2.1. El Derecho a la Ciudad y al espacio público

El Derecho a la Ciudad definido por Henri Lefebvre como el derecho de los ciudadanos a construir, decidir y crear la ciudad se ha convertido un paradigma de lucha anticapitalista ^[3], contra la mercantilización de las ciudades ^[4] y como referencia y modelo para discutir la situación de las ciudades contemporáneas, justificar emprendimientos (desde asentamientos irregulares hasta megaproyectos urbanos) y más, en la lógica de la reivindicación humana de la ciudad, la cual debe ser un espacio para vivir dignamente, para ser parte de ella y distribuirse equitativamente sus oportunidades y recursos ^[5].

Esta tesis, que fue criticada por Castells ^[6] y otros por su visión subjetiva respecto del peso que daba a los aspectos de la vida cotidiana sin consideración de la ideología dominante y la lucha de clases que determinarían su condición, evolucionó a través de tres etapas, según Molano ^[7]. Éstas fueron propuestas por Harvey desde Europa, Soja desde Estados Unidos y Alessandri desde América Latina, quienes mantienen el Derecho a la Ciudad como un marco de comprensión de los problemas socioespaciales en la ciudad, pero reconocen también otros componentes.

Según Revol-Buisson ^[8], David Harvey en la década de 1970 replanteó este derecho poniendo énfasis en el análisis económico marxista de la ciudad; Edward Soja en la década de 1980 releyó el concepto desde el posmodernismo y los estudios culturales, desplazando éste de la economía política hacia el análisis cultural de la sociedad urbana y finalmente Ana Alessandri Carlos durante el siglo XXI, retomó el concepto como forma de crítica a la especialización del capitalismo financiero. Una cuarta etapa correspondería con el desarrollo de prácticas ciudadanas de urbanismo alternativo y el Derecho a la Ciudad como parte de las agendas de varios gobiernos.

En la etapa inaugural, Henri Lefebvre (1901-1991) propuso el Derecho a la Ciudad como la posibilidad y capacidad de las sociedades urbanas y el proletariado de crear y producir sus propias condiciones en la ciudad. Su reflexión se dio en Francia de la década de 1960, cuando la comprensión de la ciudad y las ciencias sociales replantearon sus paradigmas y criticaban al urbanismo moderno adoptado por los gobiernos y el capital que había sido causante de la segregación espacial, la fragmentación y el predominio del valor de cambio del suelo ^[9]. El libro “El Derecho a la Ciudad” observó precisamente cómo la industrialización, el consumo y la estandarización habían quitado a la ciudad el carácter de obra construida socialmente. El Derecho a la Ciudad fomentaba la participación de los ciudadanos oponiéndose al control capitalista de la ciudad a través de la construcción de utopías urbanas y la transformación radical en contra del urbanismo moderno ^[10].

En la década de 1960 David Harvey reflexionó el Derecho a la Ciudad reivindicando las “prácticas ciudadanas insurgentes” y no la lucha obrera (2004), como el vehículo para materializar el Derecho a la Ciudad y restringir la apropiación capitalista del espacio urbano. Propuso que, en la construcción de una sociedad no capitalista, el Derecho a la Ciudad corresponde con una etapa corta. La “producción social del espacio” del capitalismo se reproduce generando, consumiendo y apropiando privadamente espacio, tiempo y trabajo, sin embargo, Lefebvre no habría logrado especificar este mecanismo. Harvey propuso entonces, que las crisis de excedentes en la producción y reproducción capitalista son salvadas a través de “ajustes espacio-temporales”, de expansión geográfica y reorganización espacial que generan nuevos paisajes urbanos que hoy caracterizan las ciudades y son obra de multinacionales en contubernio con poderes locales que diseñan estrategias urbanísticas para ser atractivas al capital, lograr rentas de monopolio y ganancias a grupos reducidos. Harvey dice que el Derecho a la Ciudad será posible sólo a través del desarrollo y articulación de “prácticas políticas insurgentes” que van desde el espacio personal y comunitario mediante sujetos sociales convertidos en “arquitectos insurgentes” con autonomía de acción política en el espacio que no diferencian espacio personal del colectivo y cuyas relaciones sociales se dan por el bien común ^[11].

Soja, durante las décadas de 1980 y 1990 propuso que el Derecho a la Ciudad no podía restringirse sólo a la lucha contra los efectos del capitalismo, sino que debían reivindicarse otras dimensiones espaciales como el género, la etnicidad, o la cultura, que suponen formas diferentes de experimentar la ciudad, como posibilidades culturales, simbólicas y sociales existentes en los intersticios de la postmetrópolis ^[12]. Ejercer el Derecho a la Ciudad para este autor supone tres elementos: la construcción social del espacio, donde intervienen multitud de fuerzas no solamente económicas, sino culturales y políticas; la ciudad como postmetrópolis, donde simultáneamente el espacio industrial postfordista es ciudad, región urbana globalizada, megaciudad con gigantescas zonas suburbanas, ciudad fractal de intensificadas desigualdades y polarización social, ciudad archipiélago fortificado e hiperreal, etc. ^[13]; y las luchas por la justicia espacial y la democracia regional como resultado de la crisis relacionada con la diversidad urbana más sensible a cuestiones interculturales, transnacionales y de género, materializadas en la coalición de políticas locales y regionales equilibradas con la productividad y competitividad económica regional.

Carlos a inicio del siglo XXI propuso que el derecho a rehacer la ciudad y la vida urbana supone dos tareas: recuperar el espacio público urbano apropiado por el capital financiero, y mantener la autonomía política y revolucionaria. Sobre la primera tarea, reconoció que el capital financiero se apropió de la ciudad a través de la acumulación de suelo, negocios inmobiliarios, el control del trabajo o el monopolio de las decisiones activando el ciclo del capital: producción, distribución y consumo ^[14]. Sobre la autonomía política, propuso que los ciudadanos disputen tanto el espacio público al servicio del capital financiero como aquel que está cooptado por el Estado. La relevancia de este último punto recae en que, aunque las políticas urbanas de algunos gobiernos proponen nuevas institucionalidades desde el Derecho a la Ciudad, este tipo de derecho sería una representación minimalista que ha logrado el acceso a servicios urbanos y otros, pero ha sido a costa de ignorar un proceso histórico mayor: la dominación del capital financiero sobre la ciudad. Otra reflexión importante de la autora es que el capital financiero ha transformado la ciudad y a la vez la cotidianidad: por ejemplo, la experiencia del tiempo y el espacio cotidiano de identidad social ha sido reemplazado por el tiempo efímero, de cambios abruptos, inesperados y que el espacio se torna amnésico sin marcas de memoria social a largo plazo por decisiones de los inversores inmobiliarios ^[15].

Este recorrido deja ver las características de evolución del concepto y ahora paradigma del Derecho a la Ciudad, el cual se sustentó primero en la recuperación del espacio público y la ciudad por parte de la población; y luego incluyó en su reivindicación dimensiones no sólo económico espaciales, sino culturales, de género, de generación, étnicas y otras, que podrían hacer a la ciudad un lugar más incluyente; para finalmente enfrentarse contra un urbanismo asociado al capital financiero que mercantiliza, segrega y excluye a la población del espacio público.

La etapa actual del Derecho a la Ciudad puede caracterizarse por la trascendencia. Las ideas de Lefebvre han construido una suerte de agenda mundial, que se caracteriza por la instalación de sus nociones en las institucionalidades regionales, nacionales y locales de los diferentes países, pero principalmente por la participación activa de la población en la ocupación e intervención del espacio público a través de prácticas de urbanismo alternativo que aquí referiremos.

2.2. El Derecho a la Ciudad y las institucionalidades

Entre 2004 y 2016, varios países occidentales han generado una serie de acuerdos e instrumentos alrededor de la institucionalización del Derecho a la Ciudad. De los acuerdos e instrumentos sobresalen la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (2004-2005), la carta por el derecho de las mujeres a la ciudad (2004), la plataforma global del Derecho a la Ciudad (2014) y la Agenda Urbana Mundial del año 2016 de Quito, que reconoció que los modelos de desarrollo que se han implementado establecen procesos de urbanización acelerada que contribuyen “a la depredación del ambiente y a la privatización del espacio público, generando empobrecimiento, exclusión, segregación social y espacial” ^[16] y que es misión de los Estados corregir esos problemas. Para este fin, la agenda urbana mundial y la carta mundial alrededor, propuso ocho principios que irían a lograr solucionar los efectos negativos del tipo de urbanización desarrollada. Estos principios son 1) ciudad libre de discriminación, 2) ciudad con igualdad de género, 3) ciudad con ciudadanía inclusiva, 4) ciudad con mayor participación política, 5) ciudad que cumple funciones sociales, 6) ciudad con espacios y servicios públicos de calidad, 7) ciudad con economías diversas e inclusivas y 8) ciudad sostenible con vínculos inclusivos entre campo y ciudad ^[17].

Aunque no es un principio específico como tal, en estas reivindicaciones se encuentra también el derecho al espacio público, que para López Roa supone “un derecho emergente-colectivo, concordante con tendencias contemporáneas del derecho público, desarrollado fundamentalmente por el derecho ambiental y el derecho urbanístico, que debe tener categoría constitucional” ^[18].

En la región latinoamericana, la defensa del Derecho a la Ciudad se hizo explícita en la constitución colombiana del año 1991, pero principalmente en su ley nº 388 de 1997. En Brasil se inscribió en la ley del Estatuto de la ciudad del año 2001, en la ley ecuatoriana de desarrollo territorial del año 2016, en la constitución de la ciudad de México también del año 2016 y en la ley de desarrollo urbano sostenible del año 2021 en Perú. Estos marcos jurídicos instalaron en las institucionalidades la importancia del espacio público para mejorar la calidad de vida, además de incluir el derecho a diseminar en el espacio público las manifestaciones culturales propias de la ciudadanía ^[19]. No obstante, las prácticas urbanísticas en algunos de los países mencionados siguen todavía los principios tradicionales del urbanismo moderno y el Derecho a la Ciudad no ha influido totalmente en la práctica de los ámbitos correspondientes.

2.3. El Derecho a la Ciudad y la intervención del espacio público

La ciudad, bajo el paraguas del derecho a ésta, es la manifestación de las jerarquías implícitas o evidentes que operan en el tejido social, y que se expresan en la forma que se le da al espacio público ^[20]. Es una mezcla, ordenada en distintos grados, de distintos espacios públicos y privados que constituyen redes con distintos niveles de accesibilidad a la ciudadanía. Si bien los espacios públicos son más accesibles, presentan restricciones relativas a su funcionalidad. Por ejemplo, en la práctica las instituciones públicas tienden a disciplinar los espacios públicos y a limitar los usos que se les dan, por ejemplo, permitir el flujo de personas, servir de soporte a los actos oficiales, ser depósitos de monumentos de la memoria oficial, o ser escenarios del consumo permitido por el orden político.

El espacio público, con venia del Estado, se ha convertido en un espacio para la inversión orientada a la edificación de objetos unifuncionales que responden principalmente al mercado, sobresalen centros comerciales, centros de negocios y grandes urbanizaciones que se circundan de barreras que multiplican la fragmentación urbana, degradan y abandonan el espacio público y de a poco transforman a la ciudad en un mero espacio de circulación entre áreas segregadas ^[21].

En ese espacio público, cada ciudadano entabla con la ciudad (individual o colectivamente), una relación y un discurso ^[21] con el que interviene el espacio urbano. Por lo cual las intervenciones urbanas tienen un carácter público y generalmente se realizan para satisfacer necesidades o llamar la atención acerca de alguna falta que ha sido normalizada. En otras palabras, cualquier hecho, cualquier acción, instalar o modificar algo en el espacio urbano es ya una intervención, un acto que en sí habla acerca de la actitud que el ciudadano, individual o colectivo, tiene para con la ciudad. Por tanto, la intervención de espacio público, del espacio urbano, es una acción política que por un lado evidencia problemas sociales, culturales, económicos y otros que atañen a la sociedad en su espacio común, o en un punto específico del mismo; y por otro lado implica que la presencia del Estado es reducida, o en todo caso la acción no parte de ella.

En fin, si la intervención urbana está vinculada con la satisfacción de necesidades, la solución a problemas de diferente tipo o es un mero acto político de reivindicación ciudadana, está sujeta a la apropiación o al rechazo por parte del resto de la sociedad, hecho que implica conflicto o reflexión, de acuerdo con el tipo de intervención.

El concepto de intervención urbana sugiere entonces intervención física que remite a la preexistencia de una estructura que recibe el acto, la instalación o la modificación. Una intervención no es solo una estructura nueva, porque de esa manera se trata simplemente de arquitectura, sino que la intervención funciona más como un hecho creativo, una mutación, una transformación que pone algo en común entre partícipes diversos de un grupo humano y pretende ejercer el Derecho a la Ciudad.

2.4. Las prácticas del urbanismo

En la evolución de las prácticas urbanísticas resaltan cuatro paradigmas importantes entre las décadas de 1940 y 2000 aproximadamente ^[22]. Estas han sido denominadas como urbanismo funcionalista correspondiente con la primera mitad del siglo XX hasta la década de 1960, un urbanismo sociologista desarrollado alrededor de las décadas de 1960 y 1970, un urbanismo de proyectos influyente alrededor de los cambios de modelos económicos en la década de 1980 y un urbanismo de estrategia, gestión y proyectos o urbanismo neoliberal ^[23] cuya consolidación se da a finales del siglo XX. En la segunda década del Siglo XXI sobresale una etapa que nosotros denominamos urbanismo alternativo o urbanismo ciudadano, caracterizado por la ausencia de planes urbanísticos de gran escala y el predominio de prácticas autogestionarias de pequeña escala principalmente. La Tabla 1 propone las características de los tipos de urbanismo respecto las dimensiones: aspectos a planificar, responsables de la planificación, herramientas de planificación y procedimientos.

De las características sobresalen la incidencia en el hecho físico del urbanismo funcionalista y la consideración de variables socioeconómicas, ambientales y otras en los otros tipos. Destaca también la predominante participación del Estado en las dos primeras etapas y la reducción de éste en las siguientes. Remarca asimismo la predominancia de planes como los únicos instrumentos de ordenadores hasta la década de 1980, posteriormente es el proyecto urbano el mecanismo predominante. Respecto a la gestión de los tipos de urbanismo, sobresale el imperio de la norma y la articulación entre gestión - plan en las primeras etapas, mientras que en las últimas, es la gestión directa y sin plan el camino a la materialización de las disposiciones urbanas. Las etapas urbanismo de proyectos y urbanismo de estrategia coinciden con los cambios de modelos político económicos centrados en la predominancia del Estado como actor central de la economía, hacia la implantación del modelo comúnmente llamado neoliberal con todas sus consecuencias. La última etapa que el cuadro presenta corresponde con un giro importante en la manera de gestionar y hacer ciudad, luego del fracaso y/o poco éxito de los paradigmas anteriores. Es hipotéticamente resultado de la influencia de la tesis del Derecho a la Ciudad, en el cual el espacio público vuelve a tener relevancia y es considerado un factor importante de la calidad de vida urbana por ser catalizador del encuentro, de la interacción, de la creación y la recreación entre habitantes.

2.4.1. Los urbanismos alternativos

Se trata de un urbanismo centrado en la intervención, en la experimentación y en modelos menos rígidos como la arquitectura efímera y adaptable, coherente con un espacio urbano que crece y cambia aceleradamente, a merced de los embates económicos y ambientales propiciados por el modelo neoliberal.

Su origen es difuso y poco se ha escrito sobre él. Por ejemplo, Schmitt ^[24] afirma que la artista estadounidense Bonnie Sherk fue la pionera a través de sus "intervenciones espontáneas" no autorizadas y otras actividades en el espacio público mediante una “Arquitectura portátil” de intervenciones en puntos estratégicos de San Francisco que habrían comenzado en 1970. Esta iniciativa habría dado comienzo a lo que hoy se conoce en EE. UU. como “Park (ing) Day”, la génesis -quizás- de los urbanismos alternativos y la cultura del bricolaje, combinada con la creación de lugares en las calles de la ciudad según la autora mencionada.

En América Latina, una forma de intervención similar se ha hecho presente la década de 1990 de la mano de Jaime Lerner y su “acupuntura urbana”, una metáfora de cura a las enfermedades urbanas por medio de un simple pinchazo (una intervención urbana puntual) que tiene como objeto revitalizar o renovar ese punto y su área alrededor ^[25]. Paradójicamente, esta forma de urbanismo habría nacido de la mano del Estado, aquel que según Carlos ^[26], ha reducido el Derecho a la Ciudad a una representación minimalista que sirve para encubrir el papel de este ente como garante del proceso capitalista bajo el discurso del “desarrollo sostenible”.

Por otro lado, una vertiente importante para el nacimiento de esta serie de prácticas y denominaciones han sido varias publicaciones y grupos que desde inicio del Siglo XXI han desarrollado y propuesto apelativos. Sobresalen por ejemplo los libros de “Tactical Urbanism: Short-term Action for Long-term Change” de Mike Lydon y Anthony García en 2015 ^[27] que inauguró el termino “Urbanismo Táctico”, o el grupo Civic Wise radicado en Londres que publicó “Civic Practices” en 2016 ^[28], igual que el libro “Handmade Urbanism” publicado por Marco Rosa y Ute Weiland en 2013 ^[29], entre varios otros. Todas las publicaciones recogen casos de urbanismo alternativo en diferentes partes del planeta resaltando actividades de colaboración, proyectos de empoderamiento de comunidades, metodologías innovadoras, e investigación sobre urbanismo en colaboración, además de la crítica al urbanismo tradicional en consonancia con las tesis del Derecho a la Ciudad.

En general, las propuestas de urbanismos alternativos aparecen con diversas denominaciones, desarrolladas “desde abajo”, a escala humana, sustentadas en el Derecho a la Ciudad y en la posibilidad de determinar y satisfacer las necesidades espaciales inmediatas con creatividad y recursos suficientes, acompañándose en algunas ocasiones de leyes y propuestas con las que se incentiva la participación del ciudadano en la gestión y creación del espacio público.

En fin, esta reducida claridad respecto al origen coincide también en la imprecisión sobre los tipos de urbanismos alternativos y sus diferencias. La Tabla 2 pretende aportar a su clarificación, caracterizando esquemáticamente a las prácticas que la bibliografía revisada identifica.

La gama de prácticas que expone el cuadro anterior es amplia, engloba varios elementos, destaca similitudes y también diferencias, pero deja ver que la mayoría coinciden en características y sus diferencias dependen más del contexto en el que se han practicado, principalmente en lo relacionado con el vínculo de los promotores con el Estado u otras instancias. En la bibliografía revisada no se ha encontrado una clasificación alrededor, por lo cual proponemos la categorización según los siguientes criterios: la forma de gestión, es decir la cooperación con el Estado, con la población y sus recursos o la autogestión propiamente dicha. En otras palabras, la taxonomía que puede describir estas prácticas se clasifica en: prácticas con cooperación pública, prácticas de participación colectiva y prácticas de autogestión. La Tabla 3 caracteriza estos tres tipos incluyendo actores, escalas, origen de la financiación y emplazamiento de las prácticas.

Para precisar en las características, abajo se distinguen las particularidades de los tres tipos indicados, así como las condiciones de diferenciación entre sus características generales.

Prácticas con cooperación pública: Corresponde con aquellas intervenciones cuyo germen puede ser las alianzas de tipo público privada, suelen tener una aproximación más holística en sus obras, aunque no logran actuaciones muy rápidas, porque su vínculo con el sector público o el sector privado obliga a seguir procesos burocráticos de aprobación y gestión, principalmente cuando se trata del Estado. Los actores son responsables de las ideas de intervención en el espacio público, pero también espacio privado, en función a los intereses y prioridades de los actores principales. El nivel de conocimientos técnicos define la envergadura y forma de materialización de las intervenciones. Este tipo se caracteriza también porque los actores principales tienen normalmente especialistas con conocimientos técnicos especializados (tecnócratas), aunque pueden participar también entidades privadas con un rol similar a la del Estado. La población organizada participa de estas iniciativas como una suerte de actores de respaldo, pero también de legitimación de las iniciativas. Las ideas de intervención no necesariamente son resultado de la coordinación entre los actores y en muchos casos resulta iniciativa sólo del Estado o sector privado porque ellos son quienes financian las intervenciones. En este tipo de prácticas la escala suele ser grande (no monumental) o mediana. Los tipos de urbanismos relacionados pueden ser la acupuntura urbana y el urbanismo participativo, que suele corresponder también con una metodología además de un tipo de intervención.

Prácticas de participación colectiva: Se originan en la creación colectiva entre grupos y especialistas, es decir artistas, activistas, arquitectos especialistas que suelen poseer los conocimientos técnicos que no son indispensables y otros que lideran el proceso junto con grupos de población medianos. Se caracteriza además por la réplica de prototipos y la acción rápida, hecho que condiciona su escala mediana o pequeña de intervención principalmente en espacio público. En este tipo de intervención es fundamental la participación del especialista quien cataliza la iniciativa y funge de líder comprometido que articula con la población organizada, sus iniciativas y expectativas. En esta relación no se visibilizan las jerarquías y las responsabilidades parecen ser recíprocas. A diferencia del tipo anterior, aquí el financiamiento de entidades públicas o privadas no es indispensable, pero es posible y más bien los recursos suelen provenir de la colaboración y aporte de los participantes. Los tipos de urbanismo que coinciden con esta descripción son el urbanismo táctico, urbanismo colaborativo, urbanismo emergente, urbanismo hecho a mano y el placemaking

Prácticas de autogestión: Son ejercicios de creación colectiva o co-creación entre grupos pequeños y/o individuos. Se centra en la autogestión y autofinanciamiento de las iniciativas y rechazo a la participación del Estado, porque precisamente su acción apunta a la crítica contra éste y/o algunas de sus actividades. En este tipo es normalmente la población organizada en pequeños grupos e incluso individuos los responsables de las intervenciones, he ahí el carácter de la pequeña escala de sus intervenciones. Aunque son los activistas quienes normalmente lideran los equipos, los conocimientos técnicos no son indispensables, sino que pesa más el interés por participar de las iniciativas y el nivel de compromiso, además del trabajo durante la intervención. Las prácticas se ubican en el espacio público normalmente, con un carácter crítico o poco indulgente con la desidia del Estado y hegemonía del capital en el espacio urbano. Los tipos de urbanismos que corresponden con esta descripción son el Urbanismo Do It Yourself, el urbanismo de guerrilla, el urbanismo adaptativo, el urbanismo insurgente, el pop-up urbanism, park (ing) day, el bricolaje urbano y la arquitectura directa.

Mediante el uso de estas categorías, los acápites posteriores reflexionarán las condiciones de las prácticas urbanas bolivianas.

3.1. Primera etapa

En este periodo se generan las primeras transformaciones en las características físicas de las ciudades y la vida urbana resultado de la implementación del urbanismo moderno, producto de una fuerte influencia europea que llegó a América Latina a principios de la década de 1940. Este periodo se caracterizó por la definición de acciones, reglas sencillas y estables que organizaban el espacio urbano a través de la zonificación, llegando a simplificar las actividades urbanas en cuatro funciones: la circulación, la residencia, el ocio y el trabajo. Este enfoque, revolucionario para su época, se aplicó a través de los planes reguladores para todas las ciudades capitales del país².

El objetivo de un Plan Regulador era organizar espacialmente el desarrollo urbano de las ciudades, promoviendo un crecimiento en armonía con las necesidades sociales y económicas, al igual que la prevención de los impactos ambientales que se pudieran generar con éstas ^[46]. Estas herramientas permitían formular alternativas ante las externalidades de la época, para así internalizar los efectos externos de la manera óptima. Este tipo de planes fueron basados en la gestión a través de normas y disposiciones rígidas y estáticas carentes de mecanismos de asimilación de situaciones cambiantes. Sus resultados fueron escenarios suburbanos con importantes niveles de segregación socio espacial y desigualdad.

Esta herramienta demostró poseer un éxito reducido por su enfoque en la planificación física, desconoció aspectos fundamentales como la programación económica y financiera, resultó poco flexible y sin márgenes a la discusión de otras alternativas de gestión. A finales de la década de 1970 empezaron a notarse los efectos de este tipo de planes, el carácter segregativo de las ciudades, así como su poca compatibilidad con las situaciones políticas y sociales que caracterizan la etapa.

3.2. Segunda etapa

Este segundo periodo emplazado entre las décadas de 1960 y 1970 aproximadamente, es resultado de una fuerte crítica a la constante desigualdad, la fragmentación y a la segregación social producto del enfoque del urbanismo moderno. Harvey ^[47] afirmaba que el urbanismo moderno aportaba soluciones temporales de tipo capitalista, y que solo promovían el incremento de la producción, el consumo y la acumulación. En respuesta a estos fenómenos, el urbanismo sociologista, influenciado por el pensamiento neo marxista, apareció en el escenario.

El nuevo urbanismo de carácter más social se materializó a través de planes directores, planes socio urbanos y planes de desarrollo urbano, los cuales buscaban un nivel de participación más elevado. Los planes directores se caracterizaron por ser instrumentos de escala intercomunal de mediano y largo plazo en temas de uso de suelo, equipamientos urbanos e infraestructura ^[48]. Poseían una gran influencia del modelo de ciudad jardín, vivienda racionalista, regularidad de formas, zonificación de uso de suelos y sobre todo, los grandes sistemas viales dentro las zonas residenciales. Mientras que los Planes Socio Urbanos, únicos en la región, fueron instrumentos dirigidos a salvar los déficits habitacionales y la falta de tierras para el uso urbano en las periferias. Estos planes son relevantes porque dejan ver en la década de 1970 los primeros problemas de informalidad. Los planes de desarrollo urbano tenían como característica principal la articulación ciudad-región, tomando en cuenta aspectos físicos, sociales, económicos y otros ^[49].

Entre las ciudades bolivianas que desarrollaron este tipo de herramientas, resaltan la ciudad de Cochabamba cuyo plan director fue implementado a fines de los ochenta y consolidó todo el sistema vial regional, quiso mantener el uso de suelo agrícola, pero no logró su cometido, resalta la ciudad de Santa Cruz que realizaría los seguimientos, evaluaciones, revisiones y ajustes necesarios para crear un Plan de Uso de Suelos, mismo que en el año 1969 definiría la franja de equipamientos entre el tercer anillo interno y el tercer anillo externo, para luego ampliarse al cuarto anillo durante el año 1972 y finalmente la creación de dos planes directores a inicios del año 1977 y finales de 1995. Por último, está la ciudad de La Paz que en el año 1977 firmó los contratos que iniciarían la elaboración del Plan de Desarrollo Urbano con el fin de moldear una ciudad funcional y óptima, sin embargo, éste no pudo aplicarse debido a los cambios de gobierno y plena dictadura.

Tanto el Plan Director, el Plan Socio Urbano y el Plan de Desarrollo Urbano demostraron mayor eficiencia en su aplicación debido a que no suponían guías rígidas, al contrario, se posicionaron como instrumentos orientadores y de abierta participación, contrarios a los planes reguladores.

3.3. Tercera etapa

En esta tercera etapa el concepto y enfoque de la planificación urbana sufre una transformación completa. Ligada principalmente al modelo económico neoliberal, la ciudad es dejada de lado por el Estado y coloca al mercado como principal regulador de las relaciones socioeconómicas, la administración de recursos estratégicos y de servicios básicos. Esta reducción del Estado provocó que la responsabilidad económica y la administración de los recursos naturales y los servicios pase a manos del sector privado. En Bolivia resalta el cierre de COMIBOL que tuvo efectos demográfico-territoriales, generó una gran migración minera-campesina y el crecimiento de las áreas urbanas. El aspecto importante de esta etapa en la década de 1990 fue la creación de una nueva institucionalidad que redujo lo urbano como espacio de planificación y gestión, y transfirió responsabilidades de gestión y administración a gobiernos locales, obligándolos a desarrollar planes del tipo socio económico y territoriales con muy poca incidencia en lo urbano.

Paralelo a esto, todo lo referente a la urbanización pasó a depender principalmente de la iniciativa privada e informal, teniendo como resultado proyectos urbanos de corto plazo desvinculados de los planes mayores y promoviendo un escenario urbano fragmentario.

Este nuevo enfoque institucional y de urbanismo de proyectos, parte de las lógicas del mercado que se implementaron, dio como resultado un par de instrumentos propuestos por el Estado, los Planes de Desarrollo Económico y Social que dependían de un sistema de planificación y la iniciativa del Proyecto de Apoyo a la Aplicación de Políticas en Asentamientos Humanos que no llegó a aprobarse oficialmente, pero creó una batería de sub-instrumentos adelante mencionados.

Los planes de Desarrollo Económico y social, representaron las primeras herramientas que trajeron tres niveles de planificación y gestión: el nivel nacional (planes generales de desarrollo económico y social), el nivel departamental (planes departamentales de desarrollo económico y social) y el nivel municipal (planes de desarrollo municipal). La principal característica de estos instrumentos fue la inclusión de factores económicos, sociales, ambientales y espaciales, interpretadas a través de análisis, diagnósticos y propuestas, promoviendo el concepto de crecimiento económico y equidad social ^[50].

La iniciativa Proyecto de Apoyo a la Aplicación de Políticas en Asentamientos Humanos, fue propuesta por el Ministerio de Vivienda y Servicios Básicos a través del programa de desarrollo municipal (PRODEMU), tuvo apoyo del Banco Mundial y formuló once guías técnicas orientadas en la caracterización y ordenamiento de las áreas urbanas y su vinculación con el ordenamiento territorial. El programa propuso además tres instrumentos de planificación clasificados en función al número de habitantes de asentamientos humanos: Esquema de crecimiento, Modelo de ordenamiento y Plan director. Estos instrumentos tenían el objetivo de articular la planificación urbana y el ordenamiento territorial, sin embargo, su aprobación no fue posible.

3.4. Cuarta etapa

En esta cuarta etapa surge el denominado urbanismo de estrategia, gestión y proyectos que incluyó dimensiones ambientales y de relación entre la ciudad y los fragmentos. Éste reemplazó la lógica de la planificación urbana por las herramientas de ordenamiento territorial y planes sectoriales que no llegaron a considerar la integralidad urbana, generando un aumento de asentamientos informales y edificaciones fuera de norma. El fenómeno de la informalidad identifica esta etapa, la cual no sólo se caracteriza por cobijar condiciones precarias de hábitat, sino porque promueve lógicas de acumulación de suelo a través del mercado y el avasallamiento, entre otros, redimidos a través de la regularización. Otro hecho importante a relevar en esta etapa es la multiplicación de prácticas de autogestión de servicios, infraestructuras y pequeños equipamientos en barrios medios y precarios, sin participación del Estado que también podrían ser reflexionados como ejercicios urbanísticos alternativos. En el ámbito formal, es la iniciativa privada a través de grandes proyectos inmobiliarios, la que ha reemplazado al Estado respecto la gestión territorial. Revísese el caso de Santa Cruz de la Sierra y los grandes emprendimientos inmobiliarios.

Los Planes de Ordenamiento Territorial de este periodo según sus promotores, están dirigidos a organizar los usos de suelo desde una perspectiva productiva según la potencialidad de los suelos y dirigidos a lograr una adecuada ocupación del territorio como parte del sistema nacional de planificación y los planes socio económicos.

Sin embargo, sin una evaluación sobre el impacto y avance de los casi 20 años de planes de ordenamiento territorial, el año 2016 un nuevo sistema denominado Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) hoy vigente se instauró, el cual pretendería integrar dimensiones socioeconómicas y territoriales mediante un nuevo Plan Territorial de Desarrollo Integral (PTDI) cuyo objetivo es alcanzar el Vivir Bien y la armonía con la madre tierra. Desde 2016 se elaboraron más de 300 PTDI, pero en 2022 una nueva etapa de este tipo de planes se inaugura sin la previa evaluación de la primera generación.

Finalmente este recorrido permite ver que la planificación urbana en el país en manos de la gestión municipal, no ha podido responder de forma eficiente a las necesidades urbanas, enfrentándose a una realidad mucho más compleja que presentan marcadas contradicciones y desigualdades ^[51]. Es decir que el modelo actual de planificación municipal, al no tener como prioridad el desarrollo urbano, genera una brecha importante entre las necesidades reales de la población y las prioridades de la inversión municipal.

La ciudad boliviana que este proceso ha engendrado se caracteriza entonces por la segregación y desigualdad socioespacial, donde el mercado determina sus prioridades y define las condiciones del orden urbano, caracterizadas por la mercantilización del espacio público y el suelo urbano principalmente.

3.5. Quinta etapa

Aunque no es claro aún si se trata de un nuevo periodo, más allá de las prácticas informales de autoproducción mencionadas, los últimos años se ha identificado un conjunto de acciones y movimientos colectivos ciudadanos, que buscan recuperar la ciudad basándose en las tesis del Derecho a la Ciudad con enfoque participativo y de autogestión de una serie de intervenciones que nosotros hemos denominado “urbanismo alternativo”, por representar, para los promotores, la opción y alternativa a los paradigmas anteriores.

Esta corriente que en Bolivia habría nacido a inicio de la década de 2010 impulsada por colectivos catalanes, parece representar respuesta a los fracasos de las anteriores prácticas urbanísticas y la desidia del Estado respecto a la mejora de condiciones de vida en la ciudad. Esta forma de pensar y hacer el urbanismo tiene alrededor de diez años, pero es recién desde el año 2016 cuando sus promotores, organizaciones y colectivos ciudadanos se hacen más visibles (ver figura 1) por su actuación de manera puntual, a corto plazo y sobre el espacio público de las ciudades.

Los estudios sobre estas prácticas son inexistentes en Bolivia, por lo cual el siguiente acápite presenta un primer registro de éstas desde el año 2011 hasta el año 2020 dejando ver su vertiginoso crecimiento desde 2014, así como el interés de la ciudadanía por desarrollarlas.

4.1. Metodología

A través de un trabajo desarrollado entre los años 2019 y 2020 cofinanciado por el Proyecto mARTadero de la ciudad de Cochabamba, se lograron registrar 38 intervenciones de urbanismo alternativo en siete ciudades capitales de Bolivia: La Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, Tarija, Sucre y Trinidad, mientras que en las ciudades de Oruro y Cobija no se encontraron estas prácticas, sin afirmar que en estás jurisdicciones no se hayan realizado estos ejercicios con anterioridad.

La metodología seguida constó de cinco etapas: Preparación de la investigación y revisión documental, visita de sitios, estudio de la muestra, análisis y sistematización de la información y redacción de resultados.

Ante la ausencia de un registro de las obras de urbanismo alternativo, tampoco una organización que agremie a los promotores, la etapa preparativa y de revisión documental consistió en el rastreo general de obras y activistas a través de redes sociales, luego mediante la participación en eventos temáticos, contacto con promotores y acceso a sus redes en distintas ciudades. Los primeros contactos y el acceso a documentos lograron un listado inicial de obras de urbanismo alternativo en las ciudades, así como un registro de fotografías de varias de las obras luego de su conclusión. Este listado permitió conocer las características de las intervenciones, la programación de visitas, así como el empadronamiento de más de una decena de promotores dedicados total o parcialmente a estas prácticas, entre los cuales sobresalen colectivos de activistas, cooperación internacional, universidades y sector público.

La etapa de visita de sitios permitió conocer la situación de las obras, sus características y sus impactos a través de la inspección, la entrevista a sus promotores, reuniones con vecinos, el registro fotográfico de la situación actual, además de la elección de la muestra de estudio.

La etapa estudio de la muestra, fue resultado de la visita y los contactos realizados, que permitió elegir catorce intervenciones para estudio pormenorizado de acuerdo con los criterios siguientes:

El análisis de las catorce intervenciones se desarrolló a través de las variables e indicadores siguientes (Ver Tabla 4): Las primeras tres variables describen los rasgos identificativos, de situación y metodología aplicada. Las siguientes tres caracterizan la intervención de forma física, social y económica.

Finalmente, la etapa de producción de resultados permitió primero la confección de un documento parcial de tesis a cargo de Andrés Escobar y posteriormente a la redacción de este artículo entre los autores.

4.2. Repertorio de prácticas y promotores

A través de la revisión documental, un sondeo general y el trabajo de campo se logró registrar que en el plazo estudiado (2011-2020), un total de treinta y ocho intervenciones habrían sido realizadas, de las cuales a la conclusión de este estudio trece se mantenían en vigencia. Se identificó también la existencia de trece colectivos o agrupaciones promotoras de intervenciones urbanas, algunas con dependencia de otras instituciones y otras independientes que trabajan autogestionariamente o a través de sinergias coyunturales. De los registrados, hasta el año 2020, sólo cinco grupos promotores seguían desarrollando intervenciones con algún nivel de regularidad.

El estudio corroboró también que una serie de instituciones privadas y públicas han coadyuvado a través de la colaboración, financiamiento o soporte de diferentes instancias. De éstas resaltan la Alianza Francesa de La Paz, la Fundación Imagen de Cochabamba y la ONG Misereor; igualmente universidades como la Universidad Privada Boliviana de Cochabamba o la Universidad Privada del Valle de Trinidad, o la iniciativa Revolución Jigote de Santa Cruz y el CEDURE, así como la iniciativa Sucre Urbanismo Táctico (SUT). Sobresale también algunas prácticas desarrolladas por la alcaldía de La Paz y la alcaldía de Cochabamba, instituciones públicas que de diferente forma han promovió este tipo de ejercicios.

La Tabla 5 compila las 38 intervenciones mencionadas junto con su situación actual (existencia verificada, inexistencia verificada, o existencia no determinada), el año de implementación, el tipo de práctica según las referencias previas y las instancias o colectivos responsables.

La Tabla 5 deja ver que las mayores intervenciones se han realizado en las ciudades de Tarija y La Paz, luego Santa Cruz y Cochabamba. Las obras en Trinidad y Sucre son las menores y en la primera ciudad no corresponden con el ejercicio de algún colectivo en particular, sino son resultado de experiencias puntuales de iniciativas universitarias. Del cuadro resalta también que la mayoría de las intervenciones son calificadas por sus promotores como urbanismo táctico y en segundo lugar acupuntura urbana con unos niveles de autogestión importantes, que no coinciden totalmente con las referencias del marco teórico.

Por otro lado, se han registrado prácticas desde el año 2011 en la ciudad de El Alto, sugiriendo que fue en esta jurisdicción donde habría empezado el urbanismo alternativo, aunque desarrolladas de forma puntual y en un sólo momento. En ciudades como La Paz, Santa Cruz y Cochabamba las intervenciones han tenido una frecuencia mayor desde el año 2014, mientras que en ciudades como Tarija o Trinidad las acciones han sido desarrolladas en momentos específicos dejando ver su característica coyuntural. Resalta que en los casos de Tarija y Cochabamba las prácticas han sido y son iniciativa de un sólo colectivo. En la primera ciudad sobresale “Los amigos de la ciudad”, un grupo activo en 2014, mientras que en la segunda ciudad sobresale el Taller de Acupuntura Urbana (TAU) que trabaja sostenidamente también desde 2014. En el resto de las ciudades excepto Trinidad, las intervenciones fueron resultado de sinergias de grupos o iniciativas de individuos activistas donde sobresalen SUT en Sucre, Colectivo Radical, Boa Mixtura, Pendiente 45, Basurama y otros en La Paz y El Alto, Nómada urbana, Arterias urbanas o Revolución Jigote en Santa Cruz, entre otros. En la Tabla 6 se pueden ver las características de algunos de los promotores.

4.3. La finalidad, el estado y la situación de las intervenciones

El acápite siguiente tiene por objeto describir y explicar la finalidad, el estado y situación de las obras de intervención de urbanismo alternativo según el estudio pormenorizado de catorce obras elegidas mediante la aplicación de los criterios indicados en el acápite metodológico (ver Tabla 4). La exposición a través de la Tabla 7 se organiza en función a la ciudad donde se encuentra o encontraba la obra, el tipo de intervención, su presencia (existencia o no), su año de intervención y el tipo de urbanismo desarrollado según sus promotores.

Aunque la intervención de la ciudad de El Alto, los foodtrucks de la avenida América e ingreso a la universidad en Sucre ya no existen, el acceso a información respecto sus finalidades y características, permitió tomar en cuenta estas intervenciones.

Del análisis de la información de los casos estudiados, las intervenciones referidas pueden clasificarse en tres: 1) intervenciones para la reconfiguración o designación del espacio a través de dispositivos fijos, 2) Intervenciones para la reconfiguración o designación de espacio a través de mobiliario o dispositivos móviles, 3) Intervenciones para la revitalización del espacio público.

En ese orden el apartado siguiente desarrolla la exposición de los casos haciendo referencias contextuales de las iniciativas, menciona la problemática general, las condiciones de la intervención, así como su situación actual. Para este último punto se ha logrado en la mayoría de los casos fotografías de las intervenciones al concluir la obra y en la actualidad.

4.3.1. Intervenciones para reconfigurar o designar un espacio a través de dispositivos fijos

Esta primera clase de intervención tiene por finalidad cambiar algún aspecto conflictivo del espacio público o salvar alguna necesidad o ausencia a través de la implementación de una obra o mediante el colocado de dispositivos fijos que permitan reconfigurar o demarcar el uso de un espacio público. Este tipo de intervención se materializa en obras de dos y tres dimensiones. En dos dimensiones a través del pintando superficies horizontales o verticales, de manera que no solo se utilicen las superficies como lienzos de arte urbano sino como soportes de nuevas designaciones espaciales. En tres dimensiones mediante la añadidura objetos fijos en el espacio intervenido sin que estos lleguen a tener la utilidad o función de mobiliario urbano necesariamente.

Las intervenciones de la muestra que coinciden o coincidieron con esta clasificación fueron la rotonda y pasos peatonales en el ingreso a la Universidad San Francisco Xavier de Sucre, el área de foodtrucks en la avenida Las Américas, la plaza del barrio 25 de mayo y el área de juego en barrio Bolivia todas en Sucre, la iniciativa Senderos Vivos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y las Sombras Chiwiñas de El Alto.

4.3.2. Reconfiguración o designación de espacio a través de mobiliario o dispositivos móviles

Esta segunda clasificación tiene por objeto la mejora de las condiciones del espacio público o solución de problemas específicos a través de la implementación de dispositivos móviles que de acuerdo con las necesidades puedan ser desplazados a diferentes lugares y permitan activar relaciones, lograr cambios tangibles o acceso a diferentes servicios culturales, lúdicos y de aprendizaje. Dado que se trata de mobiliario de pequeña o mediana escala, su instalación ha tenido que pasar por procesos de diseño especializado que permita desplazamiento y replica. El resultado es un dispositivo arquitectónico de escala variable, o un conjunto de elementos arquitectónicos y/o urbanos, que se añaden a un espacio público con el objetivo de complementar, suplir o llenar una función y/o actividad ausente en dicho espacio.

Las intervenciones de la muestra que coinciden con esta clasificación fueron el Parklet y la Colina del TAU en Cochabamba, el Mirador de Irpavi en La Paz, el separador de carriles en la Av. La Paz de la ciudad de Tarija y el Contenedor de Arterias Urbanas en la ciudad de Santa Cruz.

4.3.3. Revitalización del espacio público

Esta tercera clase de intervención tiene como fin el cambio completo o más que parcial de la función de un espacio público, hecho que implica también su aspecto. Su objeto es la revitalización a través de modificaciones de estructura e infraestructura mediante dispositivos de carácter fijo normalmente y de dimensiones más grandes que las anteriores. Este cambio implica habitualmente la participación de más actores para el logro de los fines, es decir la mejora de las condiciones del espacio público o solución de problemas específicos. La revitalización supone entonces el acceso a una mayor cantidad de recursos económicos y humanos para el desarrollo, así como plazos mayores.

Las intervenciones de la muestra que coinciden con esta clasificación fueron el Pasaje San Rafael y la Plazuela del Granado, además del Parque Ollantay, todos en la ciudad de Cochabamba.

Por lo expuesto en el marco teórico, las catorce intervenciones revisadas corresponden con los dos primeros tipos de prácticas, es decir de cooperación pública y de cooperación colectiva. En la primera pueden emplazarse aquellas promovidas por el TAU correspondientes con la revitalización del espacio público, por la participación de actores públicos y de cooperación internacional más allá de la población, por ejemplo, el gobierno municipal de Cochabamba y la embajada francesa, en una suerte de alianza público-privada que ha permitido acceso a recursos públicos y externos para lograr intervenciones de envergadura. La diferencia con las referencias teóricas es que estas intervenciones devienen de la iniciativa del TAU y no así de las instituciones públicas o privadas, por lo cual, en oposición a las referencias teóricas, han sido las instancias públicas las que han legitimado la moción del TAU, hecho relevante para el éxito de las intervenciones.

Mientras que los otros casos corresponden predominantemente con prácticas de participación colectiva, porque las intervenciones mediante dispositivos móviles o fijos han sido creadas en colectividad, a través de prototipos de implementación rápida, liderados por activistas con un conocimiento técnico relevante y dispositivos de escala mediana y pequeña. Los pocos recursos utilizados han devenido de la autogestión, pero también de fuentes externas, principalmente cooperación internacional y empresas privadas. Respecto al tipo de prácticas de autogestión, se debe indicar que ninguna de las intervenciones coincide totalmente con ésta, aunque el discurso de alguno de los promotores armoniza con parte de esta característica.

• Las hipótesis

Los urbanismos alternativos parecen haber alcanzado vigencia global los últimos 20 años, porque no son más experiencias coyunturales, sino partes de un paradigma con diferentes aristas soportadas en las tesis del Derecho a la Ciudad, pero también en el deseo de lograr ciudades a medida de los usuarios que no necesariamente conocen las mociones de Lefebvre. Se trata de ejercicios ciudadanos que han tomado y pretenden reforma del espacio público contra el mercado financiero y sus dispositivos, pero también en oposición o reclamo a la desidia del Estado que se alinea más con los intereses del mercado que de la población.

Aunque los tipos de urbanismos alternativos tienen más de quince diferentes nominaciones, se caracterizan esencialmente por desarrollar intervenciones físicas y puntuales, con altos niveles de participación, que no pretenden articularse con el todo, sino con sus contextos inmediatos. En términos técnicos se trata de intervenciones pensadas sólo como proyecto, lejos de planes o esquemas mayores y materializadas a través de dispositivos fijos o móviles, en muchos casos de corta duración. Respecto sus principales diferencias, éstas se relacionan con la forma de vínculo entre los responsables de las iniciativas y/o promotores con el Estado, por lo cual pueden dividirse en prácticas de cooperación pública, prácticas de participación colectiva y prácticas de autogestión. La principal debilidad de este paradigma es su desvinculación con esquemas mayores que articulen las intervenciones y permitan la mejora urbana integral y logren con más eficiencia materializar el Derecho a la Ciudad.

Sobre la constitución de la quinta etapa del proceso urbano en el país, la vigencia de ésta puede afirmarse en razón de dos hechos: 1) la ausencia estructural del Estado en las gestiones para lograr un desarrollo urbano más equitativo, sostenible y centrado en el interés colectivo, confirmado por la ausencia de instrumentos aptos de planificación urbana desde hace más de 30 años y un ejercicio urbanístico de gobiernos municipales dirigido a la erección de obras físicas alentadoras de la motorización (puentes, pasos a desnivel, avenidas, etc.), anuladoras del espacio público y presupuestos casi nulos para materializar las tesis del Derecho a la Ciudad, sino más bien un ejercicio cuyo fin primordial es el aliento a la regularización e informalidad, principal aliciente del mercado inmobiliario; y 2) la infinidad de prácticas de organizaciones barriales auto productoras de su desarrollo a través de la gestión comunitaria de la ciudad y el hábitat que podrían ser también clasificadas como prácticas alternativas en ausencia del Estado, pero sustancialmente por la presencia de varias y distintas iniciativas de “arquitectos insurgentes” -en palabras de Harvey- y las decenas de obras sobre el espacio público, que, aunque en pequeña escala, pretenden hacer con mano propia aquello que la planificación y gestión urbana oficial debería. Estos hechos estiman indicar la presencia de una quinta etapa con poco Estado y contra el mercado que también determina las condiciones de las ciudades bolivianas contemporáneas. No obstante, se trata de una hipótesis que hacia adelante deberá ser trabajada con mayor profundidad.

• La materialización del urbanismo alternativo

Luego de la revisión de las aproximadamente cuarenta obras de urbanismo alternativo y las catorce muestras elegidas se pueden distinguir dos corrientes: 1) aquellas de acupuntura urbana, cuya materialización ha sido acompañada por el Estado y/o instancias de cooperación internacional y ha logrado “obras” de mayor envergadura y duración; y 2) aquellas clasificadas como urbanismo táctico, cuya gestión ha sido posible por la participación colectiva de varios actores ciudadanos, donde también se encuentran la empresa o la cooperación internacional pero en menor proporción. No se ha encontrado prácticas totalmente auto gestionadas como la teoría postula, y los catorce ejemplos revisados han tenido algún tipo de respaldo económico e institucional de terceros. En otras palabras, los urbanismos alternativos en Bolivia son dependientes en diferente medida de la cooperación externa o pública, situación que pone en cuestión el nivel de su autonomía.

Por otro lado, se ha corroborado a través del registro fotográfico de las obras en su conclusión y la visita de campo que principalmente aquellas obras de pequeña envergadura habían sufrido un progresivo deterioro, transformación e incluso desaparición, hechos que dieron cuenta de la reducida apropiación de las obras por parte de los vecinos o beneficiarios, insinuando un éxito muy moderado o pequeño respecto el cumplimiento de los fines de los promotores.

Esta última situación estaría relacionada con las características técnicas de la intervención física o instalación, las peculiaridades de su diseño, el presupuesto y la calidad de los materiales, pero especialmente el desencaje con los intereses de los beneficiarios. Corrobora esta última afirmación la situación de las intervenciones de la iniciativa Sucre Urbanismo Táctico y las respuestas de los beneficiarios sobre “que las intervenciones no coinciden con sus intereses y preferirían wiphalas o algo más apropiado”, lo mismo que algunas intervenciones desarrolladas en Santa Cruz por la iniciativa “Senderos vivos”, entre otros. Estas situaciones se diferencian de las prácticas del TAU en Cochabamba, que parece haber logrado un mayor éxito en sus intervenciones, justificadas en el respaldo institucional que posee este promotor, el compromiso de sus miembros, el proceso planificado de sus intervenciones, pero también por el vínculo logrado con el Estado y la cooperación internacional, que han permitido una mayor cantidad de recursos, obras de mayor envergadura e incluso posibilidades de mantenimiento.

Las características técnicas de las intervenciones, los recursos económicos escasos, y el reducido tiempo previo de diseño de las intervenciones en la mayoría de las obras denominadas como urbanismo táctico parecen haber condicionado el efímero resultado. Por lo cual se puede afirmar que, en muchos casos, las intervenciones parecen haber sido resultado de la unión coyuntural de buenas voluntades a escala local sin el suficiente estudio de la problemática y la forma de solución, que, aunque han logrado mimetizar los problemas temporalmente, no han conseguidos cambios sustanciales, sino más bien la conservación de la precariedad. El principal logro radica en la visibilización de problemas urbanos relacionados con el espacio público que pueden ser abordados por otras iniciativas similares o el Estado.

• Los desafíos

El urbanismo alternativo está muy vigente y de a poco forma parte de los métodos o dispositivos oficiales de quienes institucionalmente intentan trabajar la ciudad y salvar sus problemas. Resaltan por ejemplo, a) que el urbanismo táctico es parte de los dispositivos de gestión urbana propuestos por los hacedores de la Política Nacional para el Desarrollo Integral de Ciudades, b) el año 2019, en plena campaña presidencial el gobierno nacional lanzó un programa denominado “Programa de intervenciones urbanas” cuyo objetivo fue financiar la creación y producción de proyectos artísticos - culturales e innovación social tecnológica, entre otros, cuya quinta área correspondía con las intervenciones de tipo “Urbanismo Cultural” que usaba como instrumento el urbanismo táctico. Esta iniciativa habría financiado algunas intervenciones en ciudades del país, y aunque no se conocen sus resultados, se deja ver el interés estatal por instrumentalizar estas iniciativas, lo que apunta a comprobar en Bolivia la tesis de Carlos ^[15] sobre la concepción minimalista del Derecho a la Ciudad.

En fin, todo lo expuesto hasta aquí deja ver la importancia cada día mayor de estas prácticas en las ciudades bolivianas y permite conocer a los actores y lógicas también responsables de la configuración de nuestras urbes que actúan en muchos casos inspirados por la tesis del Derecho a la Ciudad. No se trata del Estado, el mercado, y la necesidad, tampoco el mercado más necesidad, sino de una quinta lógica que de a poco está determinando la situación del espacio público en las ciudades. Su comprensión, su evaluación e impacto, así como el conocimiento de sus actores y su registro permanente son desafíos que quedan como tareas futuras, pero principalmente queda el desafío de lograr instalar en el interés colectivo la necesidad de materializar las tesis del Derecho a la Ciudad