de una unidad técnica especializada para la gestión del riesgo de fraude organizacional. El Observatorio ecuatoriano del fraude desarrollará con prioridad estudios de orden cuantitativo para conocer la realidad de las afectaciones del fenómeno de fraude en las diferentes organizaciones ecuatorianas tanto en el sector público como en el sector privado. Acotando que también se realizarán estudios cualitativos que fortalezcan el análisis doctrinal y teórico existente. Adicionalmente, este estudio motivará a la profesión contable y de Auditoría a encontrar diferentes medios y formas para administrar adecuadamente el riesgo organizacional de fraude, así como a los investigadores que conformen el Observatorio ecuatoriano del fraude.

 

NOTAS

^* Artículo derivado del proyecto de investigación senior «Observatorio Ecuatoriano del Fraude, Código: DI-CONV-2019-008»; mismo que ha sido patrocinado por la Dirección de Investigación de la Universidad Central del Ecuador.

 

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